Luisa Raquel Da Silva Drachenberg

Expediente 940/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
940/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
09/03/2018

Partes del expediente

  • Luisa Raquel Da Silva Drachenberg

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción, por haberse negado la suspensión provisional y definitiva. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de febrero de dos mil dieciocho. Vistos los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno al día siguiente, ******* promovió juicio de amparo contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: 4. - ACTO RECLAMADO. a).- De la autoridad señalada como ordenadora responsable.- La inminente desposesión de los Derechos de propiedad adquiridos mediante juicio de prescripción positiva, dentro de los autos del expediente número ******* del índice del juzgado Segundo de lo Civil por audiencias Asimismo el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, previo desahogo de una prevención, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se ordenó emplazar al tercero interesado albacea de la sucesión a bienes de *******, en el domicilio proporcionado en el escrito inicial de demanda, sin que fuera posible su emplazamiento, pues así lo asentó la actuaria adscrita a este juzgado en la constancia de treinta de noviembre de dos mil diecisiete (foja 31). Ante ello, mediante auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, este juzgado, requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto donde pudiera ser emplazado el referido tercero interesado (foja 34). Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la parte quejosa en cumplimento al proveído de uno de diciembre del año próximo pasado, manifestó que el domicilio de la tercera interesada *******, en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de *******, era el ubicado en *******, de esta ciudad (foja 500), por lo que en proveído de doce del mismo mes y año, se ordenó emplazar a la tercera interesada en el referido domicilio (foja 501), lo que no fue posible, según razón actuarial de quince de diciembre de ese año (foja 503). En atención a lo asentado en la constancia actuarial, por acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó hacer la investigación del domicilio de la tercera interesada *******, en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de *******, para lo cual se giró oficio al Vocal Estatal del Registro Federal de Electores, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, con residencia en la Ciudad de México, Teléfonos de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro Público de la Propiedad, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Ciudad Juárez, Coordinador Regional de la División de Investigación de la Policía Estatal Única en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Recaudador de Rentas y Director de Comercio, todos con residencia en esta ciudad, para que con base en sus registros de datos, verificaran e informaran si existían en ellos algún domicilio donde se pudiera practicar el emplazamiento a la referida tercera interesada (foja 504). Sin embargo, no obstante lo anterior, no fue posible llevar a cabo el emplazamiento de la mencionada tercera interesada. Por tanto, mediante de once de enero de dos mil dieciocho, se determinó la imposibilidad de emplazar a la tercera interesada *******, en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de *******, una vez agotada la investigación de sus domicilios, se ordenó efectuar su llamamiento a juicio por medio de edictos a costa de la parte quejosa, decretándose la entrega de los mencionados edictos para los efectos de su publicación, poniéndose a disposición de la parte quejosa por el termino de veinte días, bajo el apercibimiento que en caso de no acreditar haberlos entregado para su publicación, se sobreseería el presente juicio de amparo (foja 543), proveído que fue debidamente notificado a la parte quejosa el doce de enero del año que transcurre (foja 548). En tal virtud, este juzgador federal estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con los diversos numerales 26, fracción I, inciso b), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Ley." 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter (..) 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma Personal b) la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable. 27. Las notificaciones personales se harán conforme a las reglas siguientes: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguiente al en que se ponga a su disposición, se sobreseerá el amparo. En este sentido, resulta evidente que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el tercero interesado, lo cual tiene que ser mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél. Se llega al convencimiento que el emplazamiento a la parte tercero interesada por edictos está condicionado a que el promovente del amparo los recoja en el juzgado, pague su publicación y exhiba ésta para constancia del debido emplazamiento. Además, las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercero interesada, por lo que, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de garantías constituye un presupuesto procesal. De manera que, si no se logra el llamamiento a juicio por la conducta desplegada por la parte quejosa, como en el caso es que ésta no acudió ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos, a efecto de emplazar a la tercera interesada *******, en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de *******, por lo que no acreditó la publicación de los mismos, impide el pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente asunto. Se afirma lo anterior, dado que constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada *******, en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de *******, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto. Sin que tal paralización sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional. Por lo anterior, se entiende como desinterés de la parte quejosa para continuar con el trámite del presente juicio constitucional. Lo anterior es así, dado que el incumplimiento de la peticionaria del amparo genera la paralización del procedimiento a su arbitrio, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, porque entorpece la administración de la justicia al retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible a este órgano de control constitucional, sino al propio promovente, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el citado precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes. Sin que sea obstáculo a lo anteriormente dicho el contenido de la jurisprudencia 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Materia Común, que se consulta en la página 416, de rubro y texto siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Por ende, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de once de enero de dos mil dieciocho, y con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 63, fracción II, de la Ley de Amparo, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia. Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se fijó para las diez horas con diez minutos del uno de marzo de dos mil dieciocho, por actualizarse la causal de sobreseimiento anotada en párrafos que anteceden. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria, *******, que autoriza y da fe. Doy fe.*lh

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, ORDENADA EN PROVEÍDO DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de febrero de dos mil dieciocho. Vistos los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno al día siguiente, ******* promovió juicio de amparo contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: 4. - ACTO RECLAMADO. a).- De la autoridad señalada como ordenadora responsable.- La inminente desposesión de los Derechos de propiedad adquiridos mediante juicio de prescripción positiva, dentro de los autos del expediente número ******* del índice del juzgado Segundo de lo Civil por audiencias Asimismo el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, previo desahogo de una prevención, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se ordenó emplazar al tercero interesado albacea de la sucesión a bienes de *******, en el domicilio proporcionado en el escrito inicial de demanda, sin que fuera posible su emplazamiento, pues así lo asentó la actuaria adscrita a este juzgado en la constancia de treinta de noviembre de dos mil diecisiete (foja 31). Ante ello, mediante auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, este juzgado, requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto donde pudiera ser emplazado el referido tercero interesado (foja 34). Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la parte quejosa en cumplimento al proveído de uno de diciembre del año próximo pasado, manifestó que el domicilio de la tercera interesada *******, en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de *******, era el ubicado en *******, de esta ciudad (foja 500), por lo que en proveído de doce del mismo mes y año, se ordenó emplazar a la tercera interesada en el referido domicilio (foja 501), lo que no fue posible, según razón actuarial de quince de diciembre de ese año (foja 503). En atención a lo asentado en la constancia actuarial, por acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó hacer la investigación del domicilio de la tercera interesada *******, en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de *******, para lo cual se giró oficio al Vocal Estatal del Registro Federal de Electores, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, con residencia en la Ciudad de México, Teléfonos de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro Público de la Propiedad, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Ciudad Juárez, Coordinador Regional de la División de Investigación de la Policía Estatal Única en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Recaudador de Rentas y Director de Comercio, todos con residencia en esta ciudad, para que con base en sus registros de datos, verificaran e informaran si existían en ellos algún domicilio donde se pudiera practicar el emplazamiento a la referida tercera interesada (foja 504). Sin embargo, no obstante lo anterior, no fue posible llevar a cabo el emplazamiento de la mencionada tercera interesada. Por tanto, mediante de once de enero de dos mil dieciocho, se determinó la imposibilidad de emplazar a la tercera interesada *******, en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de *******, una vez agotada la investigación de sus domicilios, se ordenó efectuar su llamamiento a juicio por medio de edictos a costa de la parte quejosa, decretándose la entrega de los mencionados edictos para los efectos de su publicación, poniéndose a disposición de la parte quejosa por el termino de veinte días, bajo el apercibimiento que en caso de no acreditar haberlos entregado para su publicación, se sobreseería el presente juicio de amparo (foja 543), proveído que fue debidamente notificado a la parte quejosa el doce de enero del año que transcurre (foja 548). En tal virtud, este juzgador federal estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con los diversos numerales 26, fracción I, inciso b), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Ley." 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter (..) 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma Personal b) la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable. 27. Las notificaciones personales se harán conforme a las reglas siguientes: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguiente al en que se ponga a su disposición, se sobreseerá el amparo. En este sentido, resulta evidente que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el tercero interesado, lo cual tiene que ser mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél. Se llega al convencimiento que el emplazamiento a la parte tercero interesada por edictos está condicionado a que el promovente del amparo los recoja en el juzgado, pague su publicación y exhiba ésta para constancia del debido emplazamiento. Además, las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercero interesada, por lo que, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de garantías constituye un presupuesto procesal. De manera que, si no se logra el llamamiento a juicio por la conducta desplegada por la parte quejosa, como en el caso es que ésta no acudió ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos, a efecto de emplazar a la tercera interesada *******, en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de *******, por lo que no acreditó la publicación de los mismos, impide el pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente asunto. Se afirma lo anterior, dado que constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada *******, en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de *******, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto. Sin que tal paralización sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional. Por lo anterior, se entiende como desinterés de la parte quejosa para continuar con el trámite del presente juicio constitucional. Lo anterior es así, dado que el incumplimiento de la peticionaria del amparo genera la paralización del procedimiento a su arbitrio, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, porque entorpece la administración de la justicia al retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible a este órgano de control constitucional, sino al propio promovente, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el citado precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes. Sin que sea obstáculo a lo anteriormente dicho el contenido de la jurisprudencia 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Materia Común, que se consulta en la página 416, de rubro y texto siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Por ende, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de once de enero de dos mil dieciocho, y con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 63, fracción II, de la Ley de Amparo, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia. Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se fijó para las diez horas con diez minutos del uno de marzo de dos mil dieciocho, por actualizarse la causal de sobreseimiento anotada en párrafos que anteceden. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria, *******, que autoriza y da fe. Doy fe.*lh

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no ha sido posible emplazar a la tercera interesada *******, en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de *******. Consecuentemente, a fin de dar margen a que se cumplimente lo anterior procede diferir la audiencia constitucional prevista para esta data y para su verificativo se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh

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