Luisa de Lira Delira
Expediente 585/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- LUISA DE LIRA DELIRA y Otros.
- Luisa de Lira Delira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del doce al veinticinco de enero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve del propio mes y año, dentro del juicio de amparo número 585/2017; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, se negó la suspensión definitiva solicitada por la amparista; La parte quejosa no exhibió billete de depósito por no haberse fijado garantía alguna. No existe en el incidente de suspensión recurso alguno pendiente de resolver. Sí existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de enero del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad, el toca penal 45/2017 y proceso penal 5/2017, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Bjm
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V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 585/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Luisa de Lira de Lira y Gerónimo Contreras de Lira, este último por conducto de su apoderada legal Ma. De Jesús Contreras de Lira, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad judicial con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda de amparo, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. De la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, así como del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas: - La resolución de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 45/2017, en el que la sala declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto que negó librar la orden de aprehensión en contra de Ma. Margarita Contreras de Lira y Gumaro Reyes Reyes, en el proceso penal 5/2017. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado fue notificado a la parte quejosa el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete (foja 43 del tomo I de prueba); por lo tanto, dicha notificación de conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, se estima surtió efectos el mismo día pues dicho numeral precisa que los plazos correrán a partir del día siguiente al en que se efectúe la notificación al interesado, por lo tanto, por lo tanto, el plazo para la interposición del amparo transcurrió del veintiséis de mayo al quince de junio de dos mil diecisiete, con descuento de los días veintisiete y veintiocho de mayo, así como tres, cuatro, diez y once de junio del año en cita, por haber sido días inhábiles; consecuentemente si la demanda de amparo se presentó el doce de junio de dos mil diecisiete, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Inexistencia de acto reclamado. El Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas (foja 40 del juicio de amparo) al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa, en consecuencia, el acto a ésta reclamado se estima inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta Época, tomo VI, registro 917818, página 236, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". QUINTO. Certeza del acto reclamado. La Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, al rendir su informe justificado (foja 36 del juicio de amparo), aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con el toca de apelación 45/2017, así como con el expediente 5/2017 (tres tomos de prueba); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. SEXTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgador, de oficio, advierte que respecto al acto reclamado consistente en la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 45/2017, en el que la sala responsable declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto que negó librar la orden de aprehensión en contra de Ma. Margarita Contreras de Lira y Gumaro Reyes Reyes, en el proceso penal 5/2017, y sin revisar la resolución recurrida devolvió las actuaciones al juzgado de origen, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, afecten la libertad personal, o bien, en el supuesto que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, supuesto en el que el quejoso queda en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras hipótesis. En este contexto, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. De ahí la obligación del gobernado de agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de amparo. En ese tenor, tenemos que en contra del acto reclamado consistente en la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 45/2017, en el que la sala responsable declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en el proceso penal 5/2017, y sin revisar la resolución recurrida devolvió las actuaciones al juzgado de origen, procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 312 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, del tenor siguiente "ARTICULO 312.- Solamente los autos contra los cuales no se concede por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia." De la intelección literal del artículo transcrito se advierte que, en segunda instancia, procede el recurso de revocación en contra de las resoluciones que se dicten antes del dictado de la sentencia, a fin de que el mismo Tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Así, la resolución reclamada reúne las características establecidas en el aludido numeral, pues la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 45/2017, en el que la sala responsable declaró mal admitido el recurso de apelación, se estima es una resolución dictada en el trámite del recurso de apelación, antes del dictado de la sentencia, de ahí que encuadre en la hipótesis prevista en el aludido numeral para estimar que en su contra procedía el recurso de revocación. Lo anterior es así, pues la resolución que declara mal admitido un recurso de apelación dictado en segunda instancia, no es una sentencia, ya que en primer término, no resuelve un incidente por lo que no se puede considerar como una sentencia interlocutoria, y por otro lado tampoco se puede considerar como una sentencia definitiva ya que no entró al estudio de fondo de la contienda, toda vez que no tuvo como fin modificar, revocar o confirmar la resolución apelada que dio origen a dicho toca de apelación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC, Quinta Época, página 2599, del tenor siguiente: "APELACION, AMPARO CONTRA LA RESOLUCION QUE LA DECLARA MAL ADMITIDA. La resolución del tribunal de alzada que declara mal admitido el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, no pone término al juicio ni puede considerarse definitiva, desde el momento en que, por disposición expresa de la ley, (artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal), admite el recurso de reposición. En consecuencia, el amparo contra dicha resolución es notoriamente improcedente, y el auto del Juez del Distrito que haya desechado la demanda de garantías, no puede estimarse violatorio del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal." Así como, por analogía, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIV, Quinta Época, página 96, del tenor siguiente: "APELACION, AMPARO CONTRA LA RESOLUCION DE SEGUNDA INSTANCIA, QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE (LEGISLACION DE PUEBLA). La resolución por la cual el tribunal de alzada estima que el recurso de apelación fue mal admitido, y que por tanto, el mismo es improcedente, no tiene el carácter de una sentencia interlocutoria, en los términos del artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Puebla, porque