Lulú del Carmen Mafud Ovando
Expediente 1367/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 63 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1367/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 63
- Última actuación
- 29/04/2019
Partes del expediente
- Lulú del Carmen Mafud Ovando
- Actuario adscrito al Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas
- Ramón Solís Hernandez
- Romeo Solis Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 63.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SEXTO. CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, deberá realizar lo siguiente: a) Deje sin efectos todo lo actuado en el juicio laboral ****************, únicamente por lo respecta a la demandada ******************, a partir del emplazamiento que se le practicó mediante citatorio de treinta de septiembre de dos mil trece y acta de emplazamiento de uno de octubre del citado año y, lo lleve a cabo en términos de ley. b) Reponer el procedimiento a partir del ilegal emplazamiento, quedando sin efectos todo lo actuado en el juicio *********** con posterioridad a esas diligencias, incluyendo el laudo, su notificación, el auto de ejecución con efectos de mandamiento de trece de marzo de dos mil catorce, la diligencia de embargo de cuatro de julio de dos mil catorce y la orden de remate del predio embargado, por impugnarse en vía de consecuencia del referido emplazamiento. En el entendido que la reposición del procedimiento del juicio de origen, no tiene el alcance de dejar insubsistentes el llamamiento a juicio de los CODEMANDADOS, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio pasivo, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verificará de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de la relatividad que rige al juicio de amparo. Por ende, la reposición del juicio de origen como efectos de la sentencia de amparo que se le concede a la quejosa *****************, solamente tiene el alcance de dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, laudo, su notificación, el auto de ejecución con efectos de mandamiento de trece de marzo de dos mil catorce, la diligencia de embargo de cuatro de julio de dos mil catorce y la orden de remate del predio embargado, con excepción del emplazamiento que se realizó respecto a los CODEMANDADOS en el juicio laboral de origen. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia número 72/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 258/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro I, octubre de 2011, tomo 2, página 933, cuyo texto dice lo siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquéllos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado. Ahora, mediante auto de once de enero de dos mil diecinueve (fojas 766-768), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. El veintiuno de enero de esta anualidad (foja 781), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación a las constancias remitidas por la responsable, en las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Por auto de uno de febrero de este año (fojas 788 a 791), se estimó que en el caso no se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias se advertía lo siguiente: Por auto de quince de enero de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral **************, únicamente en cuanto a la demandada ******************, a partir del citatorio de treinta de septiembre de dos mil trece, acta de emplazamiento de uno de octubre de esa anualidad; incluyendo el laudo y su notificación, auto de ejecución con efectos de mandamiento de trece de marzo de dos mil catorce y orden de remate del predio embargado, con excepción del emplazamiento realizado a los codemandados. Además, señaló las catorce horas del once de febrero del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Asimismo, dispuso girar oficio al Presidente de la Junta Local de Conciliación de Tonalá, Chiapas, para que emplazara a la demandada *************** (fojas 777-780). No obstante ello, la autoridad responsable desatendió lo ordenado por este juzgado en el sentido de que, además de lo anterior, debía dejar insubsistente la diligencia de embargo de cuatro de julio de dos mil catorce, motivo por el cual, no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable a efecto de que actuara en sus términos la sentencia concesoria del amparo (fojas 788-791). Posteriormente, en proveído de once de marzo del año en curso, se tuvo a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, como autoridad responsable obligada al cumplimiento, por ser dicha autoridad quien estaba conociendo del juicio laboral en cuestión (fojas 854-855). Mediante acuerdo de once de abril de esta anualidad (fojas 888-889), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, en relación a las constancias remitidas por la junta responsable, en las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, respecto al cumplimiento de las ejecutorias, el normativo 196 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que, a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias y autos se advierte lo siguiente: Comunicación ********** de siete de marzo de dos mil diecinueve y anexos (fojas 841-853), entre los cuales destaca el proveído de catorce de febrero del año en curso, emitido por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en el cual, tuvo por recibido el juicio de origen y comisionó al actuario de su adscripción para que notificara dicho acuerdo a la parte actora y por exhorto a la parte demandada; registro 25486, de ocho de febrero de esta anualidad, del que se desprende la cancelación del embargo que recaía en el inmueble materia de la litis; auto de siete de marzo de este año, en que señaló fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; y, ordenó el emplazamiento de la parte demandada **************. Además, el diverso oficio *********** de uno de abril de esta anualidad y anexos (fojas 871-881), entre los cuales obra el emplazamiento realizado a la parte demandada ****************. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberla omitido. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado, que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar del acto reclamado. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 4. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, del referido Acuerdo General requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger los documentos que anexó al escrito aclaratorio (fojas 33-41); apercibida que en caso de no hacerlo, podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SEXTO. CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, deberá realizar lo siguiente: a) Deje sin efectos todo lo actuado en el juicio laboral ****************, únicamente por lo respecta a la demandada ******************, a partir del emplazamiento que se le practicó mediante citatorio de treinta de septiembre de dos mil trece y acta de emplazamiento de uno de octubre del citado año y, lo lleve a cabo en términos de ley. b) Reponer el procedimiento a partir del ilegal emplazamiento, quedando sin efectos todo lo actuado en el juicio *********** con posterioridad a esas diligencias, incluyendo el laudo, su notificación, el auto de ejecución con efectos de mandamiento de trece de marzo de dos mil catorce, la diligencia de embargo de cuatro de julio de dos mil catorce y la orden de remate del predio embargado, por impugnarse en vía de consecuencia del referido emplazamiento. En el entendido que la reposición del procedimiento del juicio de origen, no tiene el alcance de dejar insubsistentes el llamamiento a juicio de los CODEMANDADOS, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio pasivo, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verificará de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de la relatividad que rige al juicio de amparo. Por ende, la reposición del juicio de origen como efectos de la sentencia de amparo que se le concede a la quejosa *****************, solamente tiene el alcance de dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, laudo, su notificación, el auto de ejecución con efectos de mandamiento de trece de marzo de dos mil catorce, la diligencia de embargo de cuatro de julio de dos mil catorce y la orden de remate del predio embargado, con excepción del emplazamiento que se realizó respecto a los CODEMANDADOS en el juicio laboral de origen. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia número 72/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 258/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro I, octubre de 2011, tomo 2, página 933, cuyo texto dice lo siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquéllos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado. Ahora, mediante auto de once de enero de dos mil diecinueve (fojas 766-768), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. El veintiuno de enero de esta anualidad (foja 781), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación a las constancias remitidas por la responsable, en las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Por auto de uno de febrero de este año (fojas 788 a 791), se estimó que en el caso no se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias se advertía lo siguiente: Por auto de quince de enero de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral **************, únicamente en cuanto a la demandada ******************, a partir del citatorio de treinta de septiembre de dos mil trece, acta de emplazamiento de uno de octubre de esa anualidad; incluyendo el laudo y su notificación, auto de ejecución con efectos de mandamiento de trece de marzo de dos mil catorce y orden de remate del predio embargado, con excepción del emplazamiento realizado a los codemandados. Además, señaló las catorce horas del once de febrero del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Asimismo, dispuso girar oficio al Presidente de la Junta Local de Conciliación de Tonalá, Chiapas, para que emplazara a la demandada *************** (fojas 777-780). No obstante ello, la autoridad responsable desatendió lo ordenado por este juzgado en el sentido de que, además de lo anterior, debía dejar insubsistente la diligencia de embargo de cuatro de julio de dos mil catorce, motivo por el cual, no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable a efecto de que actuara en sus términos la sentencia concesoria del amparo (fojas 788-791). Posteriormente, en proveído de once de marzo del año en curso, se tuvo a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, como autoridad responsable obligada al cumplimiento, por ser dicha autoridad quien estaba conociendo del juicio laboral en cuestión (fojas 854-855). Mediante acuerdo de once de abril de esta anualidad (fojas 888-889), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, en relación a las constancias remitidas por la junta responsable, en las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, respecto al cumplimiento de las ejecutorias, el normativo 196 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que, a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias y autos se advierte lo siguiente: Comunicación ********** de siete de marzo de dos mil diecinueve y anexos (fojas 841-853), entre los cuales destaca el proveído de catorce de febrero del año en curso, emitido por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en el cual, tuvo por recibido el juicio de origen y comisionó al actuario de su adscripción para que notificara dicho acuerdo a la parte actora y por exhorto a la parte demandada; registro 25486, de ocho de febrero de esta anualidad, del que se desprende la cancelación del embargo que recaía en el inmueble materia de la litis; auto de siete de marzo de este año, en que señaló fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; y, ordenó el emplazamiento de la parte demandada **************. Además, el diverso oficio *********** de uno de abril de esta anualidad y anexos (fojas 871-881), entre los cuales obra el emplazamiento realizado a la parte demandada ****************. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberla omitido. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado, que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar del acto reclamado. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 4. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, del referido Acuerdo General requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger los documentos que anexó al escrito aclaratorio (fojas 33-41); apercibida que en caso de no hacerlo, podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado, que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar del acto reclamado. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a este sumario la comunicación suscrita por la Delegada del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, con domicilio en Tonalá, Chiapas, mediante la cual informa que la cancelación del embargo quedó registrada con el número 25,486 de la sección civil (foja 850); sin mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, en virtud de que el once de abril de esta anualidad, se dio vista a las partes con dichas constancias (888-889). Notifíquese.
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