Luisa Cortés Sánchez

Expediente 2043/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2043/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Luisa Cortés Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Estudio del cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente expediente. Por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio. Sentencia. Al respecto el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia en el presente juicio, misma que concluyó en los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en términos de lo razonado en el apartado considerativo cuarto de esta determinación. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra de la autoridad judicial y acto que quedaron precisados en el resultando primero y considerando segundo, respectivamente, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de este fallo." Ejecutoria. Mediante auto de cuatro de agosto anterior, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la concesión de amparo. Efectos de la concesión de amparo. Asimismo, los efectos de la protección federal otorgada fue para que la autoridad responsable: "1. Deje insubsistente la sentencia de segunda instancia de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal ********************; y, 2. En consideración a los razonamientos contenidos en este fallo, ordene la reposición del procedimiento, con la finalidad de celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la que deberá citar a las partes. En el entendido que la sentencia relativa al recurso de apelación deberá emitirse conforme lo establece la citada previsión legal. En el entendido que la sentencia que se emita, podrá ser en el mismo o en diverso sentido, ya que el fondo del asunto no fue motivo de estudio en esta determinación, al haberse advertido una violación de carácter formal que debe repararse primordialmente." En ese sentido, en acuerdo de veinticuatro de agosto anterior, se recibió el oficio signado por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con el que remitió copia auténtica de la resolución de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el toca penal ********************, así como la videograbación de la audiencia en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, de las constancias remitidas por la Sala responsable, se advierte que dejó insubsistente la resolución de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el toca penal ********************, y señaló fecha para el desahogo de la audiencia para la emisión de la resolución definitiva en dicho toca penal. De tal forma, como se aprecia en el párrafo que antecede, la autoridad responsable dio cumplimiento total a los efectos de concesión de amparo. Información que fue corroborada con las constancias que remitió la autoridad responsable aludida, documentales que se valoran de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable acató los efectos del fallo protector; por ende, se considera que la sentencia de amparo ha quedado cumplida de manera total, sin excesos ni defectos, en términos de la jurisprudencia 9/2016 de la Segunda sala del Alto Tribunal, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD." Conocimiento de las partes y anotación. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, previas las anotaciones en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE). Finalmente, se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo. Informa reorganización de salas. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Titular de la Tercera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, mediante el cual informa que el toca penal ********************, será radicado en el índice de dicha Sala bajo el mismo número de expediente; lo que se tiene del conocimiento de este órgano jurisdiccional para los efectos legales correspondientes..M-IV

  2. Incidental

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Notificación al quejoso. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el tres de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo como lugar para oír y recibir notificaciones del quejoso Genaro Fidencio Castro, las instalaciones que ocupa el Centro de Readaptación Social de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Por lo anterior, y tomando en consideración que el mismo se encuentra dentro de la jurisdicción de este juzgado federal pero fuera de su residencia, gírese despacho al Juez Penal del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a efecto de que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario judicial de su adscripción, para que se constituya en el referido centro penitenciario, a efecto de que notifique al quejoso Genaro Fidencio Castro la resolución de veinticuatro de agosto, terminada de engrosar el veintitrés de noviembre del año en curso, y le corra traslado con copia autorizada de la misma...3

  3. Incidental

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copias simples de la demanda de derechos, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2043/2023-7-A, promovido por********************, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, y otras autoridades. Solicitud de informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 129, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, mismo que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple del escrito de la demanda de amparo. Audiencia Incidental. Se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la audiencia incidental. Requerimiento de constancias. Se solicita a las autoridades responsables que, en el caso de aceptar la existencia de los actos reclamados, se sirvan hacer del conocimiento de este Juzgador la naturaleza, características y modalidades del ilícito que se les atribuye a los solicitantes de amparo, y la posibilidad de que se sustraigan de la acción de la justicia; de igual forma, indiquen los dispositivos legales que prevén y sancionan la conducta delictuosa. Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda se advierte que la quejosa reclama las órdenes de: Aprehensión; Comparecencia; y, Su ejecución. Determinación de la suspensión contra orden de aprehensión. Con relación a la suspensión solicitada, es menester traer a colación el contenido del artículo 166 de la Ley de Amparo, inmerso dentro de la sección tercera "Suspensión del Acto Reclamado", Segunda Parte "En Materia Penal", que señala lo siguiente: "Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128". De conformidad con el precepto transcrito, cuando el acto reclamado se trate de orden de aprehensión o alguna medida cautelar que afecte la libertad personal, debe ponderarse si el ilícito que se atribuye a la parte quejosa se trata de alguno que amerite prisión preventiva oficiosa de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese supuesto, según lo dispuesto por el artículo 166, fracción I, si se tratara de algún delito que mereciera prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional, la concesión de la medida cautelar se traduciría en el efecto de que el quejoso quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se señale como el lugar de su reclusión, únicamente en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad judicial a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de la continuación. Sin embargo, cabe hacer mención que, respecto de la prisión preventiva oficiosa, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, se reformó el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución General, a fin de incorporar diversos delitos al catálogo de aquéllos por los que procede la prisión preventiva oficiosa. El texto reformado quedó redactado en los términos siguientes: "Artículo 19. (.) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud". En ese orden de ideas, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, constitucionalmente prevista en el contexto del sistema penal acusatorio y oral, en los términos fijados por el Constituyente, se encuentra en el artículo 19 de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta manera, la regulación de la prisión preventiva oficiosa se creó, en específico, para hacer hincapié en delitos considerados como graves y para el de delincuencia organizada, estableciéndose directamente en el artículo 19 constitucional como una forma de establecer un régimen especial, que no quedara su aplicación en manos del legislador ordinario. En ese entendido, al determinar la oficiosidad de la medida, se estableció que sea el Juez de Control quien la imponga a una persona a quien se le impute la probable comisión de uno o varios de los delitos que el mismo artículo 19 constitucional prevé. Sin embargo, se destaca que el único supuesto para que esa imposición no sea oficiosa, es que el Ministerio Público solicite la no imposición por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad; lo anterior, en términos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, tal y como se advierte de la reforma a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se estableció otro supuesto para no imponer dicha medida, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento y que, en caso de haberse impuesto la medida, el Ministerio Público podrá solicitar la sustitución de la medida cautelar. Al respecto, resulta menester precisar que el siete de noviembre de dos mil veintidós, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, la cual fue notificada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés al Estado Mexicano, según comunicado conjunto emitido en esa propia data por las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores. En dicha sentencia, la Corte Interamericana estableció que, entre otros, el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la prisión preventiva no justificada, es inconvencional, porque en él no se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva ni a los peligros procesales que buscaría precaver; tampoco se propone ponderar a través de un análisis la necesidad de la medida frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad, sino sólo se limita a establecer preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para los delitos que revisten cierta gravedad, una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Y condenó al Estado Mexicano a adecuar su ordenamiento jurídico en lo referente a la prisión preventiva, para que sea compatible con la Convención Americana. Pues bien, de la sentencia emitida por la Corte Interamericana se desprende que, en lo referente a la prisión preventiva, ha establecido que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) Esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad"; es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) La decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. En el entendido de que, por lo que respecta al primer punto, para que se cumplan los requisitos para restringir el derecho a la libertad personal a través de una medida cautelar como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese ilícito, debiendo enfatizarse que este presupuesto no constituye en sí mismo una finalidad legítima para aplicar una medida cautelar restrictiva a la libertad ni tampoco es un elemento que sea susceptible de menoscabar el derecho a la presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. En lo atinente al segundo punto, la Corte ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de libertad, porque la prisión preventiva es una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, por lo que la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal y, por lo tanto, corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: a) La finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) Que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) Que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y; d) Que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Así, estableció que la prisión preventiva sólo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ello, porque las medidas privativas de la libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales siempre que tengan un propósito cautelar, es decir, que sean un medio para la neutralización de riesgos procesales, en particular, a la finalidad relacionada con la comparecencia al proceso, sin que la gravedad del delito imputado sea, por sí misma, justificación suficiente de la prisión preventiva; asimismo, indicó que el peligro de fuga no puede medirse únicamente sobre la base de la gravedad de la posible pena a imponer, sino que debe evaluarse con referencia a una serie de otros factores relevantes que pueden confirmar la existencia de un peligro de fuga, como