Luiver Valeria del Portillo Pérez
Expediente 894/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Luiver Valeria del Portillo Pérez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, México, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se provee: toda vez que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar, que el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Por tanto, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte1. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito vía electrónica, por ********************, por medio del cual desahoga en tiempo y forma la prevención formulada en autos. En atención a lo anterior, se provee en relación a la demanda de amparo, promovida por Luiver Valeria del Portillo Pérez, quien se ostenta en su carácter de Presidenta y representante común de la mesa directiva de la Asociación de Colonos Residencial Lomas Verdes, contra los actos consistentes en los acuerdos de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaídos al incidente de nulidad de actuaciones y recurso de revocación interpuestos en contra del auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable Juez Cuarto Civil de Tlalnepantla con Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, tuvo por presentados a *******************, en su calidad de parte actora y les tuvo por desahogada una vista relativa a las excepciones y defensas opuestas por la ahora quejosa en su calidad de parte demandada en el juicio 9579/2021. Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Respecto de esta causal de improcedencia que se invoca de oficio, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: Expuso que, en la jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno interpretó que, en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Agregó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por tanto, estimó el Máximo Tribunal, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Amén de que, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación la dedujo el Pleno de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, concluyó el Máximo Tribunal, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De modo tal que, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Concepción que, a juicio del Máximo interprete, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) en comento del Máximo Tribunal del País son del tenor siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los anteriores razonamientos son aplicables al caso que nos ocupa, toda vez que en la especie el acto reclamado consiste en lo siguiente: Los acuerdos de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaídos al incidente de nulidad de actuaciones y recurso de revocación interpuestos en contra de auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en el que la responsable Juez Cuarto Civil De Tlalnepantla Con Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, tuvo por presentados a Jesús Gerardo Ocejo Galeana y Gerardo Daniel Osejo Trejo, en su calidad de parte actora y les tuvo por desahogada una vista relativa a las excepciones y defensas opuestas por la ahora quejosa en su calidad de parte demandada en el juicio 9579/2021. En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra del acto que por esta vía se combate, porque dicho acto se refiere a una cuestión de trámite; esto es, se trata de un acto netamente procesal. Lo que evidentemente no constituye un acto dictado en un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, porque los efectos que el acto reclamado produce no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por lo que, en su caso, la eventual violación cometida en el juicio de origen deberá reclamarse una vez que se dicte el laudo correspondiente. Asimismo, la tesis I.7o.C. J/3 del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que la determinación reclamada, pese a ser un acto dictado dentro de un juicio, no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la quejosa de imposible reparación, pues se tratan de cuestiones meramente de trámite, esto es procesal, lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en las propias demandas de amparo. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación el presente auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificados de este auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Notifíquese: vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso *****************, por medio del cual desahoga el requerimiento efectuado por auto de trece de septiembre del año en curso; y, al efecto señala que los antecedentes del acto reclamado en el escrito de ampliación de demanda los narra bajo protesta de decir verdad. En atención a lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito y se provee: Visto el ocurso de cuenta y el escrito de ampliación de demanda de amparo que promueve el quejoso Alejandro Fierro Carmona, por propio derecho, respecto del acto y la autoridad responsable que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Secretario notificador adscrito al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. ACTO RECLAMADO La diligencia de notificación practicada en nueve de junio de dos mil veintiuno, en autos del juicio número 9512/2021. En consecuencia, tomando en consideración que dicha diligencia tiene relación directa con el acto reclamado en ampliación de demanda, al Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, consistente en todo lo actuado dentro del juicio número 9512/2021, la que se admitió a trámite en proveído de once de junio del año en curso, con fundamento en el artículo 111, fracción I, de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda de amparo respecto del Secretario notificador adscrito al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, a quien se reclama la diligencia de notificación indicada en líneas que anteceden. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión relativo por no haber sido solicitado, de conformidad con lo previsto en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Con fundamento en los artículos 5, fracción IV, y 115 de la Ley de Amparo, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrase traslado con copia de la ampliación de demanda, ocurso aclaratorio y del presente proveído para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación: Que deberá rendir vía ordinaria dentro del término de quince días siguientes a la legal notificación del presente proveído. Al que deberá acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Asimismo, deberá remitir cualquier dispositivo de almacenamiento magnético u óptico que contenga íntegra la trascripción del acto reclamado. Apercibida que de no remitirlo; o bien, rendir su informe sin anexar los documentos que sean necesarios para fundarlo y con los requisitos antes apuntados sin debida justificación para ello, se le impondrá en la sentencia una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se fijaron las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. PRUEBAS El solicitante de amparo ofrece como medios de convicción los siguientes: El reconocimiento del contenido e imagen que existe en la USB presentada el diez de junio del año en curso, en la oficialía de partes de este juzgado, respecto de ***********************, secretario notificador adscrito al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, actuando en la diligencia de notificación que practicó el nueve de junio de dos mil veintiuno, en autos del juicio número *********************; por lo que, solicita se cite el día y hora para llevar a cabo dicha diligencia. Inspección Judicial que se realice en la USB a que se hace referencia en el párrafo anterior, por parte del suscrito juzgador, para los efectos que precisa. En atención a su contenido se reserva acordar respecto a su admisión hasta en tanto se rinda el informe justificado que se requirió en la presente determinación. Notifíquese: por oficio a la autoridad responsable Secretario notificador adscrito al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por lista a las restantes partes.
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