Luris López Taracena y/o Nury López Taracena
Expediente 1854/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1854/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Luris López Taracena y/o Nury López Taracena
Actuaciones
- Principal
ha causado ejecutoria... se ordena el archivo definitivo... devolución de tomo de pruebas...
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa ********************** el proveído de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, que a la letra dice: Villahermosa, Tabasco, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****contra un acto de la Jueza Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, regístrese en el libro de gobierno con el índice 1854/2019-VIII-15, fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). INCOMPETENCIA Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa acude a esta vía constitucional reclamando de la Jueza Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, lo siguiente: El acuerdo de uno de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ***, relativo al juicio ordinario mercantil de prescripción negativa, promovido por la aquí quejosa, en que la Jueza Sexto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, decretó la caducidad de la instancia. En efecto, de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la quejosa en su escrito de demanda, se colige que el acto reclamado lo hace consistir en el auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, por el que se decretó la caducidad de la instancia en el juicio ordinario mercantil ***del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala la procedencia del juicio de amparo, relativo a la materia civil, al establecer: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y(.)" De la interpretación de lo anterior, se desprende que el juicio de amparo uniinstancial, en materia civil, procede en contra de sentencias definitivas, que sean dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles por tribunales federales o locales. Similar disposición contiene el artículo 170 de la Ley de Amparo, el cual delimita la competencia del juicio de amparo directo, el que es del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Del precepto legal transcrito se advierte que tratándose de las resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, contra las que no proceda recurso alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Por lo tanto, el auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, por el que se decretó la caducidad de la instancia del juicio ordinario mercantil 375/2018 del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, constituye un acto definitivo que pone fin a dicho procedimiento, por lo que el suscrito es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Para mayor comprensión, es preciso definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, los cuales son los siguientes: Se está ante una sentencia definitiva cuando: Ésta (sentencia) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, y Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil siempre que la ley así lo autorice. Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no conceda ningún recurso ordinario -es oportuno recordar que conforme al principio de definitividad, para los efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo- y, Los laudos son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral. Sentado lo anterior, se puede concluir que los supuestos de procedencia del amparo directo son únicamente tres: I) sentencia definitiva, II) laudos y III) resoluciones que ponen fin al juicio que sin decirlo en lo principal lo dan por concluido situación está en la que encuadra el acto aquí reclamado). Una vez establecido lo anterior, no debe perderse de vista el contenido del artículo 47 de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Entonces, tomando en cuenta que la naturaleza del acto reclamado es una resolución que determina la caducidad de la instancia, el suscrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Luris López Taracena y/o Nury López Taracena contra un acto de la Jueza Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco; y se estima que quien debe conocer del presente asunto es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad. Por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo , se ordena remitir el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad; ello, previo cuaderno de antecedentes que para constancia se forme y notificación que se realice a la parte quejosa del presente acuerdo. Es aplicable por su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Diciembre de 2002, Tomo XVI, Novena Época, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados en términos amplios a Joel Taracena Santos y José Luis Ruiz de la Cruz, por encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, en relación a la solicitud de tener como representante común al primero de los antes citados autorizados, es decir, a Joel Taracena Santos; no se acuerda favorable tal petición, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, son los quejosos o terceros interesados quienes podrán designar a uno de ellos como representante común, no así los autorizados de éstos. MEDIOS DIGITALES. Este Juzgado autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para dicha práctica podrán intervenir únicamente el promovente y sus autorizados siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este Juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo su más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública. TRANSPARENCIA, AVISO DE PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES. De conformidad con los artículos 6, inciso A, fracciones I, II y III de la Carta Magna; 1, 3, 9, 68, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, 1, 3, fracción II, 20, 21, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; hágase del conocimiento de las partes, que los datos personales que proporcionen en este asunto podrán ser utilizados para la tramitación y resolución del presente juicio hasta su total conclusión. Asimismo, que la sentencia que eventualmente sea dictada, estará a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información, a excepción de la información confidencial, definida en el ordenamiento legal citado en segundo término, pues la misma será suprimida de la versión pública de las sentencias, ejecutorias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este Juzgado. En el entendido que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales (los cuales serán resguardados); ello, amén de que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir sus efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contiene información considerada como reservada o confidencial. Además, conforme lo dispuesto en los artículos 1, 54, 55, 56, 57 y 65 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se instruye a la Secretaria de este Juzgado encargada del trámite del presente expediente, a fin de que elabore la versión pública del mismo, siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los ordenamientos citados, con la subsecuente captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Igualmente, se exhorta a los Servidores Públicos adscritos a este órgano jurisdiccional que tengan acceso al presente expediente con motivo de sus funciones, a tratar los datos personales que resulten estrictamente necesario para el ejercicio de sus atribuciones con la debida administración y custodia, así como para que vigilen que esos datos que tengan en posesión sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados, ya que tal información será resguardada para su protección; lo anterior, con apoyo en los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Protección de Datos Personales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Finalmente, atento a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena la integración del sumario y la digitalización de constancias para que coincidan íntegramente el expediente impreso con el electrónico. Notifíquese personalmente
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