por ejemplo, aquellos relacionados con el hogar, ocupación, bienes, y lazos familiares, afirmando que el peligro de que el acusado obstaculice la conducción adecuada de los procedimientos no se puede inferir in abstracto, sino que tiene que estar respaldado por evidencia objetiva, por ejemplo, el riesgo de presión sobre testigos o la pertenencia a una organización criminal o una pandilla. Y por lo que ve a la necesidad, precisó que al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal. Ahora, en lo referente al tercer punto, la Corte ha considerado que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violatoria del artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo que ha dejado establecido que la prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción, en el entendido de que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. Consecuentemente, en cualquier momento en que parezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe; máxime que, precisó, son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento, por lo que en la determinación al respecto, deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, es decir, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Lo anterior, sin soslayar que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone en su artículo 27 que un Estado parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales y efectuar un adecuado control de Convencionalidad. Así fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la prisión preventiva, es inconvencional, condenando al Estado Mexicano a adecuar su ordenamiento jurídico en lo referente a la prisión preventiva, para que sea compatible con la Convención Americana; ello, recordando a las autoridades del país, que al aplicar la figura de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, pues cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Ahora, en torno a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que el Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de dicha Corte, por lo que, cuando ha sido parte en una controversia o litigio, la sentencia que se dicte en esa sede, junto con todas sus consideraciones, tiene efectos vinculantes para todos los órganos del estado mexicano. Por lo que, en el caso, al haber sido parte el Estado Mexicano, en los asuntos arriba citados (Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México), es evidente que esas sentencias tienen efectos vinculantes. Es aplicable la tesis P.LXV/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 556, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo i, Décima Época, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO. El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella". Sin que para ello se requiera que la decisión sea reiterada, porque para esas sentencias no operan las reglas que para la conformación de la jurisprudencia prevé el artículo 215 de la Ley de Amparo. Así se precisó en el criterio sustentado en la tesis P. III/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 368, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo I, Décima Época, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS DONDE EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE. PARA QUE SUS CRITERIOS TENGAN CARÁCTER VINCULANTE NO REQUIEREN SER REITERADOS. De los párrafos 339 y 347 de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los Jueces y tribunales internos, además de velar por el cumplimiento de las disposiciones de fuente internacional, deben tomar en cuenta la interpretación que de éstas ha realizado esa Corte, así como la obligación del Estado de garantizar que la conducta que motivó su responsabilidad no se repita. De lo anterior se sigue que la interpretación en materia de derechos humanos realizada por esa Corte Internacional, al resolver un caso en el que el Estado Mexicano fue parte, aun cuando se trate de una sentencia aislada por lo que hace a éste, adquiere el carácter y fuerza vinculante de precedente jurisprudencial, máxime que este Alto Tribunal, en la tesis aislada P. LXV/2011 (9a.), de rubro: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO.", derivada de la resolución del expediente varios 912/2010, sostuvo que las resoluciones pronunciadas por la Corte Interamericana son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial. Por tanto, para que los criterios de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos donde el Estado Mexicano fue parte adquieran el carácter de vinculantes, no requieren ser reiterados, máxime que respecto de estas sentencias no operan las reglas que para la conformación de la jurisprudencia prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo". Determinación en la que, sobre la prisión preventiva, efectivamente se precisó, que resulta contraria a la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, pues con su imposición, las autoridades internas vulneran los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas, incumpliendo con su obligación de respeto, contenida en el artículo 1.1 de la aludida Convención. En consecuencia, tomando en consideración que lo determinado en la sentencia precitada es de aplicación obligatoria, en observancia del principio pro persona y a fin de garantizar la protección más amplia a los derechos del gobernado como base de la tutela de la dignidad humana, toda vez que al estudiar la prisión preventiva en el sistema penal acusatorio, las autoridades deberán tomar en cuenta los estándares internacionales, los cuales señalan que la libertad del acusado es la regla y que la prisión preventiva es la excepción; además de considerar que esta medida cautelar restringe profundamente el derecho a la libertad personal de las personas, por lo tanto, ésta tiene que ser dictada con base en los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, son las autoridades jurisdiccionales las encargadas de valorar la pertinencia o no de la imposición de las medidas cautelares, las cuales deben estar fundadas en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. De esta forma, se concluye que el juez responsable debe analizar y valorar si las causas, necesidad y proporcionalidad de la imposición de la prisión preventiva oficiosa resulta necesaria para asegurar que el imputado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Lo anterior, atendiendo