Luisa Fernanda González Montero
Expediente 876/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 32 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 03/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luisa Fernanda González Montero
- La Secretaría de Educación Pública Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, el cual contienen el oficio 23410/2022, dirigido a la Secretaría de Educación Pública, con sede en la ciudad de México, con la leyenda "cambio de domicilio", por tanto, se ordena el reenvío del mismo con sus anexos correspondientes, a dirección correcta, calle ******************** número ********************, colonia ********************, ********************, C.P. ********************, en ********************; en consecuencia, tomando en consideración que este juzgado federal tiene la certeza de la existencia de la misma, reenvíese el oficio de que se trata para su debida notificación y en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que FIRME el auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del incidente de suspensión derivado del presente asunto. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, en virtud a que el treinta de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el amparo promovido por Luisa Fernanda González Montero, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Así, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Luego, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión definitiva, el original del incidente de suspensión es susceptible de Destrucción, en términos del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. Por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo cual, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado. Finalmente, agréguese únicamente para obre el escrito presentado vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por..., mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL); toda vez que de autos no se advierte que el ocursante tenga reconocido algún carácter, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos, del que se advierte que, mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********, por derecho propio, contra actos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Morelia, con sede en esta ciudad y otras autoridades, los cuales se hicieron consistir en: "De la UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO (UNID) CAMPUS MORELIA reclamo la OMISIÓN DE REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS ante la autoridad correspondiente, la Secretaría de Educación Pública, a fin de ENTREGARME MI TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL de Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas, a pesar de haber concluido y acreditado satisfactoriamente todas y cada una de las materias que conforman el plan de estudios correspondiente, como lo acredito con la constancia de terminación de estudios, de fecha 02 de junio de 2021, expedida por *************** Coordinadora de Servicios Escolares, a nombre de la suscrita *************, que en copia cotejada por notario público acompaño. - De la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA DELEGACIÓN DE LA MISMA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN Y DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, reclamo la omisión de dar trámite a la expedición y registro de mi título y cédula profesional de Licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas, a pesar de haber concluido y acreditado satisfactoriamente todas y cada una de las materias que conforman el plan de estudios correspondiente ante la UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO (UNID) CAMPUS MORELIA. De la señora **************en su calidad de rectora de la UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO (UNID) CAMPUS MORELIA reclamo la OMISIÓN DE REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS ante la autoridad correspondiente, la Secretaría de Educación Pública, a fin de ENTREGARME MI TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL de Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas, a pesar de haber concluido y acreditado satisfactoriamente todas y cada una de las materias que conforman el plan de estudios correspondiente, como lo acredito con la constancia de terminación de estudios, de fecha 02 de junio de 2021, expedida por ******************** Coordinadora de Servicios Escolares, a nombre de la suscrita ********************, que en copia cotejada por notario público acompaño; así como su negativa verbal a realizar los trámites necesarios para que se me expida mi título y cédula profesional de Licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas. - También le reclamo su negativa verbal a realizar la certificación de inglés correspondiente a la certificación TOEIC que significa Test of English for International. Communication (que no constituye un requisito para que se me otorgue el título y cédula de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas, conforme a lo establecido el reglamento que rige a la institución)." -Del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable de improcedencia, que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se advierte, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad de los actos reclamados, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este juicio de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia Constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, como ya se dijo, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."; [.]". La cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo realizó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pero con la condición de que en todo caso se destruyan sus consecuencias en la esfera jurídica del afectado. La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que al desaparecer no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en cita, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora bien, como se dijo previamente, de los presentes autos se advierte, en lo relevante, que por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, promovida por ********************, por derecho propio, contra actos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Morelia, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por los actos reclamados previamente transcritos, consistentes en la omisión de las autoridades responsables de realizar los trámites necesarios, a efecto de que se haga entrega a la solicitante del amparo de su título profesional de Licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas, así como de la cédula profesional respectiva; la negativa verbal a realizar dichos trámites y de elaborar la certificación de inglés correspondiente a la certificación TOEIC, a efecto de que se le expida su título y cédula profesional respectivos. Sin embargo, la autoridad responsable Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Morelia, con sede en esta ciudad, remitió como complemento a su informe justificado (fojas 42 a 47), así como a los diversos oficios sin número, recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado los días diez de mayo de dos mil veintidós (fojas 123 a 156); diez y quince de junio de dos mil veintidós (fojas 187 a 201 y 206 a 213), las siguientes constancias: 1) Copia de la relación de participantes que presentaron examen TOEIC, de fecha doce de octubre de dos mil veintiuno, en la que aparece la ahora quejosa ******************** (foja 46). 