Luis Víctor Romero Ávila y Otros.
Expediente 24/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 35 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Luis Víctor Romero Ávila y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia con engrose de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, este juzgado determinó sobreseer y conceder la protección constitucional, para el efecto: " [.]Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable, Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Tlaxcala, deberá realizar lo siguiente: I.- Deberá dejar insubsistente la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés dictada en el procedimiento MTLX/P.R/002/2022 y acumulados MTLX/P.R/003/2022, MTLX/P.R./004/2022, MTLX/P.R/005/2022 y MTLX/P.R/006/2022, únicamente por lo que se refiere a los aquí quejosos. II.- Con libertad de jurisdicción dicte una nueva determinación, que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, en la que cumpla con los lineamientos de esta ejecutoria y purgue los vicios formales destacados, a fin de cumplir con la garantía de motivación. Y con base, entre otras, en las consideraciones siguientes: ".Conforme a lo anterior, si bien la autoridad responsable fundó su determinación en los dispositivos antes transcritos, lo cierto es que no motivo su proceder, toda vez que omitió establecer con qué pruebas se acreditaban las causales de remoción y las razones por las que estima se actualizaban éstas. En otras palabras, en la determinación combatida no se especifica cómo es que cada una de las pruebas demuestran el actuar de los elementos policíacos, es decir, existe una ausencia de razonamientos que demuestren qué hecho es el que se desprende de cada dato probatorio y cómo es que ese suceso le es atribuido a cada uno de los investigados. Además, tampoco se especifica en concreto cuál de las hipótesis normativas es la que se configura de acuerdo al actuar de cada uno de los ahora quejosos, dado en que el acto reclamado se hace mención de manera genérica y dogmática a que incurrieron.. ..Conforme a ello, en la resolución que se analiza no se especifica cuál de todas esas conductas fueron las desplegadas por Luis Víctor Romero Ávila, Eloy Contreras Zitlalpopocatl y Juan Carlos Miranda Hernández y tampoco se menciona de forma concreta cómo es que los hechos encuadran en esas hipótesis normativas. Cabe añadir que tal saturación de conductas atribuidas, sin especificar cuál corresponde a cada uno de los sujetos investigados y qué conducta desplegada por cada uno la configura, genera incertidumbre jurídica para los quejosos, pues se les veda el derecho a conocer con cuál de todas ellas trajo como resultado la sanción de remoción y separación de su puesto. Máxime que para estimar procedente la imposición de tales sanciones no es necesario acreditar todos los supuestos normativos invocados, pues bastaría con incumplir con alguno de ellos para decretar la sanción correspondiente, siempre y cuando se individualice la conducta que cada uno de los elementos policiacos desplegó con base al material probatorio existente en el procedimiento administrativo [.]. Asimismo, por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al Secretario Técnico y Representante Común de la Comisión de Honor y Justicia de Municipio de Tlaxcala, interponiendo recurso de revisión contra la citada sentencia. En proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, devolviendo los autos del juicio de amparo en que se actúa e informando que causó estado el auto de uno de septiembre del presente año, por medio del cual se desechó el recurso de revisión intentado y se procedió a requerir el cumplimiento del fallo constitucional. Conforme a lo anterior, mediante oficio MTLX/CHJ/100//2023 de veinticuatro de octubre del año en curso, signado por la Secretaria Técnico y Representante Común de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Tlaxcala, señaló haber dado cumplimiento al fallo protector, de cuyo contenido se advierte lo siguiente: -En resolución de veinte de octubre de dos mil veintitrés, se dejó sin efectos la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictada en el procedimiento MTLX/P.R/002/2022 y acumulados MTLX/P.R/003/2022, MTLX/P.R./004/2022, MTLX/P.R/005/2022 y MTLX/P.R/006/2022, únicamente por lo que se refiere a los aquí quejosos. -Con libertad de jurisdicción dictó una nueva determinación. Al respecto, esta Juzgadora Federal procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que en efecto, mediante resolución de veinte de octubre de dos mil veintitrés, dicha autoridad responsable, dejó sin efectos la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictada en el procedimiento MTLX/P.R/002/2022 y acumulados MTLX/P.R/003/2022, MTLX/P.R./004/2022, MTLX/P.R/005/2022 y MTLX/P.R/006/2022, únicamente por lo que se refiere a los aquí quejosos y dictó una nueva determinación en la cual con libertad de jurisdicción fundó y motivó su proceder al expresar con qué pruebas se acreditaban las causales de remoción y las razones por las que estima se actualizaban éstas; entre otras, que el día cinco de diciembre de dos