que, conforme a los citados artículos 19 Constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, la prisión preventiva tiene el carácter de excepcional, ya que debe imponerse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para (i) garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, (ii) el desarrollo de la investigación, (iii) la protección de la víctima, e los testigos o de la comunidad, o (iv) cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. En efecto, como se vio, una característica de la prisión preventiva es que debe aplicarse con carácter excepcional, es decir, no tiene que ser la regla general, sino que se adoptará únicamente cuando se cumplan los fines que la justifican, además de ser indispensable la existencia de una imputación grave que haga presumir racionalmente que hay riesgo fundado de que el imputado cometa contra la víctima, los testigos o la comunidad, actos que afecten su integridad personal o pongan en riesgo su vida. Por lo tanto, al imponer una o varias de las medidas cautelares, el Juez de Control, en audiencia y con presencia de las partes, deberá tomar en consideración los argumentos que éstas ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice al solicitarla, aplicar el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, determinando su idoneidad y proporcionalidad, debiendo justificar que la medida cautelar impuesta sea la menos lesiva, sin que la prisión preventiva se pueda combinar con otras medidas cautelares. En ese sentido, se reitera, en la imposición de esas medidas no debe pasar por alto el juzgador la idoneidad y proporcionalidad de la misma, debiendo en todo caso justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. En relación con el tema que se aborda, este juzgador no pasa por alto que el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el trece de julio de dos mil veintitrés, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, determinó que es viable conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Criterio que, si bien es cierto no es vinculante, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, tal circunstancia no impide a este resolutor orientar su decisión, siempre y cuando se verifique que efectivamente es aplicable al asunto y no existan elementos para apartarse de las razones que ahí se sostienen, pues los juzgadores pueden utilizar los elementos que según su albedrío resulten correctos como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional. Además, dicho criterio orientador permite interpretar la normativa a la luz del principio pro persona, tal y como lo señala el artículo 1 de la Constitución Federal. Pues bien, al resolver la contradicción aludida, el Pleno Regional mencionado estimó que, cuando el quejoso solicite la suspensión provisional ante la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la misma deberá tener efecto de tutela anticipada y el juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, convocará a una audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescindirá de la reclamada en el juicio de derechos y pueda imponer una diversa, previo contradictorio de las partes. De esta manera, en el presente asunto, de la demanda no se advierten datos que permitan establecer con certeza si el delito por el cual, en su caso, se ha emitido la orden de aprehensión reclamada es de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Por tanto, en términos de los criterios invocados en líneas precedentes, si se tratara de una orden de aprehensión existente respecto de un delito que mereciera prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional, la concesión de la medida cautelar se traduciría en el efecto de que, una vez que el quejoso sea puesto a disposición del Juez de Control correspondiente, al momento de celebrarse la audiencia respectiva, una vez escuchadas las partes en el debate, atendiendo a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, deberá analizar, en primer lugar, si el delito por el que se sigue la causa penal amerita o no prisión preventiva; por lo cual dará el uso de la voz a la fiscalía para que con base en elementos objetivos exponga si existe la necesidad de cautela respecto de algún riesgo procesal que determine la imposición de alguna medida cautelar; hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda, debiendo ejercer un adecuado control de convencionalidad entre lo dispuesto en las normas aplicables, la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. De igual forma, con fundamento en la fracción II del citado numeral 166, en el supuesto de tratarse de delito que no merezca prisión preventiva oficiosa, se concede la suspensión provisional para el efecto de que la quejosa no sea privada de su libertad con motivo de las orden precisada en el presente apartado, hasta en tanto se resuelve con los datos que se aporten, si se le concede o no en definitiva la medida cautelar. Ahora bien, no se desatiende lo establecido en el artículo 165 de la ley de la materia; sin embargo, en el presente caso no se actualiza la hipótesis que contempla dicho numeral, toda vez que del escrito inicial de demanda no se advierte que la impetrante de derechos se encuentre privada de su libertad. Determinación de la suspensión contra la orden de comparecencia. Si bien es verdad que dicho acto reclamado no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que sí se afecta la libertad deambulatoria de la quejosa, dado sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, con lo cual se limita temporalmente su derecho de libertad; por tanto se concede la suspensión, para el efecto de que, una vez cumplida o desahogada la diligencia que motiva la presencia de la presentada, de no existir alguna causa legal que lo impida, se le permita retirarse del lugar donde se verificó la actuación ministerial requerida, para regresar a sus actividades cotidianas. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 86/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 573, de rubro: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA". Medidas de efectividad. Sin embargo, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal, este Juzgador en uso de la facultad discrecional que le confiere el artículo 168 de la ley de la materia, considera procedente fijar a la peticionaria del amparo las medidas de efectividad siguientes: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, deberán otorgar caución a satisfacción de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.), dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, que podrán presentar en billete de depósito de Banco Nacional de Servicios Financieros o en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, pero en el supuesto de que elija exhibirla en billete de depósito, deberá figurar su nombre como depositante en el billete; de igual forma, en el rubro relativo al "concepto" se habrá de especificar que es con el objeto de que continúe surtiendo sus efectos la suspensión provisional concedida en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2043/2023-7-A, pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida; lo anterior siempre y cuando no se haya celebrado la audiencia incidental. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. La caución que precede se fija de manera discrecional, ya que hasta el momento el suscrito no cuenta con los elementos a que se refiere el artículo 168 de la Ley de Amparo para cuantificarla con mayor precisión, pues éstos deberán ser aportados durante la substanciación del procedimiento incidental por la propia parte quejosa y por las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes. Se apercibe a la parte quejosa que, si incumple la medida de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión dejará de surtir efectos con la sola comunicación de las autoridades responsables, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Apercibimiento formulado de forma personal a la parte quejosa en caso de que las autoridades que señala como responsables resulten inexistentes o su denominación sea imprecisa. Este Juzgado de Distrito, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro 2021029, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pasa inadvertido que la parte quejosa tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, ya que esto constituye un requisito de su demanda. No obstante, en virtud de que la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal practicada a la parte impetrante, se ordena la misma en la presente determinación, en los términos siguientes: Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que la notificación personal que se le ordena practicar en esta determinación, constituye la notificación personal a que alude el criterio jurisprudencial precitado, con lo que se garantiza que la misma se encontrará debidamente enterada de que, en el evento de que alguna de las autoridades que señaló como responsables resulte inexistente o su denominación resulta imprecisa, se le dará vista con dicha determinación a través de la notificación que le sea practicada por lista, con el apercibimiento de que si dentro del término que le sea concedido (tres días) omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable, o no pruebe que sí existe bajo la denominación que indicó en su demanda, se tendrá la misma como inexistente y se suspenderá de inmediato toda comunicación con dicha autoridad. Lo que se provee en los términos apuntados, en aras de salvaguardar la celeridad en el trámite de este asunto y evitar actuaciones que dilaten su debida integración. En la inteligencia de que la notificación personal ordenada en el presente acuerdo, se encomienda desde el auto inicial a fin de que la parte quejosa se encuentre en aptitud de subsanar o corregir los posibles errores en que incurra al denominar a las autoridades que señale como responsables; máxime que es obligación procesal de la parte quejosa consultar con regularidad los proveídos que se emitan a fin de que en caso se acontecer, subsane alguna de las imprecisiones anotadas, lo que puede realizar en forma directa a través de las listas y/o tableros que se publican en este Juzgado de Distrito, o vía electrónica a través del portal: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm. Notificación de la parte tercera interesada. Se proveerá lo conducente con relación a la notificación del presente proveído a la parte a quien le reviste el carácter de tercero interesada, hasta en tanto obre en el expediente principal la diligencia de emplazamiento a la parte de referencia. Domicilio. Toda vez que el domicilio que señaló el quejoso para oír y recibir notificaciones se encuentra dentro de la residencia de este Juzgado (********************número********************, colonia ********************, en esta ciudad), téngase como tal el que indica en su escrito de cuenta con fundamento en el numeral 26, fracción I, de la ley de la materia. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos restringidos a ********************y********************, toda vez que no se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, así como a ********************, por así solicitarlo la quejosa. Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa y conforme a la certificación de cuenta, se autoriza el acceso al expediente electrónico al usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto es, a "********************", de conformidad con los artículos 37, 40, 41 bis, 61, 62 y 84 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Autorización de medios electrónicos. En atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a las partes así como a sus autorizados para que se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que las partes y sus autorizados serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración (tanto en el cuaderno principal y, si se creara, en el incidente de suspensión respectivo); por tanto, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa de trámite, a las personas oficiales judiciales correspondientes, demás encargadas de la digitalización de constancias, y actuarias judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Finalmente, con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número telefónico. Finalmente, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se requiere a las partes, a efecto de que señalen un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico para que se entablen comunicaciones no procesales. Solicitud de copias. Finalmente, con fundamento en los artículos 6, párrafo tercero y apartado B, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 279 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de los ordinales 22, 36 y 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la regulación de la integración de los expedientes electrónicos, se autoriza la expedición de las copias solicitadas en versión electrónica. Por lo tanto, se requiere a la promovente para que, bajo su más estricta responsabilidad, proporcione una cuenta de correo electrónico, al cual se le remitirá la copia mediante el uso de la FIREL (es decir, la firma electrónica avanzada del Poder Judicial de la Federación), desde el correo institucional de este Juzgado Federal; haciendo la aclaración que, en atención al tamaño del archivo electrónico y la capacidad de la cuenta de correo electrónico, podrán certificarse de manera seccionada las constancias respectivas y remitirse en dos o más archivos, cada uno con la firma y certificación correspondiente.M-VII

