Luisa María Silva Mederos
Expediente 2204/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2204/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Luisa María Silva Mederos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; quince de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Luisa María Silva Mederos. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que por una parte, se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado y por otra, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Informe. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos B en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de diez de enero de dos mil veintitrés, remite copias certificadas del procedimiento administrativo de la parte quejosa Luisa Maria Silva Mederos. Ahora, de una revisión a dichas constancias se advierte que el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que la aludida quejosa no se presentó al control de firmas correspondiente; y, por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio. Domicilio y delegados. Por otra parte, en relación con la designación de delegados y domicilio que menciona la autoridad responsable, indíquesele que en proveído de nueve de diciembre del año pasado, se acordó favorable a su petición. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por ofrecida como prueba, la documental que anexa la referida autoridad, consistente en copia certificada del expediente administrativo a nombre de la parte quejosa. Documental que goza de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. ***.Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo cesar significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término efecto significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos vulnerados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, se aprecia que el acto reclamado en el presente juicio consiste en la privación de la libertad de la parte quejosa Luisa Maria Silva Mederos, fuera de procedimiento con fines de deportación. Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte que el diez de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó la salida provisional de Luisa Maria Silva Mederos y que el dieciséis de diciembre de siguiente, al no haberse presentado al control de firmas correspondiente, se dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio iniciado a la citada quejosa. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (siete de diciembre de dos mil veintidós), el acto reclamado existía; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido. Ello pues fue la propia parte quejosa quien incumplió con la medida que le fue impuesta por la responsable, evadiendo de esta manera el control migratorio, por lo que el procedimiento seguido en su contra quedó sin posibilidad de ser resuelto. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.*** Por ende, en el caso se ha restituido a la peticionaria de amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubiere invadido en su esfera jurídica, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, el acto que combatía ha cesado en sus efectos, en virtud de que la responsable ordenó la salida de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad, el diez de diciembre de dos mil veintidós y el dieciséis de diciembre siguiente, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que la aludida parte quejosa no se presentó al control de firma; y, por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No obsta a lo anterior, que la quejosa haya reclamado diversos actos; empero, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino como consecuencia directa de la privación de su libertad con fines de deportación, no se tienen como destacados. Máxime que en el caso, aun cuando se le dio vista para ampliar la demanda respecto de los procedimientos migratorios, no desahogó dicho requerimiento; además, que se dejó sin efectos el procedimiento instruido en contra de la quejosa; y, por ende, se reitera que cesaron los efectos del acto reclamado. Sin efectos la audiencia constitucional. Asimismo, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para que tenga lugar a las diez horas con doce minutos del uno de febrero de dos mil veintitrés, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.*** Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, diez de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por Uldarico Que Dehesa, en su calidad de apoderado legal de la quejosa, por medio del cual solicita a este órgano de control constitucional, se le dé tramite al procedimiento de inejecución de sentencia, en razón de que a la fecha las autoridades responsables han incurrido en desacato para el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en autos. Por lo anterior, indíquese al referido promovente que deberá estarse a lo acordado en auto de veintiocho de septiembre pasado, por el cual se aperturó el incidente de inejecución de sentencia y se ordenó remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para su tramitación, mismo que le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad. De igual modo, consta en autos que por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Décimo Circuito, en el que comunicó la radicación del incidente de inejecución 16/2022 del índice del precitado Tribunal Colegiado. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable, remitiera copia certificada del acuerdo que recaiga del proveído veintisiete de septiembre de dos mil veintidós; sin que haya dado cumplimiento al requerimiento efectuado. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Narciso Contreras Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, Gustavo García Pereyra, Representante de las Entidades Públicas y Soledad López Álvarez, Representante de los Trabajadores, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes remita copia certifica del acuerdo que haya emitido al respecto. Apercibidos que de no dar cumplimiento a lo requerido en el término otorgado, se les impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación; y, en su caso, se implementarán las penas a que hace referencia el arábigo 267 de la ley de la materia. Asimismo, se hace aclaración a las autoridades antes señaladas que deberán dar puntual seguimiento a sus actuaciones a fin de cumplir a la brevedad posible la ejecutoria de amparo; pues, de no acatar el fallo protector, se les aplicaran las multas respectivas y se iniciará el procedimiento previsto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."
