Luisa Castillo Tepox

Expediente 631/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
631/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • Luisa Castillo Tepox

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    ---- se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y dado el sentido de la sentencia dictada en el presente juicio, archívese el presente asunto como concluido.

  2. Principal

    ..se advierte que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, Luisa Castillo Tepox, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, y señaló como autoridad responsable a la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, a través de quien legalmente la represente, de quien señaló como acto reclamado la clausura del local comercial ubicado en Avenida Atenas Veracruzanas, Número novecientos cinco, local "A", colonia Revolución, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz. Mediante proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, se registró la demanda, se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En ese sentido se tiene que el Director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, autoridad señalada como responsable, al rendir su informe justificado, de manera expresa negó la existencia del acto reclamado. Lo anterior pues sostuvo que no dictó, ordenó ni ejecutó el acto que se le reclama, lo anterior al no ser de su competencia, ni encontrarse dentro de las facultades que le otorga el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Xalapa, Veracruz. En consecuencia, se considera que ante la inexistencia del acto reclamado a dicha autoridad y al no haber desvirtuado la negativa, la parte quejosa se sobresee fuera de audiencia respecto de dicho acto y autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. ... Ahora, impuesta de las constancias que integran el presente asunto, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Se explica: la figura del interés jurídico consiste en el derecho que asiste a los particulares para reclamar cualquier acto de autoridad perpetrado en su contra y que repudien violatorio de derechos humanos. Es decir, en defensa a un derecho subjetivo que protege alguna norma legal y que se ve afectado por determinado acto de autoridad jurisdiccional, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses. Esto es, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esta titularidad, puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 1ª./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación visible en la página 225, del Tomo XXVII, Enero de 2008, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De ahí que todo aquel que acude ante el órgano jurisdiccional de control constitucional aduciendo trasgresión de derechos fundamentales por parte de una autoridad tiene la carga de la demostración plena de su interés jurídico, que no es otra cosa que el acreditamiento de la titularidad de los derechos sustantivos que dice se transgredieron y la afectación que resiente en ellos con el acto de autoridad que se reclama. Dicho interés que es necesario para acudir al juicio constitucional entraña la existencia de dos elementos, a saber: a) Un derecho subjetivo y, b) Una afectación al mismo por un acto de autoridad. Ahora, en el caso, la parte quejosa acude al presente juicio reclamando la clausura del establecimiento Tortillerías Puebla, ubicada en el local comercial ubicado en Avenida Atenas Veracruzanas, Número novecientos cinco, local "A", colonia Revolución, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, clausura que la responsable fundó en la falta de exhibición de licencia de operación. Sin embargo, no obstante que la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad cuenta con contrato de arrendamiento del local comercial; tal manifestación no es suficiente para acreditar su interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello, porque para acreditar el interés jurídico no basta que el quejoso en su demanda aduzca que lo que manifiesta en ella lo hace bajo protesta de decir verdad, sino que requiere de la aportación de medios probatorios que demuestren lo que en la misma se afirma., como en el caso sería la exhibición de dicho contrato de arrendamiento. En apoyo a lo anterior se cita la tesis 3a./J. 27/90 sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Enero a Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 229, del Tomo V, Primera Parte, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". Asimismo, tampoco exhibió al efecto cédula de empadronamiento y/o licencia de funcionamiento que le autorice a operar la tortillería ubicada en el local clausurado; de ahí que se considera que la aquí quejosa carece de interés jurídico para promover el presente asunto. Lo anterior sin que obste, el hecho que en su escrito inicial de demanda de amparo manifieste la parte quejosa que mediante diversos escritos ha solicitado a la aquí responsable otorgue el permiso o licencia de funcionamiento para desempeñar en la negociación denominada Tortillerías Puebla, y que ello, pudiera considerarse que le ha sido