Luisa Peralta Martínez

Expediente 1074/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1074/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Luisa Peralta Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que con data dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad de cuenta, informando que remitió los autos del juicio 255/2023, al Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a efecto de que provea sobre el conflicto competencial que existe entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Noveno antes mencionado. Por otra parte, glósese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el conflicto competencial suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede Iguala de la Independencia, Guerrero, al que correspondió el conflicto competencial 34/2023, de su índice; de lo anterior, queda enterado este juzgador federal, y estese a la espera de que dicho conflicto sea resuelto por la superioridad.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto los oficios signados por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, mediante los cuales, en el primero de los ocursos, informa que insiste en declinar la competencia a este juzgado federal relativo a su juicio de amparo 255/2023, y ordenó enviar dicho asunto a conflicto competencial; de lo anterior, queda enterado este juzgador federal, y estese a la espera de que dicho conflicto sea resuelto por la superioridad. Ahora bien, en cuanto al segundo de los oficios que remite, glósese a los autos sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en el párrafo que antecede, se tuvo a la autoridad de cuenta, informando que remitió los autos del juicio 255/2023, al Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a efecto de que provea sobre el conflicto competencial que existe entre este órgano Jurisdiccional y el juzgado Noveno antes mencionado

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Téngase recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, mediante el cual, informa que ordenó la vinculación del expediente 255/2023 de su índice, con el presente juicio de amparo; de lo cual queda enterado este órgano jurisdiccional para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, como se establece en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, acepta o no la competencia planteada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede Iguala de la Independencia. En principio, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho numeral revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional; si bien en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos omisivos, negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Así del contenido integral de la demanda se advierte que la promovente del amparo, señala como acto reclamado: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: "A).- LA NEGATIVA, OMISIÓN, DILACIÓN O ABSTENCIÓN en acordar lo solicitado en escrito de fecha 9 de noviembre de 2021, en los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la LEY NÚMERO 51, ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS COODDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO, con la consecuente violación al derecho del quejoso de recibir justicia PRONTA Y EXPEDITA como lo mandata el artículo 17 Constitucional, incurriendo con ello es un retraso de inactividad procesal en mi perjuicio dentro del expediente ******************** que se tramita ante la autoridad responsable. B).- LA NEGATIVA. OMISIÓN, DILACIÓN O ASBTENCIÓN en dar el trámite a todo el procedimiento ordinario laboral que se sigue bajo el expediente número ********************, que se tramita en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero hasta que se dicte el laudo correspondiente. De ese modo, puesto que la negativa, omisión, dilación o abstención en acordar lo que solicitó en escrito de fecha 9 de noviembre de 2021, dentro del juicio laboral ********************, se atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, la cual se trata de un no hacer, es decir, una omisión que genera inactividad procesal en el procedimiento laboral de origen, este juzgado considera que dadas las características y naturaleza del acto reclamado, se surte la hipótesis de competencia que se precisa en la tercer regla del citado normativo 37 de la Ley de Amparo, dado que se trata un acto omisivo de la responsable en emitir pronunciamiento en relación al escrito de promoción formulado por la parte quejosa, que no conlleva ninguna ejecución, por lo que, este Órgano Jurisdiccional es incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Ello, en virtud de que el reclamo de una omisión, negativa o mera declaración, se constituye en un acto negativo carente de ejecución material, por lo que, la competencia para conocer del juicio de amparo, recae en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción fue presentada la demanda de amparo. Lo anterior, cabe destacar, con independencia del sentido que se llegara a adoptar al resolver el juicio de amparo de que se trate, pues frente a la omisión, negativa o abstención reclamada, sus consecuencias o actos posteriores constituyen un acto completamente distinto que, no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión y, por ende, tampoco es determinante para fijar la competencia para conocer de un juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo; ello porque se insiste, la materia a estudio del juicio de garantías, es el actuar del Tribunal responsable en torno a la violación al artículo 17 Constitucional tal y como lo refiere la quejosa, pues el acto reclamado, recordemos, consiste en la omisión de la responsable de emitir pronunciamiento en relación a la promoción de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que solicitó cambio de domicilio para oír y recibir notificaciones y la autorización de personas para que se impusieran de los autos en su nombre y representación, mismo que presentó el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Tribunal de Conciliación responsable; por lo que su pronunciamiento no puede constituir un argumento válido para remitir una demanda por competencia por territorio, al tratarse de un acto posterior a la omisión que