Luis Villagómez Ochoa
Expediente 193/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Luis Villagómez Ochoa
Actuaciones
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinte de junio de dos mil diecisiete. Vista la cuenta; agréguese a sus autos para que obre como a derecho corresponda el oficio remitido por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 516/2017-2, del cual se desprende que notificó personalmente al quejoso. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de exhortos. Por otra parte, téngase por recibido el informe rendido por las autoridades responsables en relación a la suspensión de plano concedida al quejoso *****; por tanto, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. (2)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, quince de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda constitucional promovida por********************, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama Veracruz, y de otras autoridades; por tanto, regístrese en el libro de gobierno con el número 193/2017-2. Ahora, por cuanto a los actos que se reclaman, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, carece de competencia legal para resolver el presente asunto, atendiendo a que los actos reclamados señalados por el quejoso, se están llevando a cabo o tienen ejecución en el Estado de Veracruz, municipio de Villa Aldama, pues el quejoso actualmente se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con residencia en Villa Aldama, por tanto este juzgado de distrito es incompetente legalmente para conocer de la demanda constitucional, conforme al citado precepto 37 de la ley de la materia, que dispone. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto citado establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; y, La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, en cuyo caso es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese orden de ideas, y dada la naturaleza de los actos reclamados, que se hacen consistir en: "Amparo indirecto. Para: Castigo. Segregación. 2.- Lentes de aumento. 3.- Tenis y calzetas." "Acto Reclamado. Se reclama la falsedad y declaración de internos como de funcionarios de este centro federal sobre su negligencia, incumpliendo y de no brindar una buena defensa en el consejo o Comité Técnico Interdisciplinario ya que todo es por d (sic) una simple señalamiento de internos que esta vinculados con los guardias ? (sic) Teléfonos y una punta que no son míos." Se tiene que en el caso se surte la primera regla competencial, específicamente, la hipótesis relativa al lugar donde se están ejecutando las consecuencias del acto reclamado, si se atiende a que la segregación, golpes y malos tratos, tienen lugar precisamente en el lugar de reclusión del quejoso, lo que significa que para determinar la competencia, debe atenderse al lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado. Asentado lo anterior, es patente que las consecuencias de los actos que afectan al quejoso tienen lugar en la jurisdicción territorial del Estado de Veracruz, específicamente en Villa Aldama, que es una jurisdicción diversa a la de este órgano de control constitucional; además de que no se advierte dato alguno que indique que se estén verificando o que se llevarán a cabo en la residencia de este juzgado federal. Es aplicable a lo expuesto, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, septiembre de 1993, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Asimismo, se cita por identidad jurídica sustancial la tesis de jurisprudencia 1a./J. 54/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, agosto de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Sin que se inadvierta que el promovente********************, en este juzgado de distrito tiene instruida en su contra la causa penal ********************sin embargo, en el caso no se están reclamando actos derivados del citado proceso penal, sino los actos que se están ejecutando en la jurisdicción de los juzgados de distrito con residencia en el Estado de Veracruz (segregación, golpes y malos tratos, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz), razón por la cual con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, anteriormente citado, este juzgado de distrito declina competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por********************; fórmese cuaderno de antecedentes y remítase la demanda original, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, para que por su conducto se remita al Juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, para los efectos legales a que haya lugar, de igual forma, se solicita acuse de recibo e informe lo que tenga a bien acordar. Suspensión de plano. No obstante lo anterior, por tratarse de actos de segregación, golpes y malos tratos, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, respecto al directamente quejoso ********************se acuerda: Se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado para el efecto de que CESEN DE INMEDIATO los actos de segregación, golpes y malos tratos así como cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional así como los que pongan en peligro la integridad física del directamente quejoso. Esta determinación se toma al considerar que, a criterio de quien esto resuelve, se actualizan los elementos necesarios para decretar esta medida de carácter excepcional, atendiendo a la urgencia y gravedad del caso según lo relatado por la promovente. Aunado a lo anterior, es indispensable recordar a las autoridades responsables que el Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad administrativa y judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución); además, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional público, ha sido reconocido el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (numerales .2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). En ese orden de ideas, es indudable que los derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos. Para prevenir la práctica de la tortura, el Estado Mexicano tiene diversas obligaciones, entre las que se destacan: sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. En consecuencia, se solicita vía telegráfica a las autoridades responsables para que informen de inmediato, es decir, a más tardar, dentro del término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta determinación. De igual forma, se cerciore de que efectivamente, en su caso, se haya suspendido la ejecución o se haya hecho cesar cualquier acto respecto de los cuales se concede la suspensión de plano de que se trata. Asimismo, se ordene a la actuaria que en el momento de la notificación dé fe de la integridad física exterior y de las condiciones en que se encuentra el citado quejoso; esto es si presenta alguna lesión visible; diligencia que se desarrollará respecto de todo aquello que pueda percibir a través de los sentidos debiendo levantar el acto pormenorizada correspondiente, y además de cuestionarlo para que manifieste si en dicho lugar lo han mantenido incomunicado o aún lo tienen y si ha sido objeto de incomunicación y penas inusitadas. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso aduce que promueve amparo indirecto para "Lentes de aumento. Tenis y calzetas (sic)", atento a ello, se decreta de plano la suspensión para que las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad le proporcionen los medicamentos necesarios para salvaguardar su vida y su salud, y de inmediato y sin demora, se tomen las medidas que sean necesarias a fin de que de manera urgente se brinde a dicho quejoso el tratamiento médico que requiera, lo que deberán acreditar con los exámenes médicos correspondientes, informando el estado de salud del quejoso, asimismo, proporcionando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere el impetrante, para brindarle el tratamiento médico apropiado a su padecimiento y, en atención a ello, se les suministren los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su tratamiento, en aras de preservar su calidad de vida, lo anterior en términos de los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual prevé que los Estados partes de ese pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y que entre las medidas que deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán, entre otras, la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad, a fin de garantizarle un trato digno y de respeto a su persona. Cabe invocar al caso la tesis VII.2o.P.3 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 2171, agosto de 2015, tomo III, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHOS CENTROS. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 'Protocolo de San Salvador'; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos correspondientes, el estado de salud del quejoso, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que requiere, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere cuál medida resulta más conveniente para poder brindar al quejoso el tratamiento médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento." Ahora bien, toda vez que el quejoso ********************, se encuentra recluido fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, con fundamento en los artículos 26, fracción I, incisos a) y c), y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el numeral 298, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, de acuerdo a su artículo 2°, así como el Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal, cuyo artículo 107, refiere que el uso de las firmas electrónicas vigentes y reconocidas por el Poder Judicial de la Federación, sustituyen a las firmas autógrafas al producir los mismos efectos jurídicos, gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con sede en villa Aldama, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene al actuario de su adscripción que de inmediato se constituya en el lugar en que actualmente se encuentra recluido el quejoso, a fin de que realice la notificación de este proveído. De igual forma, se cerciore de que efectivamente, en su caso, se haya suspendido la ejecución o se haya hecho cesar cualquier acto respecto de los cuales se concede la suspensión de plano de que se trata. Asimismo, se ordene a la actuaria que en el momento de la notificación dé fe de la integridad física exterior y de las condiciones en que se encuentra el citado quejoso; esto es si presenta alguna lesión visible; diligencia que se desarrollará respecto de todo aquello que pueda percibir a través de los sentidos debiendo levantar el acto pormenorizada correspondiente, y además de cuestionarlo para que manifieste si en dicho lugar lo han mantenido incomunicado o aún lo tienen y si ha sido objeto de incomunicación y penas inusitadas. Por otro lado, se solicita al juez exhortado que haga saber esta determinación al director del reclusorio federal en que se encuentra detenido el quejoso, a fin de que esté en aptitud de informar a este juzgado el cumplimiento que dé a la medida adoptada. Con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se autoriza al juez exhortado, para el caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles para que el actuario de su adscripción pueda llevar a cabo la notificación de mérito. Domicilio y autorizados xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Notifíquese y por exhorto al quejoso.
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