Luisa Genoveva García Estrada

Expediente 333/2017 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
333/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Dario Condes Becerril
  • Luisa Genoveva García Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable acusa recibo del oficio por el que se remitió testimonio de la resolución de cumplimiento dictada en el presente asunto. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe. Gpo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de julio de dos mil dieciocho. Visto, el estado que guardan los autos del que se advierte que ninguna de las partes ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de uno de marzo de dos mil dieciocho (folios 77 a 92), este órgano jurisdiccional resolvió conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para los siguientes efectos: "1. Que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado. 2. Emita otra, en la cual analice los conceptos de impugnación en los que la quejosa aduce que la autoridad fiscal no la sancionó por haber incumplido con la presentación de sus obligaciones fiscales, sino por no exhibir documentación alguna a la autoridad fiscal respecto de la presentación de las declaraciones señaladas en dicho requerimiento, violando con ello el principio de tipicidad previsto en el artículo 5 (sic) del Código Fiscal y que por virtud del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal celebrado entre el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de dos mil quince, ambas dependencias, de manera conjunta, crearon una base de datos con información común, a efecto de que las partes obtengan información necesaria para el desarrollo de sus funciones, por lo que no era necesario acudir ante la dependencia estatal a solventar el requerimiento de presentación de declaraciones. 3. Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda." En cumplimiento a lo anterior, mediante por oficio ********************de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (folio 104), el Magistrado Presidente y Titular de la Primera Ponencia de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha (fojas 105 a 116), la que se trascribe en la parte que interesa: "(.) CONSIDERANDO . SEGUNDO.- CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA.- SE DEJA SIN EFECTOS LA SENTENCIA DE FECHA DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. En estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Constitucional en el considerando Octavo; mediante acuerdo de fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se dejó sin efectos la sentencia dictada el día diez de abril de dos mil diecisiete. (.) SEXTO.- CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA.- Atendiendo a los lineamientos vertidos por el Tribunal Constitucional en el punto 3 de los efectos de la concesión de amparo y en el cual señala que con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, se procede a estudiar el primer concepto de anulación que vierte la parte actora en el escrito de ampliación a la demanda -folios 73 reverso a 80 de autos-, en el cual esencialmente señala lo siguiente: (.) La Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México al dar contestación a la demanda, a folios 99 a 101 de autos, sostiene la legalidad y validez de la resolución impugnada y la originalmente recurrida. El Servicio de Administración Tributaria, al dar contestación a la demanda, se adhiere a la contestación que dio el Procurador Fiscal. A juicio de este Juzgador el concepto de anulación que vierte la parte actora resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de las multas impugnadas y la originalmente recurrida, por lo siguiente: Con el fin de resolver adecuadamente el concepto de anulación se hace necesario transcribir de la resolución originalmente impugnada el primer párrafo y el primero de los resolutivos -folio 16 de autos-, que son del tenor siguiente: (.) De lo anterior, se observa que la motivación que da la autoridad sancionadora para la emisión de las multas, es porque mediante requerimiento de obligaciones número ********************, notificado legalmente el 11 de septiembre de 2015, se requirió a la ahora accionante para que dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en que surtió efectos la notificación del mencionado requerimiento, presentara ante el Centro de Servicios Fiscales, los comprobantes con los que acreditara el cumplimiento en la presentación de las declaraciones de las obligaciones requeridas. Esto es, la autoridad, para tener por cumplido el requerimiento condicionó a la ahora accionante, a que exhibiera ante el Centro de Servicios Fiscales, los comprobantes con que acreditara el cumplimiento en la presentación de las declaraciones omitidas, dentro de los 15 días hábiles siguientes de la notificación del requerimiento. Asimismo, del segundo párrafo de la motivación que dio la autoridad en la resolución en estudio, se aprecia: (.) De lo anterior, se observa que la autoridad motivó las multas, señalando que transcurrió en exceso el plazo de quince días para que presentara ante el Centro de Servicios Fiscales de su preferencia los comprobantes con los que acreditara el cumplimiento en la presentación de la declaración de la obligación, para ello, fundamentó su actuación entre otros precepto de los artículos 81, 82, fracción I, incisos a) y b), del Código Fiscal de la Federación. Así las cosas y como se mencionó anteriormente, el Delegado Fiscal de Toluca al imponer las multas, en el resolutivo primero, señaló: (..:) De lo anterior y toda vez como ha quedado probado en el juicio, la ahora accionante, presentó el acuse de recibo que obra a folio 21 de autos, correspondiente, a la declaración provisional o definitiva de impuestos federales, presentada al día 15 de septiembre de 2015, a las 16:65 horas (sic); documental que concatenada con la motivación transcrita anteriormente, se llega a la conclusión de que la autoridad resolvió imponer las multas, no por el hecho de que no haya presentado las declaraciones provisionales requeridas; sino por el hecho de que la actora no exhibió ante el Centro de Servicios Fiscales, los comprobantes que acreditan el