Luisa Galvan Acha

Expediente 658/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
658/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Luisa Galvan Acha

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 949/2023 (467/2023), deducido del acuerdo de veinte de septiembre del año en curso, que se le envió para que en auxilio y delegación de la justicia federal llevara a cabo la notificación a la parte quejosa del referido auto, lo que aconteció como se advierte de las constancias que se anexan. Dese de baja la comunicación devuelta y háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte se advierte que el término de tres días, otorgado a la parte quejosa a efecto de que señalara domicilio procesal en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, corrió del seis al diez de los presentes, sin que lo haya hecho, en ese contexto se hace efectivo el apercibimiento hecho en proveído de veinte de septiembre del año en curso y se ordena que las notificaciones subsecuentes, y aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista en los estrados de este juzgado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO .... Al oficio de mérito acompañó las constancias siguientes: Cuaderno de amparo directo civil ********************/********************de su estadística: que contiene: Original del oficio número 1438/2022, signado por la Juez Segundo en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por el cual rinde su informe justificado. Juicio Especial Oral Familiar 30/********************del índice del Juzgado Segundo en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. Disco compacto que contiene la escucha de los infantes. Se ordena formar un tomo de pruebas, con las documentales que remite la responsable para facilitar el manejo de este asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. En ese orden, en acatamiento a lo ordenado por el citado Tribunal, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra actos que le atribuye a la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número ********************. Lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia aunado a que el acto reclamado tiene impacto en un proceso que conoce una autoridad judicial, dentro de la competencia donde este juzgado ejerce jurisdicción. DESECHAMIENTO. Ahora bien, el acto reclamado, se hace consistir en: "ACTO RECLAMADO. Lo son los autos de fechas 29 de junio y 10 de julio ambos del año 2023, emitidos por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito de Uruapan, Michoacán." Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ahora, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Determinado lo anterior, en el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se realiza el análisis respectivo. Dicho numeral señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA. Así como la diversa I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Para una mejor comprensión del presente asunto, es oportuno hacer relación de los antecedentes del acto reclamado, que la parte quejosa expone en su escrito inicial de demanda y que son los siguientes: Con fecha veinticinco de mayo del año de dos mil veintitrés, se señaló fecha para la escucha de menores misma que se llevaría a cabo con data dos de junio del año de dos mil veintitrés, debido a que de dicha controversia se encuentran inmersos derechos de dos adolescentes y un menor de edad, así como la expresión textual tanto de la parte actora como demandada de la existencia de violencia familiar en perjuicio de los menores. Con fecha veintiséis de junio del año en curso, la quejosa solicitó a la responsable que dentro de sus más amplias facultades y en términos de los artículos 932 fracción III y 1006 fracción IV del Código Familiar del Estado de Michoacán, tuviera a bien designar perito en psicología, a efecto de llevar a cabo una valoración psicológica de los dos adolescentes y el menor, así como de los progenitores. En relación a la petición anterior, recayó el acuerdo de data veintinueve de junio de dos mil veintitrés -primer auto que constituye el acto reclamado-, mediante el cual la responsable decretó no ha lugar a acordar su pretensión, toda vez que en la diligencia de escucha de los adolescentes y el menor que refiere, se encontraba presente una psicóloga adscrita al Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. La aquí quejosa presento ante la jueza responsable escrito de recurso de apelación en contra del auto de fecha veintinueve de junio del año en curso, mismo que fue rechazado mediante auto de diez de julio de dos mil veintitrés -segundo auto que constituye el acto reclamado- por no ser un auto que ponga fin al procedimiento. En el caso, la aquí quejosa reclama la negativa de la responsable, de atender favorablemente la petición de la parte quejosa de señalar una psicóloga que estuviera presente en la diligencia de escucha de los dos adolescentes y el menor indicado con antelación y ante tal actuación, la negativa de dar trámite al recurso de apelación interpuesto en contra de la primer decisión de la responsable por no ser esta un auto que ponga fin al juicio, todo dentro del expediente Juicio Especial Oral Familiar 30/********************(juicio donde aún no se ha dictado sentencia definitiva, como se advierte de los antecedentes narrados en la demanda de amparo). Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se pone de manifiesto que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Lo cual quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, en el caso particular la parte quejosa reclama: "Los autos de fechas 29 de junio y 10 de julio ambos del año 2023, emitidos por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito de Uruapan, Michoacán." En el caso particular para determinar si los efectos de dicho acto son de imposible reparación, esto es, si afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, debe tenerse en cuenta, en principio, que la determinación de la responsable de no atender favorablemente la petición de la parte quejosa de señalar una psicóloga que estuviera presente en la diligencia de escucha de los dos adolescentes y el menor referidos en el escrito inicial de demanda y ante tal actuación, la negativa de dar trámite al recurso de apelación interpuesto, no son actos de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros y solo implicará que habrá de continuar el trámite del juicio; y, en todo caso, de existir violación en el acto reclamado únicamente redundaría en el aspecto procedimental, al solo producir efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable a sus intereses, en cuyo caso desaparecería el agravio formal de que se duele. Apoya lo anterior la Jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizada en la página 1539, Tomo III, Mayo de 2014, Materia(s): Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su letra expone: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En consecuencia, si el acto reclamado en mención no satisface la condición para que sea considerado como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa citó como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Calle Grito de Dolores, número 197-A, planta baja de la Colonia Independencia, en Morelia, Michoacán. Tomando en consideración que dicho domicilio se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, esto es, en la ciudad de Morelia, Michoacán, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, se sirva comisionar a quien corresponda, y se constituya en legal y debida forma en el domicilio indicado en líneas precedentes, y: Notifique este proveído personalmente a la parte quejosa ********************, o a través de sus autorizados para oír y recibir notificaciones ********************. Además, la requiera para que al momento de la notificación o dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se practique señale domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes y aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista, que se publique en los estrados de este Tribunal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de la Materia. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Sin que obste para la diligenciación de la comunicación oficial de que se trata, que al recibirse haya transcurrido el día y hora señaladas para el verificativo de la audiencia constitucional, toda vez que en ese supuesto este juzgado proveerá su diferimiento. Hecho lo anterior, se solicita devolver la comunicación oficial de que se trata, con las constancias que acrediten su diligenciación. Notificación a las autoridades Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificaran por medio de lista. Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Asimismo, las notificaciones se les practicarán preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Autorización de copias Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Datos personales De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Informa integración de expediente electrónico Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Anotaciones Finalmente, háganse las anotaciones en el libro electrónico y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN LA FORMA INDICADA.

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