Luisa Fernanda Escobar Jiménez

Expediente 844/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
844/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Luisa Fernanda Escobar Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, trece de noviembre de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, ténganse por recibidos y agréguense a sus autos para que obren como correspondan, los oficios CAMEF/NO.27082023, signado por el Jefe del Centro de Atención al Menor Fronterizo "CAMEF", y por el Procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, ambos del Sistema DIF Matamoros en esta ciudad, a través de los cuales, informan sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; sin embargo, las constancias que remiten relativas al acatamiento del fallo protector, únicamente corresponden a la suspensión de plano. Consecuentemente, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas autoridades responsables, para que dentro del término de tres días cumplan con la sentencia protectora de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en los términos precisados en dicha resolución; siendo los siguientes: "En las relatadas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados y con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión de la protección constitucional son para que la autoridad responsable Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema DIF en esta ciudad, realice lo siguiente: Reiterar que los quejosos ******************** y ********************, no serán resguardados en el Centro de Atención al Menor Fronterizo de esta localidad, dado que se debe preservar la unidad familiar; asimismo, emitir el plan de restitución de derechos a fin de recomendar la regularización de las niñas, niños y adolescentes, en el cual debe establecer medidas de protección a fin de salvaguardar a los menores de edad; a su vez, dar seguimiento al cumplimiento de éstas últimas y de advertirse incumplimiento en su ejecución, solicitar un informe por escrito a las instituciones involucradas, y una vez recibida la información, la Procuraduría deberá valorar las causas de incumplimiento y, si la omisión de las instituciones no está justificada, dar vista a la autoridad competente, para que, de ser el caso, emita la sanción correspondiente, en el entendido de que si la omisión es de una autoridad ordenara dar vista al Ministerio Público competente. De igual manera, debe dar seguimiento a su oficio 2296/2023, dirigido al representante local de la oficina de representación local del Instituto Nacional de Migración, Estación Migratoria, en esta localidad mismo que fue recibido el pasado cinco de junio de esta anualidad, a fin de que se regularice la situación migratoria de los menores ******************** y ********************. Asimismo, tampoco se soslaya que actualmente los quejosos directos ******************** y ********************, se encuentran en libertad, esto es, fuera del Centro de Atención al Menor Fronterizo del Sistema DIF Matamoros, en esta localidad; sin embargo, ello obedece a la concesión de la suspensión de plano otorgada por este órgano de control constitucional y no con motivo de una determinación de la autoridad responsable." Apercibidas que en caso de no acatar a lo aquí ordenado se le impondrá a cada omisa, una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido la sentencia constitucional emitida el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la cual se decretó el sobreseimiento y se concedió el amparo y protección de la justicia federal ala parte quejosa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Consecuentemente, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días cumpla con la sentencia ejecutoriada de mérito; apercibida que en caso de no acatar a lo aquí ordenado se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 844/2023-II, promovido por Sandra María Parra Rodríguez y Wilfredo Ramón Smith Contreras, en su carácter de tutores y en representación de las menores L.F.E.J. y D.D.S.E, contra actos del Encargado o Titular del Centro de Atención al Menor Fronterizo del Sistema "DIF", CAMEF, en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, recibido en este órgano de control constitucional el veinte del mismo mes y año, Sandra María Parra Rodríguez y Wilfredo Ramón Smith Contreras, en su carácter de tutores y en representación de las menores L.F.E.J. y D.D.S.E, promovieron juicio de amparo indirecto, en el que como autoridades responsables y actos reclamados señaló lo siguiente: Autoridades responsables: Encargado o Titular del Centro de Atención al Menor Fronterizo "CAMEF", adscrito al Sistema DIF en esta ciudad. El titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, perteneciente al Sistema DIF en esta localidad. Actos reclamados de las autoridades responsables: "a) El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los NNA L.F.E.J. y D.D.S.E., de nacionalidad colombiana, por más de 36 horas, en el albergue o Centro de Atención al Menor Fronterizo (CAMEF) del sistema DIF, en Matamoros, Tamaulipas. b) La omisión de emitir en perjuicio de la libertad de los NNA, la correspondiente orden de salida, a pesar de haber transcurrido con exceso el plazo de 36 horas contado a partir de su presentación desde el pasado 16 de mayo del año en curso, por ser una detención administrativa. c) La omisión de brindarle información correcta en materia migratoria y resolver su situación jurídica, a fin de que no sea susceptible de una posible deportación del país. d) La omisión de realizarle las entrevistas adecuadas conforme al procedimiento establecido en el artículo 112 de la Ley de Migración, a fin de determinar el grado de vulnerabilidad de los NNA y las necesidades de tránsito que requieren de nuestro país. e) La omisión de elaborar conforme a los protocolos de derechos de niños, niñas y adolescentes, el plan de restitución de derechos en favor de los NNA. f) La incomunicación parcial con todos y cada uno de los miembros de nuestra familia." Asimismo, narraron los antecedentes del caso, señalaron como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 11, 14, 16 y 21 constitucionales; asimismo, formularon los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE. El veinte de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de garantías, se registró en el libro de gobierno bajo el número 844/2023-II; se concedió de plano la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables encargado y/o titular del Centro de Atención al Menor Fronterizo del Sistema DIF (CAMEF), y Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes perteneciente al Sistema DIF, en esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impidiera, instruyeran la inmediata libertad de los menores L.F.E.J y D.D.S.E., previa acreditación con los documentos idóneos que demostraran la representación de los aquí promoventes; asimismo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales de Apelación de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del estudio integral de la demanda de garantías se desprende que los actos que reclaman los quejosos, se hacen consistir en: a) El aseguramiento, alojamiento, resguardo y/o detención de los NNA L.F.E.J. y D.D.S.E., en el Centro de Atención al Menor Fronterizo (CAMEF) del sistema DIF, en Matamoros, Tamaulipas. b) La omisión de brindarle información en materia migratoria, escuchar su opinión y resolver su situación jurídica, a fin de que no sea susceptible de una posible deportación del país. c) La elaboración respecto al plan de restitución de derechos en favor de los NNA, conforme a los protocolos de derechos de niños, niñas y adolescentes. d) La incomunicación parcial con todos y cada uno de los miembros de nuestra familia. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En relación al inciso d), consistente en la incomunicación, las autoridades responsables al rendir sus informes justificados negaron la existencia de tal acto. La parte quejosa no desvirtuó la negativa a que se ha hecho referencia; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías en lo que toca a dicho acto que ha quedado precisado en el párrafo que antecede. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, apoya lo anterior, por contener consideraciones aplicables al caso, la jurisprudencia por reiteración de tesis VI.2º. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página sesenta y siete, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Además, la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, asentó el pasado veinte de julio del año en curso, que la quejosa de iniciales L.F.E.J, expresó lo siguiente: "Enseguida, procedo a dar fe del estado físico de los agraviados; se hace constar que los quejosos L.F.E.J. y D.D.S.E., a simple vista se observa que no se encuentran golpeados ni tienen lesión visible en su cuerpo. Así también los cuestiono si se les ha permitido usar el teléfono, comunicarse con sus defensores, familiares o personas de confianza, a lo que expresan que sí, hasta por videollamadas de su teléfono personal. (.) En la inteligencia que el menor de iniciales D.D.S.E., tiene un año y tres meses de edad, por lo que la diligencia fue contestada sólo por su madre menor de edad de iniciales L.F.E.J." En ese sentido, se advierte que no obstante quienes promovieron el amparo en representación de L.F.E.J. y D.D.S.E., indicaron que existió incomunicación, se evidencia que la adolescente L.F.E.J., manifestó que dicho acto no aconteció, pues sí se le había permitido estar en comunicación con sus familiares; por ello, se advierte la inexistencia de tal acto aludido en el inciso d) del considerando segundo de esta sentencia. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamado consistentes en los incisos a), b) y c), precisados en el considerando segundo de este fallo constitucional, pues el Jefe del Centro de Atención al Menor Fronterizo "CAMEF", y el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ambos del Sistema DIF en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se reclama a cada una de ellas. En consecuencia, deberán tenerse por existentes, al tenor de la tesis de jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, esa existencia se constata, ya que al informe relativo a la suspensión de plano y justificado se adjuntaron diversas documentales a las cuales se atribuye valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. SEXTO. Estudio de los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y c). Previo a examinar los conceptos de violación que se formulan en la demanda de garantías, es oportuno señalar que con fundamento en el artículo 79, fracciones II y VI, de la Ley de Amparo, el acto reclamado será estudiado bajo el principio de suplencia de la deficiencia de la queja. Así las cosas, los conceptos de violación hechos valer son fundados aunque suplidos en su deficiencia. Aquí, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, los impetrantes se encontraban internos en el territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en una retención de su persona realizada por la autoridad administrativa con motivo y hasta en tanto se resuelva su situación migratoria. En ese contexto, para una mejor comprensión de lo que acontecerá en el transcurso de la presente resolución, resulta necesario realizar una síntesis de los antecedentes del acto reclamado; en la inteligencia que del análisis efectuado a las constancias de autos, se destacan por su importancia, las siguientes: 1. El trece de mayo de dos mil veintitrés, los quejosos directos de nacionalidad colombiana L.F.E.J. y D.D.S.E, fueron canalizados en el centro de Atención al Menor Fronterizo (CAMEF) del Sistema DIF Matamoros, mediante oficio 019/2023, signado por el Coordinador del Centro Integrador para el Migrante en esta localidad. 2. En fechas trece, quince y dieciséis de ese mismo mes y año, se realizaron entrevistas y valoraciones por parte del equipo multidisciplinario de dicha dependencia, conformadas por las áreas de psicología, salud, trabajo social y jurídico. 3. El veintiséis de mayo de esta anualidad, se emitió el plan de restitución de derechos en favor de los menores aludidos. 4. El treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el Procurador de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, Matamoros, libró el oficio 2296/2023, dirigido al representante local de la oficina de representación local del Instituto Nacional de Migración, Estación Migratoria, en esta localidad mismo que fue recibido el pasado cinco de junio de esta anualidad, informando que dicha dependencia emitió un plan de restitución de derechos en favor de los menores L.F.E.J. y D.D.S.E., para que se regularice su situación migratoria. 5. El veintiséis de julio del año en curso, derivado del cumplimiento a la suspensión de plano emitida por este órgano de control constitucional, se ordenó levantar el resguardo y estas fueron entregadas a sus representantes que acreditaron la tutoría correspondiente, así como haber señalado domicilio y su manifestación de atender cualquier requerimiento por la autoridad migratoria, esto no sin antes escuchar la opinión y decisión de la adolescente L.F.E.J., en el sentido de que era su deseo retirarse con su menor hijo D.D.S.E., del centro asistencial en compañía de los promoventes del amparo. Ahora bien, respecto al marco legal de los derechos de los menores migrantes en territorio nacional, conviene destacar que la libertad de tránsito es un derecho humano que solo puede restringirse en los casos de excepción establecidos en la Constitución Federal; de ahí que, tratándose de una persona extranjera, que es detenida por la autoridad administrativa, en establecimientos controlados, con el propósito de revisar su situación en el país, implica invariablemente una afectación a ese derecho humano. Lo anterior se robustece, si se considera que, en las condiciones apuntadas, las personas extranjeras se ubican, por esa sola circunstancia, en una situación de vulnerabilidad, lo que, incluso, ha sido reconocido de ese modo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha fijado criterio en el sentido de que los migrantes indocumentados o en situación irregular han sido identificados como un grupo en situación de vulnerabilidad. En caso de niños, niñas o adolescentes involucrados en procesos migratorios, la situación se agudiza, puesto que se trata de un grupo que merece una especial protección, no sólo por su condición de migrante, sino por ser precisamente menores de edad. Por tanto, en los casos en que éstos reclamen la transgresión de la libertad, por haberse decretado su detención se debe realizarse bajo una interpretación extensiva de las normas nacionales e, incluso, internacionales, a efecto de maximizar el alcance de su salvaguarda y protección, en estricta observancia al principio de interés superior del menor, como sucede en la especie. Orienta el aserto anterior, el criterio reflejado en la tesis aislada 2a. CXLI/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 38, enero de 2017, tomo I, Décima Época, página 792, registro 2013385, que establece: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate". (Lo subrayado es propio). A la par de lo anterior, el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mayo de dos mil veintiuno, establece, en lo que al caso importa destacar, lo siguiente: "3. Alojamiento (detención migratoria) Con motivo de la revisión y la verificación, la autoridad puede determinar que una persona no acredita su situación migratoria regular. En ese supuesto, la persona extranjera o migrante es presentada ante el Instituto para que se determine su situación migratoria en el país. Mientras se resuelve el procedimiento administrativo migratorio, el Instituto procede a decretar el alojamiento de la persona en una estancia migratoria o en una estancia provisional. Ello implica que, mientras se dicta una determinación por parte del Instituto, la persona está obligada a permanecer en la estación migratoria o estancia provisional. Tal facultad de la autoridad migratoria da lugar a diversas problemáticas relacionadas con los derechos de las personas migrantes, las cuales se analizan a continuación con el objetivo de que sean consideradas por quienes imparten justicia. Sin embargo, de manera previa a dicho análisis, es necesario establecer qué tipo de restricción genera el alojamiento sobre los derechos de la persona migrante y, a partir de ello, identificar cuáles son los estándares jurídicos aplicables para analizar su validez en los casos concretos. Sobre el tema, la Corte IDH ha sostenido que el componente particular que permite individualizar a una medida como privativa de libertad, más allá de la denominación específica que reciba a nivel local, es el hecho de que la persona no puede o no tiene la posibilidad de salir o abandonar por su propia voluntad el recinto o establecimiento en el cual se encuentra o ha sido alojada. Ello, a juicio de la Corte IDH, torna aplicables todas las garantías asociadas a la privación de libertad. Por su parte, la CIDH y el ACNUR han indicado que las detenciones o privaciones de libertad se distinguen por los siguientes elementos: a) la imposibilidad de disponer de la libertad ambulatoria; b) la persona es puesta en un lugar delimitado o restringido, y c) la persona queda bajo custodia o responsabilidad de la autoridad, ya sea por infracción o incumplimiento de la ley o por otros motivos, por ejemplo, de asistencia, tratamiento o procesos administrativos. En este sentido, para efectos de este Protocolo y de acuerdo con los estándares internacionales antes citados se estima que la medida que la Ley de Migración denomina como "alojamiento" constituye una detención o privación de libertad. Ello se debe a que, según lo dispone dicha ley, las personas migrantes sometidas al alojamiento deben permanecer en una estación migratoria o estancia provisional mientras el Instituto dicta una resolución en el procedimiento. Esta situación de hecho implica que las personas migrantes no pueden abandonar de manera voluntaria dichos lugares, lo cual implica una imposibilidad para disponer de la propia libertad. Esta postura es consistente con lo sostenido por la CIDH, la cual ha señalado que "las llamadas figuras de la "presentación" y "alojamiento", al ser medidas que le impiden a los migrantes en situación migratoria irregular disponer de su libertad de movimiento, constituyen formas de privación de la libertad personal". De ahí que dicho organismo