no resuelve un incidente, sino que constituye un auto, en los términos de la fracción II del citado artículo 60, el cual admite en su contra el recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 487 de la ley procesal mencionada; de lo que se desprende que el juicio de garantías es improcedente contra dicho auto, en virtud de que éste puede ser combatido mediante un recurso ordinario." Luego, se reitera, el acto reclamado no tiene el carácter de sentencia, por lo que, al ser una resolución dictada en el trámite del recurso de apelación, procedía en su contra el recurso de revocación; máxime que fue la propia parte quejosa quien interpuso el recurso de apelación de origen, y además fueron notificados por medio de su defensor del trámite de dicha apelación, pues incluso dicho defensor estuvo presente en la audiencia de vista que se celebró en el toca de apelación de origen (foja 35 del tomo I de prueba), por lo que se estima estuvieron en aptitud de promover el medio de defensa ordinario que prevé la ley que rige la materia. Por lo tanto, la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el recurso de revocación en contra del acto reclamado, por ser el medio idóneo para lograr su revocación o modificación. Por analogía en el precepto que se interpreta, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así como la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable en el Tomo 12, Sexta Parte, página 37, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sin que se pase por alto que, como se precisó, existen supuestos de excepción a dicha regla; sin embargo, debe destacarse que en la especie no se actualiza alguno de tales casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación del quejoso de acatar ese principio. Lo anterior es así, ya que si bien se trata de la materia penal, lo cierto es que no nos encontramos ante la presencia de algún acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de aquellos que afecten la libertad personal del quejoso; por lo que no existe un supuesto de excepción para agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir al juicio de amparo. Además, aun cuando el acto reclamado tuviera la característica de ser de imposible reparación, ello no exenta al quejoso de haber agotado los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, puesto que en esos casos el juicio de amparo es procedente siempre y cuando se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Máxime que el artículo 312 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, establece claramente la procedencia del aludido recurso, por lo que se estima que éste no requiere interpretación adicional, de ahí que no se actualice esa excepción. Además, tampoco puede considerarse a la parte quejosa como persona extraña al procedimiento de origen, pues se reitera, ella misma promovió el recurso de apelación que se declaró mal admitido, e incluso compareció, por conducto de su defensor a dicho procedimiento que dio origen a la presente demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro X, julio de 2012, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". En consecuencia, al resultar que la parte quejosa previo a acudir al juicio de amparo indirecto debió agotar el recurso de revocación en contra de la determinación reclamada, sin que lo haya hecho, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo. SÉPTIMO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luisa de Lira de Lira y Gerónimo Contreras de Lira, este último por conducto de su apoderada legal Ma. De Jesús Contreras de Lira, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo por las razones anotadas en los diversos cuarto y sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido del Secretario Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy nueve de enero de dos mil dieciocho, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MA. MARGARITA CONTRERAS DE LIRA Y GUMARO REYES REYES, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 585/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Luisa de Lira de Lira y Gerónimo Contreras de Lira, este último por conducto de su apoderada legal Ma. De Jesús Contreras de Lira, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad judicial con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda de amparo, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. De la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, así como del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas: - La resolución de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 45/2017, en el que la sala declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto que negó librar la orden de aprehensión en contra de Ma. Margarita Contreras de Lira y Gumaro Reyes Reyes, en el proceso penal 5/2017. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado fue notificado a la parte quejosa el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete (foja 43 del tomo I de prueba); por lo tanto, dicha notificación de conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, se estima surtió efectos el mismo día pues dicho numeral precisa que los plazos correrán a partir del día siguiente al en que se efectúe la notificación al interesado, por lo tanto, por lo tanto, el plazo para la interposición del amparo transcurrió del veintiséis de mayo al quince de junio de dos mil diecisiete, con descuento de los días veintisiete y veintiocho de mayo, así como tres, cuatro, diez y once de junio del año en cita, por haber sido días inhábiles; consecuentemente si la demanda de amparo se presentó el doce de junio de dos mil diecisiete, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Inexistencia de acto reclamado. El Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas (foja 40 del juicio de amparo) al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa, en consecuencia, el acto a ésta reclamado se estima inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta Época, tomo VI, registro 917818, página 236, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". QUINTO. Certeza del acto reclamado. La Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, al rendir su informe justificado (foja 36 del juicio de amparo), aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con el toca de apelación 45/2017, así como con el expediente 5/2017 (tres tomos de prueba); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. SEXTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgador, de oficio, advierte que respecto al acto reclamado consistente en la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 45/2017, en el que la sala responsable declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto que negó librar la orden de aprehensión en contra de Ma. Margarita Contreras de Lira y Gumaro Reyes Reyes, en el proceso penal 5/2017, y sin revisar la resolución recurrida devolvió las actuaciones al juzgado de origen, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, afecten la libertad personal, o bien, en el supuesto que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, supuesto en el que el quejoso queda en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras hipótesis. En este contexto, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. De ahí la obligación del gobernado de agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de amparo. En ese tenor, tenemos que en contra del acto reclamado consistente en la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 45/2017, en el que la sala responsable declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en el proceso penal 5/2017, y sin revisar la resolución recurrida devolvió las actuaciones al juzgado de origen, procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 312 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, del tenor siguiente "ARTICULO 312.- Solamente los autos contra los cuales no se concede por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia." De la intelección literal del artículo transcrito se advierte que, en segunda instancia, procede el recurso de revocación en contra de las resoluciones que se dicten antes del dictado de la sentencia, a fin de que el mismo Tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Así, la resolución reclamada reúne las características establecidas en el aludido numeral, pues la resolución de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 45/2017, en el que la sala responsable declaró mal admitido el recurso de apelación, se estima es una resolución dictada en el trámite del recurso de apelación, antes del dictado de la sentencia, de ahí que encuadre en la hipótesis prevista en el aludido numeral para estimar que en su contra procedía el recurso de revocación. Lo anterior es así, pues la resolución que declara mal admitido un recurso de apelación dictado en segunda instancia, no es una sentencia, ya que en primer término, no resuelve un incidente por lo que no se puede considerar como una sentencia interlocutoria, y por otro lado tampoco se puede considerar como una sentencia definitiva ya que no entró al estudio de fondo de la contienda, toda vez que no tuvo como fin modificar, revocar o confirmar la resolución apelada que dio origen a dicho toca de apelación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC, Quinta Época, página 2599, del tenor siguiente: "APELACION, AMPARO CONTRA LA RESOLUCION QUE LA DECLARA MAL ADMITIDA. La resolución del tribunal de alzada que declara mal admitido el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, no pone término al juicio ni puede considerarse definitiva, desde el momento en que, por disposición expresa de la ley, (artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal), admite el recurso de reposición. En consecuencia, el amparo contra dicha resolución es notoriamente improcedente, y el auto del Juez del Distrito que haya desechado la demanda de garantías, no puede estimarse violatorio del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal." Así como, por analogía, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIV, Quinta Época, página 96, del tenor siguiente: "APELACION, AMPARO CONTRA LA RESOLUCION DE SEGUNDA INSTANCIA, QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE (LEGISLACION DE PUEBLA). La resolución por la cual el tribunal de alzada estima que el recurso de apelación fue mal admitido, y que por tanto, el mismo es improcedente, no tiene el carácter de una sentencia interlocutoria, en los términos del artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Puebla, porque no resuelve un incidente, sino que constituye un auto, en los términos de la fracción II del citado artículo 60, el cual admite en su contra el recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 487 de la ley procesal mencionada; de lo que se desprende que el juicio de garantías es improcedente contra dicho auto, en virtud de que éste puede ser combatido mediante un recurso ordinario." Luego, se reitera, el acto reclamado no tiene el carácter de sentencia, por lo que, al ser una resolución dictada en el trámite del recurso de apelación, procedía en su contra el recurso de revocación; máxime que fue la propia parte quejosa quien interpuso el recurso de apelación de origen, y además fueron notificados por medio de su defensor del trámite de dicha apelación, pues incluso dicho defensor estuvo presente en la audiencia de vista que se celebró en el toca de apelación de origen (foja 35 del tomo I de prueba), por lo que se estima estuvieron en aptitud de promover el medio de defensa ordinario que prevé la ley que rige la materia. Por lo tanto, la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el recurso de revocación en contra del acto reclamado, por ser el medio idóneo para lograr su revocación o modificación. Por analogía en el precepto que se interpreta, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así como la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable en el Tomo 12, Sexta Parte, página 37, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sin que se pase por alto que, como se precisó, existen supuestos de excepción a dicha regla; sin embargo, debe destacarse que en la especie no se actualiza alguno de tales casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación del quejoso de acatar ese principio. Lo anterior es así, ya que si bien se trata de la materia penal, lo cierto es que no nos encontramos ante la presencia de algún acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de aquellos que afecten la libertad personal del quejoso; por lo que no existe un supuesto de excepción para agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir al juicio de amparo. Además, aun cuando el acto reclamado tuviera la característica de ser de imposible reparación, ello no exenta al quejoso de haber agotado los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, puesto que en esos casos el juicio de amparo es procedente siempre y cuando se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Máxime que el artículo 312 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, establece claramente la procedencia del aludido recurso, por lo que se estima que éste no requiere interpretación adicional, de ahí que no se actualice esa excepción. Además, tampoco puede considerarse a la parte quejosa como persona extraña al procedimiento de origen, pues se reitera, ella misma promovió el recurso de apelación que se declaró mal admitido, e incluso compareció, por conducto de su defensor a dicho procedimiento que dio origen a la presente demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro X, julio de 2012, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". En consecuencia, al resultar que la parte quejosa previo a acudir al juicio de amparo indirecto debió agotar el recurso de revocación en contra de la determinación reclamada, sin que lo haya hecho, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo. SÉPTIMO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luisa de Lira de Lira y Gerónimo Contreras de Lira, este último por conducto de su apoderada legal Ma. De Jesús Contreras de Lira, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo por las razones anotadas en los diversos cuarto y sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido del Secretario Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy nueve de enero de dos mil dieciocho, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
En tres de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado licenciada María Concepción García Jacobo doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, a partir del uno de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, 2ª./J.104/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, resultado de la contradicción de tesis 119/2010 entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, consultable en la página 312 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE. ALICIA
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