Luise Elena Hinzpeter Duhart
Expediente 90/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luise Elena Hinzpeter Duhart
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de ocho de febrero de dos mil diecisiete, se declaró firme el auto de que desechó la demanda de amparo y se ordenó el archivo del expediente como definitivamente concluido. En esas condiciones, devuélvase a la Junta responsable el expediente laboral 98/2013, con el cual se formó un tomo de pruebas por separado; en el entendido de que el sello que se estampe en el oficio librado para tal efecto, será la constancia de su recepción. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la quejosa, el auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete, en el que: "Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que ese auto ha quedado firme. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Por otra parte, se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental; asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Finalmente, toda vez de que en el presente expediente obra documento catalogado como original, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días se presente en el local de este Juzgado a recogerlo; haciendo de su conocimiento que de no hacerlo, en su oportunidad será destruido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la quejosa, el auto de veinte de enero de dos mil diecisiete, en el que: "Agréguese a los autos el oficio 391/2017, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con el cual remite el expediente DT. 50/2017, de su índice, promovido contra actos de la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; porque mediante auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dicho Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto. En esas condiciones, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo al Tribunal oficiante. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 90/2017-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, con el expediente laboral 98/2013, fórmese un tomo de prueba por separado, respetando la rúbrica, entresello y folio, el cual forma parte del sumario de amparo. Procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Del estudio íntegro de la demanda de amparo y el expediente laboral 98/2013, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama el acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral de origen, en el cual la Presidenta de la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, determinó no acordar de conformidad su solicitud de girar oficios a diversas autoridades gubernamentales, para obtener el último domicilio de la parte demandada y así requerirle el cumplimiento del convenio de diez de julio de dos mil quince, el cual se elevó a la categoría de laudo. Al respecto, este Juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello se afirma, porque el hoy quejoso omitió agotar el principio de definitividad cuyo sustento se encuentra establecido en los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo citada, consistente en que previamente al ejercicio de la acción constitucional, deben agotarse los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así el juicio de amparo será improcedente. Lo anterior deja claro que el juicio planteado es improcedente; toda vez que el promovente no agotó el medio de defensa que la legislación laboral prevé en tal supuesto, antes de acudir a la presente instancia de índole constitucional, y ante ello, es de relevancia precisar la ley laboral aplicable. Al respecto, el treinta de noviembre de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo Décimo Primero Transitorio, se estableció que los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a esa reforma debían concluirse de conformidad con ellas. En el particular, se advierte que la demanda laboral se presentó en el año dos mil trece, esto es, posteriormente a la emisión del Decreto precitado, entonces le son aplicables las disposiciones vigentes posteriores al decreto citado, por lo que la cita de los preceptos respectivos corresponderá a los vigentes con anterioridad a la reforma de mérito. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los "Presidentes" en etapa de ejecución de laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en providencias cautelares; de ahí que si el acto reclamado fue emitido por la "Presidenta" de la Junta responsable, tal como consta en el expediente laboral 98/2013, es evidente que éste, antes de incoar la acción constitucional, debió agotar el recurso de revisión de actos del Presidente ejecutor previsto en el aludido numeral, tomando en cuenta que el mismo fue dictado en la etapa de ejecución de laudo, en el cual se negó a realizar la investigación ante diversas instituciones gubernamentales para que informaran el último domicilio de la parte demandada; por ende, a través del medio de impugnación indicado, podía revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado y con ello cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, como lo establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Al respecto, los artículos 939 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, regulan quién debe de llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por la Junta de Conciliación y Arbitraje, dado que establecen lo siguiente: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas. Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." De los preceptos reproducidos se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, corresponde llevarla a cabo a los Presidentes de las mismas. Asimismo, los artículos 849 a 852 del citado ordenamiento, relativos a la procedencia del recurso de revisión, son del tenor literal siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerá: I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." El análisis sistemático de los anteriores dispositivos, revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los Presidentes, Actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en la etapa de ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de sus Presidentes. En la segunda hipótesis, que conocerá el Presidente de la Junta o el de la Junta Especial respectiva, cuando se trate de actos de los Actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Finalmente, en el tercer supuesto, conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de actos del Presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. De lo antes expuesto, se concluye que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, son los facultados para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos. Entonces es inconcuso que en contra del acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, aquí reclamado, el cual fue dictado únicamente por el Presidente de la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje, procedía el recurso de revisión a que se refiere el normativo 849 de la Ley Federal del Trabajo, porque ese dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes o funcionarios legalmente habilitados en la etapa de ejecución de los (ya sea en ejecución del laudo o con motivo de la ejecución de éste), convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares, sin que al efecto la parte quejosa lo hubiere hecho valer ante la autoridad del conocimiento, con lo cual dejó de acatar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, lo que origina la causa de improcedencia advertida por este Juzgado Federal. Además, la promoción de la demanda de amparo resulta extemporánea, porque el escrito inicial de demanda fue presentado ante la autoridad responsable, siendo que la demanda fue dirigida al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en turno en la Ciudad de México y de su contenido se advierte que se formuló conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, por lo tanto la intención del quejoso fue la promoción de un juicio de amparo indirecto; por lo cual existió una patente equivocación en la presentación de la demanda, pues esta debió de realizarse ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en la materia y jurisdicción mencionados. Por ello, la presentación de la demanda de amparo ante la autoridad responsable no produce efecto legal alguno en relación al término para la interposición del juicio de garantías indirecto, pues la intención de la peticionaria no fue seguir un procedimiento relativo al juicio de amparo directo; y por ende, si el acto reclamado fue notificado el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, lo cual se advierte de la foja setenta y seis del tomo de pruebas, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte promovente del tres al veintiocho de noviembre del año próximo pasado, descontando los días cinco, seis, diez, once, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete del mismo mes y año, por haber sido inhábiles. Luego, sí la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el dieciséis de enero del año en curso, la promoción del juicio de amparo que nos ocupa desde ese momento resulta extemporánea, y con mayor razón en la fecha en la cual fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, esto fue, el diecinueve del mes y año en curso; sin que sea óbice a lo anterior que la demanda de amparo haya sido presentada ante la responsable el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, pues al haber sido presentada de manera equivocada por la parte quejosa, no tiene efecto legal alguno tal presentación; lo anterior, de igual manera pone de manifiesto la improcedencia del presente juicio. Por lo expuesto, al advertirse motivos manifiestos e indudables de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa. Asimismo, en términos del numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas señaladas en la demanda, por así solicitarlo expresamente. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente al promovente."
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