- Principal
Villahermosa, Tabasco; nueve de diciembre de dos mil veintidós. Ratificación de la demanda. Agréguese a los autos la constancia realizada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, en la cual se advierte que la directa quejosa Luisa María Silva Mederos, se dio por enterada del contenido del auto de siete de diciembre de dos mil veintidós y ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Jesús Fernando Carmona Prieto y Cristhell Estefanía Ramón Priego. En consecuencia, de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por Luisa María Silva Mederos, contra actos de la Subdirectora de la Estación Migratoria, Encargada en Villahermosa, Tabasco. Aspectos Generales. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. Se señalan las diez horas con doce minutos del diez de enero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, a la cual podrán comparecer por escrito presentado física o electrónicamente. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, dado que en proveído de siete del mes y año en curso, se concedió la suspensión de oficio y de plano respecto de la totalidad de los actos reclamados. Requerimiento a la autoridad responsable. Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rindan sus informes justificados, respecto de los actos reclamados. Mismo que deberá rendir y remitir a este Juzgado de Distrito de manera electrónica, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dentro del término de quince días que será contado a partir de que reciba el oficio relativo a este acuerdo. Asimismo deberá acompañar de manera digitalizada las copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Se hace saber a la responsable, que el informe justificado deberá contener firma electrónica y; solo para el caso de que no se cuente con la misma o bien, exista imposibilidad para remitir el informe y las constancias de manera electrónica, podrán hacerlo físicamente. Apercibimiento a la autoridad responsable. En caso de incumplimiento, se hará acreedor a lo siguiente: Multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Requerimiento a todas las partes. 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué juzgado de distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo. Se levanta reserva. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, se colige que en auto de siete de diciembre del año en curso, se reservó proveer lo conducente en relación al domicilio, autorizados, usuario, correo electrónico y número telefónico, hasta en tanto la directa quejosa ratificara la demanda de amparo, circunstancia que en el caso acontece, por tanto, se provee: Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito inicial de demanda. En atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cristhell Estefanía Ramón Priego y Jonathan Tadeo Josué Moya Ortiz. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Jesús Fernando Carmona Priego, en razón a que por el momento no hay constancia que lo acredite como licenciado en derecho o abogado y no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Ahora, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario "Crispriego" se encuentra registrado; en consecuencia, instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. De igual forma, con fundamento en los artículos 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica al usuario antes citado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del referido acuerdo. Además, téngase como medio de notificación alterno la dirección de correo electrónico y número telefónico que se indicó en el escrito inicial de demanda. Inexistencia de autoridad. Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial recabará la constancia de recibo correspondiente, lo que asentará en la razón actuarial. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Informe de suspensión de plano. En otro orden de ideas, agréguese el oficio suscrito por la Representante Local, encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco, del Instituto Nacional de Migración, en representación de la autoridad responsable Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, mediante el cual rinde su informe respecto de la suspensión de plano; por lo que, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para los efectos legales consiguientes. Con apoyo en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tienen por ofrecidas, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva, las pruebas documentales que exhibe la responsable oficiante, consistentes en: No. Prueba. 1. Copia certificada del procedimiento administrativo migratorio a nombre de Luisa María Silva Mederos. Domicilio y delegados. Ahora, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tienen como delegadas de la autoridad responsable antes mencionada, a las personas que indica en su informe de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo. Vista para ampliación. Ahora, del contenido del informe de cuenta, se advierte que el aquí quejoso ingresó a la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, con motivo del oficio ORBC/EMTIJ/5718/2022 de dos de diciembre de dos mil veintidós, dado que el mismo cuenta con resolución dentro del procedimiento administrativo migratorio de retorno asistido, seguido en su contra por parte de las autoridades migratorias de la Ciudad de Tijuana, Baja California. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, para que dentro del plazo de quince días manifieste si es su deseo ampliar su escrito inicial de demanda en contra del procedimiento administrativo migratorio seguido en su contra por las autoridades migratorias en la Ciudad de Tijuana, Baja California. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que en caso omiso, el presente juicio únicamente se resolverá por lo que respecta a los actos y autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda.
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