haya utilizado el término "detención migratoria" para referirse a la figura mediante la cual los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana son privadas de su libertad en estaciones migratorias por encontrarse en situación migratoria irregular y mientras se les adelanta un procedimiento administrativo migratorio. En el mismo sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha entendido, en el ámbito de las personas en búsqueda de protección internacional, que la detención equivale a "la privación de la libertad o al confinamiento dentro de un lugar cerrado donde al solicitante de asilo no se le permite salir a su voluntad, incluso, aunque sin limitarse, prisiones o instalaciones de detención, centros de recepción cerrados, instalaciones o centros de retención". Por su parte, la Corte IDH también se ha referido a este tipo de medidas como "detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias". Por tanto, el análisis jurídico sobre los diversos aspectos del alojamiento se hará con base en los estándares jurídicos aplicables para la detención migratoria,503 la cual es una forma de privación de libertad. Ello, a su vez, conlleva que la medida de alojamiento, en adelante, será denominada indistintamente como "detención migratoria". Precisado lo anterior, a continuación se analizan algunas cuestiones jurídicas relacionadas con los siguientes aspectos de la detención migratoria prevista en la Ley de Migración: a) finalidad; b) excepcionalidad y medidas alternativas; c) duración; d) condiciones de la detención, y e) revisión judicial. a. Finalidad La CIDH ha indicado que la utilización generalizada de la detención migratoria por parte de algunos Estados responde a un enfoque orientado a la criminalización de la migración. De este modo, ha señalado que "la detención migratoria representa una de las principales medidas con las que países de tránsito y destino buscan desalentar la migración irregular, lo cual no es la excepción en el caso de México". Tal apreciación de la CIDH pone énfasis en la utilización de la detención con cierto carácter sancionatorio hacia la migración irregular, o bien, como estrategia general para contener o regular los flujos migratorios. Este llamamiento amerita exponer los estándares relativos a la finalidad que válidamente puede tener dicha medida como parte de la política migratoria de un Estado. Al respecto, la Corte IDH ha sostenido que los Estados tienen facultad de fijar políticas migratorias en su territorio, por lo que pueden establecer mecanismos de control de ingreso y salida respecto de personas extranjeras. Ello, bajo la condición de que tales políticas sean compatibles con el ejercicio de los derechos humanos. En ese sentido, el tribunal interamericano ha considerado que la utilización de detenciones preventivas puede ser idónea para regular y controlar la migración irregular con los siguientes fines: i) asegurar la comparecencia de la persona al proceso migratorio o ii) garantizar la aplicación de una orden de deportación. Por el contrario, "la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos". Esto último parte de que en una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. De manera coincidente, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha indicado que la detención administrativa de migrantes en situación irregular "no se halla en contravención de los instrumentos internacionales de derechos humanos", puesto que los Estados tienen un derecho soberano a regular a la migración. No obstante, el Grupo de Trabajo ha precisado que la migración irregular no puede ser considerada un delito y, por tanto, su penalización sobrepasa el interés legítimo de todo Estado de proteger su territorio y reglamentar la corriente regular de migrantes. De acuerdo con estos estándares, en los casos en los que involucren a personas migrantes alojadas, las personas juzgadoras deben tener en cuenta que el alojamiento no debe ser aplicado con fines punitivos o bajo una perspectiva que pretenda criminalizar la migración irregular. Según lo señala la Ley de Migración, el alojamiento tiene fines cautelares, en tanto busca asegurar que la persona migrante haga el debido seguimiento del procedimiento administrativo que es seguido en su contra. Ello se demuestra por el hecho de que el alojamiento tiene vigencia en tanto se resuelve la situación migratoria de la persona. Cuando no exista esa relación de instrumentalidad, dicha medida carecerá de idoneidad y, por tanto, puede constituir una restricción injustificada a la libertad personal de la persona migrante. Sin embargo, la regularidad constitucional del alojamiento no sólo depende de que sea idóneo para garantizar que la persona dé seguimiento al procedimiento administrativo, pues también debe cumplir con el criterio de excepcionalidad. b. Excepcionalidad y medidas alternativas La CIDH ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción. Además, la CIDH ha indicado que la Ley de Migración y su Reglamento no evidencian un mayor desarrollo en lo que respecta a medidas alternativas a la detención migratoria, aunado a que la aplicación de estas normas en la práctica es aún más restrictiva. De este modo, la detención migratoria se ha constituido como la regla tanto a nivel normativo como en la práctica.511 En términos similares, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha constatado que, en virtud de que la detención se aplica como regla general, se ha visto en el país un crecimiento en el número de recintos migratorios para alojar a las personas migrantes en situación irregular. Lo anterior, en concepto del referido organismo autónomo, da cuenta "de la importancia que le ha dado el Estado mexicano a la detención, más allá de procurar medidas alternativas que sean menos lesivas de los derechos humanos de quienes se encuentran en contexto de movilidad" Ante tal escenario, es pertinente tomar en cuenta los criterios que deben observar las personas juzgadoras al conocer de asuntos relacionados con la detención o privación de libertad por motivos migratorios. La SCJN ha considerado que las restricciones a la libertad personal, uno de los derechos más preciados, deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional. No es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos la protejan con tanta intensidad y arrebato. Se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. En relación con las restricciones a la libertad personal, la Corte IDH ha sostenido que la ley y su aplicación deben respetar los siguientes requisitos para que una medida privativa de libertad no sea arbitraria: i) que su finalidad sea compatible con la Convención; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto (lo cual implica que toda limitación es excepcional), y iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. En el contexto de la detención migratoria, la Corte IDH ha estimado que la excepcionalidad de las medidas privativas de libertad obliga a que los Estados dispongan de un catálogo de medidas alternativas que sean efectivas para la consecución de dichos objetivos. Con base en ello, dicho tribunal ha establecido que las autoridades competentes deben verificar cada caso y, con base en una evaluación individualizada, determinar la posibilidad de utilizar medidas menos restrictivas que la detención. Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha señalado que la detención administrativa tiene carácter de último recurso, de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Ello exige definir claramente y enumerar de manera exhaustiva en la legislación las razones que podrán aducir los Estados para justificar esa detención, como serían: i) la necesidad de identificar al migrante en situación irregular, ii) el riesgo de que se fugue o iii) la necesidad de facilitar su expulsión cuando se haya dictado la orden correspondiente.518 Para estimar que se está en uno de esos supuestos, la CIDH ha estimado que "es necesaria la existencia de indicios suficientes que persuadan al observador objetivo de que el migrante no va a comparecer al procedimiento administrativo migratorio o va evadir que se lleve a cabo su deportación". Por su parte, la Corte IDH ha indicado que al momento de determinar la detención, las autoridades competentes deben exponer cuál era el fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad de dicha medida, toda vez que el mero listado de todas las normas que podrían ser aplicables no satisface el requisito de motivación suficiente que permita evaluar si la medida resulta compatible con la CADH. Por otra parte, la CIDH ha señalado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso. En ese sentido, la CIDH considera que un balance adecuado entre los objetivos legítimos de los Estados en el control migratorio, por un lado, y el respeto del derecho a la libertad personal de los migrantes, por el otro, requiere del establecimiento de medidas alternativas a la detención, las cuales representan medios menos invasivos para lograr el mismo fin. El carácter de última ratio, considera la CIDH, atiende a las múltiples afectaciones que genera la privación de la libertad sobre los derechos de las personas, entre ellas, las causadas a la integridad personal y la salud física y psicológica de las y los migrantes detenidos. En esa línea, la CIDH estima que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. El alojamiento puede ser impugnado mediante el juicio de amparo. En tales casos, el órgano jurisdiccional deberá distinguir cuáles son los actos reclamados que derivan de lo expuesto en la demanda. Puede ocurrir que, aunque se destaque como acto reclamado el alojamiento o detención, también se impugne la posible deportación de la persona migrante. De ser así, el análisis respecto de la suspensión del acto y la concesión del amparo es distinto para cada acto reclamado. Debido a esa circunstancia, se precisa que este apartado aborda el tratamiento de la detención, en tanto que la deportación será abordada posteriormente dentro de este Protocolo. En relación con la suspensión de la detención como acto reclamado, la persona juzgadora de amparo, al analizar su procedencia, deberá ponderar la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.524 Con base en ello, determinará si la detención debe continuar o cesar durante la tramitación del juicio de amparo. Si el estudio del caso favorece al buen derecho y no se afecta de manera notable el interés social, la concesión de la suspensión tendría como efecto la libertad de la persona migrante. En dicho supuesto, la persona juzgadora deberá tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.526 En virtud de que la detención busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su ejecución, se podrían decretar medidas alternativas para que, durante la sustanciación del juicio de amparo, se satisfaga esa finalidad sin afectar de manera desmedida la libertad personal. Para la comparecencia periódica de la persona migrante ante la autoridad migratoria, es pertinente resaltar la buena práctica de algunos órganos jurisdiccionales de amparo, que, al conocer de asuntos en los que se impugna la detención migratoria, han optado por medidas alternativas al alojamiento. De acuerdo con el principio de excepcionalidad, se han pronunciado en favor de la procedencia de medidas menos restrictivas de la libertad personal, como el establecimiento de un domicilio dentro de la circunscripción del órgano de amparo donde la persona quejosa pueda ser localizada, la prohibición de ausentarse de dicho lugar y la obligación de presentarse las veces que sea requerido por la autoridad administrativa. Este curso de acción evitaría perjuicios innecesarios en los derechos de la persona migrante y, por otro lado, permitiría la conservación de la materia de estudio del juicio de amparo. Al decidir los efectos de la suspensión, las personas juzgadoras podrían tener en cuenta tales pautas de actuación. Ahora bien, respecto del análisis relativo a la concesión del amparo, las personas juzgadoras deben observar el criterio de excepcionalidad de la detención migratoria, en términos de los estándares antes citados. Ese análisis parte de considerar las múltiples afectaciones que tal medida genera en los derechos de las personas. El alojamiento, en principio, restringe la libertad personal y, en virtud de las condiciones en que se puede presentar la detención, puede vulnerar la salud, integridad personal y trato digno de las personas migrantes. Por ende, quien imparte justicia debe tomar en cuenta las particularidades de la persona sometida al alojamiento, así como las circunstancias en que se impone la medida restrictiva de libertad. Esto último deriva de la obligación de garantizar un trato digno, el cual implica que las autoridades traten a las personas de manera que se respete su valor intrínseco como seres humanos y se garantice la satisfacción de sus necesidades básicas. Si se determina que la privación de la libertad no está justificada, lo procedente sería decretar una medida alternativa al alojamiento. Para ello, se deberá observar el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual dispone que en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. Asimismo, la persona juzgadora, al evaluar la procedencia de una medida alternativa, puede atender al artículo 101 de la Ley de Migración, el cual dispone que el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o a una persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos; caso en que la persona extranjera deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. Cabe señalar que esta alternativa a la detención ha sido calificada por algunas entidades como "impracticable" o "inviable", al señalar que tiene condicionantes o requisitos difíciles de cumplir. Al respecto, se ha dicho que resulta restrictivo condicionar el otorgamiento de la custodia a los elementos establecidos en el Reglamento de la Ley de Migración; que deviene complicado que una organización de la sociedad civil haga el pago de una garantía, y que se restringe la posibilidad de que las instituciones hagan la solicitud respectiva, ya que si una persona incumple con las obligaciones de la custodia, la entidad solicitante será inelegible para instar la petición en cuanto a una diversa persona. Tales circunstancias no deben ser impedimento para observar el criterio de excepcionalidad de la detención migratoria, puesto que, como se desprende de los criterios interpretativos de la SCJN y la Corte IDH, la libertad personal no puede ser restringida de manera injustificada. Así, quienes imparten justicia podrían considerar que, en términos del artículo 1o. constitucional, la función jurisdiccional exige adoptar la interpretación normativa que mejor proteja o menos restrinja los derechos de las personas. Además, el principio de igualdad sustantiva hace necesario que, en los casos que intervienen personas en situación de vulnerabilidad, las autoridades tomen en cuenta sus particulares posiciones de desventaja y, para remediarlas, adopten medidas positivas que les permitan gozar de los derechos en las mismas condiciones que quienes no se ven afectadas por esas circunstancias c. Duración La medida de alojamiento inicia cuando la persona es presentada ante el Instituto. El procedimiento administrativo se puede seguir con la finalidad de lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como consecuencia la deportación. En ambos supuestos, la persona migrante permanece alojada en una estancia provisional o estación migratoria en tanto se dicta la determinación respectiva. Como regla general, el artículo 111 de la Ley de Migración estipula que el Instituto tiene quince días hábiles, contados, a partir de la presentación, para resolver la situación migratoria de las personas migrantes detenidas en las estaciones migratorias. No obstante, el propio precepto prevé que el alojamiento puede exceder dicho plazo cuando: i. No exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; ii. Los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; iii. Exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; iv. Exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y v. Se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los primeros cuatro supuestos, la ley dispone que el alojamiento se podrá extender hasta sesenta días hábiles. En el caso de la fracción V, la ley no indica cuál es plazo máximo de la detención. Tal indefinición normativa ha dado lugar a casos en los que las personas permanecen detenidas en estaciones migratorias durante meses. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha señalado que la detención migratoria puede devenir en arbitraria cuando: i) la ley no establezca un plazo máximo de duración, o ii) cuando tiene una duración excesiva. Además dicho órgano ha estimado que, una vez transcurrido el periodo máximo de detención, la persona debe ser puesta automáticamente en libertad. d. Condiciones de la detención Como se dijo previamente, la migración hacia México ha aumentado en los últimos años, sea en su carácter de país de tránsito o destino. Ello ha originado una mayor ocupación de las estaciones migratorias y estancias provisionales, al ser los lugares destinados a alojar a las personas en situación irregular. De las visitas realizadas por diversos organismos, se ha constatado que las condiciones materiales de dichos lugares y la calidad de los servicios presentan algunas deficiencias, como las siguientes: a. Regularización de la situación migratoria Una vez iniciado el procedimiento administrativo, la persona extranjera tiene la posibilidad de solicitar la regularización de su situación migratoria. Los supuestos en que procede la regularización se pueden clasificar de la siguiente manera: i. Por razones humanitarias. ii. Por vínculo familiar iii. Por tener documento vencido o realizar actividades no autorizadas. iv. Por haber alcanzado el plazo máximo de alojamiento en estación migratoria. La autoridad encargada de resolver la solicitud de regularización es el Instituto. Para que ésta sea procedente, uno de los requisitos es que la persona extranjera cumpla con las exigencias previstas para la condición de estancia que desea adquirir. En relación con los supuestos de regularización, merecen un especial comentario los principios y derechos que se deben considerar al decidir sobre la procedencia de la solicitud, así como los casos de personas migrantes que son víctimas o testigos de delitos, que es uno de los supuestos en que se