Luis Villagomez Ochoa
Expediente 711/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Villagomez Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
El Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad informa el estado procesal del juicio de amparo 74/2017 de su índice, promovido por el quejoso Luis Villagómez Ochoa, y remite copias certificadas deducidas de dicho expediente, las que en su caso serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, de las constancias de referencia se advierte que la actuaria adscrita al juzgado federal en mención, fue informada por el personal adscrito al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, que el citado quejoso egresó de dicho centro penitenciario, el veintidós de julio del año en curso, al haber obtenido sentencia absolutoria a su favor (foja 174); por tal motivo, se provee lo siguiente: PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se considera respetuosamente que en este juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia citada está basada en lo innecesario de estudiar aquel acto de autoridad que carece de efectos en agravio del quejoso, cuando la actuación posterior de la autoridad desapareció las consecuencias que trascendían en su esfera jurídica. En ese sentido, para que opere tal motivo de improcedencia es necesaria la desaparición plena e incondicional de sus efectos, como si nunca hubiese sido afectada la esfera jurídica del gobernado, incluso, como si se le hubiera concedido la protección constitucional y hubiese sido restituido de la afectación alegada. HECHOS En el caso, cabe destacar que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La falta de atención médica y medicamentos adecuados para los padecimientos que presenta en el centro de reclusión. Por otra parte, de las constancias de cuenta se advierte que el quejoso egresó del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, el veintidós de julio del año en curso, al haber obtenido sentencia absolutoria a su favor. CONCLUSIONES Por lo tanto, se concluye respetuosamente que cesaron los efectos de los actos reclamados, porque la actuación de la autoridad extinguió de forma plena e incondicional los efectos perjudiciales que trascendieron en la esfera jurídica del quejoso, al haberlo puesto en libertad; lo que conlleva a determinar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, por lo que se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para dicha audiencia. Hágase las anotaciones correspondientes e infórmese a las autoridades responsables. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Al encontrarse el quejoso en libertad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ordénese al actuario judicial que corresponda efectúe la notificación que nos ocupa, por lista de acuerdos; así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones.
- Principal
Las autoridades adscritas al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz rinden el informe relativo a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa, así como su informe justificado y remiten copia certificada de diversas constancias. Por lo tanto, se tiene por cumplido el requerimiento efectuado en autos; con el contenido del citado informe justificado y las constancias de referencia dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que estimen pertinente, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la ley invocada, se reciben como pruebas las constancias de referencia. De igual forma, como lo solicitan dichas autoridades, se tienen como delegados en términos del artículo 9 de la ley en mención a los profesionistas que señalan. En otro aspecto, el Director Jurídico adscrito a dicho Centro Federal, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que la autoridad que la parte quejosa denominó como Director y/o Titular del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con supuesta residencia en Villa Aldama, Veracruz, no existe dentro de la estructura orgánica de esa unidad administrativa; por tal motivo, como está ordenado en autos, se tiene por inexistente a dicha autoridad y suspéndase toda comunicación oficial con la misma. Por otra parte, el citado Director Jurídico adscrito al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, objeta las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, las cuales consisten en lo siguiente: "1) Inspección ocular: a cargo del Ministerio Público. 2) Inspección ocular: a cargo del Actuario y/o Notificador de ese Juzgado para que den fe de los problemas y lesiones que tengo." Ahora bien, la objeción formulada por la autoridad adscrita al centro penitenciario en mención, respecto de las ofrecidas por la parte quejosa las realiza por cuanto hace a su alcance y valor probatorio, de las que solicita su desechamiento, ya que aduce que su desahogo afecta el interés social, debido a que tendrían que realizarse en el interior del Centro Penitenciario, en el que se encuentran personas privadas de su libertad, clasificados como de alta peligrosidad, y resulta esencial la confidencialidad de la información relativa a su funcionamiento, dispositivos de seguridad y ubicación de la población; ya que la divulgación de tal información podría desequilibrar el orden y seguridad del centro de reclusión de que se trata. Sin embargo, cabe precisar que en proveído de veinte de junio del año en curso (fojas 15 a 19), se ordenó practicar la diligencia de inspección relativa al estado físico que el quejoso presenta en el lugar de su reclusión, de acuerdo con las facultades que ley le confiere al fedatario judicial adscrito; asimismo, se indicó que era improcedente tramitar la prueba de inspección judicial a cargo del Ministerio Público, debido a que dicha probanza no tiene sustento alguno en la Ley de Amparo y en la legislación supletoria a la misma; por lo que dígase a la autoridad responsable en mención, que deberá estarse a lo ahí acordado.
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La Dirección General de Control de Juicios de Amparo de la Procuraduría General de la República, con sede en Ciudad de México informa las medidas adoptadas para dar trámite a lo manifestado por la parte quejosa en la demanda de amparo, por cuanto hace a los posibles actos de tortura realizados en su contra.
- Principal
La Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Veracruz, Veracruz informa que designa como defensor público del quejoso Luis Villagómez Ochoa en el juicio en que se actúa, al licenciado Jesús Hernández León, Defensor Público Federal adscrito a este juzgado, por los motivos que expone; por tanto, comuníquese personalmente este acuerdo a dicho profesionista para su representación, así como al quejoso, para los efectos legales procedentes.
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