Luisa Josefina Ayora Pacho
Expediente 1640/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1640/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luisa Josefina Ayora Pacho y Otros.
- Luisa Josefina Ayora Pacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que comunica que admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este asunto y acusa recibo del expediente 1640/2021-VII, que le fue enviado a dicha autoridad con motivo del citado recurso. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por presentado el escrito de la quejosa ******************** mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintidós de marzo del año en curso, al cual anexa el original del escrito de expresión de agravios y cuatro copias del mismo. En atención a lo anterior, con apoyo en los artículos 80, 81, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse las otras entre las partes. Por lo tanto, en términos del artículo 89 de la Ley de la Materia, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el cuaderno principal de este expediente y el original del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, así como la copia destinada al agente del Ministerio Público Federal adscrito a dicho tribunal colegiado, para que la citada superioridad acuerde lo que legalmente proceda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 1640/2021-VII-I promovido por Luisa Josefina Ayora Pacho, contra el acto que reclama al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), con residencia en esta ciudad de Mérida, por violación a los artículos 1, 4, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. En demanda de amparo presentada el trece de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Luisa Josefina Ayora Pacho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), con residencia en esta ciudad de Mérida, el cual hizo consistir en: "La negativa de fecha 16 de junio del presente año 2021 de otorgarme la PENSIÓN DE VIUDEZ solicitada con anterioridad. De dicha resolución tuve conocimiento el 24 de agosto del año 2021, y básicamente dice lo siguiente: ...Por lo que en ese orden de ideas, se colige que su solicitud no es procedente de acuerdo a lo perpretado(sic) en los artículos 73 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007 y 34 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores del Estado sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los Trabajadores del estado respectivamente..." Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió en acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno; se solicitó su informe con justificación a la autoridad que se tuvo por señalada como responsable en ese mismo proveído, informe que en su oportunidad fue puesto a la vista de las partes; se dio a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, porque en el caso se reclaman actos ejecutados en esta entidad. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa en esencia reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La emisión del oficio número ISS100.31.300.1.375.06.2021 de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, con el cual se dio contestación a la aquí quejosa a su escrito presentado ante la responsable el nueve de ese mismo mes y año, por el que determinó que de acuerdo a los datos de afiliatorios de ese Instituto y la documentación aportada Armando René Ancona Araujo (fallecido) cotizó un total de doce años, por lo que para generar el derecho a un beneficio pensionario, es necesario contar con al menos quince años de cotización al instituto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 73 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete. Por lo que su solicitud no es procedente de acuerdo a lo perpetrado en los artículos 73 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete y 34 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado respectivamente. Tercero. Existencia del acto reclamado. El titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), con residencia en esta ciudad de Mérida, al rendir su informe justificado correspondiente, manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman, sin embargo de las manifestaciones que realiza se advierte la existencia de dichos actos, por lo que se tienen por ciertos los mismos. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en el caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso se actualiza la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad en el sentido de que la quejosa previo al juicio de amparo debió agotar la instancia correspondiente en materia administrativa, invocando la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta el contenido de los artículos 107, fracción IV, constitucional y del citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que son del texto siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. [.]" Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)" De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal forma que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de derechos humanos que la Constitución Federal otorga a los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo los peticionarios del amparo deben agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los Órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija. En tales condiciones, del análisis de la demanda de amparo, de las constancias que se acompañaron a la misma y de los informes justificados, se llega a la conclusión de que la causa de improcedencia en estudio se actualiza por cuanto se refiere al citado acto reclamado. Lo anterior es así, en tanto que, previamente a instar la acción constitucional, la quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa procedente contra el acto que reclama, esto es, el juicio contencioso administrativo, por las razones que a continuación se expondrán. El artículo 4, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán dice: "Artículo 4. Competencia El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: I. II.- Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. (.)" Del citado precepto se desprende que los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales, serán competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Por su parte, los preceptos 1°, 7° y 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establecen: "ARTICULO 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciarán conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. (REFORMADO, D.O. 18 DE JULIO DE 2017) Para los efectos de esta ley se entenderá por Tribunal al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y por Magistrado al Magistrado que se encuentre en función de ponente para la sustanciación de cada asunto en concreto." "ARTICULO 7. Serán partes en el procedimiento: I.- El actor. II.- El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad Estatal o Municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) El titular del organismo descentralizado que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. c) En asuntos fiscales, el Secretario de Finanzas o el Síndico Municipal. III.