Luisa Dolores Soberanis Cervantes

Expediente 542/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
542/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Luisa Dolores Soberanis Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Enseguida, se realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo (foja 2 a 17) y el diverso que la aclara (foja 23); el auto admisorio de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (agregado en el expediente electrónico); los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables (fojas 31 a 48); y con el resto de actuaciones de trámite. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el cual se da cuenta al Juez con las documentales exhibidas por la parte quejosa (18 a 21 y sobre en resguardo de la Secretaría). El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las que por su naturaleza se tienen por desahogadas; por tanto, se cierra esta fase procesal. Luego, se abre el periodo de alegatos, y el Secretario hace constar que las partes no los formularon, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado tampoco presentó su alegato ministerial. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes; por lo que se cierra dicha fase. A lo anterior el Juez acuerda: se declara cerrada la audiencia constitucional, sin que exista prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordad, por lo que se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 542/2023-II del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por **********, contra actos del Congreso, del Gobernador y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El tres de febrero de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por ++++++++++++++++, contra actos del Congreso, del Gobernador y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Previo desahogo de la prevención formulada en autos, por providencia de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó su alegato ministerial. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama la aplicación de una norma de carácter general, así como actos de autoridades distintas de las judiciales, cuya ejecución se realizó dentro del ámbito competencial en el que ejerce jurisdicción este juzgado; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracciones I, incisos d) y II, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS a) Congreso de la Estado b) Gobernador del Estado c) Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán Mérida, Yucatán El primer acto de aplicación del Decreto 532/2022, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, aprobado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, y publicado el mismo día, el cual entró en vigor al día siguiente. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados No son ciertos los actos atribuidos al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, pues al rendir su informe justificado así lo señaló (fojas 60 a 81), sin que la parte quejosa desvirtuara con medio de convicción fehaciente tal negativa. En efecto, en el presente asunto, la quejosa Luisa Dolores Soberanis Cervantes tilda de inconstitucional el Decreto 532/2022, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con motivo del que alega como su primer acto de aplicación, esto es, el recibo de nómina relativo a la primera quincena de enero, es decir, del uno al quince de enero de dos mil veintitrés; lo que se corrobora con las manifestaciones que vertió en su demanda y de las que se aprecia que no combate ese acto por vicios propios, sino como consecuencia de la norma impugnada. Empero, no demuestra con documento fehaciente que se le haya aplicado en su perjuicio algún artículo de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. En efecto, la persona quejosa exhibió con su demanda de amparo dos recibos con firma autógrafa, así como copia simple de una credencial para votar y una credencial original de afiliación al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (18 a 21 y sobre en resguardo de la Secretaría); sin embargo, esas documentales resultan insuficientes para demostrar su pretensión. En efecto, conforme lo dispone el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las copias simples carecen de cualquier valor probatorio por la facilidad que tiene su confección, alteración o modificación. En el entendido que los recibos con firma autógrafa, de igual forma se consideran copias simples, pues no se trata de un documento digital que contenga alguna característica que permita atribuirle la calidad de documento original, tales como la cadena original del complemento del certificado digital, sello digital del emisor, así como sello digital del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con lo que disponen los artículos 29 y 29-Bis del Código Fiscal de la Federación, por lo que carecen de valor probatorio, ya que no se puede realizar su autenticación en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria con el código QR (del inglés quick response code o código de respuesta rápida) que en ellas se contiene. Apoya lo anterior la tesis I.11o.C.1 K del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, visible a página 1269, del rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Además, respecto a la credencial antes referida, expedida a nombre de la quejosa por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Yucatán, si bien acredita que se encuentra afiliada a dicha institución gubernamental, lo cierto es que no demuestra la existencia del que señala como el primer acto de aplicación de la norma reclamada. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Sobreseimiento que se hace extensivo a las diversas responsables Congreso y Gobernador del Estado, todos con sede en esta ciudad, a quienes reclama el Decreto que también se impugna, pues al ser improcedente el acto de aplicación, debe seguir la misma suerte la ley en la que se apoyó su emisión, ya por su naturaleza no se puede desvincular su estudio. Además, no puede estimarse que dicha norma se reclama por su sola entrada en vigor, pues ya transcurrió en exceso el plazo de treinta días a que se refiere la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Amparo para reclamarla como norma autoaplicativa, pues entró en vigor el veintidós de julio de dos mil veintidós, feneciendo dicho plazo el uno de septiembre siguiente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía en su razonamiento, la jurisprudencia 2a./J. 95/2005 de la Segunda Sala de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, visible a página 328, del rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN. Conforme a los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) dentro de los 30 días a partir de su entrada en vigor, y b) dentro de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Ahora bien, la existencia de estos dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de 30 días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de 15 días en los términos destacados. En ese tenor, si el quejoso combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presenta fuera del plazo de 15 días aludido, el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, sin que resulte válido pretender que en relación con esta última se aplique el plazo de 30 días por tratarse de una ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, el quejoso la combatió a través de su primer acto de aplicación." Sin que se advierta que, respecto del acto de aplicación, la parte quejosa se encuentre dentro de alguno de los supuestos de excepción a que alude el mencionado ordinal 17 de la legislación de amparo, pues I. No se reclama una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal, que imponga pena de prisión, pues podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; II. No se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años y III. No se trata de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por L+++++++++++++++++, contra los actos de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero y en el último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se aprecia que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con relación a la vista otorgada a las partes en proveído de diez de los corrientes, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Gobernador y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. En consecuencia, para dar tiempo a que transcurra ese plazo, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las diez horas con diez minutos del diecinueve de abril de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por las personas que suscriben en representación del Gobernador y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichos informes y sus anexos, y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, ténganse como domicilio de las autoridades responsables, para oír y recibir notificaciones, los señalados en sus informes de cuenta y como delegados, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que mencionan. Del mismo modo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a sus delegados el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por quien suscribe en representación del Congreso del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y su anexo, y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

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