Luisa Orozco Juárez

Expediente 965/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
965/2015
Año
2015
Actuaciones
31
Última actuación
24/03/2017

Partes del expediente

  • Luisa Orozco Juárez y Otros.
  • Luisa Orozco Juárez
  • Secretario de la Sección XXII

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil diecisiete. De la cuenta secretarial se conoce que el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de veintiséis de enero del año en curso (foja 192), para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento adoptado por las autoridades responsables en relación con la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que se haya realizado manifestación al respecto; por tanto, se procede al análisis oficioso del cumplimiento del fallo emitido en este juicio. En ese orden, cabe destacar que mediante sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil quince (fojas 68 a 77), el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, residente en Xalapa, Veracruz, en auxilio de este juzgado, dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ...., para el efecto de que las autoridades responsables Secretario General de la Sección XXII, Secretario General de la D-I-390 de Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe, Oaxaca, y Director General de Educación Indígena, todos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se pronunciaran respecto de las peticiones formuladas mediante escritos presentados el veintiocho de enero, y nueve y veinte de junio de dos mil quince, debiendo notificar la respuesta correspondiente a la peticionaria de amparo en el domicilio señalado para tal efecto; ello, con independencia de que el proveído que se dictara fuera favorable a los intereses de la quejosa. Por acuerdo de doce de noviembre de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia de que se trata y, en consecuencia, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables (foja 115). En cumplimiento al fallo protector, mediante proveído de once de noviembre de dos mil quince (foja 129), se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario General de la D-I-390 dependiente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación Sección XII, con residencia en Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe, Oaxaca, mediante el cual remitió copia con firma original del oficio de ocho de diciembre de dos mil quince, por el que en atención al escrito presentado por la quejosa...., el nueve de junio del mismo año, le hizo saber que: Esa delegación Sindical no está facultada para realizar trámites respecto a los pagos de las quincenas de los profesores adscritos a ese sindicato, dado que existen otras instancias que se encargan de dichos trámites; asimismo, que al realizar su transferencia de clave, únicamente esa delegación le otorgó la propuesta de zona dirigido al Jefe de Zonas de Supervisión de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, Oaxaca, para que pudiera realizar los trámites de dicha transferencia que solicitó, así como la ficha de escalafón. Determinación que le fue notificada a la impetrante el nueve de diciembre de dos mil quince, por conducto de su autorizado, como así se advierte de la leyenda estampada en el oficio a que se hace referencia (foja 127). Además, por auto de dos de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio del Titular de la Unidad de Educación Indígena del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (foja 157), por el que remitió copia del escrito dirigido a la aquí quejosa Luisa Orozco Juárez, de veintiséis de enero del año pasado, así como la pieza postal MN534418086MX, a través del cual depositó en la oficina de correos el ocurso de referencia, a fin de hacerla llegar al domicilio de la impetrante (folios 143 a 149), determinación de la que se advierte que en respuesta a su petición formulada mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil quince, esencialmente le hizo saber lo siguiente: No es posible llevar a cabo la transferencia de clave E1491 a la E1489, toda vez que la promoción en el Servicio Educativo en la Educación Básica es mediante concurso de oposición, que serán públicos y objeto de las convocatorias expedidas por las autoridades educativas con base en la información derivada del Sistema de Información y Gestión Educativa, misma evaluación que corresponde realizar al INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, siempre y cuando el aspirante reúna los requisitos de las plazas sujetas a concurso, convocatorias aprobadas por la Secretaría, conforme a lo establecido por los artículos 4º, fracción XV, XXXII y 7º, fracción III, inciso a) y f) de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Acuerdo que, además, se hizo del conocimiento de la impetrante mediante la vista ordenada aquí mediante proveído de veintiséis de enero del año en curso; notificada el veintisiete siguiente, por conducto de su autorizado legal (fojas 192 y 193). Ahora bien, al realizar el análisis comparativo entre la sentencia de amparo y el cumplimiento que de ella dieron las responsables Secretario General de la D-I-390 dependiente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación de Sección XXII y Titular de la Unidad de Educación Indígena del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se conoce que aquélla ha quedado cumplida respecto de estas, pues como se advierte las citadas responsables se pronunciaron respecto de las peticiones formuladas mediante escritos presentados el veintiocho de enero y nueve de junio de dos mil quince, y la peticionaria del amparo quedó legalmente notificada de los acuerdos recaídos. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, debe decirse que se encuentra pendiente el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Secretario General de la Sección XXII, con residencia en esta ciudad; sin embargo, toda vez que la misma no puede ser considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el suscrito juzgador determina que existe imposibilidad jurídica para la ejecución del fallo protector y, por tanto, no ha lugar a insistir en los requerimientos efectuados para el cumplimiento aludido. Cierto, el análisis del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no provenga de una autoridad, entendiéndose como tal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; también, que para los efectos de dicho ordenamiento, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego, toda vez que el secretario general de un sindicato, es el representante de los miembros afiliados al mismo, debe entenderse que tal representación es sólo para efectos de la defensa de sus derechos laborales y algunos otros que expresamente le confiere la ley; sin que, ello implique desde luego, tenga el alcance de facultarlo a ordenar ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, a omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, toda vez que resulta evidente que dicha autoridad no realiza funciones que encuadren en las previstas por el artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo, no ha lugar a insistir en los requerimientos efectuados para que se dé cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo, en relación únicamente con la citada autoridad responsable. En tal