violentado su derecho de petición, pues respecto a ello, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, remitió en vía de anexo diversas constancias de las cuales se advierte que mediante oficio de siete de agosto de dos mil veinte signado por la Directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y dirigido a la ahora quejosa Luisa Castillo Tepox, mediante el cual dicha dependencia le hizo del conocimiento que en atención a la solicitud de apertura comercial, donde se encontraba funcionando inmueble de uso comercial de elaboración de tortillas y molienda de maíz nixtamal denominado "tortillería Puebla", ubicado en la Avenida Atenas Veracruzanas número 905, local "A", de la colonia Revolución, en Xalapa Veracruz, debía llevar a cabo ciertas adecuaciones del inmueble. Asimismo por diverso oficio terminación 479/2021, signado por la Jefa del Centro de Regularización Empresarial y Apertura del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, también dirigido a la ahora quejosa, mediante el cual la signante le hizo del conocimiento que en seguimiento a su solicitud de registro de apertura o movimiento comercial, el mismo no era procedente hasta que actualizara su expediente y subsanara las observaciones realizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano. Entonces se considera que no se le violentó su derecho constitucional establecido en el numeral 8 de la Carta Magna. Por lo anterior, se concluye que, si el acto reclamado del cual su existencia fue aceptada por la responsable, se hace depender de la falta de licencia de funcionamiento para un establecimiento de giro comercial de actividad tortillería, es decir, el quejoso necesariamente, para el funcionamiento de ese establecimiento requiere de ese permiso por parte del Estado a efecto de llevar a cabo esa actividad comercial, de modo que, de no tener esa autorización, no es posible jurídicamente permitir el funcionamiento de ese establecimiento; por ello se concluye que, la parte quejosa, no acreditó con ninguna prueba su interés jurídico, para demostrar el derecho de titularidad de una licencia para efectuar actividad de tortilleríra en el municipio de Xalapa, Veracruz. Esto es, ante la falta de licencia, la orden de clausura y su ejecución de un negocio comercial que se encuentre reglamentado y requiera de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del quejoso, ya que la clausura no debe considerarse como un acto violatorio del derecho de propiedad, sino de mantener abierto al público en franco funcionamiento del giro, facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, documental que es la que acredita la titularidad de ese derecho y por ende, un interés jurídico legalmente tutelado. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que la integran, la tesis 1a. XVI/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999, página 61, de rubro y texto siguientes: "CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. REQUISITOS PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO (LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL). Los artículos 16, 19 y 20 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ambas del Distrito Federal establecen que para que opere la figura de la afirmativa ficta, es necesario que los interesados en obtener la licencia acompañen todos los documentos y cumplidos los requisitos, la delegación correspondiente en un plazo máximo de siete días hábiles y previo pago de los derechos que establezca el Código Financiero del Distrito Federal deberá expedir la licencia de funcionamiento correspondiente; transcurrido dicho plazo si no existe respuesta de la autoridad competente, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; sin embargo, de acuerdo con los artículos citados de esta ley, cuando por el silencio de la autoridad, el interesado presuma que ha operado en su favor la positiva ficta, deberá solicitar para la plena eficacia del acto presunto, en un término de hasta diez días hábiles, la certificación de que ha operado esta resolución ficta. Si la certificación no fuese emitida en este plazo, la afirmativa ficta será eficaz; y se podrá acreditar mediante la exhibición de la solicitud del trámite respectivo y de la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico. Por tal motivo, sin los señalados requisitos no puede operar la positiva ficta en aquellos casos en los que sólo se hizo la solicitud para obtener la licencia de funcionamiento. Así, ante la falta de licencia, o de las constancias antes precisadas, la orden de clausura y su ejecución de un negocio comercial que se encuentre reglamentado y requiera de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del quejoso, ya que la clausura no debe considerarse como un acto violatorio del derecho de propiedad, sino de mantener abierto al público en franco funcionamiento del giro, facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente o con las constancias que apoyan que operó en favor del interesado la positiva ficta, documentales que son las que acreditan la titularidad de ese derecho y por ende, un interés jurídico