Luisa Angelica Montes Sarabia

Expediente 419/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 43 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
419/2021
Año
2021
Actuaciones
43
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Luisa Angelica Montes Sarabia
  • Congreso del Estado de Baja California
  • Luisa Angelica Montes Sarabia y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como del contenido de la certificación practicada por el Secretario del Juzgado, ha transcurrido el plazo de quince días que señala el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad que prevé el diverso 210 del propio ordenamiento, en contra del auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés dictado por este órgano jurisdiccional en el presente juicio de amparo, promovido por LUISA ANGÉLICA MONTES SARABIA, en el que se declaró CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR, sin que la parte quejosa haya hecho uso de ese derecho. Archivo Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido; y, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, en particular la certificación que antecede, de la que se advierte que no obra la notificación del oficio 13261/2023, dirigido a la autoridad responsable COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ZONA MEXICALI (C.F.E.) POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, respecto del proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y que de la certificación de cuenta, se hizo constar que la denominación correcta es Suministrador de Servicios Básicos, con residencia en esta ciudad. En consecuencia de lo anterior, se comisiona de manera inmediata al Actuario de la adscripción, a fin de que, remita el oficio de referencia dirigido a la autoridad responsable mencionada, en cumplimiento al proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    ....De ahí, que se estime que el fallo protector se encuentre cumplido, pues se reitera, al impugnar la parte quejosa la aprobación, aplicación y ejecución de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California, únicamente para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, específicamente el artículo 19 (Derecho por Servicio de Alumbrado Público), en todo su contenido; ello no imposibilita a las responsables a no ejercitar el cobro para el ejercicio fiscal dos mil veintidós y subsecuentes. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    AVISO. Se procede a notificar por medio de lista el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés a la parte quejosa, en virtud de no haber acudido al local del juzgado dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a la entrega del aviso en su domicilio procesal para notificarse de dicho auto, el cual establece lo siguiente: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido a la parte quejosa el plazo otorgado en acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por lo que corresponde pronunciarse sobre el cumplimiento o no de la ejecutoria dictada en este juicio. Lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.)1 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, previo al análisis mencionado, conviene destacar los siguientes antecedentes: 1.En sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito, por una parte, sobreseyó en el juicio, y por otra, CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN a la parte quejosa LUISA ANGÉLICA MONTES SARABIA, contra el acto reclamado de las autoridades responsables, para el siguiente efecto: "(.)SEXTO. Efectos del acto reclamado. En esa virtud tal como se precisó en el considerando precedente, se concedió el amparo y protección constitucional para el efecto de: Desincorporar a la quejosa LUISA ANGÉLICA MONTES SARABIA, con residencia en esta ciudad, de la norma general declarada inconstitucional, esto es, para que no sea considerada sujeta del tributo. Restituir a la agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, es decir, para que le sean devueltas las cantidades que a la fecha se le cobraron por concepto de la Jurisprudencia con rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."[Décima Época, con registro: 2007918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 19] contribución de alumbrado público (DSAP) en el municipio de Mexicali, y para que en lo subsecuente no se le apliquen los numerales analizados, dado que dicha obligación tributaria deberá ser desincorporada de la esfera jurídica de la hoy quejosa. Que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias den respectivo cumplimiento a los efectos del amparo concedido a la quejosa en la presente determinación, informando cada una de ellas los actos realizados para lograr el mismo." 2. Mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo, a la delegada de la autoridad AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORIA, interponiendo recurso de revisión en contra de dicha sentencia, el cual por cuestión de turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad. 3. Posteriormente, mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria emitida en el amparo en revisión administrativo 78/2022 por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en la que resolvió, lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo respecto de los actos y autoridades descritos en el considerando tercero de esta ejecutoria, en términos de lo decretado en los considerandos tercero y quinto en relación con el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida. TERCERO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a LUISA ANGELICA MONTES SARABIA, en términos de lo precisado y para los efectos indicados en la sentencia recurrida." 