Luisa Franco Espinoza

Expediente 247/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
247/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
11/07/2019

Partes del expediente

  • Luisa Franco Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de julio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia de cuatro de junio de dos mil diecinueve, el cual quedó registrado con el número 274/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.*NMTG*

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por LUISA FRANCO ESPÍNOZA, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el cuatro de junio de dos mil diecinueve; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa; en su atención, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa las copias certificadas que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Se tienen por autorizados únicamente para los efectos de recoger la copia solicitada a las personas propuestas para ello. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, a través del cual remite el diverso signado por el Juez Segundo de Distrito del aludido Centro Auxiliar, mediante el cual remite el juicio de amparo 247/2019-VI, promovido por LUISA FRANCO ESPINOZA, constante de setenta y ocho fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el cuatro de junio de dos mil diecinueve, en la que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida y dos anexos. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe...Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil diecinueve. V I S T O S los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio de amparo indirecto 247/2019, auxiliar 243/2019, promovido por LUISA FRANCO ESPINOZA; y, R E S U L T A N D O: Primero.- Mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, en el buzón de la Oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Morelos, LUISA FRANCO ESPINOZA, demandó el amparo y protección de la justicia de la unión, en contra de las autoridades y los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- ORDENADORA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. Y/OS EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS; JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS; (.) CONTRALORIA INTERNA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (.). (.) IV.- ACTO RECLAMADO.- La ILEGAL RESOLUCIÓN que recayó a la queja administrativa 315/2017 Y SU ACUMULADO 379/2017, de fecha 23 de enero de 2019, misma que trae como consecuencia la existencia de responsabilidad administrativa y derivándose una suspensión de diez días a la quejosa, tal y como lo establecen los resolutivos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO de la resolución impugnada, que a la letra dicen: SEGUNDO.- Son fundados los hechos por los que se inició procedimiento de responsabilidad administrativa, en contra de la servidora pública investigada Licenciada Luisa Franco Espinoza, entonces Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. TERCERO.- Se declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, que se le atribuyó a la servidora pública investigada Licenciada Luisa Franco Espinoza, entonces Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. CUARTO.- Se impone como sanción administrativa a la servidora pública sometida a procedimiento Licenciada Luisa Franco Espinoza, entonces Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, la prevista en la fracción IV del artículo 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, consistente en una SANCIÓN DE SUSPENSIÓN POR DIEZ DÍAS. QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, se ordena girar atento oficio al Director General de Administración de esta Institución para que ordene a quien corresponda se agregue al expediente personal de la citada funcionaria responsable la sanción correspondiente, debiendo anexar al mismo, copia certificada de este fallo. SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se ordena remitir copia certificada del presente fallo a la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos para su Registro correspondiente. SÉPTIMO." (.)" En la propia demanda de amparo la quejosa señaló violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1o., 14, 16, 17 y 102, apartado b de la Constitución federal, y expresó conceptos de violación. Segundo.- Por razón de turno, la demanda se recibió el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en el Juzgado segundo de distrito en el Estado de Morelos, y previo requerimiento para aclararla, se admitió a trámite por auto del catorce de marzo siguiente, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al agente del Ministerio público de la federación adscrito, y se fijaron día y hora para la audiencia constitucional, celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo general 55/2009, del pleno del Consejo de la judicatura federal, relativo al inicio de funciones de los juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con jurisdicción en toda la república, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve. SEGUNDO.- En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado: - La resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de queja administrativa 315/2017, y su acumulado 379/2017, por los integrantes de la Comisión del Poder judicial, mediante la cual impuso a la quejosa, en su calidad de Secretaria de acuerdos del Juzgado segundo de primera instancia del primer distrito judicial, la sanción administrativa de suspensión por diez días. TERCERO.