mil veintidós, los hoy quejosos se encontraban en activo y abandonaron sus funciones ya que se vieron involucrados en un accidente de tránsito en el municipio de Panotla, concretamente en la carretera Texantla perteneciente al municipio de Panotla, precisando que no acudieron en algún tipo de apoyo intermunicipal, por lo que en consecuencia se acreditaba que incumplieron con la obligación establecida en el artículo 37, fracción XL, así como la causal de remoción prevista en la fracción IV, del artículo 288, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de Tlaxcala, las cuales son las siguientes: Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la Comisaría, dentro o fuera del servicio, abandonar sin el consentimiento de un superior su área de servicio asignada, los cuales son reafirmados por las declaraciones de los CC. Juan Carlos Miranda Hernández, Eloy Contreras Zitlalpopocatl y Luis Víctor Romero Ávila, en las audiencias respectivas porque no justificaron o desvirtuaron sobre los hechos investigados del día cinco de diciembre de dos mil veintidós, el no encontrarse en el lugar de trabajo o estar dentro de la circunscripción del Municipio de Tlaxcala, es decir que se encontraban fuera de su jurisdicción de su adscripción que pertenecen; actualizándose sobre los hechos antes descritos y tomando en consideración las causales de remoción los cuales son recurridas que se encuentran en el artículo 288 del Reglamento en comento, son las siguientes: abandonar sin el consentimiento de un superior el área de servicio asignada, las cuales justifica el procedimiento. De lo anterior es que se considera que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Máxime que la propia sentencia se plasmó que para estimar procedente la imposición de sanciones no era necesario acreditar todos los supuestos normativos invocados, pues bastaría con incumplir con alguno de ellos para decretar la sanción correspondiente, siempre y cuando se individualizara la conducta que cada uno de los elementos policiacos desplegó con base al material probatorio existente en el procedimiento administrativo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese este juicio como concluido, gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la suspensión definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno original es conservable; por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente incidental, sin previo acuerdo, realícese la desincorporación, a efecto de que en su momento sea transferido conforme a lo dispuesto en el acuerdo en comento artículo 18 penúltimo párrafo. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Ahora bien, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por Leonel Ramírez Zamora, autorizado en términos amplios por los quejosos Luis Víctor Ávila, Eloy Contreras Zitlalpopocatl y Juan Carlos Miranda Hernández; mediante el cual manifiesta que no debe de tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo, ya que no cumplieron con los lineamientos que le fueron indicados en la sentencia constitucional y que no justificaron la conducta atribuida a cada uno de sus representados, las pruebas que acreditaron la sanción, ni mucho menos en el caso no concedido qué otra sanción de menor intensidad no fuera proporcional con la supuesta conducta acreditada, mediante la imposición de una sanción menos lesiva (que en este caso ni la conducta, ni la sanción quedaron acreditada) y por ende se procediera al inicio al procedimiento de inejecución en contra de las autoridades responsables y consignarlas al Ministerio Público Federal. Contrario a lo manifestado por el autorizado de los quejosos, la ejecutoria de amparo; sí se encuentra cumplida, ya que como ya se concluyó, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y con libertad de jurisdicción de una manera fundada y motivada concluyó que se acreditaba la responsabilidad en la que incurrieron los quejosos y por ende, decretó su remoción; por lo tanto, no procede iniciar el procedimiento de ejecución solicitado en contra de dicha autoridad. Ahora bien, si dicha resolución no se encuentra debidamente fundada y motivada, no puede ser materia de análisis en el presente cumplimiento de la ejecutoria de amparo; al habérsele otorgado a la autoridad responsable libertad de jurisdicción; de ahí que, en su caso, será en un nuevo juicio de amparo, en donde pueda alegar la ilegalidad que advierte respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese personalmente a los quejosos, electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia con engrose de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, este juzgado determinó sobreseer y conceder la protección constitucional, para el efecto: " [.]Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable, Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Tlaxcala, deberá realizar lo siguiente: I.- Deberá dejar insubsistente la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés dictada en el procedimiento MTLX/P.R/002/2022 y acumulados MTLX/P.R/003/2022, MTLX/P.R./004/2022, MTLX/P.R/005/2022 y MTLX/P.R/006/2022, únicamente por lo que se refiere a los aquí quejosos. II.- Con libertad de jurisdicción dicte una nueva determinación, que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, en la que cumpla con los lineamientos de esta ejecutoria y purgue los vicios formales destacados, a fin de cumplir con la garantía de motivación. Y con base, entre otras, en las consideraciones siguientes: ".Conforme a lo anterior, si bien la autoridad responsable fundó su determinación en los dispositivos antes transcritos, lo cierto es que no motivo su proceder, toda vez que omitió establecer con qué pruebas se acreditaban las causales de remoción y las razones por las que estima se actualizaban éstas. En otras palabras, en la determinación combatida no se especifica cómo es que cada una de las pruebas demuestran el actuar de los elementos policíacos, es decir, existe una ausencia de razonamientos que demuestren qué hecho es el que se desprende de cada dato probatorio y cómo es que ese suceso le es atribuido a cada uno de los investigados. Además, tampoco se especifica en concreto cuál de las hipótesis normativas es la que se configura de acuerdo al actuar de cada uno de los ahora quejosos, dado en que el acto reclamado se hace mención de manera genérica y dogmática a que incurrieron.. ..Conforme a ello, en la resolución que se analiza no se especifica cuál de todas esas conductas fueron las desplegadas por Luis Víctor Romero Ávila, Eloy Contreras Zitlalpopocatl y Juan Carlos Miranda Hernández y tampoco se menciona de forma concreta cómo es que los hechos encuadran en esas hipótesis normativas. Cabe añadir que tal saturación de conductas atribuidas, sin especificar cuál corresponde a cada uno de los sujetos investigados y qué conducta desplegada por cada uno la configura, genera incertidumbre jurídica para los quejosos, pues se les veda el derecho a conocer con cuál de todas ellas trajo como resultado la sanción de remoción y separación de su puesto. Máxime que para estimar procedente la imposición de tales sanciones no es necesario acreditar todos los supuestos normativos invocados, pues bastaría con incumplir con alguno de ellos para decretar la sanción correspondiente, siempre y cuando se individualice la conducta que cada uno de los elementos policiacos desplegó con base al material probatorio existente en el procedimiento administrativo [.]. Asimismo, por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al Secretario Técnico y Representante Común de la Comisión de Honor y Justicia de Municipio de Tlaxcala, interponiendo recurso de revisión contra la citada sentencia. En proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, devolviendo los autos del juicio de amparo en que se actúa e informando que causó estado el auto de uno de septiembre del presente año, por medio del cual se desechó el recurso de revisión intentado y se procedió a requerir el cumplimiento del fallo constitucional. Conforme a lo anterior, mediante oficio MTLX/CHJ/100//2023 de veinticuatro de octubre del año en curso, signado por la Secretaria Técnico y Representante Común de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Tlaxcala, señaló haber dado cumplimiento al fallo protector, de cuyo contenido se advierte lo siguiente: -En resolución de veinte de octubre de dos mil veintitrés, se dejó sin efectos la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictada en el procedimiento MTLX/P.R/002/2022 y acumulados MTLX/P.R/003/2022, MTLX/P.R./004/2022, MTLX/P.R/005/2022 y MTLX/P.R/006/2022, únicamente por lo que se refiere a los aquí quejosos. -Con libertad de jurisdicción dictó una nueva determinación. Al respecto, esta Juzgadora Federal procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que en efecto, mediante resolución de veinte de octubre de dos mil veintitrés, dicha autoridad responsable, dejó sin efectos la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictada en el procedimiento MTLX/P.R/002/2022 y acumulados MTLX/P.R/003/2022, MTLX/P.R./004/2022, MTLX/P.R/005/2022 y MTLX/P.R/006/2022, únicamente por lo que se refiere a los aquí quejosos y dictó una nueva determinación en la cual con libertad de jurisdicción fundó y motivó su proceder al expresar con qué pruebas se acreditaban las causales de remoción y las razones por las que estima se actualizaban éstas; entre otras, que el día cinco de diciembre de dos mil veintidós, los hoy quejosos se encontraban en activo y abandonaron sus funciones ya que se vieron involucrados en un accidente de tránsito en el municipio de Panotla, concretamente en la carretera Texantla perteneciente al municipio de Panotla, precisando que no acudieron en algún tipo de apoyo intermunicipal, por lo que en consecuencia se acreditaba que incumplieron con la obligación establecida en el artículo 37, fracción XL, así como la causal de remoción prevista en la fracción IV, del artículo 288, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de Tlaxcala, las cuales son las siguientes: Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la Comisaría, dentro o fuera del servicio, abandonar sin el consentimiento de un superior su área de servicio asignada, los cuales son reafirmados por las declaraciones de los CC. Juan Carlos Miranda Hernández, Eloy Contreras Zitlalpopocatl y Luis Víctor Romero Ávila, en las audiencias respectivas porque no justificaron o desvirtuaron sobre los hechos investigados del día cinco de diciembre de dos mil veintidós, el no encontrarse en el lugar de trabajo o estar dentro de la circunscripción del Municipio de Tlaxcala, es decir que se encontraban fuera de su jurisdicción de su adscripción que pertenecen; actualizándose sobre los hechos antes descritos y tomando en consideración las causales de remoción los cuales son recurridas que se encuentran en el artículo 288 del Reglamento en comento, son las siguientes: abandonar sin el consentimiento de un superior el área de servicio asignada, las cuales justifica el procedimiento. De lo anterior es que se considera que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Máxime que la propia sentencia se plasmó que para estimar procedente la imposición de sanciones no era necesario acreditar todos los supuestos normativos invocados, pues bastaría con incumplir con alguno de ellos para decretar la sanción correspondiente, siempre y cuando se individualizara la conducta que cada uno de los elementos policiacos desplegó con base al material probatorio existente en el procedimiento administrativo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese este juicio como concluido, gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la suspensión definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno original es conservable; por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente incidental, sin previo acuerdo, realícese la desincorporación, a efecto de que en su momento sea transferido conforme a lo dispuesto en el acuerdo en comento artículo 18 penúltimo párrafo. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Ahora bien, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por Leonel Ramírez Zamora, autorizado en términos amplios por los quejosos Luis Víctor Ávila, Eloy Contreras Zitlalpopocatl y Juan Carlos Miranda Hernández; mediante el cual manifiesta que no debe de tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo, ya que no cumplieron con los lineamientos que le fueron indicados en la sentencia constitucional y que no justificaron la conducta atribuida a cada uno de sus representados, las pruebas que acreditaron la sanción, ni mucho menos en el caso no concedido qué otra sanción de menor intensidad no fuera proporcional con la supuesta conducta acreditada, mediante la imposición de una sanción menos lesiva (que en este caso ni la conducta, ni la sanción quedaron acreditada) y por ende se procediera al inicio al procedimiento de inejecución en contra de las autoridades responsables y consignarlas al Ministerio Público Federal. Contrario a lo manifestado por el autorizado de los quejosos, la ejecutoria de amparo; sí se encuentra cumplida, ya que como ya se concluyó, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y con libertad de jurisdicción de una manera fundada y motivada concluyó que se acreditaba la responsabilidad en la que incurrieron los quejosos y por ende, decretó su remoción; por lo tanto, no procede iniciar el procedimiento de ejecución solicitado en contra de dicha autoridad. Ahora bien, si dicha resolución no se encuentra debidamente fundada y motivada, no puede ser materia de análisis en el presente cumplimiento de la ejecutoria de amparo; al habérsele otorgado a la autoridad responsable libertad de jurisdicción; de ahí que, en su caso, será en un nuevo juicio de amparo, en donde pueda alegar la ilegalidad que advierte respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese personalmente a los quejosos, electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria Técnico y Representante Común de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Tlaxcala, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de doce de septiembre del año en curso, remite copia certificada de la resolución de veinte de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el expediente de Procedimiento de Remoción número MTLX/CHJ/P.R./02/2022 y sus acumulados MTLX/CHJ/P.R./03/2022, MTLX/CHJ/P.R./04/2022, MTLX/CHJ/P.R./05/2022 y MTLX/CHJ/P.R./06/2022, con la que refiere dar cumplimiento al fallo protector; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la partes quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por Rosalba Salas Jaramillo, en su carácter de Secretario técnico de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Tlaxcala; mediante el cual, por los motivos que expone solicita se le otorgue una prórroga de cinco días a fin de dar cumplimiento a la sentencia referida. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se concede a la autoridad oficiante, la ampliación del plazo a fin de que pueda dar cumplimiento del fallo protector, por el término de cinco días hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente proveído; haciéndole de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en autos en caso de incumplimiento. Notifíquese.
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