4. En acatamiento a ello, previo a diversos requerimientos, en acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, informando que mediante oficio TES/RR-JUR/8010/2022, solicitó a la CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, DIVISIÓN COMERCIAL DE BAJA CALIFORNIA, que no se cobrará a la quejosa el derecho por servicio de alumbrado público causado por el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. 5. Posteriormente, por auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, el Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, informó que recibió oficio SSB/BCA-08.0164/2022, signado por el responsable del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Electricidad, en donde informó el monto total a pagar a la quejosa LUISA ANGÉLICA MONTES SARABIA, la cual asciende a la cantidad de $96.78 moneda nacional (noventa y seis pesos 78/100), correspondiente al cobro del derecho por Servicio de Alumbrado Público, causado por el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, lo cual se evidencia con los registros del sistema comercial (SICOM); Que lo anterior, refiere es dable devolver a la quejosa la suma aludida; añade que debe entregar por escrito a esa autoridad municipal el recibo original de pago, así como señale el domicilio fiscal y su registro federal de contribuyentes (R.F.C.), a efecto de dar inicio al trámite de la devolución correspondiente, en términos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 6. En auto de veintiséis de mayo del año en curso, se tuvo al Recaudador de Rentas del XXIV del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, exhibiendo copia certificada del acta de entrega del cheque 0096187, de cuatro de mayo en curso, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, por la cantidad de $96.78 pesos (noventa y seis pesos 78/100, moneda nacional), correspondiente a la quejosa LUISA ANGÉLICA MONTES SARABIA, por concepto de la devolución de la cantidad pagada por el derecho por servicio de Alumbrado Público, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 7. Con lo anterior, en el propio auto, se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días siguientes a su notificación, manifestara lo que a su interés conviniere, apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna en el término que para tal efecto se le había concedido, este Órgano Jurisdiccional se pronunciaría sobre el aludido cumplimiento, con base en las constancias existentes en el expediente y los datos aportados por la responsable. 8. Tal vista se notificó a la parte quejosa el uno de junio del año en curso, formulando manifestaciones al respecto. Pues bien, precisados los indicados antecedentes, corresponde pronunciarse sobre el cumplimiento o no de la sentencia dictada en este juicio. Los efectos de la ejecutoria de amparo, se emitieron para que, una vez que causara ejecutoria la sentencia dictada, la autoridad responsable, tendría que desincorporar a la quejosa LUISA ANGÉLICA MONTES SARABIA, con residencia en esta ciudad, de la norma general declarada inconstitucional, esto es, para que no sea considerada sujeta del tributo; restituir a la agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, es decir, para que le sean devueltas las cantidades que a la fecha se le cobraron por concepto de la contribución de alumbrado público (DSAP) en el municipio de Mexicali, y para que en lo subsecuente no se le apliquen los numerales analizados, dado que dicha obligación tributaria deberá ser desincorporada de la esfera jurídica de la hoy quejosa. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: a) Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, informando que mediante oficio TES/RR-JUR/8010/2022, solicitó a la CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, DIVISIÓN COMERCIAL DE BAJA CALIFORNIA, que no se cobrará a la quejosa el derecho por servicio de alumbrado público causado por el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. b) Posteriormente, por auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, el Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, informó que recibió oficio SSB/BCA-08.0164/2022, signado por el responsable del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Electricidad, en donde informó el monto total a pagar a la quejosa LUISA ANGÉLICA MONTES SARABIA, la cual asciende a la cantidad de $96.78 moneda nacional (noventa y seis pesos 78/100), correspondiente al cobro del derecho por Servicio de Alumbrado Público, causado por el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, lo cual se evidencia con los registros del sistema comercial (SICOM); Que lo anterior, refiere es dable devolver a la quejosa la suma aludida; añade que debe entregar por escrito a esa autoridad municipal el recibo original de pago, así como señale el domicilio fiscal y su registro federal de contribuyentes (R.F.C.), a efecto de dar inicio al trámite de la devolución correspondiente, en términos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. c) En auto de veintiséis de mayo del año en curso, se tuvo al Recaudador de Rentas del XXIV del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, exhibiendo copia certificada del acta de entrega del cheque 0096187, de cuatro de mayo en curso, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, por