Luis Velasco Martínez
Expediente 1137/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1137/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/07/2023
Partes del expediente
- Luis Velasco Martínez
- Luis Alberto Galicia Ramos
Actuaciones
- Principal
Se recibe el oficio de cuenta, de la Directora de responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través del cual en cumplimiento al fallo protector, informa las gestiones del acatamiento del fallo protector, esto es, lo proveído el doce de julio de dos mil veintitrés, en el expediente administrativo RP/01/2021/DR. Asimismo, comunica que una vez desahogada la diligencia señalada para las doce horas del diecinueve de julio de dos mil veintitrés, lo hará del conocimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Dirección de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días contado a partir de aquel al en que reciba el presente comunicado, remita copia certificada del desahogo de la aludida diligencia o en su defecto el pronunciamiento que emitió al respecto. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que lo anterior debe ser puntualmente cumplido y que el informe que rinda deberá estar acompañado de las copias certificadas de las constancias que acrediten fehacientemente su cumplimiento. En la inteligencia que de no acatar lo anterior, se le harán efectivos los apercibimientos decretados en auto de cinco de julio de dos mil veintitrés Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por proveído de diecinueve de junio del año en curso, se requirió al Director General de Administración de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y Director de Recursos Humanos de la Secretaría Administración del Estado de Puebla, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación del presente proveído, remitieran copias certificadas de las constancias con las cuales acrediten las gestiones realizadas a fin de que la dependencia correspondiente libere el recurso correspondiente para el pago a la parte quejosa, sin que a la fecha se haya tenido respuesta a dicho requerimiento a pesar de estar notificadas el veintidós de junio pasado. En tales condiciones, dado que las autoridades responsables no han realizado las gestiones pertinentes para obtener los recursos pertinentes para el pago al quejoso liquidado en el presente juicio por última ocasión se requiere a las autoridades de mérito, a fin de que en el término de tres días contados a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído, informen a este juzgado las medidas adoptadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo o bien la imposibilidad que tenga para realizarlo. Se apercibe a las autoridades responsables. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados a las autoridades responsables consistentes en: *. Como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado; dispositivo que establece lo siguiente:*. Conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia invocada se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, como en el presente caso, de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En el caso, han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como hecho notorio se invoca que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, invalidó la totalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de marzo de 2023, como a continuación se detalla:*. De lo anterior se advierte que se declaró la invalidez del decreto que contenía las normas tildadas de inconstitucionales, y en consecuencia de ello, el Pleno determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho Decreto recuperaran su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquél, es decir, al 2 de marzo de 2023, lo que obviamente incluye aquellas respecto de las cuales en su caso la parte quejosa aducía, en su caso, que se vulneraría su estabilidad y relación laboral. Anterior, situación que evidencia que el acto reclamado; cesó en sus efectos, dado que se invalidó la totalidad del decreto en que se incluían las normas reclamadas, por lo que estas evidentemente no podrán ser aplicadas en perjuicio de la parte quejosa, de ahí que se reitera que cesaron los efectos de la posible violación que con los actos reclamados se pudieron haber causado a los peticionarios de amparo, al declararse la invalidez de la totalidad del decreto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos precisados en este considerando, por lo que se sobresee en el presente juicio por lo que hace a dichos actos y autoridades responsables, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se sobresee fuera de la audiencia constitucional y se deja sin efectos el día y hora señalado para la celebración de la misma. Finalmente, se integra en autos el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, que en su interior contiene el siguiente oficio:*. Ahora bien, se agrega sin mayor proveído toda vez que la fecha de audiencia fue superada y en esta fecha se sobresee fuera de audiencia. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa.
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