- Son ciertos los actos reclamados de la Dirección general de administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado (foja 46), de la Jefatura de recursos humanos dependiente de esa Dirección general (foja 51); y de los integrantes de la Comisión del Poder judicial del Estado (fojas 55 a 59), pues así lo manifestaron en sus informes justificados. Es también cierto el acto que se reclama de la Contraloría interna del gobierno del Estado de Morelos, pues aunque en su informe justificado (fojas 37 a 39), de inicio lo negó, luego expuso consideraciones que entrañan su existencia, al referir que el ocho de febrero del año en curso, la Dirección general de responsabilidades y sanciones administrativas de la Secretaría de la contraloría del Estado, realizó el registro de la resolución reclamada. CUARTO.- Son ineficaces los conceptos de violación. En el primer motivo de inconformidad la quejosa alega que la resolución reclamada es violatoria de sus garantías contenidas en los artículos 14, 16, y 17 de la Constitución federal, porque la apertura del procedimiento administrativo que dio lugar, fue a consecuencia de diversa acta administrativa, cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, del Estado de Morelos, establecen para la validez jurídica de un acta administrativa se reúnan diversos requisitos; que de la primera, el artículo 189, fracción I; establece: "ARTÍCULO 189.- El procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos Judiciales del Estado, deberá iniciarse: I.- Por denuncia bajo protesta de decir verdad, que deberá constar por escrito, suscrita por el denunciante con indicación de su domicilio, y ratificada ante el Secretario de Acuerdos que corresponda. A tal efecto, tienen, acción para la denuncia de faltas administrativas, aquellos que acrediten su interés jurídico para ello; (.)" Agrega, que: "(.) la Lic. (.) Juez segundo civil de primera instancia del primer distrito judicial del Estado de Morelos, y la Lic. (.), en su carácter de Secretaria de acuerdos, las mencionadas carecen de lógica de su raciocinio, pues narran hechos por demás subjetivos y carentes de todo sustento legal, pues realizaron una narración mediante un acta administrativa, impuesta en mi contra que de manera ilegal se llevó a cabo, pues fue de manera unilateral, por lo tanto, al dejarme en total estado de indefensión, el acta administrativa, a razón de ello carece totalmente de validez jurídica para aperturar una queja administrativa y como consecuencia sancionarme con una suspensión, así mismo, es importante destacar que dicha acta administrativa no fue fundada ni motivada, ni tampoco lo manifestaron BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, por lo que desde un inicio me han vulnerado mis garantías individuales consagradas en los artículos 14 16 y 17 de nuestra Carta Magna, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, en virtud de lo antes expuesto, debió haber negado la apertura de la queja administrativa y su procedimiento, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, el artículo antes referido establece claramente que el acta administrativa que dio origen, debe de reunir diversos requisitos, entre ellos la presencia del trabajador al momento de realizar el acta administrativa correspondiente, situación que no encuadra en la hipótesis del asunto que nos ocupa, pues del acta mencionada no se desprende que haya estado presente la quejosa en el presente o probable responsable en la queja, por lo que desde un inicio el CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS debió de haber rechazado o negado la apertura de un procedimiento administrativo, por la ilegalidad del acta administrativa levantada. Por otro lado, y que de manera ilegal se ordenó la apertura del procedimiento administrativo, se desarrolló un procedimiento por demás ilegal e inverosímil y como consecuencia emitió una ilegal resolución con fecha 23 de enero de 2019, por lo tanto, viola de manera total y cabal los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en virtud, que todo proceso legal se deben de seguir todas y cada una de formalidades esenciales del procedimiento, sin embargo, uno de los requisitos esenciales, es el de realizar de manera correcta un acta administrativa, pues no basta con hacer constar o dar fe, lo correcto es la manifestación de "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", toda vez que se encuentra plasmada en la propia Ley Orgánica, situación que no encuadra en la hipótesis del asunto que nos ocupa, en virtud que los procedimientos administrativos son de orden público e interés social y como consecuencia son de estricto derecho, es decir, lo establece la propia Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado de Morelos. (.)" Mientras en su segunda inconformidad, aduce que: "(.) la responsable no actúa de manera correcta al no valorar la manifestación y/o confesión expresa y espontanea realizada sin coacción ni violencia alguna, en términos de los artículos 199, fracciones I, II y III del Código Federal de Procedimientos Civiles en concordancia con los arábigos 52 y 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, que a la letra dicen: (se transcriben)" Como se desprende de los autos, la suscrita acredité fehacientemente que aparte de los acuerdos elaboraba sentencias exhibiendo las nueve resoluciones que elaboré en el mes de agosto de dos mil diecisiete, en copia certificada, mismas que no fueron tomadas en cuenta para acreditar la carga excesiva de trabajo, por lo que la responsable violenta de manera flagrante mis garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Carta magna." Finalmente, en distinto apartado, la quejosa alega que se violan sus derechos humanos en la medida que la responsable emite una resolución discriminatoria, al señalarle que descuidó el trámite de los expedientes a su cargo, lo que se traduce en una falta de atención y cuidado, por lo que esa manifestación es ofensiva y denota una discriminación para su persona, por lo que la resolución reclamada viola sus derechos humanos. Como se anticipó, son ineficaces las alegaciones de la quejosa. En efecto, no puede soslayarse que tratándose del procedimiento de responsabilidad administrativa, previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en términos del propio artículo 189 invocado, la fracción II, dispone: "ARTÍCULO 189.