la cantidad de $96.78 pesos (noventa y seis pesos 78/100, moneda nacional), correspondiente a la quejosa LUISA ANGÉLICA MONTES SARABIA, por concepto de la devolución de la cantidad pagada por el derecho por servicio de Alumbrado Público, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De lo antes expuesto, se concluye que se ha restituido a la parte agraviada en el pleno goce de los derechos violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; toda vez que se desincorporó a la quejosa LUISA ANGÉLICA MONTES SARABIA, de la norma general declarada inconstitucional; se restituyó a la agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, es decir, para que le sean devueltas las cantidades que a la fecha se le cobraron por concepto de la contribución de alumbrado público (DSAP) en el municipio de Mexicali, y para que en lo subsecuente no se le apliquen los numerales analizados, dado que dicha obligación tributaria deberá ser desincorporada de la esfera jurídica de la hoy quejosa; por tanto, lo procedente es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, en el sentido de que el fallo protector no se encuentra cumplido, en virtud, de que aún se le sigue aplicando el cobro del derecho tildado de inconstitucional, en los subsecuentes recibos de servicio eléctrico, al de la fecha del acto reclamado. Al respecto, debe decirse que acorde a lo informado por el Recaudador de Rentas del XXIV del Ayuntamiento de Mexicali, mediante oficio TES/RR-JUR/2929/2023, la parte quejosa impugnó la aprobación, aplicación y ejecución de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California, únicamente para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, específicamente el artículo 19 (Derecho por Servicio de Alumbrado Público), en todo su contenido; por lo que estima improcedente considerar el no cobro para el ejercicio fiscal dos mil veintidós y subsecuentes. En efecto, la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 356/2013, en sesión de seis de noviembre de dos mil trece, en su parte conducente estableció que en el supuesto de que el amparo se conceda en contra de una disposición reclamada con motivo de su aplicación concreta, a dejar insubsistente el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo (supuesto en el que los efectos del amparo actúan hacia el pasado), y por lo que hace a las normas impugnadas, tanto en su carácter heteroaplicativo como autoaplicativo, se constriñe a las autoridades a que se abstengan de aplicar en lo sucesivo la norma declarada inconstitucional, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia de garantías que constituye cosa juzgada, hasta en tanto la norma no sea reformada. De tal manera, el amparo se concede, en principio y fundamentalmente, en contra del ordenamiento general materia del juicio y, como consecuencia, en contra del acto que fue el que actualizó los supuestos de aquél, por lo que los efectos del amparo en contra de un ordenamiento general, son los de proteger al gobernado, no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, sino también, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro, en tanto no se reforme. En ese sentido, en caso de que exista una reforma de la ley, cualquiera que sea el contenido o alcance de ésta, o si es sustituida por otro texto distinto, similar o incluso idéntico, se estaría en presencia de un nuevo acto legislativo que no está regido por la sentencia protectora. Por lo tanto, conforme al principio conocido como de autoridad formal de la ley o de congelación de rango, la reforma o extinción de un acto legislativo, se produce a través de otro, dictado conforme al mismo procedimiento y a las mismas formalidades que dieron nacimiento a aquél y que, generalmente, consistente en una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, e inició de vigencia. Así, al considerar que el ejercicio democrático de los representantes del pueblo a través del procedimiento de creación de una norma, debe ser entendido bajo la idea de que en él se da espacio a las distintas opciones políticas, las cuales podrán expresar en un nuevo acto legislativo su voluntad de legislar en un sentido concreto, que podrá ser reiterando con exactitud o con semejanza la norma antes vigente o introduciendo diferencias, lo que conforme al principio de que la ley nueva abroga a la anterior, deriva en que haya una nueva norma, con independencia de su contenido. Bajo ese orden de ideas, si se toma en consideración que la concesión del amparo contra normas heteroaplicativas surte efectos en tanto que exista esa ley, entonces, cuando se origina un nuevo acto legislativo -aun cuando el texto de la ley que se hubiera declarado inconstitucional no sufra alguna modificación-, la sentencia no protegerá al gobernado en contra de ese nuevo acto, por lo que estará en condiciones de promover un nuevo juicio de amparo. De ahí, que se estime que el fallo protector se encuentre cumplido, pues se reitera, al impugnar la parte quejosa la aprobación, aplicación y ejecución de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California, únicamente para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, específicamente el artículo 19 (Derecho por Servicio de Alumbrado Público), en todo su contenido; ello no imposibilita a las responsables a no ejercitar el cobro para el ejercicio fiscal dos mil veintidós y subsecuentes. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno.

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