Luisa Jennifer Espinosa Pinzón
Expediente 1102/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 02/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luisa Jennifer Espinosa Pinzón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
MESA I.- Vista la cuenta que antecede, SE ACUERDA: agréguese a los presentes autos, el oficio 32041/2018, de veintisiete de diciembre del actual, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, mediante el cual devuelve constancias certificadas que le fueron remitidas, acúsese de recibo. Ahora bien, toda vez que las copias certificadas son de constancias que obran en autos, no tiene caso la permanencia de las mismas, por tanto, procédase a la destrucción de dichas copias.
- Principal
MESA I.- Mérida, Yucatán, veintitrés de julio de dos mil dieciocho. POR CONSENTIDA EJECUTORIA: Vista la cuenta y la certificación que antecede, de las que se advierte que ha fenecido el término de quince días, para interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, en contra de la determinación de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, que declaró cumplida la sentencia concesora de amparo dictada en este asunto, sin que la parte quejosa y tercero interesada, hubieran interpuesto el aludido recurso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto y 214 "a contrario sensu" de la Ley de Amparo vigente, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE. ACUERDO DE DEPURACIÓN: Por lo tanto,...se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. De igual manera, con fundamento en el punto cuarto del referido acuerdo, deberá realizarse copia digitalizada, debidamente certificada, de la demanda y sentencia dictadas en el presente juicio de amparo indirecto. ANOTACIONES: Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo indirecto. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos.---...
- Principal
MESA I.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante proveído siete de junio de dos mil dieciocho, respectivamente, se dio vista a las partes, con el cumplimiento del Fiscal Investigador Adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tramitación Masiva, de la Fiscalía General del Estado (en su correcta denominación); proveído en el que se apercibió a la parte quejosa y tercero interesado que de no hacer manifestación alguna en el término de tres días, este Tribunal acordaría lo que en derecho procediera, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, siendo que por escrito presentado el día trece de junio del actual, ***, autorizado de la parte quejosa, se opone a que se tenga por cumplida la ejecutoría de amparo dictada en este asunto, en tal virtud, éste Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa y tercero interesada ocho y doce de junio del año en curso, sin que oportunamente hubieran desahogado esa vista. Precisado lo anterior, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, firmada el quince de ese mismo mes y año, en la que en su primer punto resolutivo la justicia de la unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a *** respecto del acto que reclamó del Fiscal Investigador Adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tramitación Masiva, de la Fiscalía General del Estado (en su correcta denominación). Asimismo, mediante escrito signado por el tercero interesado *** por su propio y personal derecho y en nombre y representación de su hijo menor de edad ***, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, firmada el quince de ese mismo mes y año, dictada por este Juzgado de mérito, se dio el trámite a la substanciación del recurso de revisión. Por lo anterior, en ejecutoria del amparo en revisión A.R. 27/2018 dictada por el Tribunal colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en autos del expediente auxiliar 127/2018, ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad en su primer punto resolutivo CONFIRMÓ la sentencia sujeta a revisión y en su segundo punto resolutivo la justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a la quejosa ***, contra del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el que negó decretar las medidas de protección solicitadas. Ahora bien, en el fallo protector que amparó a la referida quejosa, se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento es el Fiscal Investigador Adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tramitación Masiva, de la Fiscalía General del Estado (en su correcta denominación) y los actos que debe realizar son los siguientes: ...Del examen de tales documentales mencionadas con antelación, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que: Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la autoridad ministerial responsable, dictó nuevo acuerdo en el que dejó sin efecto legal alguno e insubsistente el acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, y en su lugar decretó procedente no acceder a decretar las medidas de protección a favor de los menores de edad *** y ***. Le entregó la autoridad responsable a los citados menores al aquí tercero interesado, por lo que se evidencia que no existió señal de violencia física o emocional, que pongan en riesgo la integridad de física, emocional, educativa, social; por lo anterior, consideró no dar vista a la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia del Estado de Yucatán. Los menores fueron representados por el licenciado en derecho Herberth de Jesús Caamal Mézquinta, perteneciente a la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia del Estado de Yucatán. (foja 180). Los menores recibieron atención psicológica por las licenciadas en Psicología Valeria Yazmin Salazar Ojeda y Gabriela Alejandra Lugo Caballero, pertenecientes a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Yucatán. (foja 181). Comparecencias de fechas cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, del licenciado en derecho Herberth de Jesús Caamal Mézquinta, en representación de los menores de edad, en la que se tomaron en cuenta las opiniones de los infantes. (foja 184 a 190). Constancias de catorce de septiembre de dos mil diecisiete, signadas por la Directora del Jardín de Niños "Mariano Matamoros", en el que se advierte el grado de escolaridad de los infantes, como parte de las diligencias para verificar el entorno de los menores. (fojas 191 a 193). La autoridad responsable recabó información de la situación social de los menores, el cual se reflejó en el dictamen de trabajo social de trece de septiembre de dos mil diecisiete, por la licenciada en Trabajo Social adscrita a la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado. (foja 194 a 206). El veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, se entrevistó al imputado Javier Alejandro Balam Hernández, como parte de las diligencias necesarias para el bienestar de los menores de edad. (foja 211 a 214). Otra medida efectiva fue la obtención de perfiles genéticos para realizar una prueba biológica. (foja 219). Constancias del Juez Sexto en Materia de Oralidad Familiar del Poder Judicial del Estado, en el que remitió las constancias del expediente familiar 377/2017, a fin de que obren en la carpeta de investigación 1947/M3/2017. (foja 224). En acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, y dictó un nuevo acuerdo en el sentido de que obran constancias, del juicio ordinario oral familiar de reconocimiento de paternidad, guarda y custodia, en el que se ordenó que los menores de edad convivirían con sus progenitores en un horario desde las diez horas del día sábado, hasta la dieciocho horas, del domingo, en el Centro de Convivencia Familiar (fojas 257 a la 258). De los incisos anteriormente señalados, se advierte que la autoridad ministerial responsable, mediante acuerdo de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictó nuevo acuerdo en el que dejó sin efecto legal alguno e insubsistente el acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, y en su lugar decretó procedente no acceder a decretar las medidas de protección a favor de los menores de edad Ángel Javier Balam Espinosa y Luis Elian Espinoza Pinzón, en virtud de que, a su consideración no se actualizaron los requisitos del artículo 137 del Código Nacional del Procedimientos Penales, debido a que la aquí quejosa, le entregó al aquí tercero interesado, los citados menores, por lo que se evidencia que no existió señal de violencia física o emocional, que ponga en riesgo la integridad de física, emocional, educativa, social de los infantes; además, contrario a lo anterior, la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia interpondría la denuncia correspondiente para proteger a los menores de edad, lo que aquí no aconteció; de igual manera, la citada Procuraduría estuvo presente en todo momento para asesorar a los infantes, luego se tomó en consideración, las buenas condiciones en las que se encuentra el predio en el cual habitan los menores, el cual les permite desarrollar sus capacidades intelectuales, crecimiento saludable y cómodo; para finalizar que la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia, tiene conocimiento de la situación jurídica que se ventila en la carpeta de investigación; luego, en acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, y dictó un nuevo acuerdo en el sentido de que obran constancias del juicio ordinario oral familiar de reconocimiento de paternidad, guarda y custodia, en el que se ordenó que los menores de edad convivirían con sus progenitores en un horario desde las diez horas del día sábado, hasta la dieciocho horas, del domingo, en el Centro de Convivencia Familiar. Con lo antes considerado, se demuestra que la autoridad responsable realizó los requerimientos plasmados en la sentencia. Por tanto, es evidente que con ello se colma el derecho de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo y protección de la justicia federal y se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos constitucionales violadas, por lo que debe concluirse que resulta procedente declarar que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Con lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y tercero interesada que tiene el término de quince días, contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, para interponer el recurso de inconformidad establecido en el numeral 201, fracción I de la Ley de Amparo en vigor, en contra de la presente resolución, y una vez transcurrido dicho plazo, sin que hubiere interpuesto el citado recurso, se ordenará el archivo definitivo de este asunto, conforme al cuarto párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente. Finalmente, en relación al escrito de ***, autorizado de la parte quejosa, en el que manifiesta no encontrarse de acuerdo con el cumplimiento que pretende dar la autoridad responsable al fallo protector concedido, y que se remita al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de este Circuito Judicial, a fin de que se continúe el trámite de inejecución de sentencia, se acuerda: hágase de su conocimiento que no ha lugar a acordar favorablemente a su petición, ya que como quedó precisado en este acuerdo, la autoridad responsable siguió los lineamientos de la ejecutoria de amparo en los términos que se establecieron en la misma, pues la responsable emitió la resolución respecto a las medidas de protección en relación a los menores de edad, como se señaló en párrafos precedentes.