- El tercero perjudicado. Entendiéndose por tal, cualquier persona cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal." "ARTICULO 8. Sólo podrán intervenir en juicio las personas que tengan un derecho o un interés legítimo que funde su pretensión". De los citados preceptos se desprende que los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de igual forma prevé las partes procesales en el juicio contencioso administrativo, así como que podrán intervenir en el juicio las personas que tengan derecho o un interés legítimo que funde su petición. Siendo que en el presente caso la autoridad responsable es precisamente el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), con residencia en esta ciudad de Mérida. Partiendo de las anteriores premisas, es de concluirse que conforme a lo dispuesto por el artículo 4 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, así como los artículos 1°, 7° y 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, en contra del acto reclamado consistente la emisión del oficio número ISS100.31.300.1.375.06.2021 de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el que se determinó que al cotizar quince años ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), no es posible acceder al pago de una pensión de viudez que solicitó, procede el juicio contencioso administrativo, dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado; por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de constitucional de amparo, es evidente que la peticionaria debió agotar dicho procedimiento, antes de acudir al juicio de amparo, ya que con ello, puede obtener una resolución favorable a sus intereses; es decir, la modificación o revocación de lo decidido por la aludida autoridad responsable. Cabe precisar que no se actualiza en el caso alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, tal como se explicará a continuación: En primer lugar, porque a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, la medida suspensional también se advierte en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, sin exigir mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo, tal y como se desprende de los numerales 23, 24, 25 y 26 de la citada Ley. Así del análisis comparativo de los señalados artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado y 128, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo se concluye lo siguiente: Que en ambas legislaciones, cuando la suspensión es solicitada al promover la demanda, es suficiente que la autoridad competente determine si están satisfechos los presupuestos para otorgarla. Tanto el artículo 24 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado como el diverso 130 de la Ley de Amparo permiten al interesado solicitar la medida suspensional sin algún límite procesal más que el dictado de la resolución respectiva. Conforme al artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, el magistrado deberá conceder o negar la paralización de la ejecución del acto impugnado, mientras que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolver al respecto es aquel que conoce del juicio, acorde con lo dispuesto por los diversos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en cuanto a que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los jueces de distrito, los que decidirán en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de dicha medida. Tanto el artículo 24 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, como el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, exigen para el otorgamiento de la medida que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; ambos ordenamientos consignan, esencialmente, que si la concesión de la medida cautelar es susceptible de causar daños o perjuicios a terceros, se concederá condicionada al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar al tercero, en el evento que no obtenga resolución favorable. El artículo 25 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y el artículo 135 de la Ley de Amparo, prevén que en las demandas de nulidad que involucren cobro de contribuciones, aprovechamientos o créditos tributarios, la suspensión de la ejecución del acto impugnado surtirá efectos si se constituye garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes hacendarias. Conforme a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, tratándose del amparo en materia administrativa, no será necesario agotar previamente el medio ordinario de defensa si establece un plazo mayor que el previsto por la ley reglamentaria del juicio constitucional para el otorgamiento de la suspensión provisional (artículo 107, fracción IV, primer párrafo). Por otro lado, de conformidad con el artículo 23, de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, en relación con el diverso 16 de la misma legislación, se tiene que tratándose del juicio de nulidad, el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión de la ejecución, a más tardar, dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, por lo que en el caso no se ésta ante el supuesto de excepción al principio de definitividad, puesto que la ley de lo Contencioso Administrativa del Estado, no prevé expresamente un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión Como se observa de los numerales antes trascritos, para la solicitud de la suspensión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y dado el carácter del acto que por esta vía se pretende impugnar, no se requieren mayores requisitos de los que señala la Ley de Amparo, por lo que pueden ser combatidos ante dicho Tribunal Administrativo. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que dispone: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías". Además, en este caso no se surte la excepción prevista en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa referido en párrafos anteriores, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Lo cual no ocurre en la especie, pues de la lectura del oficio ISS100.31.300.1.375.06.2021 de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el que se le negó el pago de la pensión de viudez a la parte quejosa, se aprecia que el mismo contiene diversos fundamentos y motivos que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que este juzgador concluya que no carece de fundamentación, lo que únicamente haría procedente la excepción de que se trata. En lo que respecta a la excepción relativa al carácter con el que se acude al juicio, tampoco se actualiza, en razón de que la parte quejosa no se ostenta como tercero extraño al procedimiento de origen ni le asiste ese carácter; además, el medio de defensa propuesto se encuentra previsto en una ley formal, por lo que no se actualiza la excepción a que se refiere la parte final del segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En la demanda de amparo no fue impugnada alguna norma general. En consecuencia, la parte quejosa estaba obligada a observar el principio de definitividad, pues de la lectura de su demanda, se advierte que estuvo en aptitud de procurarse una adecuada defensa ante la potestad común. En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito lo que procede es sobreseer en el presente asunto en relación al acto reclamado ya señalado por la quejosa, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal de mérito, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 2a./J.111/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, Tomo XXII, registro digital: 177279, de septiembre de dos mil cinco, página trescientos veintiséis, del tenor siguiente: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." De igual forma por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del contenido siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." De igual manera jurisprudencia con número de registro digital 190367 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Enero de 2001, página 8, cuyo rubro y texto dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." Así como la jurisprudencia con número de registro digital 187016 de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, que reza: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Además, el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesario para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, registro digital 2002286, Décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) d la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2002179, Décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2005717, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Lo anterior, impide analizar las cuestiones que atañen al fondo del asunto, en razón de la improcedencia que se actualiza. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luisa Josefina Ayora Pacho, contra el acto que reclama al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, hasta el día de hoy veintidós de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe. En la misma fecha se libró el oficio 13051 y 13052, en los términos de la minuta que al efecto se anexa. Conste.
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AVISO-PARTE QUEJOSA. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luisa Josefina Ayora Pacho, contra el acto que reclama al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente (...)
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