2) Copia certificada de la constancia de terminación del programa de inglés, en la que se hizo constar que la referida solicitante del amparo, aprobó el examen de inglés TOEIC (foja 128). 3) Constancia de autenticación del título electrónico de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas, expedido a nombre de la ahora quejosa ********************, con folio digital ********************, el cual cuenta con firma de recibido de la aludida peticionaria del amparo, en fecha trece de junio de este año (foja 156, 198 a 200 y 213). 4) Certificado total de estudios expedido a nombre de la aquí peticionaria del amparo ********************, en el que se hizo constar que esta última cursó y acreditó la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas, en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Morelia, con sede en esta ciudad, en el que obra la firma de recibido de la aludida quejosa, en fecha trece de junio de este año (fojas 192 a 197 y 212). 5) Copia del Título de Licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas, expedido por la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Morelia, a nombre de la quejosa ********************, de fecha uno de abril de dos mil veintidós, el cual fue recibido por esta última el trece de junio de esta anualidad, según se aprecia del calce izquierdo de dicha documental (foja 211). Documentales a las que se otorga valor probatorio, en términos de los artículos 133, 203, 210-A y 217 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y de las cuales se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que los actos de omisión atribuidos a las responsables, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, en razón a que, si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como actos reclamados la omisión de las autoridades responsables de realizar los trámites necesarios, a efecto de que se haga entrega a aquélla de su título profesional de Licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas, así como de la cédula profesional respectiva; la negativa verbal a realizar dichos trámites y de elaborar la certificación de inglés correspondiente a la certificación TOEIC, a efecto de que se le expida su título y cédula profesional respectivos, no menos lo es también que, a la fecha, la referida peticionaria del amparo presentó y aprobó el examen de inglés, por lo que se le otorgó la certificación TOEIC, como se evidencia de las constancias descritas en los incisos 1) y 2) que anteceden, lo que incluso se acredita con las diversas probanzas que exhibió la propia solicitante del amparo, con sus escritos presentados los días siete de diciembre de dos mil veintiuno y seis de enero de dos mil veintidós (fojas 66 a 72 y 95 a 98), consistentes en copia certificada de la mencionada certificación, la cual obra en idioma inglés, así como la traducción de la misma. Asimismo, se encuentra demostrado que, a la fecha, la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Morelia, expidió el título electrónico de Licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas, a nombre de la ahora quejosa ********************, mismo que fue debidamente autenticado ante la Secretaría de Educación Pública, pues así se evidencia de las constancias descritas en los incisos 3), 4) y 5), lo que se corrobora aún más con la consulta realizada por este órgano jurisdiccional a la página electrónica de la mencionada Secretaría de Estado, a través de la liga https://www.siged.sep.gob.mx/titulos/autenticación/, a efecto de verificar la existencia de la autenticación del título profesional de la ahora quejosa, lo que se hizo a través del folio digital ********************, que obra en la parte superior de la copia que de dicha autenticación remitió la aludida responsable, y que automáticamente remite al documento electrónico que obra en esa Secretaría, esto es, se evidencia que el título de que se trata, se encuentra autenticado, lo que le otorga la validez respectiva, pues la autenticación o autentificación de los títulos profesionales, entre otros documentos, consiste en la validez que otorga a los mismos la Secretaría de Educación Pública, en otras palabras, consiste en el reconocimiento oficial que de los mismos realiza la aludida Secretaría, a efecto de que los alumnos que realizaron sus estudios de tipo superior en instituciones particulares, obtengan un documento que ampare sus estudios realizados a nivel superior con firma autógrafa y sello de la autoridad educativa que le da la autenticidad. De igual forma, una vez autenticado el título electrónico de que se trata, automáticamente se genera el número de cédula profesional, la cual deberá ser tramitada electrónicamente por la interesada ahora quejosa, esto es, las autoridades responsables ya realizaron los trámites que a su parte corresponden, a efecto de que se expida la cédula profesional correspondiente a la peticionaria del amparo, cuya gestión, como ya se dijo, corresponde ahora a la solicitante del amparo, lo que así se demuestra también con la consulta que sobre el particular realizó este órgano jurisdiccional a la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, específicamente del Registro Nacional de Profesionistas https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action, pues al ingresar a la misma se localizó el número de cédula profesional ********************, otorgado a la peticionaria del amparo. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DOCE HORAS DEL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, a efecto de que transcurran los ocho días necesarios que señala el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes, principalmente la quejosa, tengan conocimiento de las constancias que fueron recabadas por este órgano jurisdiccional y que fueron remitidas por la autoridad responsable Titular y Administradora de la..., con sede en esta ciudad, y esté en condiciones de controvertirlas e impugnarlas si a su derecho interesa; en consecuencia, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere, para las DOCE HORAS DEL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En apoyo de lo anterior, se cita la tesis consultable en la página 594, Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo, dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuanta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertidas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado". Notifíquese.
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