Luisa Eugencia Guzmán Carrasco
Expediente 896/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Luisa Eugencia Guzmán Carrasco
- COLEGIO INGLES QROO, S.C., y Otros.
Actuaciones
- Principal
IV-Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo dictado el dos de octubre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente dice: El artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el órgano jurisdiccional de amparo examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al dispositivo legal transcrito, este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Así, el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación, se analiza la que se actualiza en el caso, esto es, la prevista en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°, fracción I, y 6°, del propio ordenamiento legal en cita. Al respecto, el contenido de dichos artículos a continuación se citan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. Ahora, en el artículo 6° de la Ley de Amparo, prevé que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso, por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de éste del derecho que en su concepto ha sido afectado por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, del análisis de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que no contiene firma autógrafa; y tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 de la citada legislación. En este sentido, si la parte quejosa no plasmó su firma en el escrito inicial de demanda, no puede inferirse que haya expresado su voluntad para promover el presente asunto, ya que la firma representa la manifestación y consentimiento del contenido del documento y hace patente el requisito de instancia de parte, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitucional y 6, de la Ley de Amparo. Al respecto, conviene destacar que de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales4 , las Oficinas de Correspondencia Común son unidades administrativas encargadas de la recepción, registro y turno de los asuntos y promociones de la competencia de los órganos jurisdiccionales, que dependen administrativamente de la Dirección General de Gestión Judicial. En tanto, los buzones judiciales que se instalen en las oficinas de correspondencia común, tendrán como función recibir asuntos nuevos y promociones, y de conformidad con el artículo 52 del citado Acuerdo, es responsabilidad exclusiva del promovente, verificar que los documentos depositados en el buzón judicial estén debidamente firmados, integrados y dirigidos al órgano jurisdiccional que corresponda, ya que es quien incluso deberá generar su propio acuse; así, la función del personal que acuda en apoyo a la Oficina de Correspondencia Común, se limita a la apertura de paquetes depositados para su digitalización y registro. El mencionado artículo 52, prevé lo siguiente: "Artículo 52. Es responsabilidad exclusiva de los usuarios verificar que los asuntos y promociones que depositen en los buzones judiciales estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los tribunales de Circuito o juzgados de Distrito a los que presta servicio la oficina de correspondencia común de que se trate". Es decir, se establece que es responsabilidad exclusiva de los usuarios verificar que los asuntos y promociones que se depositen se encuentren debidamente firmados. Por ende, la demanda de amparo se presentó en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, como se consta en la boleta de recepción y turno relativa, en la que incluso, se destacó como observación que el escrito inicial de demanda, no obra firma del quejoso; entonces, es legal el desechamiento de la demanda de amparo, al ser presentada sin la firma autógrafa, pues de dicho ocurso no se demuestra la autenticidad ni voluntad de la parte interesada. En efecto, la firma constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento se expresan para realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, ya que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. En esas condiciones, la demanda resulta improcedente, ya que como se dijo, tal deficiencia no se puede corregir mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. En ese orden, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda de amparo.
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