Luisa Adriana Cañedo Camacho
Expediente 929/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luisa Adriana Cañedo Camacho
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo, sin que haya interpuesto recurso alguno contra el referido proveído; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 21, inciso d), se prevé que es susceptible de destrucción los expedientes en los que se deseche la demanda de amparo y que tengan más de tres años de haberse ordenado el archivo correspondiente. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente toda vez que en el referido auto se desechó la demanda de amparo. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia, y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento al artículo 24 del mencionado acuerdo general.
- Principal
En virtud de no haberse presentado la promovente, o alguno de sus autorizados, a notificarse personalmente del auto de ocho de septiembre del dos mil veintidós, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el auto que en lo conducente dice: FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo que promueve, por su propio derecho, a través de la cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente 929/2022-IV-B, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, solo en la idea sustancial y jurídicamente conducente, la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Así, respecto de la demanda de amparo presentada por Luisa Adriana Cañedo Camacho, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, porque esa resolución no constituye la última resolución en el procedimiento de remate substanciado en el aludido contradictorio. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las normas jurídicas invocadas, las cuales indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" El numeral transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo biinstancial es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el artículo inserto en último orden dispone, en lo que interesa, que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y cuando se trata de actos que emanan del procedimiento de remate ese medio extraordinario de defensa sólo podrá promoverse contra la última resolución, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Es decir, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución en el procedimiento de remate, momento en el que se podrán reclamar en la propia demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hayan dejado sin defensa al quejoso y que trascendieron al resultado de la resolución final. En relación con ese supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el arábigo 107, fracción IV, de la ley de la materia el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de los actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto que se reconoció la posibilidad del control constitucional de las actuaciones emitidas fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es, la última resolución que se dicta. En ese sentido, señaló que tratándose de actos del remate, el legislador precisó que la última resolución del procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues es inconcuso que una vez que el bien inmueble sujeto a remate fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate; luego, dijo que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble, se haya agotado en su totalidad. El Máximo Tribunal Constitucional del país puntualizó que la interpretación que debe darse al normativo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo debe ser en el sentido de que el juicio constitucional biinstancial es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado; es decir, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido por los artículos 17 de la Constitución Federal, en tanto el requisito establecido en el tercer párrafo, de la fracción IV, del ordinal 107, de la ley de la materia tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Al respecto se cita la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Ahora, de acuerdo con los antecedentes relatados se advierte que en el caso se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia examinada, porque la resolución impugnada no constituye la última resolución en el procedimiento de remate substanciado en el juicio sumario civil hipotecario 344/2018. Se sostiene lo anterior porque en la resolución reclamada al Magistrado de la Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado, de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca 174/2022-C, que confirmó el auto apelado de veintidós de abril de dos mil veintidós, emitido en el juicio sumario civil hipotecario 344/2018, que aprobó el remate del bien inmueble propiedad de la quejosa, no ordenó en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del inmueble objeto de remate, y tampoco existe la adjudicación de ese bien raíz. Lo expuesto se constata de los antecedentes expresados por la quejosa en donde expuso que en el juicio sumario civil hipotecario 344/2018, dio inicio la etapa de ejecución forzosa, se designó perito valuador quien emitió su dictamen sobre el avaluó del bien inmueble objeto del remate; se fijó fecha para la celebración de esa diligencia y se aprobó el remate el veintidós de abril de dos mil veintidós. En contra de esa resolución, la quejosa interpuso el recurso de apelación que conoció la Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado, quien el doce de agosto de dos mil veintidós confirmó el auto de veintidós de abril de esa anualidad, emitido en el juicio sumario civil hipotecario 344/2018, que aprobó el remate del bien inmueble propiedad de la quejosa. En ese contexto, la resolución atacada no constituye la última resolución del procedimiento de remate instaurado en el juicio natural en términos de lo previsto por el arábigo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, porque no es una resolución que en forma definitiva dispongan el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien raíz objeto de remate, sino que son actuaciones acaecidas dentro de ese procedimiento, es inconcuso que este medio procesal de tutela constitucional es improcedente de manera indudable y manifiesta. En esa línea, la inconforme deberá esperar a que el Juez responsable dicte la última resolución en el procedimiento de remate que instrumenta en el juicio natural para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional en la vía indirecta, momento en el que podrá reclamar en la propia demanda las eventuales violaciones cometidas durante la substanciación del procedimiento que la hayan dejado sin defensa y que trasciendan al resultado de la determinación final. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Luisa Adriana Cañedo Camacho, en contra el acto reclamado del Magistrado de la Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca 174/2022-C, que confirmó el auto apelado de veintidós de abril pasado, emitido en el juicio sumario civil hipotecario 344/2018, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.
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