Luisa Flores Gómez
Expediente 519/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/05/2018
Partes del expediente
- Luisa Flores Gómez
- Junta Especial Número Treinta Y Tres de la Federa de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
... Vista la razón secretarial, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de diecinueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 35 a 37), dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, primer y segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). ...
- Principal
... Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón asentada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, en la que hace constar que no le fue posible notificar de manera personal a la parte tercera interesada Afore Coppel, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de quien legalmente la represente, el proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en razón de que a la fecha no ha señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, con apoyo en la fracción III, del artículo 26, y la fracción III, del artículo 27, ambos de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por medio de lista el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, así como las subsecuentes notificaciones que se ordenen en forma personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto.
- Principal
...téngase por recibido el oficio con anexo de cuenta suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, téngase a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado emitió el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 1042/2016, lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, documentales que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa Luisa Flores Gómez hizo consistir el acto reclamado en la omisión de emitir el laudo dentro del juicio laboral 1042/2016, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado; y, la autoridad responsable el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho dictó el laudo correspondiente dentro del referido juicio laboral; lo que se acredita con las constancias recibidas mismas que se adjuntó a su informe justificado. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse dictado el laudo las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. ... En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y ocho minutos del cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones correspondientes
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio con anexo de cuenta de la Presidenta Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el numeral 193 de la ley de la materia, remite copia certificada del acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho y oficio recordatorio de trece de los referidos mes y año que envió al Fiscal General del Estado de Puebla, para que informe las gestiones que se encuentra realizando a fin de que se ejecute la medida de apremio consistente en arresto por treinta y seis horas en contra de Felipe Armenta y Torres y/o Felipe Armenta Torres, representante legal de la moral "Armenta Automotriz", sociedad anónima de capital variable. Atento a lo anterior, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este auto, informe las gestiones que se encuentra realizando para vigilar el exacto cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Apercíbase a la autoridad requerida que de no cumplir con lo ordenado por este juzgado de Distrito sin causa justificada, se impondrá a Roxana González Torres persona física que actualmente ocupa el cargo de autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, Maritza Sáenz Toxqui representante de los trabajadores y Maricela Cano Campos representante de los patrones y Fiscal General del Estado de Puebla, una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los arábigos 3°, 4° y 5°de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. En el entendido que, en términos del artículo 193 primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. ...
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