Luisa Yessica de la Madrid Téllez

Expediente 658/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
658/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2020

Partes del expediente

  • Luisa Yessica de la Madrid Téllez

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del acuerdo del trece de agosto de dos mil veinte, por el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***** por propio derecho, en contra de los actos de la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otras autoridades. En consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Por tal motivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, fracción d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente será susceptible de destrucción, atendiendo a que este juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos 21 de la Ley de Amparo; y 88 del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal", por Luisa de la Madrid Téllez, por propio derecho, en contra de los actos de la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 658/2020. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la ley de la materia, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Al respecto, este juzgado Federal considera que respecto de la demanda de amparo presentada vía electrónica, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitución Federal. En los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El referido principio es requisito básico para que el juicio de amparo pueda iniciarse, ya que sin la promoción del gobernado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal y/o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, conforme a los artículos 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien le afecte la norma general o el acto reclamado, quien podrá hacerlos por sí o por su representante legal o apoderado, por lo que debe contener la firma del promovente. La firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; así, a través de la firma la parte quejosa manifiesta su voluntad de promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Así, recibida una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital. En tal sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3, de la Ley de Amparo, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y si se encuentra vigente; no se requerirá de firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15, de la Ley de Amparo. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos que deberán tomarse en consideración por los juzgados de distrito y tribunales de circuito para acordar lo correspondiente. En ese sentido, resulta importante destacar que si bien es cierto, el escrito de demanda que se provee cuenta con una firma electrónica (evidencia criptográfica), la misma es de Giovanni Rodríguez Quintanilla por lo que no se le puede dar valor alguno a la promoción (demanda) de cuenta al no contar con la firma electrónica de Luisa Yessica de la Madrid Téllez (promovente del escrito de demanda). De manera que no se advierte la manifestación de voluntad de la promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que con la firma electrónica (evidencia criptográfica), tratándose del juicio de amparo electrónico, las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. De manera que las promociones que carecen de firma de los quejosos no pueden expresar la voluntad de los suscriptores, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, página setenta y nueve, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica de Luisa Yessica de la Madrid Téllez, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. La falta de firma, al ser considerada ésta como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo 6, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida electrónicamente por Luisa Yessica de la Madrid Téllez, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 36 y 108, párrafo primero y 113, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que no se está en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3, de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito1, en el entendido que su obtención dependerá de las cargas de trabajo que existan en el órgano judicial, debiendo, en todo caso, solicitarse con la debida anticipación para programar su entrega. Asimismo, como lo solicita la parte promovente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refirió en el proemio del ocurso que se acuerda y tomando en consideración la certificación secretarial que antecede, se tienen como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Roberto Zuñiga Tapia, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Giovanni Rodríguez Quintanilla. En un diverso orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, presentar promociones a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo, así como notificarse electrónicamente de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/cumpliendo con los requisitos que establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince. Por otro lado, se autoriza a los secretarios adscritos a este Juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. 1 Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, en atención a que la demanda de amparo, fue recibida dentro de la guardia para recibir demandas en contra de actos privativos de libertad y casos urgentes en materia administrativa, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la elaboración de la papeleta y registro correspondiente. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

  3. Principal

    CONFORME AL AVISO DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, SSE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TRECE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, "Vista la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos 21 de la Ley de Amparo; y 88 del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal", por Luisa de la Madrid Téllez, por propio derecho, en contra de los actos de la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 658/2020. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la ley de la materia, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Al respecto, este juzgado Federal considera que respecto de la demanda de amparo presentada vía electrónica, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitución Federal. En los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El referido principio es requisito básico para que el juicio de amparo pueda iniciarse, ya que sin la promoción del gobernado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal y/o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, conforme a los artículos 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien le afecte la norma general o el acto reclamado, quien podrá hacerlos por sí o por su representante legal o apoderado, por lo que debe contener la firma del promovente. La firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; así, a través de la firma la parte quejosa manifiesta su voluntad de promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Así, recibida una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital. En tal sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3, de la Ley de Amparo, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y si se encuentra vigente; no se requerirá de firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15, de la Ley de Amparo. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos que deberán tomarse en consideración por los juzgados de distrito y tribunales de circuito para acordar lo correspondiente. En ese sentido, resulta importante destacar que si bien es cierto, el escrito de demanda que se provee cuenta con una firma electrónica (evidencia criptográfica), la misma es de Giovanni Rodríguez Quintanilla por lo que no se le puede dar valor alguno a la promoción (demanda) de cuenta al no contar con la firma electrónica de Luisa de la Madrid Téllez (promovente del escrito de demanda). De manera que no se advierte la manifestación de voluntad de la promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que con la firma electrónica (evidencia criptográfica), tratándose del juicio de amparo electrónico, las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. De manera que las promociones que carecen de firma de los quejosos no pueden expresar la voluntad de los suscriptores, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, página setenta y nueve, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica de Luisa de la Madrid Téllez, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. La falta de firma, al ser considerada ésta como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo 6, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida electrónicamente por Luisa de la Madrid Téllez, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 36 y 108, párrafo primero y 113, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que no se está en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3, de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito1, en el entendido que su obtención dependerá de las cargas de trabajo que existan en el órgano judicial, debiendo, en todo caso, solicitarse con la debida anticipación para programar su entrega. Asimismo, como lo solicita la parte promovente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refirió en el proemio del ocurso que se acuerda y tomando en consideración la certificación secretarial que antecede, se tienen como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Roberto Tapia, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Giovanni Rodríguez Quintanilla. En un diverso orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, presentar promociones a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo, así como notificarse electrónicamente de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ /cumpliendo con los requisitos que establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince. Por otro lado, se autoriza a los secretarios adscritos a este Juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. 1 Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, en atención a que la demanda de amparo, fue recibida dentro de la guardia para recibir demandas en contra de actos privativos de libertad y casos urgentes en materia administrativa, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la elaboración de la papeleta y registro correspondiente. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE" LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO

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