Luisa Evangelina Zamora Torres

Expediente 41/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
41/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Luisa Evangelina Zamora Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio de cuenta 1023 que remite la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado por ministerio de ley, por virtud del cual acusa recibo del oficio 6239/2021, en el que se le notificó el auto de dos de marzo del año en curso, mediante el cual causó estado el acuerdo el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente expediente; y, se le devolvió el original del toca 186-2019 y copia certificada del expedientillo 20-20, asimismo, se le remitió copia autorizada del mencionado proveído de desechamiento. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, toda vez que no existe promoción pendiente de acuerdo, ni diligencia que desahogar, como se encuentra ordenado en auto de dos de marzo del presente año, envíese el presente expediente al archivo.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  3. Principal

    Medidas preventivas adoptadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el párrafo anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. En la circular SECNO/8/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno, se estableció que, debido a la modificación en la situación por los contagios por Covid-19, los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra San Luis Potosí. En circular SECNO/9/2021, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal amplió dicha suspensión del diez al quince de febrero de este año en trece entidades federativas con semáforo rojo, entre ellas, San Luis Potosí. En circular SECNO/10/2021, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo relativo a la Propuesta de medidas de deben adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19, en la que en relación a San Luis Potosí, se estableció que el dieciséis y diecisiete de febrero de este año son inhábiles laborables y a partir del dieciocho de dicho mes y año se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en el Acuerdo General 21/2020 -reactivación. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Regularización del procedimiento. Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Audiencia constitucional. Como se encuentra ordenado en proveído de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se informa a las parte que están señaladas las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, en aras del principio de justicia pronta y expedita, garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que el presente proveído, les sea notificado a las partes por lista de acuerdos. Agréguese el oficio que vía correo electrónico remite el Encargado de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en San Luis Potosí de la Fiscalía General de la República Delegación Estatal de esta ciudad, mediante el cual informa que el perito ************* dejó de pertenecer a la plantilla de su adscripción, motivo por el cual se encuentra impedido técnica y materialmente para dar cumplimiento al cargo que le fue conferido en el presente juicio de amparo 1014/2019-V. Por lo antes expuesto, en términos de lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que reciba la comunicación respectiva, que se le conceden con fundamento en el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en auxilio de las labores de la Justicia Federal, se sirva proporcionar el nombre y domicilio de un perito en materia de topografía, para que funja como experto de este juzgado.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 710-B, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la resolución dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el amparo directo civil 388/2020 de su índice, de la que se advierte que ese Tribunal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Luisa Evangelina Zamora Torres, así como el oficio 3767 signado por la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado por ministerio de ley, escrito original de demanda de amparo, el original del toca 186-2019 y copia certificada del expedientillo 20-20 formado con motivo del juicio de amparo directo que promovió la parte quejosa, el que contiene el emplazamiento del tercero interesado Cuauhtémoc Oros Ovalle. Debido a la voluminosidad del anexo que acompaña la citada autoridad responsable, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo, debidamente identificado como tomo I de pruebas -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Se avoca al conocimiento. En virtud de la incompetencia legal del citado Tribunal Colegiado, con fundamento en los artículos 35, 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Luisa Evangelina Zamora Torres, contra actos del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 41/2021-IV. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Del estudio integral que se efectúa a la demanda y de los anexos que se remitieron al oficio de cuenta, se colige, que la quejosa reclama, la sentencia dictada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el veinticinco de junio de dos mil veinte, dentro del toca 186-2019, relativo al recurso de queja promovido contra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, emitido por la Jueza Tercero de lo Familiar de esta ciudad, en el juicio de divorcio incausado 1423/2018, por medio del cual desechó el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de primero de octubre de dos mil diecinueve. se tiene a la demandada por contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas que hace valer, de igual forma se le tiene formulando su contrapropuesta de convenio, misma que será tomada en consideración en el momento oportuno, así como ofrezca pruebas de su parte. De igual forma se le tiene por señalando su domicilio para oír recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en Sierra León número 427, Lomas Cuarta Sección en esta Ciudad, autorizando para que las reciba en su nombre y representación en términos de lo dispuesto por el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, a los licenciados Héctor Eduardo Aladasoro Serrano y Tania Patricia Barrios Hernández, en términos del párrafo primero de artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles, autorización que surtirá sus efectos una vez que dichos profesionista comparezcan en este Juzgado, por escrito a, aceptar el cargo conferido, dentro del término de tres días, apercibidos que de no hacerlo, únicamente se les tendrá por autorizados con facultades contenidas en el penúltimo párrafo del numeral en comento. Por otro lado, se fijan las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 16 de octubre de 2019 dos mil diecinueve para que tenga verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 561 quinque del Código de Procedimientos Civiles Reformado, a fin de que las partes lleguen a algún arreglo sobre los puntos controvertidos, a la cual se cita a las partes del presente procedimiento para que se presenten el día y hora antes señalada con identificación idónea que acredite su identidad al momento de la diligencia, audiencia que tendrá efectos de citación para resolver, por lo que se llevara a cabo con o sin la asistencia de las partes hecho que fuere túrnese al área de proyecto para su estudio. En el entendido de que es un hecho notorio que, en diverso juicio, radicado en este juzgado bajo el número 1502/2018, relativo a la Controversia Familiar por Alimentos y Custodia, promovido por Luisa Evangelina Zamora Torres, en contra de Cuauhtémoc Oros Ovalle, se substanciara la situación de los menores *** y *** de identidad protegida, de la cual únicamente se destacan las siglas de su nombre. (.)" Antecedentes del acto reclamado De los antecedentes del acto reclamado que la parte quejosa precisó en su escrito de demanda, se advierte: 1. Que ante el Juzgado Tercero de lo Familiar de esta ciudad, existe un juicio de divorcio incausado promovido en contra de la quejosa Luisa Evangelina Zamora Torres, al cual le correspondió el expediente 1423/2018. 