se reclama en la demanda que nos ocupa y que incluso constituye un acto futuro e incierto, al no saberse si será emitido o no. Tiene aplicación al tratarse de un caso análogo, la tesis siguiente: "Registro digital: 2017790 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.XV. J/34 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 1393 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE HACER CUMPLIR EL LAUDO Y ACORDAR PETICIONES, ASÍ COMO LA ABSTENCIÓN DE ACATARLO. AL SER ACTOS QUE NO REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; luego, la omisión de cumplir y hacer cumplir el laudo dictado y de acordar sus peticiones, así como la abstención de acatarlo, reclamados a las autoridades responsables (autoridad jurisdiccional y parte patronal en el juicio laboral), constituyen actos que no requieren de ejecución material. Por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, ya que se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios para cumplir el laudo condenatorio, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución, lo que se traduce en que se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras las autoridades persistan con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es su omisión, es decir, un no actuar, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables." Tales circunstancias implican que, este Juzgado Séptimo de Distrito, carezca de competencia, para resolver el presente asunto, ya que es el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, el competente para conocer el mismo al haber sido quien recibió la demanda, y debido a que el acto reclamado es una abstención dentro del procedimiento laboral, y por tanto no tiene ejecución material y menos en esta ciudad, como lo refiere el Juzgado Noveno mencionado. Ahora bien, en lo que respecta a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Criterios 1/2023, en el que el problema jurídico radicaba en determinar si el acto consistente en la OMISIÓN DE DICTAR EL LAUDO EN UN JUICIO LABORAL TENÍA O NO EJECUCIÓN MATERIAL, PARA DETERMINAR SOBRE LA COMPETENCIA POR TERRITORIO de los juzgados de distritos, como se aprecia de dicha determinación que se ordena agregar a los presentes autos para un mejor proveer. Resolución en la que se tuvo acreditada la existencia de contradicción respecto a los criterios señalados en las ejecutorias de las autoridades participantes, y determinó que la omisión de dictar laudo conlleva una ejecución material al considerar que ello genera una afectación en los derechos subjetivos de las partes, ya que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio, es un derecho que forma parte de las prerrogativas mínimas que deben garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia, sin embargo, acotó que concretamente en materia laboral, al régimen de las Juntas laborales, señaló que era de relevancia señalar que el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se establece que las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetaran a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo que el dictado del laudo se trata de un derecho de rango constitucional y obligación de las Juntas mencionadas de emitirlo en el plazo que establezca la Ley Federal del Trabajo, debiendo observar el derecho de tutela judicial efectiva previsto en el 17 constitucional en conjunto a que de no emitirlo se constituiría en una paralización total del procedimiento laboral. Por lo que concluyó que cuando en una demanda de amparo se señale como acto reclamado la omisión del dictado del laudo, el competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. De dicha determinación surgió la tesis de jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2026910 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 32/2023 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN. Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo. Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio -de forma semejante al emplazamiento-, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, se concluye que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Caso que no es del que se trata el presente asunto, ya que se reclama la omisión de acordar una promoción presentada por la parte quejosa en el juicio laboral de origen, mientras que el caso específico resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata única y exclusivamente para omisiones en dictar el laudo, aunado a que en el que nos ocupa deviene de un procedimiento burocrático ante Tribunal laboral, y no de un proceso laboral de las Juntas Laborales, por lo que no se considera aplicable la tesis transcrita, al presente asunto. Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de la Materia, devuélvanse los autos del presente al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala, Guerrero, para que en su oportunidad resuelva lo que estime pertinente, Solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Se tienen recibidos la boleta de turno y oficio 1833/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, consistente en el oficio que contiene los datos de identificación del juicio de amparo 255/2023, de su índice. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 1074/2023-II, fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, previo a proveer sobre la aceptación de la competencia planteada, y toda vez que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, únicamente remitió el oficio 13594/2023, en el que se declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, y declinó competencia a favor de los Juzgados con residencia en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, la cual por razón de turno tocó conocer a este Órgano Jurisdiccional; por tanto, solicítese muy atentamente al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Iguala, para que a la brevedad posible, ordene a quien corresponda, remita la totalidad de las constancias que conforman el juicio de amparo 255/2023, dado que son necesarias para tener conocimiento real de los motivos por los cuales se declaró incompetente, ya que ni siquiera remitió la demanda de que se trata adjunto al oficio de cuenta.

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