- El procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los Servidores Públicos Judiciales del Estado, deberá iniciarse: (.) II.- Como resultado de las visitas practicadas a los tribunales, o por hechos que se desprendan del ejercicio de la función de tales servidores públicos." Y en el caso, el procedimiento administrativo 315/2017, y su acumulado 379/2017, seguido en contra de la quejosa, se inició como consecuencia de los hechos que se desprenden del ejercicio de su función como Secretaria de acuerdos del Juzgado mencionado, como se desprende de los oficios CJE/MCVCL/6375/2017 y CJE/MCVCL/7541/2017, de diez de octubre (fojas 1 y 2 de la queja 315/2017, anexo I) y catorce de noviembre (fojas 1 a 3 de la queja 379/2017, anexo II), de dos mil diecisiete, suscritos por la Magistrada Presidenta y por la Secretaria general, del entonces Consejo de la judicatura, al referir en los mismos como motivación que la Juez civil de primera instancia del primer distrito judicial del Estado, le remitió tres actas circunstanciadas en las que detalla que la Licenciada Luisa Franco Espinoza, no realiza los proyectos de acuerdos dentro de los términos legales, entre otros; por los que se ordenó al Magistrado Visitador general iniciar los procedimientos en contra de la quejosa; en tanto en las radicaciones relativas, se invocó en lo esencial como fundamento del inicio de los citados procedimientos, a la postre acumulados, el artículo invocado 189, fracción II; por lo cual se concluye que no es violatoria de garantías la resolución reclamada en el aspecto denunciado, pues tratándose de la hipótesis de la fracción II, del aludido precepto, no es exigencia legal la denuncia bajo protesta, como lo alega la inconforme. Por lo que hace al identificado como segundo concepto de violación, es también infundado, pues es inexacto que la autoridad responsable hubiese omitido valorar su declaración rendida en relación con los hechos materia de las quejas, y que tampoco tomó en cuenta las copias certificadas de las nueve resoluciones que elaboró en el mes de agosto de dos mil diecisiete, para lo cual es suficiente remitirnos a las fojas 96 vuelta (906 vuelta del anexo I), y 107 (912 del anexo I) de la resolución reclamada, para advertir que sí se valoraron las pruebas mencionadas. Respecto de la primera, luego de transcribirla, se dijo: "(.) Aseveración a la que se le concede valor probatorio en términos del numeral 490 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al haber sido rendida por la servidora público investigada de manera directa, espontánea y libre de toda coacción, aserción que tiene valor probatorio pleno debe estar adminiculada con otros elementos de convicción aportados en el procedimiento administrativo, y éstas deben ser confrontadas entre sí para poder determinar lo tocante a la existencia o inexistencia de responsabilidad por parte de la servidora público investigada. (.)" Mientras que en relación con las diversas, esto es, las copias certificadas de las resoluciones aludidas, consideró: "(.) Las documentales públicas consistentes en copias certificadas de nueve resoluciones que elaboró la servidora pública investigada durante el mes de agosto de dos mil diecisiete, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 490 y 491 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que cumplen con los extremos que establece la fracción II del artículo 437 del Código Adjetivo Civil en cita, dado que son documentos expedidos por un funcionario público dentro de los límites de su competencia, con las formalidades prescritas en la legislación Procesal Civil del Estado de Morelos. De tales documentales se puede advertir que se dictaron las resoluciones de los expedientes (.) documentales que no son eficaces para desvirtuar la conducta que se le atribuyó a la servidora publico investigada, como lo es que omitió firmar el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete del expediente 1786/1993, así también, omitió dar cuenta con el proyecto de acuerdo dentro del término de ley, con las promociones y documentos oficiales dirigidos al juzgado; así como la publicación de los acuerdos, dentro del plazo establecido para efectuarlo, así mismo que las demandas y exhortos pendientes por acordar se encontraban fuera del término legal, por lo que incumplió con el deber que tiene encomendado como Secretaria de Acuerdos entonces adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; (.)" Luego, es infundado el citado concepto de violación, pues contra lo alegado, sí se valoraron los medios de prueba mencionados. Por último, es inoperante la alegación enderezada en síntesis a sostener que se viola su derecho humano de no discriminación, pues la quejosa no proporciona un parámetro a partir del cual se pueda determinar si existe o no tal discriminación, y que sirva como criterio metodológico para llevar a cabo el control de constitucionalidad del acto que se denuncia. Es aplicable al tema, la jurisprudencia P./J. 9/2016 (10a.), del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 2012594, publicada en la página 112 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 34, septiembre de 2016, tomo I, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta." En ese orden de ideas, ante la ineficacia de los conceptos de violación, debe negarse el amparo a la quejosa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 74, 76, y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a LUISA FRANCO ESPINOZA; por los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE personalmente a la quejosa...

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano