Luis Velázquez Alcantara

Expediente 1658/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1658/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
25/11/2016

Partes del expediente

  • Luis Velázquez Alcantara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta y toda vez que se hace constar que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia con engrose de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se concedió el amparo, para el efecto de que, la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de treinta de septiembre de dos mil quince, emitido en la causa penal 299/1995 de su índice, únicamente en lo que concierne al aquí quejoso; y, 2. Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución de término constitucional, que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que deberá fundar y motivar adecuadamente su decisión en cuanto a la forma de intervención de la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le imputa, en términos de las consideraciones expuestas en el fallo protector. Por auto de trece de mayo de dos mil dieciséis, se requirió su cumplimiento; por lo que la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, a través del oficio presentado el dieciséis de junio de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y al día siguiente en este órgano jurisdiccional, adjuntó copia certificada de la resolución de veinte de mayo del año en curso, por la que dejó insubsistente el auto de formal prisión de treinta de septiembre de dos mil quince, emitido en la causa penal 299/1995, únicamente en lo que concierne al aquí quejoso; y con plenitud de jurisdicción, procedió a emitir otra resolución, en acatamiento a los lineamientos de la sentencia amparadora. Sin embargo, una vez que por auto de veinticinco de mayo del presente año, con dicha determinación se dio vista a las partes, mediante proveído de veintidós de septiembre siguiente, se determinó no tener por cumplida la ejecutoria de amparo, ordenándose requerir a la responsable su cumplimiento. Así, por oficio 1296 presentado el catorce de octubre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y en este órgano jurisdiccional al día siguiente, la juez responsable anexó copia certificada de la resolución de catorce de octubre de la presente anualidad, por la que dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado, de treinta de septiembre de dos mil quince, emitido en la causa penal 299/1995, únicamente en lo que concierne al aquí quejoso; y con plenitud de jurisdicción, procedió a emitir otra resolución, en acatamiento a los lineamientos de la sentencia amparadora. En ese sentido, procedió a analizar los elementos del cuerpo del delito de homicidio calificado, en contra de Luis Velázquez Alcántara, y en agravio de Fidel García Mejía, así como la calificativa de ventaja; para enseguida, llevar a cabo dicho análisis en relación a la probable responsabilidad penal del aquí quejoso, clasificando su intervención de manera dolosa, en términos del artículo 7, fracción I, del Código Penal vigente en la época de los hechos; así como, atendiendo a la dinámica del evento delictivo, llegó a la conclusión de que de manera probable el imputado intervino en la comisión de delito, como aquellos que cooperan en su ejecución con un acto sin el cual no se hubiese ejecutado, en términos del numeral 11, fracción III, de la legislación punitiva invocada, pues dicha autoría, pone de relieve la intervención que puede tener en el curso causal del delito, agregando que, quien en el caso, lejos de hacerlo cesar, lo impulsó, pues al arribar al lugar, en compañía de otra persona, se encontraban provistos de un arma de fuego cada uno y la accionó en una ocasión, siendo que en la humanidad de la víctima fueron encontrados dos muy diversos tipos de calibres de arma de fuego, y porque, a decir de la testigo presencial, del lugar donde se encontraba el aquí quejoso provino la detonación, pues se ocultaba en unos magueyes para no ser visto y dirigió su arma hacia un camino donde se encontraba el agraviado, concluyendo que el inculpado tenía el codominio del hecho a título de autor, para finalmente, dictarle auto de bien preso, por el ilícito en cita. Del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que ésta atendió a los efectos del fallo protector, pues a través de la resolución de catorce de octubre del presente año, dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado, únicamente en lo que concierne al aquí quejoso; y con plenitud de jurisdicción, emitió otra resolución, en acatamiento a los lineamientos de la sentencia amparadora, para lo cual primeramente analizó los elementos del cuerpo del delito de homicidio calificado, así como la calificativa de ventaja; para luego, hacerlo en relación a la probable responsabilidad penal del aquí quejoso, clasificando su intervención de manera dolosa, en términos del artículo 7, fracción I, del Código Penal vigente en la época de los hechos; y concluir que de manera probable el imputado intervino en la comisión de delito, como aquellos que cooperan en su ejecución con un acto sin el cual no se hubiese ejecutado, de conformidad con el numeral 11, fracción III, de la legislación punitiva invocada. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; POR LISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Óscar Jesús Segundo Suárez, que da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, mediante el cual informa sobre la forma en que dio cumplimiento a la determinación de veintidós de septiembre anterior, a efecto de cumplir con la ejecutoria dictada en autos. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el cumplimiento otorgado por la responsable, para que manifiesten lo que en su derecho proceda; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su oportunidad, de oficio, se determinará si la ejecutoria amparante quedó o no cumplida. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, da cuenta al Juez con el estado procesal de los autos. Conste. Toluca, Estado de México; veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Del estado procesal de los autos se advierte que la ejecutoria emitida en el presente juicio constitucional, no ha sido cumplida, y para evidenciarlo, en primer lugar se precisa: 1. El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión. (Foja 94 a 106). 2. Por auto de trece de mayo del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria y en esa actuación se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. (Folio 111 a 113). Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, materia común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.". I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales no se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son para que el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México: "[.] 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de treinta de septiembre de dos mil quince, emitido en la causa penal 299/1995 de su índice, únicamente en lo que concierne al aquí quejoso; y, 2. Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución de término constitucional, que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que deberá fundar y motivar adecuadamente su decisión en cuanto a la forma de intervención de la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le imputa, en términos de las consideraciones expuestas en el presente fallo. [.].". Tras el requerimiento realizado el trece de mayo de dos mil dieciséis, aún no se encuentra debidamente acreditado el acatamiento al fallo protector, ya que si bien el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, por oficio de veinte de mayo del año en curso, remitió copia certificada de la resolución de plazo constitucional emitida en esa fecha en la causa penal 299/1995, se advierte no atendió las consideraciones expuestas en el fallo protector, a efecto de que fundara y motivara adecuadamente su decisión en cuanto a la forma de intervención de la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le imputa. (Foja 117 a 145). Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en vigencia, agregadas a las presentes actuaciones. Establecido lo anterior, al hacer análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la responsable, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que existe defecto en cuanto al cumplimiento dado por dicho juzgador, pues al emitir la nueva determinación, aun cuando con libertad de jurisdicción, puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, en términos de las consideraciones expuestas en la sentencia amparadora, se encuentra obligada a fundar y motivar adecuadamente su decisión en cuanto a la forma de intervención de la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le imputa. Lo anterior es así, pues de la parte considerativa de la sentencia que concedió el amparo al aquí quejoso, se advierte se precisó: "[.] En ese sentido, es que este juzgado aprecia una deficiencia de motivación, que se traduce en incongruencia interna en el acto reclamado. En efecto, sin prejuzgar sobre lo correcto o no de tener por acreditado el cuerpo del delito de homicidio calificado, así como la probable responsabilidad del quejoso, se aprecia que el A quo incurrió en una deficiencia técnica al momento de establecer la forma de intervención de los probables responsables, entre ellos el aquí quejoso, pues determinó que cada uno de ellos, en grado de probabilidad, tenía la calidad de autor material. Así, debe decirse que autor, en estricto sentido, es el sujeto que realiza el hecho o a quien se puede imputar un acontecimiento como suyo. En ese sentido, es inconcuso que si a una persona se le responsabiliza de un hecho como propio, a nadie más se le puede atribuir ese mismo acontecimiento, a menos de que se trate de una diversa forma de autoría. Por tanto, si la autoridad responsable, con base a los hechos que consideró probados en atención a las pruebas que obran en la indagatoria, consideró acreditada la probable responsabilidad penal del quejoso Luis Velázquez Alcántara, en grado de autor material, del mismo modo que a su coinculpado Porfirio Velázquez Pedroza, entonces es evidente que se incurrió en incongruencia, toda vez que ambas personas no pueden mantener la calidad de autores, pues es material y jurídicamente imposible que a un gobernado se le atribuya el carácter de autor y que los mismos hechos también se le imputen en autoría a diverso sujeto, es decir, es imposible que, en lo