Luisa Estela Hernández Pérez
Expediente 930/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/07/2023
Partes del expediente
- Luisa Estela Hernández Pérez
Actuaciones
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- Principal
Toluca, Estado de México; doce de julio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en términos del artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente ordenar el archivo del expediente, como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido (desechamiento) (artículo 20, fracción II, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, serán destruidos. Ahora bien, se ordena la devolución de las documentales que exhibió la autoridad responsable al rendir su informe justificado; solicitando se sirva acusar recibo de su recepción. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al actuario judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA V Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito firmado por Luisa Estela Hernández Pérez, mediante el cual revoca a sus autorizados y el usuario electrónico que tenía designado para oír y recibir notificaciones y autoriza en términos amplios a Gabriel Vivar Cárdenas y Flor de Guadalupe Martínez Gordillo, asimismo designa como domicilio nuevo para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Morelos, número 55, nterior 1, Colonia San Cristobal Centro, Ecatepec de Morelos, Estado de México. AUTORIZADOS. En atención a lo anterior, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gabriel Vivar Cárdenas y Flor de Guadalupe Martínez Gordillo, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se aprecia en la certificación de cuenta. De igual manera, se revoca el domicilio -usuario electrónico- hugoevgjuridico, por lo tanto se comisiona al oficial judicial A de la adscripción, a efecto de que restrinja el acceso de dicho usuario. En cuanto al nuevo domicilio que señala, el mismo no se tiene como tal, puesto que que encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, por ello, en términos de la fracción III del artículo 26 de la ley de la materia, se le tiene a Luisa Estela Hernández Pérez como domicilio procesal las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto señale un domicilio dentro de la localidad donde se ejerce jurisdicción. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA V DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico el escrito de cuenta signado por Luisa Estela Hernández Pérez a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de quince de junio del año en curso. Téngase por desahogada la prevención realizada. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La resolución del toca de apelación 242/2023 del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el que confirmó la determinación en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la hoy quejosa contra la notificación del auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en el que se admitió el incidente de liquidación que planteó Vanessa Heidi Nambo Huerta y se ordenó darle vista a la hoy quejosa dentro del expediente 3043/2021 y su acumulado 3090/2021, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita, resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio que es lo que en realidad pretende controvertir la parte quejosa. DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, es menester precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Precisado lo anterior, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (...) IV. (...) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución". Énfasis propio. De la lectura del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En la inteligencia de que, por última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, señala que es aquélla en que se apruebe o reconozca de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia o laudo o, en su caso, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio biinstancial y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquéllas intermedias que considere le dejaron sin defensa. Ello es así, porque en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o laudo. La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia o laudo, y por tanto no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como regla específica, cuya ratio legis es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; porque de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo a su favor se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Es por ello, que el legislador estableció qué actos dictados en ejecución de la acción deben prosperar si y sólo sí, se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde la parte quejosa ya fue oída y vencida, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Robustece lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el presente caso, de las constancias que remitió Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México al rendir su informe justificado, se advierte que interpuso el incidente de nulidad de actuaciones contra la notificación del auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en el que se admitió el incidente de liquidación que planteó Vanessa Heidi Nambo Huerta y se ordenó darle vista a la hoy quejosa dentro del expediente 3043/2021 y su acumulado 3090/2021, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, mismo que se encuentra en etapa de ejecución. Por tanto, es factible concluir que, en la especie, aún no se ha dictado la última resolución en el procedimiento de ejecución respectivo, en el que la promovente es parte, por lo que el juicio de amparo que insta, sólo será procedente en contra de dicha resolución y no en contra de las determinaciones intermedias que se emiten para hacer cumplir la sentencia emitida en el juicio natural. Al respecto, debe distinguirse entre lo que constituye una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia o laudo" y la diversa, "en ejecución de la misma"; la primera, debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y la que, por su propia naturaleza, ya no requiere de otra determinación legal -por lo que es autónoma-; en cambio, la resolución emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo, como en el caso particular acontece. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado lo que debe entenderse por la expresión "última resolución" en la jurisprudencia por contradicción número P/J 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los autos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la legislación invocada, el que se acude en forma analógica, ante la existencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Tomadas las ideas plasmadas en la jurisprudencia transcrita, puede válidamente concluirse que el acto reclamado en el presente sumario constitucional, se ha dado en la etapa de ejecución, de lo que se desprende que no es impugnable en el amparo indirecto, en virtud de que el mismo no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución; es decir, es un acto propio del procedimiento de ejecución, por tanto, es claro, que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Así que no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, cuando proceda el amparo, en el cual podrá la agraviada impugnar la determinación de mérito, así como todas aquellas violaciones que considere la dejaron sin defensa. En esas condiciones, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, en cuanto al acto combatido, por ser notoriamente improcedente. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
MESA V Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio firmado electrónicamente por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual solicita se acuse de recibido de las constancias que adjunto al oficio 4963/2023 en el que determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda que dio origen al juicio de amparo directo 384/2023 de su índice. Atento a lo anterior, como lo solicita el tribunal oficiante se acusa recibo de la recepción de los documentos consistentes en cinco legajos de copias certificadas derivadas del expediente 3043/2021, así como el toca de apelación 2********************. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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