puede solicitar dicha regularización  Preservación de la unidad familiar La Ley de Migración reconoce la preservación de la unidad familiar como "criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México". Muestra de ello es que varias de las causas que permiten la regularización se basan en el vínculo familiar que existe entre una persona mexicana o residente en el país y aquella que busca ser regularizada. En términos del artículo 4 constitucional, el Estado tiene el deber constitucional de proteger a la familia, cualquiera que sea su composición.588 Nuestra Constitución reconoce la importancia de la familia como un grupo social basado en lazos estrechos de convivencia, apoyo y solidaridad. Ello es especialmente relevante en los casos que estén involucrados niños, niñas y adolescentes, debido a la trascendencia de la relación entre ellos y ellas y sus progenitores o las personas que se encargan de su cuidado. Como lo ha señalado la Corte IDH, el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia, por lo que el Estado debe garantizar la protección del individuo frente a la acción arbitraria de las autoridades públicas, siendo una de las interferencias más graves la que tiene por resultado la división de una familia. De este modo, es recomendable que quienes imparten justicia consideren que la regularización de la situación migratoria puede fungir como un medio adecuado para lograr el mantenimiento de las relaciones familiares. Esto implica, a su vez, que la determinación que tenga como efecto la ruptura del núcleo familiar sea analizada con especial cuidado en virtud de sus consecuencias negativas para la familia, en su conjunto, y para los derechos y desarrollo de la infancia y adolescencia, en lo particular. 5. Niños, niñas y adolescentes en contexto de migración internacional Los niños, niñas y adolescentes (NNA) necesitan una especial protección del Estado. Así lo dispone el artículo 3o. constitucional y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Por ende, los asuntos que involucren a la niñez y adolescencia migrante deben ser analizados con base en estándares jurídicos que toman en cuenta las circunstancias que afectan de manera particular a las personas menores de edad. A continuación, se describe el contexto fáctico y normativo de los asuntos que involucran a NNA migrantes y, luego, cuáles son los criterios jurídicos que se recomienda considerar a las personas juzgadoras cuando conozcan de casos que involucren a dicho grupo poblacional. (.) b. Estándares jurídicos para analizar los casos en los que estén involucrados NNA migrantes. Dentro del procedimiento administrativo migratorio, las autoridades migratorias deben aplicar preceptos normativos que buscan garantizar el interés superior de la niñez. Esa obligación, a su vez, da lugar a que las personas juzgadoras que conocen de asuntos que involucran a NNA migrantes presenten atención especial a la manera en que la autoridad migratoria ejerce sus facultades. Dentro del procedimiento administrativo, se hará referencia a las siguientes temáticas concretas: i) canalización y representación; ii) prohibición de alojamiento, y iii) plan de restitución de derechos. Canalización y representación La persona juzgadora deberá considerar que, al ejercer las facultades de control y verificación migratoria, la autoridad migratoria tiene la obligación de emitir un acta de canalización en la que se haga constar: a) la notificación inmediata a la Procuraduría de Protección, para su intervención en términos de la LGDNNA, y b) la canalización de los menores de edad en contexto de migración y, en su caso, de sus familiares, al Sistema Nacional y los Sistema Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Lo mismo debe realizar el Instituto cuando un niño, niña o adolescente sea puesto a su disposición por circunstancias distintas a las de una revisión o verificación migratoria. (.) Durante la sustanciación del procedimiento administrativo migratorio, la Procuraduría de Protección tiene la obligación de brindar representación jurídica y ejercer la representación en suplencia de la niñez migrante que así lo requiera. Prohibición de alojamiento Las personas juzgadoras deben partir de que la legislación nacional y los estándares universales e interamericanos prohíben la detención de niñas, niños y adolescentes por motivos estrictamente migratorios. La Ley de Migración dispone que en ningún caso, el Instituto presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones migratorias ni en lugares habilitados para ello". Además, cuando las personas adultas se encuentren al cuidado de menores de edad, debe evitarse la detención del grupo en su conjunto atendiendo al principio de unidad familiar y al interés superior de niñas, niños y adolescentes. El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en conjunto con el Comité de los Derechos de los Niños han establecido estándares relevantes sobre el tema. En principio, han sostenido que "[t]odo niño, en todo momento, tiene un derecho fundamental a la libertad y a no ser detenido como inmigrante". Asimismo, han afirmado que la detención de cualquier niño por la situación de residencia de sus padres constituye una violación de los derechos del niño y una contravención de su interés superior. Además, se ha enfatizado el daño inherente a cualquier privación de libertad y en la repercusión negativa que la detención como inmigrante puede tener en la salud física y mental de los niños y en su desarrollo, aunque estén detenidos por un breve periodo de tiempo o junto con sus familias. Por ende, dichos órganos han señalado que la detención de cualquier tipo de niño como inmigrante debería estar prohibida por la ley y esta prohibición debería aplicarse plenamente en la práctica. Al respecto, han precisado lo siguiente: El artículo 37 b) de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el principio general de que un niño podrá ser privado de libertad tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda. Sin embargo, las infracciones relativas a la entrada o estancia irregulares no pueden tener en ninguna circunstancia consecuencias similares a las que se derivan de la comisión de un delito. Por consiguiente, la posibilidad de detener a niños como medida de último recurso, que puede aplicarse en otros contextos como la justicia penal de menores, no es aplicable en los procedimientos relativos a la inmigración, ya que estaría en contradicción con el principio del interés superior del niño y el derecho al desarrollo. Por ende, es muy relevante que las personas juzgadoras consideren que existe una clara prohibición de detención migratoria para las personas menores de edad. Plan de restitución de derechos Dentro del procedimiento administrativo, quienes imparten justicia deben tomar en consideración que, una vez que el Instituto emite el acta de canalización en la que hace constar la notificación inmediata a la Procuraduría de Protección, esta última presenta al Instituto el plan de restitución de derechos, el cual busca garantizar el interés superior de los NNA. La determinación que emita el Instituto dentro del procedimiento deberá atender al plan de restitución de derechos de la Procuraduría de Protección. Para la elaboración de dicho plan se requiere la intervención de un grupo multidisciplinario compuesto por especialistas en psicología, trabajo social, medicina y derecho. El grupo multidisciplinario realizará entrevistas, revisiones y observaciones para identificar los derechos de los NNA que podrían ser vulnerados. Con base en los insumos recabados, se elabora el plan de restitución de derechos. En caso de que se hayan detectado violaciones o restricciones a los derechos humanos de los NNA, el plan de restitución identificará las medidas de protección que deben implementarse y las instituciones públicas o privadas encargadas de su ejecución, a quienes en un término no mayor de 48 horas se les notificará para su cumplimiento. El plan de restitución de derechos puede recomendar la regularización de las niñas, niños y adolescentes, o bien, el retorno asistido a su país de origen. En caso del retorno asistido de menores de edad no acompañados, corresponde al Sistema DIF garantizar el regreso de los NNA con sus familiares adultos en su país de origen. El retorno asistido debe realizarse con el acompañamiento del personal especializado. Por último, en los supuestos que se trate de niñez o adolescencia acompañada se debe privilegiar la unidad familiar, procurando que los integrantes de la misma familia viajen juntos. La Procuraduría de Protección dará seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección dictadas dentro del plan de restitución de derechos. De advertirse incumplimiento en su ejecución, la Procuraduría solicitará un informe por escrito a las instituciones involucradas. Recibida la información, la Procuraduría valorará las causas de incumplimiento y, si la omisión de las instituciones no está justificada, dará vista a la autoridad competente, para que, de ser el caso, emita la sanción correspondiente. Si la omisión es de una autoridad dará vista al Ministerio Público competente." Las reglas del Protocolo reproducidas con antelación revelan que, como parte de la actuación para quienes