individual, dos personas sean responsables absolutas y exclusivas de un mismo hecho. En el entendido que, se reitera, la pluralidad de sujetos activos sí es viable, pero de así considerarse, se actualizaría diversa forma de autoría o, en su caso, de participación; para lo cual la autoridad responsable deberá fundar y motivar correctamente su decisión, valorando con precisión la actividad que cada sujeto realizó, con la finalidad de otorgarle certeza jurídica a los gobernados y la oportunidad de defenderse correctamente en la etapa de instrucción. [.].". Por ello, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, aún se encuentra obligado a emitir una resolución en la que atendiendo a las consideraciones expuestas en la ejecutoria, determine la situación jurídica del peticionario de amparo, con libertad de jurisdicción, pudiendo ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero fundando y motivando adecuadamente su decisión en cuanto a la forma de intervención de la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le imputa. Se afirma lo anterior, pues del auto de plazo constitucional emitido en cumplimiento a la sentencia amparadora, se advierte que en un primer momento, la Juez responsable consideró, que en cuanto a la probable responsabilidad penal del inculpado Luis Velázquez Alcántara, en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Fidel García Mejía, en su concepto, se encontraba legalmente justificada, toda vez que al realizar un estudio de las constancias que conformaban la causa penal y llevando a cabo un análisis lógico jurídico de los medios de prueba, de conformidad con los artículos 254 y 255 del Código de Procedimientos Penales abrogado de aplicación ultraactiva, llegaba a la conclusión de que se acreditaba "la probable intervención penal del ahora inculpado en la perpetración del ilícito que se le imputa, como partícipe en el hecho delictuoso". Sin embargo, para arribar a tal conclusión, consideró que en el caso se confirmaba "que él y otra persona ejecutaron todos y cada uno de los movimientos necesarios para privar de la vida a FIDEL GARCÍA MEJÍA"; lo cual pareciera evidenciar que, al haber intervenido en la ejecución de todos y cada uno de los movimientos necesarios para que se realizara el ilícito en cita, la forma de intervención del aquí quejoso sería la de un coautor, por haberlo llevado a cabo en conjunto y con dominio funcional del hecho, al ser éste común a varias personas (dos), esto es, haber cooperado en la ejecución del delito con un acto sin el cual no se hubiere ejecutado. Asimismo, posteriormente la Juez responsable agregó, que en lo que se refería a la probable intervención en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Fidel García Mejía, por el cual el Ministerio Público había ejercido acción penal, una vez que realizó una valoración conjunta de todas y cada una de las constancias probatorias que integraban el sumario de origen, de conformidad con los preceptos antes invocados, hasta ese momento se acreditaba que "su participación fue la de cooperar en forma simultánea en la realización del hecho delictuoso, toda vez que fue partícipe en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracción V, del Código Penal vigente al momento en que acontecieron los hechos.". Empero, para realizar tal afirmación precisó, que lo anterior se acreditaba con las pruebas que servían de presupuesto para establecer que, de manera individual como conjunta, se encontraba demostrado "que el ahora inculpado LUIS VELÁZQUEZ ALCÁNTARA junto con otro, el día treinta de junio de mil novecientos noventa y cinco, aproximadamente a las nueve horas de la mañana (circunstancia de tiempo), en Santa Cruz, Pueblo Nuevo, municipio de Tenango del Valle, México (circunstancia de lugar), privaron de la vida a Fidel García Mejía,[.].". Luego, como se dijo, dada la forma de intervención que refiere la responsable llevó a cabo el inculpado, aquí quejoso, al cooperar en forma simultánea en la realización del hecho delictuoso, y llegara a establecer que el peticionario de amparo junto con otro, llevaron a cabo el hecho delictuoso de privar de la vida a una persona, evidencia que la Juez del proceso, por una parte colocó al inculpado, en relación a su intervención en el ilícito que se le imputa, en su carácter de partícipe, en su modalidad de cómplice, por haber cooperado en forma simultánea en la realización del hecho delictuoso -sin dominio del hecho, pero facilitando la comisión del mismo (el cómplice es un facilitador)-; sin embargo, enseguida pareciese que ubica su forma de intervención como coautor, al señalar que el aquí quejoso junto con otra persona ejecutaron todos y cada uno de los movimientos necesarios para privar de la vida a la víctima, esto es, por haber intervenido en el transcurso del hecho delictuoso -en conjunto y con dominio funcional del hecho-, pues dicha coautoría se basa fundamentalmente sobre el principio de división del trabajo. Situación que pone de manifiesto que la responsable fue incongruente al emitir el auto de plazo constitucional con el que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y por lo tanto, en realidad continúa si allanar la deficiencia jurídica que se destacó en el fallo protector. Y es