Luisa Ines Martin Puc

Expediente 1903/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1903/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Luisa Ines Martin Puc

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV.- SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 1903/2023-IV; y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se le hará llegar vía electrónica copia de la demanda. ...Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021, del índice de este Juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación. Ahora bien, respecto al carácter de los terceros interesados que pudiere recaerles a los señalados en su demanda de amparo, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad señalada como responsable. Por otra parte, se toma en consideración los correos electrónicos y el número telefónico que proporcionó la parte quejosa en la demanda de amparo. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas documentales que la parte quejosa acompaña a su demanda de amparo, así como la Instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, para ser relacionadas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con una copia de la demanda que se recepciona. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    MESA IV.- Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por******************** contra los actos que reclama del Pleno de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita el incidente de suspensión solicitado sin necesidad de formar su duplicado de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales adicionado el siete de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a la autoridad responsable y pídase su respectivo informe previo, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído. Apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Ahora bien, por lo que ve a la suspensión provisional de los actos reclamados a la autoridad responsable, consistente en la convocatoria de quince de mayo del año en curso, y como consecuencia de ello el no incluirla en la lista para el concurso de Secretario Auxiliar de Primera Instancia en las Materias Civil, Mercantil y Familiar en el Poder Judicial del Estado; procede negar la suspensión que se solicita, habida cuenta que de hacerlo, dada la naturaleza de consumados, equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia con el rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Ahora bien, respecto de las consecuencias derivadas de dichos actos, en el sentido de que no se le incluya en la lista de personas que cumplieron con los requisitos para el concurso de Secretario Auxiliar de Primera Instancia en las Materias Civil, Mercantil y Familiar en el Poder Judicial del Estado; procede analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada. En principio, es importante destacar que el artículo 131, párrafo segundo, de la Ley de Amparo señala, que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Por tanto, si lo que pretende la aquí agraviada es que se le permita participar en el proceso de selección para Secretario Auxiliar de Primera Instancia en las Materias Civil, Mercantil y Familiar en el Poder Judicial del Estado, pues aduce que cumplió con los requisitos para ello, sin embargo al publicarse la lista de admitidos para la presentación del examen, fue excluida del mismo, de ahí que, de concederse la suspensión que solicita, se le estaría dando efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia de amparo que se dicte en el expediente principal y no de la presente incidencia, pues a través del incidente de suspensión, esta autoridad no puede sustuirse a la autoridad responsable a fin de valorar si en el caso cumple con todos los requisitos legales para participar en el concurso de oposición, o si los documentos que presentó cumplen con las formalidades para ello. Así también debe decirse que a efecto de verificar si en el caso procede la medida cautelar solicitada, se debe analizar si en el caso, se colman los requisitos a que alude el artículo 128 de la Ley de Amparo: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." En cuanto al primer requisito previsto en la fracción I, debe decirse que se cumple con el mismo, habida cuenta que la suspensión la solicitó la quejosa quien aduce ser Técnico Judicial dentro del Poder Judicial del Estado, siendo que para ello adjuntó en copia simple: constancia de la Comisión de Desarrollo Humano de la Escuela Judicial, formato de inscripción a la convocatoria de Secretario Auxiliar de Primera Instancia en las Materias Civil, Mercantil y Familiar en el Poder Judicial del Estado, de veinte de junio del año en curso; acta de nacimiento de la aquí quejosa; título de licenciado en derecho de la aquí quejosa; cédula profesional electrónica; oficio CJRH/C-122/2023 de cinco de junio del año en curso, expedido por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; escrito dirigido al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de veinte de junio del año en curso firmado por la aquí quejosa; formato público de curriculum vitae de la aquí quejosa; constancia otorgada por el Poder Judicial del Estado a la aquí quejosa, por participar en el curso-taller en Materia de Oralidad Familiar de abril de dos mil dieciséis; escrito dirigido al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de veinte de junio del año en curso, por la aquí quejosa; formato cuatro del escrito de manifiesto del cumplimiento del código de ética y de conducta para aspirantes de concurso, de veinte de junio del año en curso, firmado por la aquí quejosa; formato del escrito de manifiesto de confidencialidad de veinte de junio del año en curso, firmado por la aquí quejosa; escrito dirigido al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de veinte de junio del año en curso, donde hace constar que no cuenta con parientes por afinidad o consanguinidad en cuarto grado en el Poder Judicial del Estado; escrito de la aquí quejosa donde manifiesta que no se encuentra en el Registro de Deudores Alimentarios; escrito de la aquí quejosa donde manifiesta que no ha sido condenada por el delito de violencia familiar de fecha veinte de junio del año en curso; y el escrito dirigido al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, donde manifiesta su correo electrónico para ser notificada. Documentos que en conjunto, acreditan que la quejosa de manera indiciaria cuenta con interés suspensional para solicitar la medida cautelar. Empero, respecto del segundo de los requisitos, previstos en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, esta autoridad considera que en el caso no se cumple con dicha hipótesis, en el sentido de que no se siga perjuicio al interés social. En este punto, es menester precisar por interés social, se entiende la atención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir que existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a foja 383 del tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Así, en el caso, debe decirse que el hecho de permitirle continuar con su postulación en el referido proceso de selección para ser Secretario Auxiliar de Primera Instancia en las Materias Civil, Mercantil y Familiar en el Poder Judicial del Estado, y en su caso, lograr que se le incluya en la lista de admitidos, implicaría causar un perjuicio al interés social, pues dicho cargo tiende a satisfacer una necesidad colectiva consistente en garantizar un derecho subjetivo público de los gobernados a través del análisis de la conducta desarrollada por los Secretarios de Juzgado, que estará en manos de quienes cubran con todos los requisitos legales que se exigen en la convocatoria, y que tengan la capacidad para desempeñar dicho cargo, bajo los principios que se establecen en su Ley Orgánica, de modo que no se cumple con tal requisito. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que en caso de concederse el amparo, el efecto sería restituirla en el pleno goce del derecho violado en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo que eventualmente conllevaría que, aún concluido el proceso de selección respectivo, se le permitiese ser tomada en consideración a través de un procedimiento extraordinario, por lo que, la continuación del proceso convocado sin ser incluida, no dejaría sin materia el juicio de amparo que nos ocupa y sí, por el contrario, implicaría constituirle un derecho que no tiene en detrimento de los demás interesados y participantes. Finalmente, no ha lugar a acceder a su solicitud de expedir las copias certificadas, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, por lo que las actuaciones emitidas o que se emitan posterior a dicha fecha, no obrarán en el expediente impreso y sólo en el electrónico. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 se hace saber a la parte quejosa que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera, y las que cuenten con evidencia criptográfica tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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