imparten justicia, en que se encuentren involucrados los derechos de niños, niñas o adolescentes migrantes en detención, se debe priorizar el respeto al principio del interés superior del menor, así como al de unidad familiar -para quienes se encuentren acompañados por familiares-y el de separación -para quienes no se encuentren acompañados por familiares-, relativos a la preservación de la unidad familiar como "criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México"; en el supuesto de ser canalizados a la Procuraduría de Protección, esta debe brindar representación jurídica y ejercer la representación en suplencia de la niñez migrante que así lo requiera, así como la elaboración del Plan de restitución de derechos y dictar las medidas de protección necesarias y dar seguimiento a las mismas. En ese sentido, se debe analizar el asunto de que se trata, bajo la óptica encaminada a la búsqueda y aplicación de medidas alternativas a la detención -resguardo en el Centro de Atención al Menor Fronterizo, de esta localidad - al tratarse de una medida que constituye, per se, una privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento o alojamiento) puesto que como lo establece el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ningún caso, el Instituto presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones migratorias ni en lugares habilitados para ello". Además, cuando las personas adultas se encuentren al cuidado de menores de edad, debe evitarse la detención del grupo en su conjunto atendiendo al principio de unidad familiar y al interés superior de niñas, niños y adolescentes. Es necesario establecer que el referido protocolo no es fundamento legal para el dictado de resoluciones, como lo señala la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2006882, de rubro: "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN"; sin embargo, aunque dicho protocolo no sea vinculante, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, ya que se adecua a los criterios nacionales e internacionales, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, de forma tal que establece prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Ahora, los artículos 66, 107, 109 y 112 de la Ley Migratoria, establecen lo siguiente: "Artículo 66. La situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como en la presente Ley. El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con independencia de su situación migratoria. Artículo 107. Las estaciones migratorias, deberán cumplir al menos los siguientes requisitos: Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos al día. El Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Las personas con necesidades especiales de nutrición como niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas o lactando, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada en tanto se define su situación migratoria. Asimismo, cuando así lo requiera el tratamiento médico que se haya; prescrito al alojado, se autorizarán dietas especiales de alimentación. De igual manera se procederá con las personas que por cuestiones religiosas así lo soliciten; Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del extranjero, a hombres y mujeres, manteniendo a los niños preferentemente junto con su madre, padre o acompañante, excepto en los casos en que así convenga al interés superior del niño, niña o adolescente; Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar; Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado; Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento; Contar con espacios de recreación deportiva y cultural; Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado, y Las demás que establezca el Reglamento. El Instituto facilitará la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, y el acceso de organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables." Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; (.) Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. (.) Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; Acceder a comunicación telefónica; A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria; Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente; Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas separadas para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada, y Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría. Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente: El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país. Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables (sic), dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos. Se le informará a la niña, niño y adolescente del motivo de su presentación, de sus derechos dentro del procedimiento migratorio, de los servicios a que tiene acceso y se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular; Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, la ubicación de las instalaciones del Sistema Nacional o Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia o estación migratoria a la cual se le canalizó y las condiciones en las que se encuentre, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular; Personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, entrevistará al niño, niña o adolescente con el objeto de conocer su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá estar presente en estas entrevistas, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al representante legal o persona de confianza del niño, niña o adolescente; En coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente o de la institución de asistencia del niño, niña o adolescente del país de que se trate se procederá a la búsqueda de sus familiares adultos, salvo a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular. En el caso de que el niño, niña o adolescente se ubique en los supuestos establecidos en los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, tendrá derecho a la regularización de su situación migratoria, y Una vez resuelta la situación migratoria del niño, niña o adolescente y en caso de resolverse la conveniencia de su retorno asistido se notificará de esta situación al consulado correspondiente, con tiempo suficiente para la recepción del niño, niña o adolescente en su país de nacionalidad o residencia. El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país de nacionalidad o residencia se realizará atendiendo al interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la autoridad competente del país de nacionalidad o residencia. Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras". Por su parte la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes, en el capítulo Décimo Noveno, establece lo siguiente: Artículo 89. El presente Capítulo se refiere a las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria. En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de la niña, niño o adolescente, el Sistema Nacional DIF o sistema de las entidades, según corresponda, deberá brindar la protección que prevé esta Ley y demás disposiciones aplicables. El principio del interés superior de la niñez será una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y adolescentes migrantes, en el que se estimarán las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada caso. Artículo 90. Las autoridades competentes deberán observar los procedimientos de atención y protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, previstos en la Ley de Migración, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, debiendo observar en todo momento el principio del interés superior de la niñez y los estándares internacionales en la materia. Artículo 91. Las autoridades competentes, una vez en contacto con la niña, niño o adolescente deberán de adoptar las medidas correspondientes para la protección de sus derechos. En consecuencia, darán una solución que resuelva todas sus necesidades de protección, teniendo en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación familiar, excepto que sea contrario a su interés superior o voluntad. Artículo 92. Las garantías de debido proceso que se deberán aplicar en los procesos migratorios que involucran a niñas, niños y adolescentes son las siguientes: I. El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio; II. El derecho a ser informado de sus derechos; III. El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario especializado; IV. El derecho de la niña, niño y adolescente a ser escuchado y a participar en las diferentes etapas procesales; V. El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete; VI. El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular; VII. El derecho a ser asistido por un abogado y a comunicarse libremente con él; VIII. El derecho, en su caso, a la representación en suplencia; IX. El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, niño y adolescente y esté debidamente fundamentada; X. El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente, y XI. El derecho a conocer la duración del procedimiento que se llevará a cabo, mismo que deberá seguir el principio de celeridad. Artículo 93. Durante el proceso administrativo migratorio podrá prevalecer la unidad familiar o en su caso la reunificación familiar en términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, siempre y cuando ésta no sea contraria al interés superior de la niñez. Para resolver sobre la reunificación familiar se deberá tomar en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes migrantes, así como todos los elementos que resulten necesarios para tal efecto. Artículo 94. Para garantizar la protección integral de los derechos, los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF, habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes. Asimismo, acordarán los estándares mínimos para que los espacios de alojamiento o albergues brinden la atención adecuada a niñas, niños y adolescentes migrantes. Artículo 95. Los espacios de alojamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes, respetarán el principio de separación y el derecho a la unidad familiar, de modo tal que si se trata de niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados, deberán alojarse en sitios distintos al que corresponde a las personas adultas. Tratándose de niñas, niños o adolescentes acompañados, podrán alojarse con sus familiares, salvo que lo más conveniente sea la separación de éstos en aplicación del principio del interés superior de la niñez. Artículo 96. Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 97. Cualquier decisión sobre la devolución de una niña, niño o adolescente al país de origen o a un tercer país seguro, sólo podrá basarse en los requerimientos de su interés superior. Artículo 98. En caso de que los Sistemas DIF identifiquen, mediante una evaluación inicial, a niñas, niños o adolescentes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración, quien en colaboración con la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, adoptarán medidas de protección especial. El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las instituciones competentes, deberán identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional, ya sea como refugiado o de algún otro tipo, a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de protección especial. Artículo 99. El Sistema Nacional DIF deberá diseñar y administrar las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, incluyendo, entre otros aspectos, las causas de su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de riesgo en origen y tránsito, información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica, entre otros, y compartirlo con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo a lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en materia de transparencia. Los Sistemas de las Entidades enviarán al Sistema Nacional DIF la información en el momento en que se genere a fin de que se incorpore en las bases de datos a que se refiere el párrafo anterior. El Instituto Nacional de Migración y en su caso la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, deberán proporcionar la información y colaborar con el Sistema Nacional DIF para los efectos de este artículo. Artículo 100. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con el Sistema Nacional DIF, deberá resguardar las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes, incluyendo entre otros aspectos, las causas de su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de riesgo en origen y tránsito, información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica. Para garantizar de forma prioritaria la asistencia social y protección consular de niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentran en el extranjero en proceso de repatriación, corresponderá a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares, coordinarse con el Instituto Nacional de Migración y con los Sistemas DIF correspondientes. Artículo 101. En ningún caso una situación migratoria irregular de niña, niño o adolescente, preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse en condición migratoria irregular." De los preceptos transcritos, se advierte la obligación a cargo del Estado Mexicano de respetar y garantizar los derechos en favor de los migrantes, y de manera especial, de los menores de edad, así como las condiciones mínimas que deben satisfacer las estaciones migratorias y los lugares en que sean alojados. Contempla que se deben tomar las medidas que aseguren su integridad física, que se mantenga a los niños preferentemente junto con su madre, padre o acompañante, excepto en los casos que así convenga atendiendo al interés superior del menor. Esto es, las disposiciones antes referidas dan cuenta que el Estado mexicano, a través de sus leyes migratorias, ha reconocido la especial importancia del principio de preservación de la unidad familiar y lo ha impuesto como guía concreta de actuación de la autoridad en diversos escenarios o momentos del procedimiento administrativo. La ley obliga a las autoridades a proteger a la familia de cualquier actuación arbitraria y a favorecer el mantenimiento de los lazos afectivos y de solidaridad que la caracterizan. Ello, bajo la premisa de que la protección del Estado incluye a cualquier tipo de familia, pues lo que interesa es la cohesión y conservación de ese grupo como realidad social, el cual es fundamental en la vida y desarrollo de las culturas. En esa línea, las personas juzgadoras, al conocer de asuntos que involucren a personas migrantes, están obligadas a analizar si los actos realizados por la autoridad administrativa, o bien, la decisión asumida en sede judicial, tendrían como efecto la separación de un núcleo familiar. De ser así, quienes imparten justicia deben partir del criterio general que recomienda la conservación de la unidad familiar. Ese principio deberá ser aplicado en función del contexto del caso, es decir, del tipo de acto que se somete a revisión judicial (detención migratoria, deportación, regularización, etc.), así como de las características de las personas migrantes involucradas, con especial atención a los casos que pudieran afectar a niñez y adolescencia migrante. Asimismo, prevén el procedimiento en la atención de personas en situación de vulnerabilidad, como son los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, en que se destaca la obligación del Instituto Nacional de Migración de canalizarlos de manera inmediata al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, a fin de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria, dando aviso al consulado de su país. En caso de que los menores no puedan ser canalizados, en los términos apuntados, deberán permanecer en la estación de migración, en donde se les deberá asignar un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos, aunado a que dichas estaciones deben contar con áreas separadas para niñas, niños y adolescentes migrantes, en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada. De lo anterior, se dará aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la Entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de esas prerrogativas. Finalmente, se debe informar a la niña, niño y adolescente del motivo de su presentación, de sus derechos dentro del procedimiento migratorio, de los servicios a que tienen acceso y se le pondrá en contacto con el consulado de su país. Ahora bien, las autoridades responsables únicamente demostraron en este juicio biinstancial, emitir el oficio 2296/2023, dirigido al representante local de la oficina de representación local del Instituto Nacional de Migración, Estación Migratoria, en esta localidad, mismo que fue recibido el pasado cinco de junio de esta anualidad, informando que dicha dependencia emitió un plan de restitución de derechos en favor de los menores L.F.E.J. y D.D.S.E., para que se regularice su situación migratoria. Asimismo, en el aludido plan se plasmó lo siguiente: "PLAN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS 053/2023 En la heroica Ciudad de matamoros Tamaulipas, a los 26 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, el suscrito Procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes LIC. Carlos Alberto González Treviño, adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que actúa con el equipo multidisciplinario adscritos al Sistema DIF Matamoros, constituidos en el local que ocupa el Sistema DIF Matamoros, situado en calle 4 y Camilo Manzo s/n de la Colonia Lucero, del plano oficial de esta ciudad, y tal como lo establece el artículo 86 fracción IV el cual a la letra dice: ". Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección deberá: IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas para su protección", por lo anterior se proceder a otorgar PLAN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS a favor de los menores L.F.E.J. de 17 años de edad, quien viene acompañada de su menor hijo D.D.S.E, de un año de edad, ambos de nacionalidad Colombiana, mismos que ingresaron al Centro de Atención al Menor Fronterizo (CAMEF) adscrito a este Sistema DIF Matamoros en fecha 18 de mayo de 2023, atendiendo a la notificación recibida en esta procuraduría, por parte del centro Integrador para el Migrante (CIM) de Matamoros, Tamaulipas, mediante oficio número 019/2023, signado por el Lic. Enrique Flores Rodríguez, Coordinador del Centro Integrador para el Migrante (CIM) valentina Ramírez Ativia, en Matamoros, Tamaulipas. Ahora bien, una vez recibida la puesta a disposición de la menor antes mencionada por parte del Centro Integrador para el Migrante (CIM), esta procuraduría ha desahogado las diligencias necesarias para conocer la situación de vulnerabilidad de los menores, las cuales se describen a continuación: En fecha 13 de mayo del 2023, se realizó entrevista por parte del departamento de Trabajo Social a la adolescente L.F.E.J. de 17 años de edad, de nacionalidad colombiana. En fecha 15 de mayo del 2023, se realizó valoración psicológica a la adolescente L.F.E.J. de 17 años de edad, de nacionalidad colombiana. En fecha 15 de mayo del 2023, se realizó entrevista por comparecencia por parte de esta Procuraduría de protección de Niñas, Niños y Adolescentes a la adolescente L.F.E.J. de 17 años de edad, de nacionalidad colombiana. Firma ilegible Lic Carlos Alberto González Treviño Procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Firma ilegible Firma ilegible Lic Abrahana Ma. Dolores DRA. Celia Ruiz Trujillo Robles López Trabajador social efa (sic) departamento salud Firma ilegible Lic Manases López López Psicologo" De lo anteriormente transcrito, se observa que la autoridad en comentó no realizó ninguna propuesta en el aludido plan de restitución de derechos; asimismo no dictó medidas de protección para salvaguardar los derechos de los menores a fin de garantizar de manera plena la salvaguarda de los derechos de los quejosos directos L.F.E.J. y D.D.S.E, que por su calidad de extranjeros y por sus edades, merecen una protección especial, por el grado de vulnerabilidad en que se encuentran; lo anterior dado que en el plan de restitución de derechos se debe recomendar la regularización de L.F.E.J. y D.D.S.E, o bien, el retorno asistido a su país de origen. En caso del retorno asistido de menores de edad no acompañados, corresponde al Sistema DIF garantizar el regreso de los NNA con sus familiares adultos en su país de origen. Incluso se advierte que en dicho plan la autoridad en comento indicó que también se debería indicar las propuestas de medidas para su protección, sin que así lo hubiera hecho. Asimismo, se observa que las autoridades responsable no se guiaron por el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que se establece la Prohibición de alojamiento de los menores; en efecto, se estableció que desde el trece de mayo fueron alojados L.F.E.J. y D.D.S.E., en el Centro de Atención al Menor Fronterizo del Sistema DIF Matamoros, en esta localidad, y hasta el veintiséis de julio del año en curso, derivado del cumplimiento a la suspensión de plano por parte de este órgano de control constitucional, se ordenó levantar el resguardo de L.F.E.J. y D.D.S.E. Cabe destacar que bajo protesta de decir verdad se indicó en el escrito inicial de demanda de amparo indirecto, que los menores en comento, se encontraban en el Centro Integrador para Migrantes de esta localidad, con los promoventes del amparo, así como con el padre de dicho menor; sin embargo, en dicho lugar se les informó que los menores serían puestos a disposición del SISTEMA DIF, por conducto del Procurador, esto es, las autoridades responsables no velaron por la preservación de la unidad familiar como "criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México. Además, no existe dato por el que se le haya informado su derecho a continuar con el procedimiento administrativo migratorio, fuera del lugar en los que fueron alojados (Centro de Atención al Menor Fronterizo del Sistema DIF, de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas), lo cual se traduce en una violación manifiesta a los derechos fundamentales de audiencia y legalidad contemplados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. En ese sentido, la autoridad responsable debe reiterar que los quejosos L.F.E.J. y D.D.S.E, no serán resguardados en el Centro de Atención al Menor Fronterizo de esta localidad, dado que se debe preservar la unidad familiar; asimismo, emitir el plan de restitución de derechos a fin de recomendar la regularización de las niñas, niños y adolescentes, en el cual debe establecer medidas de protección a fin de salvaguardar a los menores de edad; a su vez, dar seguimiento al cumplimiento de éstas últimas y de advertirse incumplimiento en su ejecución, solicitar un informe por escrito a las instituciones involucradas, y una vez recibida la información, la Procuraduría deberá valorar las causas de incumplimiento y, si la omisión de las instituciones no está justificada, dar vista a la autoridad competente, para que, de ser el caso, emita la sanción correspondiente, en el entendido de que si la omisión es de una autoridad ordenara dar vista al Ministerio Público competente. De igual manera, debe dar seguimiento a su oficio 2296/2023, dirigido al representante local de la oficina de representación local del Instituto Nacional de Migración, Estación Migratoria, en esta localidad mismo que fue recibido el pasado cinco de junio de esta anualidad, a fin de que se regularice la situación migratoria de los menores L.F.E.J. y D.D.S.E. En las relatadas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados y con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión de la protección constitucional son para que la autoridad responsable Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema DIF en esta ciudad, realice lo siguiente: Reiterar que los quejosos L.F.E.J. y D.D.S.E, no serán resguardados en el Centro de Atención al Menor Fronterizo de esta localidad, dado que se debe preservar la unidad familiar; asimismo, emitir el plan de restitución de derechos a fin de recomendar la regularización de las niñas, niños y adolescentes, en el cual debe establecer medidas de protección a fin de salvaguardar a los menores de edad; a su vez, dar seguimiento al cumplimiento de éstas últimas y de advertirse incumplimiento en su ejecución, solicitar un informe por escrito a las instituciones involucradas, y una vez recibida la información, la Procuraduría deberá valorar las causas de incumplimiento y, si la omisión de las instituciones no está justificada, dar vista a la autoridad competente, para que, de ser el caso, emita la sanción correspondiente, en el entendido de que si la omisión es de una autoridad ordenara dar vista al Ministerio Público competente. De igual manera, debe dar seguimiento a su oficio 2296/2023, dirigido al representante local de la oficina de representación local del Instituto Nacional de Migración, Estación Migratoria, en esta localidad mismo que fue recibido el pasado cinco de junio de esta anualidad, a fin de que se regularice la situación migratoria de los menores L.F.E.J. y D.D.S.E. Asimismo, tampoco se soslaya que actualmente los quejosos directos L.F.E.J. y D.D.S.E, se encuentran en libertad, esto es, fuera del Centro de Atención al Menor Fronterizo del Sistema DIF Matamoros, en esta localidad; sin embargo, ello obedece a la concesión de la suspensión de plano otorgada por este órgano de control constitucional y no con motivo de una determinación de la autoridad responsable. Por otra parte, debe destacarse que el orden en que fueron analizados los conceptos de violación del peticionario, no le causa agravio alguno, ya que el numeral 79 de la Ley de Amparo, no impone la obligación al juzgador de seguir el orden propuesto por el quejoso, sino que la única condición que establece es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo que en la especie aconteció. Apoya esta consideración, la jurisprudencia VI.2o.C.J/304 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, perceptible con el símbolo de búsqueda 167961 y que consta publicada en la foja 1677, del tomo XXIX, febrero de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO: El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 107 fracción II, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 a 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sandra María Parra Rodríguez y Wilfredo Ramón Smith Contreras, en su carácter de tutores y en representación de las menores L.F.E.J. y D.D.S.E, contra el acto reclamado en el inciso d) del considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sandra María Parra Rodríguez y Wilfredo Ramón Smith Contreras, en su carácter de tutores y en representación de las menores L.F.E.J. y D.D.S.E, contra los actos precisados en los incisos a), b) y c) del considerando segundo, por los motivos y efectos plasmados en el último considerando de este fallo constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para esta fecha; pero, en atención a que no han transcurrido los ocho días hábiles y continuos para que la partes estén en aptitud de imponerse del informe justificado acordado en proveído de once de los corrientes, y así, ofrecer los medios de convicción que crea convenientes, tal y como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo; consecuentemente, para no ir en contra del principio de celeridad procesal y de la finalidad de preservar el equilibrio entre las partes, se estima que no se está en condiciones de celebrarla. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la misma, fijándose para su desahogo las once horas con trece minutos del seis de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

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