que, el artículo 11 del Código Penal del Estado de México, vigente en la época de los hechos que dieron lugar a la causa penal de origen (treinta de junio de mil novecientos noventa y cinco), dispone: "PERSONAS RESPONSBLES DE LOS DELITOS Artículo 11. Son responsables de los delitos: I. Los que con el propósito de que se cometa un delito, instigan a otro a cometerlo, determinando su voluntad; II. Los que ejecuten materialmente el delito: III. Los que cooperan en su ejecución con un acto sin el cuál no se hubiere ejecutado: IV. Los que forzan o coaccionan a otro, o lo inducen a error para que lo cometa; V. Los que cooperan en la ejecución del delito con actos anteriores o simultáneos; VI. Los que sabiendo que se está cometiendo un delito o se va a cometer y conociendo el deber legal de impedir su ejecución no la impiden pudiendo hacerlo; y VII. Los que, por acuerdo anterior a la ejecución del delito, auxilien a los inculpados de éste después de cometido.". Del cual se advierte que, en relación a las personas responsables de los delitos, en su fracción I, prevé lo referente al partícipe en su modalidad de inductor o instigador; en tanto que, en su fracción II, se aprecia prevista la figura del autor directo por propia mano; y, en la fracción III, se contempla la del coautor, que es aquel que en posesión de las cualidades personales de autor es portador de la decisión común respecto del hecho y en virtud de ello toma parte en la ejecución (o consumación en su caso) del hecho criminoso, pues en la medida en que en esa fracción se estipula que son responsables del delito los que cooperan en su ejecución con un acto sin el cual no se hubiese ejecutado, se pone de relieve la intervención de alguien más que puede detener el curso causal del delito y, por lo tanto, tiene el codominio del hecho a título de coautor. Por su parte, la fracción IV del precepto transcrito, se refiere al autor mediato; y, en la diversa V, se prevé lo referente al partícipe en su modalidad de cómplice, pues el cómplice es un facilitador y sólo apoya en alguna tarea al autor, pero no tiene la posibilidad de detener el curso causal del delito y esa ayuda es simultánea o previa; entre otros. Luego, es inconcuso que la determinación emitida en cumplimiento a la sentencia de amparo resulta incongruente, y por ende, en ella no se atendieron las consideraciones expuestas en el fallo protector, a fin de determinar la situación jurídica del peticionario de amparo, aun cuando con libertad de jurisdicción, puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero fundando y motivando adecuadamente la decisión en cuanto a la forma de intervención de la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le imputa. En ese orden, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, para que en el improrrogable término de tres días, haga del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional el acatamiento a la sentencia de amparo y remita copia certificada de las constancias respectivas. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo. Justifica la actual determinación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, página seiscientos veintisiete, del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.". También resulta aplicable, por las consideraciones que contiene, la tesis emitida por la Primera Sala del más alto Tribunal del país, publicada en la página ochocientos once, Libro 5, abril de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la voz: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN CONCEDIDA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA CUMPLIR LAS SENTENCIAS DE AMPARO, ENCUENTRA SU LÍMITE EN EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS HUMANOS AL DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA.". Se reitera al juez señalado como responsable que de no hacerlo en el tiempo concedido, o de no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia, se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo vigente. Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en consideración que el Juez responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de la concesión de amparo, también se le apercibe que, en caso de no acatar el presente mandato, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo vigente. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este Órgano de Control Constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia. Tienen aplicación las Jurisprudencias emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, páginas cinco y siete, cuyos rubros dicen: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien actúa asistido del licenciado Oscar Jesús Segundo Suárez, secretario que firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes la razón actuarial, mediante la cual el actuario judicial de la adscripción hace del conocimiento que no pudo notificar a la parte quejosa, el proveído de veinticinco de mayo del año en curso en el domicilio señalado y por las razones que expone. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, hágasele la notificación del auto de referencia y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la circular CCJ/05/2016 de diez de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano