Luisa Cristina Lopez Y Segura

Expediente 785/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
785/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • Luisa Cristina Lopez Y Segura
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO.- se hace efectivo el aviso y se notifica a la parte quejosa el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte que es de la literalidad siguiente: "En Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de octubre de dos mil veinte Se tiene por recibido el ocurso de demanda suscrito por ***, por propio derecho. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 785/2020-I-A, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". IMPROCEDENCIA En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda; de igual manera, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Relativo a lo anterior, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Ahora bien, el precepto transcrito faculta al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario del propio ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ---------------- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. ---------------------------------------------------------- Artículo 107. El amparo indirecto procede: ------------------------------------ IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.----------------- Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.--------------------------------------------------------------------------------- En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral de referencia, como lo es el que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia. Ahora, de la intelección del precepto legal invocado en segundo término, se deduce que el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, entendiendo por "juicio", para los efectos del amparo, el proceso contencioso que inicia con la presentación de la demanda ante el órgano competente y concluye con el dictado de la sentencia definitiva. Sobre esa base, los actos impugnables en amparo indirecto ante Juez de Distrito, son los que los jueces o tribunales ordinarios ejecutan antes de que hayan recibido la demanda y después de que se haya pronunciado sentencia ejecutoria, incluyendo actos de ejecución de sentencia o de remates, aunque con reglas específicas de procedencia. En efecto, de la interpretación del artículo 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 114, fracciones III y IV de la Ley de Amparo abrogada (actualmente artículo 107, fracciones IV y V), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. La primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. 2. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. 3. La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Dichas reglas se encuentran contenidas en la jurisprudencia 29/2003 sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA."1 Ahora, es importante precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, dio un matiz importante a dichas reglas, pues determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo (ahora fracción V del artículo 107), en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III de dicho precepto (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente), de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Las consideraciones apuntadas dieron origen a la jurisprudencia P./J. 108/2010, con número de registro 163152, es visible en la página 6, tomo XXXIII, Enero de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". En ese sentido, con base en los anteriores criterios jurisprudenciales se debe concluir que, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o laudo, si la acción constitucional no se promueve contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Sin embargo, también se advierte que a esa regla aplica la excepción relativa a que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, o laudo, existe la posibilidad de impugnarlos vía amparo indirecto, exclusivamente cuando infrinjan directamente derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la resolución definitiva; aun cuando dichos actos no tengan como finalidad ejecutar la sentencia. 1 Con registro 184221, consultable en la página 11, Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Se advierte que la parte quejosa reclama: 1. La orden de lanzamiento forzoso de la vivienda C, del conjunto en condominio, marcada con el número oficial 14, de la calle Bosques de Azucenas, edificio sobre el lote 40, de la manzana 6 del conjunto Urbano de Interés Social, denominado Real del Bosque, Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México. En ese contexto, por última resolución del procedimiento de ejecución, debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la resolución o bien que declare la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente y tratándose de los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 190035, cuyo rubro y texto se citan: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Ahora bien, de las manifestaciones expresadas por la parte quejosa en la demanda, se advierte que el acto reclamado se emitió con posterioridad al dictado de la sentencia que resolvió en definitiva el juicio de origen. En este orden de ideas, es inconcuso que el acto reclamado consistente en la orden de lanzamiento forzoso de la vivienda C, del conjunto en condominio, marcada con el número oficial 14, de la calle Bosques de Azucenas, edificio sobre el lote 40, de la manzana 6 del conjunto Urbano de Interés social, denominado Real del Bosque, Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México, no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio natural, ya que no aprueba ni reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. Por tanto, se concluye que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, al no constituir el acto reclamado en estudio el último acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues en la resolución reclamada no se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de lo sentenciado en el juicio natural, o bien, que declare la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento; máxime que no se trata de un acto que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis 2a. VIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, con número de registro 196894, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de dos mil once, Novena Época, con número de registro 163152, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, el juicio resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas, lo anterior hasta en tanto señale domicilio para tal efecto dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Naucalpan de Juárez). Sin perjuicio de lo anterior, en razón de la naturaleza del presente proveído, se comisiona por única ocasión al actuario adscrito, a efecto de que con copia del presente proveído, notifique el mismo a la parte quejosa en el domicilio ubicado en: Boulevard Coacalco número 86 Planta Alta, Colonia Villa de la Flores en el Municipio de Coacalco de Berriozábal en el Estado de México; haciéndole de conocimiento que queda expedito su derecho para señalar nuevo domicilio dentro de la residencia de este juzgado. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020, se tiene como medios de comunicación no procesal con la promovente el correo electrónico proporcionado. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que señala en los términos que precisa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que los actuarios o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En términos del numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en aras de una pronta impartición de justicia, sin necesidad de ulterior acuerdo, en términos del numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a las partes a su costa copia certificada de las constancias que soliciten por comparecencia, previo acuse de recibo que se glose en autos, las cuales serán entregadas en cuanto las cargas de trabajo lo permitan. Hágase la precisión al solicitante, que la expedición de copias únicamente se realizara por un tanto, dado que si bien el numeral en cita no restringe a un solo juego el número de copias que las partes pueden solicitar, dicha expedición se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 20/2017 (10a.), visible en la página 308, libro 42, Décima Época, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo I, Mayo de 2017, del tenor literal siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO." Con independencia de lo anterior, a fin de que las partes puedan obtener las constancias de manera más ágil e inmediata, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las mismas. Da sustento a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la tesis I.1º.A.23 K (10a.), publicada en la Décimo Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, abril de dos mil veintiocho, página mil ochocientos treinta, del rubro siguiente: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que quien se presente a recoger las copias deberá agendar su cita en términos del artículo 3, en relación con el diverso 15 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. VERSIÓN PÚBLICA. Indíquesele a las partes que de conformidad con los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 1, 3, 68, 71, 108, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de que solicite mediante el procedimiento de acceso a la información copia de las resoluciones emitidas en este juicio, se realizará una versión pública de las mismas, con supresión de sus datos personales o sensibles de las partes. De igual forma, se elaborará la versión pública de la sentencia que, en su caso, se llegue a emitir a fin de que se encuentre a disposición del público en general en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal. Hecha la salvedad de los casos que se encuentren proscritos por la ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Saúl Martínez Lira, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa con la Secretaria Claudia Verónica Martínez Baca, quien da fe. Doy Fe."

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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