legalmente tutelado." Por tanto, el acto reclamado, consistente en la clausura de su negocio de tortillería, no repara perjuicio a la esfera jurídica de la aquí quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 538, del Tomo: IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y texto siguientes:} "TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL. Cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio origen del acto reclamado, pero no demuestra tener derechos sobre el inmueble materia de la controversia, resulta evidente que el acto impugnado no le causa un agravio personal y directo; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consecuentemente, debe decretarse el sobreseimiento, conforme al precepto 74, fracción III, de la ley de la materia." Por último, es preciso señalar que, si bien la responsable hizo valer diversa causal de sobreseimiento específicamente la relativa a agotar el principio de definitividad, debe considerarse actualizada la que se analizó en párrafos precedentes ya que como premisa lógica el agotar el principio de definitividad en un juicio de amparo, debe estudiarse una vez que se ha justificado que el quejoso tiene interés jurídico para acudir al mismo. En mérito de lo expuesto, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Finalmente, déjese sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con treinta y un minuto del catorce de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... .. Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de octubre de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, Luisa Castillo Tepox, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, y señaló como autoridad responsable a la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, a través de quien legalmente la represente, de quien señaló como acto reclamado la clausura del local comercial ubicado en Avenida Atenas Veracruzanas, Número novecientos cinco, local "A", colonia Revolución, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz. Mediante proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, se registró la demanda, se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En ese sentido se tiene que el Director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, autoridad señalada como responsable, al rendir su informe justificado, de manera expresa negó la existencia del acto reclamado. Lo anterior pues sostuvo que no dictó, ordenó ni ejecutó el acto que se le reclama, lo anterior al no ser de su competencia, ni encontrarse dentro de las facultades que le otorga el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Xalapa, Veracruz. En consecuencia, se considera que ante la inexistencia del acto reclamado a dicha autoridad y al no haber desvirtuado la negativa, la parte quejosa se sobresee fuera de audiencia respecto de dicho acto y autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. . Ahora, impuesta de las constancias que integran el presente asunto, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 611 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Se explica: la figura del interés jurídico consiste en el derecho que asiste a los particulares para reclamar cualquier acto de autoridad perpetrado en su contra y que repudien violatorio de derechos humanos. Es decir, en defensa a un derecho subjetivo que protege alguna norma legal y que se ve afectado por determinado acto de autoridad jurisdiccional, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses. Esto es, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, el sujeto que posee esta titularidad, puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio, pero no otra persona. . De ahí que todo aquel que acude ante el órgano jurisdiccional de control constitucional aduciendo trasgresión de derechos fundamentales por parte de una autoridad tiene la carga de la demostración plena de su interés jurídico, que no es otra cosa que el acreditamiento de la titularidad de los derechos sustantivos que dice se transgredieron y la afectación que resiente en ellos con el acto de autoridad que se reclama. Dicho interés que es necesario para acudir al juicio constitucional entraña la existencia de dos elementos, a saber: a) Un derecho subjetivo y, b) Una afectación al mismo por un acto de autoridad. Ahora, en el caso, la parte quejosa acude al presente juicio reclamando la clausura del establecimiento Tortillerías Puebla, ubicada en el local comercial ubicado en Avenida Atenas Veracruzanas, Número novecientos cinco, local "A", colonia Revolución, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, clausura que la responsable fundó en la falta de exhibición de licencia de operación. Sin embargo, no obstante que la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad cuenta con contrato de arrendamiento del local comercial; tal manifestación no es suficiente para acreditar su interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello, porque para acreditar el interés jurídico no basta que el quejoso en su demanda aduzca que lo que manifiesta en ella lo hace bajo protesta de decir verdad, sino que requiere