Luisa Armida Coboj Acosta
Expediente 972/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Luisa Armida Coboj Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que establece el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Informes justificados. Agréguense a los autos los oficios que remite el Subdirector de Servicios Administrativos y el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, rinden informe justificado y el primero de los mencionados sobre la suspensión de plano; agréguense a sus autos para conocimiento de las partes y para que surtan sus efectos legales conducentes. Con apoyo en lo establecido en los artículos 117, 119 y 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendidos los informes justificados y respecto a la suspensión de plano, así como por exhibidas las documentales que adjunta a su oficio. Se designan delegados e indica domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la autoridad. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de las documentales remitidas en copia certificada por la citada responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.", Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda y demás constancias existentes en autos, se precisa que el reclamo constitucional se hizo consistir en la omisión de las responsables de suministrar el medicamento que requiere para el tratamiento del padecimiento que refiere padecer consistente en epilepsia, trastorno mixto de ansiedad y depresión, y concretamente de surtir los medicamentos "oxcarbazepina gragea o tableta 300 mg. C/20"; "levetiracetam tabletas 500 mg. C/60"; "lacosamida tabletas 100 mg. C/28"; "clobazam 10 mg."; y, "memantina clorhidrato de tabletas 10 mg. C/28", prescrito en las recetas 361977 y 3259801. Lo anterior, resultó cierto, pues conforme al contenido de las actuaciones existentes en los presentes autos, y las documentales aportadas por las responsables, a las cuales se les otorgó plena validez probatoria, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se evidencia que hasta el día de la presentación de la demanda, ésto es, al dieciocho de julio del año en curso, no le habían surtido el medicamento indicado descrito en la demanda de amparo; de modo que existe certidumbre del acto omisivo reclamado por la parte quejosa. No obstante lo anterior, a través del oficio de cuenta, la autoridad responsable subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quien rindió por sí, y por el restante de las autoridades responsables, hizo patente que en las datas de veintidós de julio y diecinueve de agosto, se efectuó la entrega de los medicamentos, cuya omisión en suministrarle reclamó la parte quejosa, respecto de lo cual, acompañó con los oficios que se agregan las constancias de recibido por la aquí quejosa, con lo que se evidencia que han cesado los actos reclamados. Es así, pues con el actuar de las autoridades responsables, se restituyó a la parte agraviada en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, ya que si bien, en el particular el perjuicio que el acto reclamado le ocasionaba a la impetrante fue en específico la omisión de surtir el medicamento señalado con antelación y durante el sumario constitucional le fue suministrado; por tanto, tal actuar de las responsables torna improcedente el estudio del reclamo opuesto en esta vía constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para quien resuelve, el señalamiento que efectúa la quejosa al relatar el acto reclamado, relativo a que además reclama la omisión de mantener en "existencia y/o inventario y/o disponible para surtir permanentemente oportunamente las recetas." Sin embargo, tal argumentación no puede ser objeto de análisis en el presente sumario, dado que no existe certidumbre en torno a que las autoridades responsables vayan a desplegar una conducta omisa en lo futuro, en lo relativo a la atención médica integral o en lo atinente al surtido de medicamentos que se le prescriban (esto último en concreto que fue el objeto del reclamo); de ahí, que resulte intrascedente tal planteamiento para lo determinado en este biinstancial, en el que el reclamo substancial que causaba un perjuicio a la agraviada, ya cesó en sus efectos por actuación de las propias responsables; de modo que, en caso de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, la agraviada estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del diverso numeral 61 de la propia ley de la materia. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional - indicada para las diez horas con dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintidós-. En tal virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, doce de agosto de dos mil veintidós. Informe sobre suspensión de plano. Agréguense a los autos los informes rendidos por el subdirector de Servicios Administrativos y el director del Centro Médico "Dr. Ignacio Chavez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, residentes en esta ciudad, mediante el cual se pronuncia en relación con el requerimiento de cumplimiento de la suspensión de plano concedida en este sumario; dese vista a las partes con su contenido y anexos, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el director del Centro Médico "Dr. Ignacio Chavez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Se tiene a las mencionadas autoridades, por ofrecidas las pruebas documentales que exhiben, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Informe sobre suspensión de plano. Agréguense a los autos el informe rendido por el subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual se pronuncia en relación con el requerimiento de cumplimiento de la suspensión de plano concedida en este sumario; dese vista a las partes con su contenido y anexos, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Requerimiento. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta el medicamento que refiere, consistente en Clobazam 10 miligramos, a la derechohabiente -aquí quejosa- lo informe a este órgano jurisdiccional; asimismo, remita copia certificada de las constancias que corroboren el recibo efectivo del mismo. Lo anterior, en razón de que en el presente sumario podría actualizarse una causal de improcedencia, misma que resulta de interés público. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Asimismo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que manifieste lo que en derecho corresponda. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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