Luna Citlalli Vidal González
Expediente 1553/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1553/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2022
Partes del expediente
- Luna Citlalli Vidal González
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, ocho de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA DE AMPARO Vista la certificación que antecede y debido a que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y dado que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, de conformidad con Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de este año, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un expediente en el que por una parte, se sobreseyó el juicio y por la otra, se concedió y se negó el amparo, por lo que deberán conservarse únicamente la demanda y la sentencia, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el primer párrafo de dicho artículo. CUADERNOS INCIDENTALES En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mencionado Acuerdo General, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, en razón que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mencionado Acuerdo General en cita, se determina que es susceptible de depuración, en razón de que concedió la medida cautelar solicitada DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN EL JUICIO Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Atento lo ordenado en el primer y segundo párrafo del artículo 35 del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Finalmente, visto el oficio remitido por el Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual devuelve el oficio 96920/2022 dirigido al Jefe de Servicio de Administración Tributaria por los motivos que expone, ahora bien, en razón de que del oficio que se provee la autoridad oficiante manifiesta que a quien le corresponde la representación de la autoridad responsables es a la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones en el procedimiento, gírese oficio a la autoridad citada con antelación, adjuntando el oficio 96920/2022 de doce de agosto de dos mil veintidós, por conducto del Actuario adscrito a este juzgado auxiliar, a efecto de que realice la notificación respectiva en el domicilio que corresponda a dicha autoridad. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
EN VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE OCHO DEL MES Y AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL JUCIO DE AMPARO 1553/2022, A LA PARTE QUEJOSA, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO DEL ASUNTO COMO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y en atención a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO Asimismo, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y a juicio del suscrito carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General invocado; en consecuencia, procédase a su a su destrucción, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo invocado. DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN EL JUICIO Hágase del conocimiento de la parte quejosa que en caso de haber exhibido documentos que estime relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que, de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, atento lo ordenado en el primer y segundo párrafo del artículo 35 del referido Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.". NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE DIECIOCHO DEL MES Y AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL JUCIO DE AMPARO 1553/2022, A LA PARTE QUEJOSA, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibida la copia simple del acta de entrega-recepción, signada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante el cual, en cumplimiento al Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remite el juicio de amparo 7369/2021 de su índice, sin integrar, con copias de traslado, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos atribuidos al Presidente de la República y otras autoridades. AVOCAMIENTO DEL ASUNTO Y REGISTRO Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones 1 y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de amparo y en términos del Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, por lo cual, se ordena registrar el asunto con el número de expediente 1553/2022. Fórmese el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos le corresponda el presente asunto, que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. DETERMINACIÓN (DESECHAMIENTO) RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO. De una interpretación integral de la demanda de amparo, se concluye que la parte quejosa señaló como acto reclamado, lo siguiente: La discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, respecto de los artículos relacionados con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), respecto de los artículos señalados en el escrito de demanda. Al respecto, a consideración del suscrito, debe desecharse el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de amparo, ante la falta de afectación a su interés jurídico, por los motivos que se exponen a continuación. El artículo que establece la causa de improcedencia en cuestión prevé lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto reproducido se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causen perjuicio al quejoso, es decir, que no le generen una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Aunado a lo expuesto, es conveniente precisar que, tratándose de normas de carácter general, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la distinción de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas se establece en términos del concepto de individualización condicionada o incondicionada, es decir, la característica que puede tener una norma jurídica, de cobrar aplicación en la esfera jurídica de su destinatario desde el momento de su entrada en vigor (individualización incondicionada), o bien, hasta que se produzca un acto necesario para que el ordenamiento jurídico adquiera su individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal (individualización condicionada). En ese sentido, una ley se considerará autoaplicativa cuando las obligaciones que de ella deriven nacen desde la entrada en vigor de ésta, independientemente de que no se actualice condición alguna, y en tal virtud, el juicio de amparo podrá ser promovido desde tal instante, pues se trata de disposiciones que, acorde al imperativo que contienen, vinculan al gobernado a su cumplimiento inmediato, en razón de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Por otra parte, cuando la aplicación jurídica o material de una norma está sometida a la realización de un hecho futuro incierto, ésta tendrá el carácter de heteroaplicativa, ya que las obligaciones de hacer o no hacer no surgen de manera inmediata por la entrada en vigor de tal disposición, sino que requieren un acto diverso que condicione su aplicación y, en consecuencia, será hasta este momento en que la esfera jurídica del quejoso se vea afectada. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 55/97 (9ª) y la tesis aislada 2a. XIX/96 (9ª) (registros 198200 y 200627), cuyos rubros son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA)." Ahora bien, de la revisión a la red de información y comunicaciones del Poder Judicial de la Federación, concretamente en la página electrónica accesible vía intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, la Ministra instructora Norma Lucía Piña Hernández se pronunció sobre la afectación que pudiera generar el decreto aquí impugnado con motivo de su entrada en vigor, en los términos siguientes: "(.) Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. (.) Sin embargo, aun partiendo de dicha interpretación, en el caso no se satisfacen los supuestos excepcionales para conceder la suspensión, porque el posible daño a los derechos humanos invocados por los accionantes, como lo son, entre otros, el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales relacionados con la identidad de las personas, a la presunción de inocencia y al uso de las tecnologías de la información, no se actualiza a partir de la vigencia de la norma. En efecto, de acuerdo con el régimen transitorio del decreto impugnado, si bien esas normas entraron en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de abril del presente año (sic), lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos está sujeta, primero, a la condición relativa a que dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del decreto (artículo transitorio tercero, párrafo primero) el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todas y todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros, el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea y los datos biométricos. Y segundo, al plazo de dos años a partir de la publicación del decreto para que los usuarios de líneas telefónicas móviles adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con el registro de sus datos (artículo transitorio cuatro, párrafo primero); y al plazo de seis meses posteriores a que el Instituto emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente decreto, para que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, realicen el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil (artículo transitorio quinto). En este sentido, y toda vez que los promoventes hacen depender el otorgamiento de la suspensión de la afectación a los derechos humanos precisados y esta afectación no se resentirá de manera inmediata a partir de la expedición del decreto cuya invalidez se solicita, dado que éste se produciría, en su caso, a partir de que los usuarios proporcionen la información respectiva, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados, en consecuencia, no se actualizan los supuestos excepcionales precisados por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conceder la suspensión solicitada en este medio de control constitucional. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que varíen las circunstancias valoradas en este auto para negar la suspensión, dicha medida cautelar pueda ser nuevamente analizada. (.)" De la transcripción que antecede se advierte lo siguiente: El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no es susceptible de causar perjuicio con motivo de su sola vigencia. Lo anterior, ya que si bien, conforme a su régimen transitorio, dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos está sujeta: A la condición relativa a que dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del decreto (artículo tercero transitorio, párrafo primero) el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros, el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea y los datos biométricos. Al plazo de dos años a partir de la publicación del decreto impugnado para que los usuarios de líneas telefónicas móviles adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con el registro de sus datos (artículo cuarto transitorio, párrafo primero); y al plazo de seis meses posteriores a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el mencionado decreto, para que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, realicen el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil (artículo quinto transitorio). Derivado de lo anterior, la posible afectación que pudiera generar el decreto impugnado a sus destinatarios no es susceptible de ser resentida de manera inmediata a partir de su expedición, sino a partir de que los usuarios proporcionen la información respectiva, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados. En el caso, se reitera que la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo en contra del Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, -con motivo de la sola entrada en vigor-, de ahí que se estime que dicha norma de carácter general no genere perjuicio con su sola expedición. Cabe destacar, que conforme a lo expuesto en la demanda de amparo, la parte quejosa reclama de forma precisa, entre otros, el artículo 180 quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el que se establece, en esencia, lo siguiente: Se obliga a todos los titulares de las líneas telefónicas móviles "celulares" a registrar sus datos biométricos, bajo pena de cancelar la línea y no acceder a los beneficios de la misma. Se faculta a las compañías telefónicas privadas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para recabar, obtener e ingresar los datos personales (biométricos) al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional concluye que respecto del acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia citada con antelación, ya que el decreto controvertido no genera perjuicio a la parte quejosa, con motivo de su entrada en vigor, de ahí que deba desecharse el presente asunto. Así se afirma, ya que la posible afectación que pudiera generar el acto reclamado a la parte quejosa no es susceptible de ser resentida de manera inmediata a partir de su expedición, sino en el momento en que se esté en aptitud de proporcionar la información establecida en el artículo 180 quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados en los artículos tercero y cuarto transitorio del mencionado decreto, los cuales disponen lo siguiente: "Tercero. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del presente Decreto, deberá emitir las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente Decreto. La no emisión de las disposiciones de carácter general en el plazo referido en el párrafo anterior, dará motivo a responsabilidad administrativa para los integrantes del órgano de gobierno del Instituto, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cuarto. En el caso del registro de líneas telefónicas móviles, en cualquiera de sus modalidades, adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, contarán con un plazo de dos años a partir de su publicación para cumplir con las obligaciones de registro a que se refiere el presente Decreto. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, durante el plazo de dos años a que hace referencia el párrafo anterior, deberán realizar una campaña de información dirigida a sus clientes, con la anticipación que les permita cumplir con su obligación de registrar y actualizar sus datos. Para tal efecto los usuarios deberán presentar ante el concesionario o autorizado de que se trate la tarjeta SIM, así como la documentación fehaciente a que hace referencia el artículo 180 Ter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión o a través de los medios tecnológicos que faciliten a los usuarios el registro. También deberán ser informados de que, en caso de no realizar dicho trámite dentro del plazo señalado, se les cancelará la prestación del servicio relacionado con la línea telefónica móvil de que se trate, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna. Transcurrido el plazo señalado para el registro de titulares o propietarios de las líneas telefónicas móviles, el Instituto solicitará a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes". Aunado a lo anterior, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que de la página oficial electrónica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a saber http://www.ift.org.mx/, a la presente data, no se han emitido las disposiciones de carácter general a las que se hacen referencia en el Decreto controvertido mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior sucede así, con motivo de la suspensión concedida en la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, emitida en la controversia constitucional 71/2021, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), determinación que fue confirmada mediante diversa resolución de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de reclamación 61/2021-CA, del índice de dicha Sala, dichas determinaciones resultan un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Esto es, con motivo de la suspensión concedida en dicha controversia constitucional, se determinó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no debe emitir las disposiciones de carácter general a las que se hacen referencia en el Decreto controvertido, lo anterior, hasta en tanto se verifique la constitucionalidad de dicha porción normativa, de ahí que al día de hoy, aún no se hayan emitido las disposiciones de carácter general en comento. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que, a la fecha de presentación de la demanda (diez de junio de dos mil veintiuno), el decreto reclamado no es susceptible de causar perjuicio a la parte quejosa, al no haberse satisfecho las condiciones y plazos previstos en los artículos tercero y cuatro transitorios citados. De igual forma se precisa, que el suscrito no desconoce el criterio establecido en la jurisprudencia 1a./J. 32/2005, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA"; sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable en el caso, ya que para definir si los preceptos reclamados generan perjuicio a la parte quejosa con su sola entrada en vigor, no resultó necesario realizar una interpretación o análisis profundo de su texto, lo cual es propio de la sentencia de amparo, sino únicamente imponerse del contenido de las normas transitorias que integran el decreto controvertido. La presente determinación, también tiene como sustento lo resuelto en las sentencias siguientes: La dictada en el recurso de queja Q.A. 366/2021, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. La dictada en el recurso de queja Q.A. 431/2021, por el Primer Tribunal Colegiado de circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de uno de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa en el escrito de demanda, se desecha el presente juicio de amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte para acreditar la aplicación de la normatividad que reclama las siguientes: ************** La anterior prueba merece valor probatorio, en términos de los artículos 133, 197, 201, 203 y 210-A y demás que resulten aplicables en materia probatoria del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, con la que se acredita, que es usuaria del número telefónico que refiere, más no así que con la sola expedición de la norma se realizó una afectación a su interés jurídico. Esta situación corrobora la inexistencia de una afectación a la esfera de derechos de la parte quejosa con la sola entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, respecto de los artículos relacionados con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUTM), respecto de los artículos señalados en el escrito de demanda, porque su sola vigencia, como se explicó, no trasciende de modo inmediato sobre la esfera jurídica de los sujetos de derecho a se encuentran dirigidos, sino que es menester esperar a que se actualice la condición en ellos establecida para entender materializado así el perjuicio que permite la procedencia del amparo contra leyes. Resulta aplicable, por analogía de razón, la jurisprudencia VII.2o.C. J/20, de rubro: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNAN COMO AUTOAPLICATIVOS LOS ARTÍCULOS 25 BIS, 98 TER Y 113 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA" AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones a *********, hasta en tanto acredite tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, por lo que, una vez que lo hubiere hecho mediante escrito deberá informarlo a este órgano jurisdiccional a efecto de que se provea lo conducente a ese respecto. CONSULTA VÍA INTERNET Y UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con fundamento en el citado artículo 3, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Conforme a la Circular 12/200 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Asimismo, infórmese a la parte quejosa que podrá presentar cualquier medio de impugnación, haciendo uso de la vía postal, electrónica o personalmente ante la oficina de correspondencia de este órgano judicial. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que se indica en su escrito inicial de demanda, en esta ciudad. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA (OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES) Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 57 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, podrán oponerse a la publicación de sus datos informando tal circunstancia a esta potestad judicial para que se acuerde lo conducente. JURISPRUDENCIA La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA." DOMICILIO DEL JUZGADO Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que las subsecuentes promociones deberán estar dirigidas y ser presentadas en este órgano jurisdiccional auxiliar, o en su caso, en la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, cuyo domicilio se encuentra dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.". NOTIFÍQUESE.
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