de la aportación de medios probatorios que demuestren lo que en la misma se afirma., como en el caso sería la exhibición de dicho contrato de arrendamiento. . Asimismo, tampoco exhibió al efecto cédula de empadronamiento y/o licencia de funcionamiento que le autorice a operar la tortillería ubicada en el local clausurado; de ahí que se considera que la aquí quejosa carece de interés jurídico para promover el presente asunto. Lo anterior sin que obste, el hecho que en su escrito inicial de demanda de amparo manifieste la parte quejosa que mediante diversos escritos ha solicitado a la aquí responsable otorgue el permiso o licencia de funcionamiento para desempeñar en la negociación denominada Tortillerías Puebla, y que ello, pudiera considerarse que le ha sido violentado su derecho de petición, pues respecto a ello, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, remitió en vía de anexo diversas constancias de las cuales se advierte que mediante oficio de siete de agosto de dos mil veinte signado por la Directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y dirigido a la ahora quejosa Luisa Castillo Tepox, mediante el cual dicha dependencia le hizo del conocimiento que en atención a la solicitud de apertura comercial, donde se encontraba funcionando inmueble de uso comercial de elaboración de tortillas y molienda de maíz nixtamal denominado "tortillería Puebla", ubicado en la Avenida Atenas Veracruzanas número 905, local "A", de la colonia Revolución, en Xalapa Veracruz, debía llevar a cabo ciertas adecuaciones del inmueble. Asimismo por diverso oficio terminación 479/2021, signado por la Jefa del Centro de Regularización Empresarial y Apertura del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, también dirigido a la ahora quejosa, mediante el cual la signante le hizo del conocimiento que en seguimiento a su solicitud de registro de apertura o movimiento comercial, el mismo no era procedente hasta que actualizara su expediente y subsanara las observaciones realizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano. Entonces se considera que no se le violentó su derecho constitucional establecido en el numeral 8 de la Carta Magna. Por lo anterior, se concluye que, si el acto reclamado del cual su existencia fue aceptada por la responsable, se hace depender de la falta de licencia de funcionamiento para un establecimiento de giro comercial de actividad tortillería, es decir, el quejoso necesariamente, para el funcionamiento de ese establecimiento requiere de ese permiso por parte del Estado a efecto de llevar a cabo esa actividad comercial, de modo que, de no tener esa autorización, no es posible jurídicamente permitir el funcionamiento de ese establecimiento; por ello se concluye que, la parte quejosa, no acreditó con ninguna prueba su interés jurídico, para demostrar el derecho de titularidad de una licencia para efectuar actividad de tortilleríra en el municipio de Xalapa, Veracruz. Esto es, ante la falta de licencia, la orden de clausura y su ejecución de un negocio comercial que se encuentre reglamentado y requiera de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del quejoso, ya que la clausura no debe considerarse como un acto violatorio del derecho de propiedad, sino de mantener abierto al público en franco funcionamiento del giro, facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, documental que es la que acredita la titularidad de ese derecho y por ende, un interés jurídico legalmente tutelado. . Por tanto, el acto reclamado, consistente en la clausura de su negocio de tortillería, no repara perjuicio a la esfera jurídica de la aquí quejosa. . Por último, es preciso señalar que, si bien la responsable hizo valer diversa causal de sobreseimiento específicamente la relativa a agotar el principio de definitividad, debe considerarse actualizada la que se analizó en párrafos precedentes ya que como premisa lógica el agotar el principio de definitividad en un juicio de amparo, debe estudiarse una vez que se ha justificado que el quejoso tiene interés jurídico para acudir al mismo. En mérito de lo expuesto, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Finalmente, déjese sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con treinta y un minuto del catorce de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales procedentes..

  4. Principal

    ... se advierte que a la fecha transcurre el término otorgado a las partes para que se impongan del contenido de las constancias relativas al acto reclamado remitidas por el Delegado de las autoridades responsables Director de Desarrollo Económico y Subdirección de Comercio, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz, con sede en esta ciudad, en alcance a su informe justificado recibidas por proveído de veintinueve de septiembre pasado y notificado a las partes el treinta de septiembre siguiente por lista de acuerdos. En tal virtud, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las diez horas con treinta y un minutos del catorce de octubre del año en curso. Notifíquese.

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