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, y captúrese su ingreso en los libros de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado federal con el número 2043/2023-7-A. Fijación preliminar de los actos reclamados. De un análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama: - Las órdenes de aprehensión, comparecencia o citación; y, - Su ejecución material. Desechamiento parcial. En primer término, respecto del acto reclamado consistente en la orden de citación dictada contra la quejosa y su ejecución, se estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones IV y V del artículo 107, aplicadas en sentido contrario, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que, tratándose de actos dictados por una autoridad judicial, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, se pronunció respecto de la improcedencia del juicio de amparo tratándose de actos de esa naturaleza. Estableció que, si bien, una orden de citación, en el sistema penal acusatorio y oral es un acto emitido por autoridad judicial fuera del procedimiento, ello no implica que el juicio de amparo sea procedente, debido a que no afecta de manera directa y actual a la libertad del quejoso, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Indicó que no obsta que, en caso de incumplimiento a tal citación, a petición del Ministerio Público, se pueda ordenar su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, (i) inasistencia del citado; (ii) que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y (iii) que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció: "30. El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Sin embargo, ello no es suficiente para concluir que procede el amparo, ya que en este caso, esos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso. La pregunta, entonces, es si la citación para acudir a la audiencia inicial causa una afectación a la libertad del quejoso con esas características, que justifique la procedencia del amparo. 31. En términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 de ese ordenamiento, que se vuelve a citar para facilitar la referencia: (.) 32. En efecto, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 309 de ese ordenamiento procesal: (.) 33. En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. 34. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. 35. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. 36. Por tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley. (.)" De tal ejecutoria derivó la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, registro2018828, que es del siguiente tenor: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En ese sentido, es improcedente el juicio de amparo contra la citación dictada contra la quejosa, pues como lo estableció el Máximo Tribunal, es un acto judicial realizado fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la quejosa. De esa manera, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con fracciones IV y V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, procede desechar parcialmente la demanda de amparo promovida por******************** contra el acto consistente en la orden de citación dictada en su contra, así como su ejecución. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 10, 12, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de que se trata respecto de los restantes actos reclamados por la quejosa. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil veinticuatro para su celebración. Incidente de suspensión. Tramítese por duplicado y por cuerda separa el incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa. Intervención al agente del Ministerio Público de la Federación. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que le compete a la Representación Social de la adscripción, cuya notificación deberá realizarse por lista, en términos del numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, poniendo a su disposición copia de la demanda de amparo y del presente auto. Solicitud de informe justificado. Se ordena emplazar a las autoridades responsables, quienes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberán rendir su informe justificado en el plazo de quince días, en el entendido de que deberán precisar de forma clara, la existencia o inexistencia de los actos reclamados, indicando si es cierto o no, o bien, limitarse a manifestar de manera genérica "son ciertos" o "no son ciertos", apercibida que de no hacerlo así, se tendrá por cierto y se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), con apoyo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Requerimiento de constancias. De conformidad en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en el plazo de quince días, remitan las constancia en copia debidamente certificada del expediente del cual emanan los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlos, toda vez que resultan necesarias para resolver el juicio de derechos, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan se les impondrá la medida de apremio señalada en el párrafo que antecede. Información clasificada. Ahora bien, en caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos del artículo 101, 104 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Requerimiento de causas de improcedencia y constancias que la acrediten. Por otra parte, con fundamento en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, en caso de que ocurra una causa notoria de improcedencia o sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado, acompañando las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta días de salario mínimo general vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251, de la Ley de Amparo. Notificación a las autoridades responsables (Juicio de Amparo). Por otro lado, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, infórmese a las autoridades responsables que las notificaciones en el presente juicio de amparo, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, el acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, se notificarán por lista, salvo aquellas que se estime deban efectuarse por medio de oficio. Ahora bien, para el caso de que al intentar notificar a las autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables, el fedatario judicial de la adscripción sea informado que la denominación efectuada en la demanda no es la correcta, se faculta a dicho Actuario para que proceda a realizar lo establecido en el artículo 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, esto es para que en dicho acto coloque una línea delgada sobre la denominación incorrecta la cual deberá salvar (firmar), y asiente la denominación correcta; ello, con la finalidad de que dichas autoridades queden notificadas del presente acuerdo y estén en aptitud de rendir su informe. En el entendido de que, si la autoridad responsable se opone a recibir el oficio correspondiente por estar testado, el Actuario deberá proceder a practicar la notificación de conformidad con lo ordenado en el numeral 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, debiendo levantar la razón correspondiente. Apercibimiento formulado de forma personal a la parte quejosa en caso de que la autoridad que señala como responsable resulte inexistente o su denominación sea imprecisa. Este Juzgado de Distrito, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro 2021029, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pasa inadvertido que la parte quejosa tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, ya que esto constituye un requisito de su demanda. No obstante, en virtud de que la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal practicada a la parte impetrante, se ordena la misma en la presente determinación, en los términos siguientes: Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que la notificación personal que se le ordena practicar en esta determinación, constituye la notificación personal a que alude el criterio jurisprudencial precitado, con lo que se garantiza que la misma se encontrará debidamente enterada de que, en el evento de que la autoridad que señaló como responsables resulte inexistente o su denominación resulta imprecisa, se le dará vista con dicha determinación a través de la notificación que le sea practicada por lista, con el apercibimiento de que si dentro del término que le sea concedido (tres días) omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable, o no pruebe que sí existe bajo la denominación que indicó en su demanda, se tendrán como inexistente y se suspenderá de inmediato toda comunicación con dicha autoridad. Lo que se provee en los términos apuntados, en aras de salvaguardar la celeridad en el trámite de este asunto y evitar actuaciones que dilaten su debida integración. En la inteligencia de que la notificación personal ordenada en el presente acuerdo, se encomienda desde el auto inicial a fin de que la parte quejosa se encuentre en aptitud de subsanar o corregir los posibles errores en que incurra al denominar a las autoridades que señale como responsables; máxime que es obligación procesal de la parte quejosa consultar con regularidad los proveídos que se emitan a fin de que en caso se acontecer, subsane alguna de las imprecisiones anotadas, lo que puede realizar en forma directa a través de las listas y/o tableros que se publican en este Juzgado de Distrito, o vía electrónica a través del portal: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName= servicios%2FlistaAcuerdos.htm. Emplazamiento de la parte tercero interesada. Este juzgador proveerá lo conducente al emplazamiento de la parte a quien le reviste el carácter de tercero interesada, en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto obren en autos los informes justificados de las autoridades ordenadoras, si del mismo se advierte su existencia. Domicilio. Toda vez que el domicilio que señaló el quejoso para oír y recibir notificaciones se encuentra dentro de la residencia de este Juzgado (********************número********************, colonia ********************, en esta ciudad), téngase como tal el que indica en su escrito de cuenta con fundamento en el numeral 26, fracción I, de la ley de la materia. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos restringidos a ********************y********************, toda vez que no se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, así como a ********************, por así indicarlo la quejosa. Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa y conforme a la certificación de cuenta, se autoriza el acceso al expediente electrónico al usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto es, a "********************", de conformidad con los artículos 37, 40, 41 bis, 61, 62 y 84 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación; asimismo, infórmeseles que cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente, este órgano jurisdiccional procederá a generar la versión pública de las resoluciones requeridas, y en su caso, de las demás constancias solicitadas, suprimiendo el nombre de las partes, así como cualquier otra información de carácter personal que contengan; y que aún y cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona al secretario encargado de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Por otra parte, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número de teléfono. Por otra parte, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, requiérase a las partes para el efecto de que proporcionen un número de teléfono y una cuenta de correo, toda vez que dichos medios alternos de comunicación únicamente se utilizarán para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en los casos en que se considere necesario.M-VII

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