2. La quejosa fue emplazada al juicio y contestó la demanda, presentando contrapropuesta de convenio. 3. El uno de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda entablada en contra de la quejosa, por opuestas las excepciones y defensa que hizo valer, asimismo formulada la contrapropuesta de convenio que sería tomado en consideración en el momento procesal oportuno, por ofrecida la prueba documental superviniente. 4. Asimismo en dicho proveído se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia prevista en el artículo 561 quinque del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, y el juez de origen indicó que era un hecho notorio que en el juicio 1502/2018 relativo a la controversia familiar por alimentos y custodia, promovido por Luisa Evangelina Zamora Torres, en contra de Cuauhtémoc Oros Ovalle, se substanciará la situación de los menores *** y *** de identidad protegida. 5. Debido a omisiones que refiere incurrió el juez de origen, la quejosa promovió en contra de la anterior determinación recurso de apelación, el cual fue desechado en auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por ser notoriamente frívolo e improcedente. 6. Inconforme con esa determinación, promovió recurso de queja, el cual fue admitido por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quedando registrado bajo el toca 186-2019. 7. El veinticinco de junio de dos mil veinte, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, confirmó la determinación del Juez responsable, al considerar que el criterio asumido por el mismo era el correcto. Determinación que constituye el acto reclamado. Causal de improcedencia. En el presente caso, se estima se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo -éste último interpretado en sentido contrario-. Marco jurídico. Los dispositivos señalados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [..] "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" [.]" De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) , el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. Por su parte, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala del Alto Tribunal en el País reitero que en el supuesto de que se reclame la omisión de acordar promociones dentro de un procedimiento jurisdiccional o de proseguir en tiempo el juicio, aun cuando se alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 constitucionales, resulta improcedente el juicio de derechos fundamentales al tratarse de una violación intraprocesal que no afecta de forma inmediata derechos sustantivos, sino de carácter adjetivo, ya que dicha afectación se produce dentro del procedimiento en que el quejoso es parte. En tal virtud, refirió que el juicio de amparo indirecto contra actos de esa naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, salvo que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Caso concreto La parte quejosa reclama la resolución dictada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el veinticinco de junio de dos mil veinte, dentro del toca 186-2019, relativo al recurso de queja promovido contra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, emitido por la Jueza Tercero de lo Familiar de esta ciudad, en el juicio de divorcio incausado 1423/2018, por medio del cual desechó el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de primero de octubre de dos mil diecinueve, donde la autoridad responsable tuvo por formulando contrapropuesta de convenio que sería tomado en consideración en el momento procesal oportuno, por ofreciendo prueba documental superviniente, señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia prevista en el artículo 561 quinque del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, e indicó que es un hecho notorio que en el juicio 1502/2018 radicado en ese juzgado relativo a la controversia familiar por alimentos y custodia, promovido por Luisa Evangelina Zamora Torres, en contra de Cuauhtémoc Oros Ovalle, se substanciará la situación de los menores *** y *** de identidad protegida. En su escrito de demanda la quejosa señala que al emitir dicho proveído la autoridad omitió pronunciarse sobre la existencia de menores, de la preparación de las pruebas, asimismo que le causa perjuicio en virtud de que solicitó que se resolviera en un solo tanto la disolución del vínculo matrimonial los alimentos para la quejosa y la menor de edad que tiene bajo su custodia provisional. Al respecto, debe decirse que no es procedente el juicio de amparo intentado puesto que en el presente caso nos encontramos ante actos que producen efectos intraprocesales que no menoscaban de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte quejosa. Así es, de conformidad con lo dispuesto en artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías bi-instancial será improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y de existir, tenga el carácter de reparable, lo que ocurre en el caso, ya que si la quejosa obtiene una resolución definitiva favorable a sus intereses, esa violación desaparecería de la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica. Y en caso de que esa resolución no sea favorable a sus intereses, después de que alcance definitividad, puede ser reparada en el amparo directo. Asimismo, porque de acuerdo con el penúltimo párrafo del artículo 561 nonies del Código Civil del Estado de San Luis Potosí, en caso de que una vez emitida la sentencia sobre el divorcio solicitado, existan puntos sobre los que no hubo acuerdo se dejaran a salvo los derechos de las partes que los hagan valer en la vía indicental. Por tanto, la interlocutoria de veinticinco de junio de dos mil veinte, que confirmó el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, emitido por la Jueza Tercero de lo Familiar de esta ciudad, en el juicio de divorcio incausado 1423/2018, no es de aquellos actos que afecten algún derecho sustantivo que corresponda al accionante, protegido por los derechos humanos que otorga la Constitución y los tratados internacionales, ya que las posibles violaciones que en su caso pudieran ocasionarle, son meramente formales, mismas que pueden ser reparadas si obtiene una resolución favorable y, en caso contrario, es decir, de que resultara adversa tal resolución, es hasta el dictado de la misma cuando la parte quejosa, puede promover el medio que corresponda y reclamar la determinación dictada por la autoridad responsable. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia I.7o.C. J/3, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. NP

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