- Principal
AVISO.- MESA I.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante proveído siete de junio de dos mil dieciocho, respectivamente, se dio vista a las partes, con el cumplimiento del Fiscal Investigador Adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tramitación Masiva, de la Fiscalía General del Estado (en su correcta denominación); proveído en el que se apercibió a la parte quejosa y tercero interesado que de no hacer manifestación alguna en el término de tres días, este Tribunal acordaría lo que en derecho procediera, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, siendo que por escrito presentado el día trece de junio del actual, ***, autorizado de la parte quejosa, se opone a que se tenga por cumplida la ejecutoría de amparo dictada en este asunto, en tal virtud, éste Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa y tercero interesada ocho y doce de junio del año en curso, sin que oportunamente hubieran desahogado esa vista. Precisado lo anterior, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, firmada el quince de ese mismo mes y año, en la que en su primer punto resolutivo la justicia de la unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a *** respecto del acto que reclamó del Fiscal Investigador Adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tramitación Masiva, de la Fiscalía General del Estado (en su correcta denominación). Asimismo, mediante escrito signado por el tercero interesado *** por su propio y personal derecho y en nombre y representación de su hijo menor de edad ***, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, firmada el quince de ese mismo mes y año, dictada por este Juzgado de mérito, se dio el trámite a la substanciación del recurso de revisión. Por lo anterior, en ejecutoria del amparo en revisión A.R. 27/2018 dictada por el Tribunal colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en autos del expediente auxiliar 127/2018, ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad en su primer punto resolutivo CONFIRMÓ la sentencia sujeta a revisión y en su segundo punto resolutivo la justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a la quejosa ***, contra del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el que negó decretar las medidas de protección solicitadas. Ahora bien, en el fallo protector que amparó a la referida quejosa, se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento es el Fiscal Investigador Adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tramitación Masiva, de la Fiscalía General del Estado (en su correcta denominación) y los actos que debe realizar son los siguientes: ...Del examen de tales documentales mencionadas con antelación, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que: Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la autoridad ministerial responsable, dictó nuevo acuerdo en el que dejó sin efecto legal alguno e insubsistente el acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, y en su lugar decretó procedente no acceder a decretar las medidas de protección a favor de los menores de edad *** y ***. Le entregó la autoridad responsable a los citados menores al aquí tercero interesado, por lo que se evidencia que no existió señal de violencia física o emocional, que pongan en riesgo la integridad de física, emocional, educativa, social; por lo anterior, consideró no dar vista a la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia del Estado de Yucatán. Los menores fueron representados por el licenciado en derecho Herberth de Jesús Caamal Mézquinta, perteneciente a la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia del Estado de Yucatán. (foja 180). Los menores recibieron atención psicológica por las licenciadas en Psicología Valeria Yazmin Salazar Ojeda y Gabriela Alejandra Lugo Caballero, pertenecientes a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Yucatán. (foja 181). Comparecencias de fechas cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, del licenciado en derecho Herberth de Jesús Caamal Mézquinta, en representación de los menores de edad, en la que se tomaron en cuenta las opiniones de los infantes. (foja 184 a 190). Constancias de catorce de septiembre de dos mil diecisiete, signadas por la Directora del Jardín de Niños "Mariano Matamoros", en el que se advierte el grado de escolaridad de los infantes, como parte de las diligencias para verificar el entorno de los menores. (fojas 191 a 193). La autoridad responsable recabó información de la situación social de los menores, el cual se reflejó en el dictamen de trabajo social de trece de septiembre de dos mil diecisiete, por la licenciada en Trabajo Social adscrita a la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado. (foja 194 a 206). El veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, se entrevistó al imputado Javier Alejandro Balam Hernández, como parte de las diligencias necesarias para el bienestar de los menores de edad. (foja 211 a 214). Otra medida efectiva fue la obtención de perfiles genéticos para realizar una prueba biológica. (foja 219). Constancias del Juez Sexto en Materia de Oralidad Familiar del Poder Judicial del Estado, en el que remitió las constancias del expediente familiar 377/2017, a fin de que obren en la carpeta de investigación 1947/M3/2017. (foja 224). En acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, y dictó un nuevo acuerdo en el sentido de que obran constancias, del juicio ordinario oral familiar de reconocimiento de paternidad, guarda y custodia, en el que se ordenó que los menores de edad convivirían con sus progenitores en un horario desde las diez horas del día sábado, hasta la dieciocho horas, del domingo, en el Centro de Convivencia Familiar (fojas 257 a la 258). De los incisos anteriormente señalados, se advierte que la autoridad ministerial responsable, mediante acuerdo de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictó nuevo acuerdo en el que dejó sin efecto legal alguno e insubsistente el acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, y en su lugar decretó procedente no acceder a decretar las medidas de protección a favor de los menores de edad Ángel Javier Balam Espinosa y Luis Elian Espinoza Pinzón, en virtud de que, a su consideración no se actualizaron los requisitos del artículo 137 del Código Nacional del Procedimientos Penales, debido a que la aquí quejosa, le entregó al aquí tercero interesado, los citados menores, por lo que se evidencia que no existió señal de violencia física o emocional, que ponga en riesgo la integridad de física, emocional, educativa, social de los infantes; además, contrario a lo anterior, la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia interpondría la denuncia correspondiente para proteger a los menores de edad, lo que aquí no aconteció; de igual manera, la citada Procuraduría estuvo presente en todo momento para asesorar a los infantes, luego se tomó en consideración, las buenas condiciones en las que se encuentra el predio en el cual habitan los menores, el cual les permite desarrollar sus capacidades intelectuales, crecimiento saludable y cómodo; para finalizar que la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia, tiene conocimiento de la situación jurídica que se ventila en la carpeta de investigación; luego, en acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, y dictó un nuevo acuerdo en el sentido de que obran constancias del juicio ordinario oral familiar de reconocimiento de paternidad, guarda y custodia, en el que se ordenó que los menores de edad convivirían con sus progenitores en un horario desde las diez horas del día sábado, hasta la dieciocho horas, del domingo, en el Centro de Convivencia Familiar. Con lo antes considerado, se demuestra que la autoridad responsable realizó los requerimientos plasmados en la sentencia. Por tanto, es evidente que con ello se colma el derecho de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo y protección de la justicia federal y se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos constitucionales violadas, por lo que debe concluirse que resulta procedente declarar que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Con lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y tercero interesada que tiene el término de quince días, contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, para interponer el recurso de inconformidad establecido en el numeral 201, fracción I de la Ley de Amparo en vigor, en contra de la presente resolución, y una vez transcurrido dicho plazo, sin que hubiere interpuesto el citado recurso, se ordenará el archivo definitivo de este asunto, conforme al cuarto párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente. Finalmente, en relación al escrito de ***, autorizado de la parte quejosa, en el que manifiesta no encontrarse de acuerdo con el cumplimiento que pretende dar la autoridad responsable al fallo protector concedido, y que se remita al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de este Circuito Judicial, a fin de que se continúe el trámite de inejecución de sentencia, se acuerda: hágase de su conocimiento que no ha lugar a acordar favorablemente a su petición, ya que como quedó precisado en este acuerdo, la autoridad responsable siguió los lineamientos de la ejecutoria de amparo en los términos que se establecieron en la misma, pues la responsable emitió la resolución respecto a las medidas de protección en relación a los menores de edad, como se señaló en párrafos precedentes.
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