virtud, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 965/2015, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    MESA VI-B. Notificación personal por lista. (Quejoso) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil diecisiete. De la cuenta secretarial se conoce que el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de veintiséis de enero del año en curso (foja 192), para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento adoptado por las autoridades responsables en relación con la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que se haya realizado manifestación al respecto; por tanto, se procede al análisis oficioso del cumplimiento del fallo emitido en este juicio. En ese orden, cabe destacar que mediante sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil quince (fojas 68 a 77), el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, residente en Xalapa, Veracruz, en auxilio de este juzgado, dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ...., para el efecto de que las autoridades responsables Secretario General de la Sección XXII, Secretario General de la D-I-390 de Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe, Oaxaca, y Director General de Educación Indígena, todos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se pronunciaran respecto de las peticiones formuladas mediante escritos presentados el veintiocho de enero, y nueve y veinte de junio de dos mil quince, debiendo notificar la respuesta correspondiente a la peticionaria de amparo en el domicilio señalado para tal efecto; ello, con independencia de que el proveído que se dictara fuera favorable a los intereses de la quejosa. Por acuerdo de doce de noviembre de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia de que se trata y, en consecuencia, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables (foja 115). En cumplimiento al fallo protector, mediante proveído de once de noviembre de dos mil quince (foja 129), se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario General de la D-I-390 dependiente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación Sección XII, con residencia en Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe, Oaxaca, mediante el cual remitió copia con firma original del oficio de ocho de diciembre de dos mil quince, por el que en atención al escrito presentado por la quejosa...., el nueve de junio del mismo año, le hizo saber que: Esa delegación Sindical no está facultada para realizar trámites respecto a los pagos de las quincenas de los profesores adscritos a ese sindicato, dado que existen otras instancias que se encargan de dichos trámites; asimismo, que al realizar su transferencia de clave, únicamente esa delegación le otorgó la propuesta de zona dirigido al Jefe de Zonas de Supervisión de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, Oaxaca, para que pudiera realizar los trámites de dicha transferencia que solicitó, así como la ficha de escalafón. Determinación que le fue notificada a la impetrante el nueve de diciembre de dos mil quince, por conducto de su autorizado, como así se advierte de la leyenda estampada en el oficio a que se hace referencia (foja 127). Además, por auto de dos de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio del Titular de la Unidad de Educación Indígena del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (foja 157), por el que remitió copia del escrito dirigido a la aquí quejosa Luisa Orozco Juárez, de veintiséis de enero del año pasado, así como la pieza postal MN534418086MX, a través del cual depositó en la oficina de correos el ocurso de referencia, a fin de hacerla llegar al domicilio de la impetrante (folios 143 a 149), determinación de la que se advierte que en respuesta a su petición formulada mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil quince, esencialmente le hizo saber lo siguiente: No es posible llevar a cabo la transferencia de clave E1491 a la E1489, toda vez que la promoción en el Servicio Educativo en la Educación Básica es mediante concurso de oposición, que serán públicos y objeto de las convocatorias expedidas por las autoridades educativas con base en la información derivada del Sistema de Información y Gestión Educativa, misma evaluación que corresponde realizar al INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, siempre y cuando el aspirante reúna los requisitos de las plazas sujetas a concurso, convocatorias aprobadas por la Secretaría, conforme a lo establecido por los artículos 4º, fracción XV, XXXII y 7º, fracción III, inciso a) y f) de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Acuerdo que, además, se hizo del conocimiento de la impetrante mediante la vista ordenada aquí mediante proveído de veintiséis de enero del año en curso; notificada el veintisiete siguiente, por conducto de su autorizado legal (fojas 192 y 193). Ahora bien, al realizar el análisis comparativo entre la sentencia de amparo y el cumplimiento que de ella dieron las responsables Secretario General de la D-I-390 dependiente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación de Sección XXII y Titular de la Unidad de Educación Indígena del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se conoce que aquélla ha quedado cumplida respecto de estas, pues como se advierte las citadas responsables se pronunciaron respecto de las peticiones formuladas mediante escritos presentados el veintiocho de enero y nueve de junio de dos mil quince, y la peticionaria del amparo quedó legalmente notificada de los acuerdos recaídos. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, debe decirse que se encuentra pendiente el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Secretario General de la Sección XXII, con residencia en esta ciudad; sin embargo, toda vez que la misma no puede ser considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el suscrito juzgador determina que existe imposibilidad jurídica para la ejecución del fallo protector y, por tanto, no ha lugar a insistir en los requerimientos efectuados para el cumplimiento aludido. Cierto, el análisis del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no provenga de una autoridad, entendiéndose como tal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; también, que para los efectos de dicho ordenamiento, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego, toda vez que el secretario general de un sindicato, es el representante de los miembros afiliados al mismo, debe entenderse que tal representación es sólo para efectos de la defensa de sus derechos laborales y algunos otros que expresamente le confiere la ley; sin que, ello implique desde luego, tenga el alcance de facultarlo a ordenar ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, a omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, toda vez que resulta evidente que dicha autoridad no realiza funciones que encuadren en las previstas por el artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo, no ha lugar a insistir en los requerimientos efectuados para que se dé cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo, en relación únicamente con la citada autoridad responsable. En tal virtud, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

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