cumplimiento requerido. En este orden de ideas y toda vez que la autoridad fundamenta las multas en los artículos 81 fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 82 fracción I; inciso b), que dicen: (.) De lo anterior, este Juzgador advierte que el artículo 81 fracción I, del Código Fiscal de la Federación tipifica como conducta infractora, el haber omitido el cumplimiento de alguna de las declaraciones fiscales. Por tanto, si la autoridad requiere al contribuyente para que dentro del plazo perentorio cumpla con la obligación omitida, ello no impide que imponga la multas correspondientes (sic), con fundamento en el artículo 82 fracción I, inciso a) -tratándose de declaraciones que no deban presentarse por medios electrónicos- o inciso d) -en el caso de declaraciones que sí deben presentarse por eso medios-, pues lo que se sanciona es una omisión ya configurada por no haber presentado oportunamente la declaración relativa. De ahí que se considere que las multas impugnadas, resulten ilegales, y lo procedente es que se declare la nulidad lisa y llana de las mismas, por que como quedó acreditado, si la autoridad impuso las multas por que la parte actora no presentó ante el Centro de Servicios Fiscales, los comprobantes con que acreditara el cumplimiento en la presentación de las declaraciones de las obligaciones requeridas, es que se concluye que resultan ilegales las mismas porque la conducta no se adecuó al tipo de sanción que prevé el articulo 81 y 82 del Código Fiscal del Federación (sic), que tomó en cuenta la autoridad para imponer las mismas. No es óbice a la anterior, el hecho de que la autoridad en el oficio de contestación a la ampliación a la demanda, resalte que las multas se encuentran debidamente fundadas y motivadas, porque no cumplió con el requerimiento para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, pues como ya se acreditó la multa la impone la autoridad por que la ahora accionante no exhibió ante el Centro de Servicios Fiscales, los comportantes con que acreditara el cumplimiento en la presentación de las declaraciones de las obligaciones requeridas, lo cual es ilegal. En este sentido y toda vez que en la ejecutoria, se da libertad de jurisdicción para resolver el fondo del asunto, y dado que del estudio realizado al concepto de anulación en estudio, éste resultó fundado y suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de las multas impugnadas, este Juzgador se abstiene de analizar los restantes conceptos de impugnación expresados, en virtud de que con la determinación alcanzada en el presente considerando se satisface plenamente el interés jurídico de la parte actora. (.)" En ese contexto, se aprecia que en cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable emitió sentencia en la que procedió como sigue: Dejó insubsistente la sentencia de diez de abril de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio de nulidad ********************. Emitió otra, en la cual analizó los conceptos de impugnación en los que la quejosa aducía que la autoridad fiscal no la sancionó por haber incumplido con la presentación de sus obligaciones fiscales, sino por no exhibir documentación alguna a la autoridad fiscal respecto de la presentación de las declaraciones señaladas en dicho requerimiento. Con plenitud de jurisdicción, resolvió lo que en derecho correspondió. Conforme a lo anterior se tiene por cumplida la sentencia de amparo, toda vez que los efectos de la sentencia de amparo fueron, dejar insubsistente la sentencia reclamada, dictar una nueva resolución en la que analizara los conceptos de impugnación en los que la quejosa aducía que la autoridad fiscal no la sancionó por haber incumplido con la presentación de sus obligaciones fiscales, sino por no exhibir documentación alguna a la autoridad fiscal respecto de la presentación de la declaración señalada en dicho aspecto y con plenitud de jurisdicción, examinara los conceptos de impugnación formulados en la demanda, resolviendo lo que a derecho correspondiera. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo; sin que en su cumplimiento se advierta que se incurrió en exceso o defecto en la ejecución de la sentencia. Por otra parte, hágase saber a la parte quejosa y a los terceros interesados, que cuentan con un plazo de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: De igual manera, hágase de su conocimiento que el aludido recurso, de interponerse, se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se adicionó la fracción IV del punto Octavo y se modificó el párrafo segundo y la fracción IV del punto Noveno del Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservara para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del Tribunal Colegiado. Lo anterior, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 197 y 214 de la ley de la materia. Notifíquese; por lista a la parte quejosa, esto por así haberse ordenado en auto de dos de junio de dos mil diecisiete; y mediante oficio a la autoridad tercera interesado. En su oportunidad, archívese el presente asunto. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, estado de México, a dos de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos los oficios de cuenta, y anexo que se acompaña, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se remitió testimonio de la ejecutoria dictada en el presente asunto y los autos originales del juicio de nulidad 1098/16-29-01-1, en dos tomos; asimismo, remite copia certificada de la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, con la que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente amparo directo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, haciendo entrega de copia íntegra de la constancia que ha remitido la autoridad responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que, en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, manifiesten a este tribunal lo que a su interés convenga, en la inteligencia que de no desahogar la vista, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y a la parte tercera interesada por oficio. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

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