Luis Vázquez Gozález
Expediente 1797/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1797/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/01/2017
Partes del expediente
- Luis Vázquez Gozález
Actuaciones
- Principal
II.-SE RECIBE EJECUTORIA. Por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria de doce de enero de dos mil diecisiete dictada por el Tribunal de su adscripción en autos del recurso de queja 229/2016, en la que se resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, acúsese el recibo de estilo al Tribunal revisor. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y además no encuadra en alguno de los casos de excepción establecidos en el referido punto, pues no se ubica en los supuestos establecidos en el último párrafo del considerando en cita y a juicio del suscrito, no tiene un valor jurídico o histórico para su conservación.
- Principal
I.-Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio sin numeró signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por el cual solicita se tenga por no presentada la demanda que dio origen al presente sumario dada la imposibilidad de obtener dato objetivo y cierto que identifique a la persona y domicilio del quejoso, máxime que en la institución a la que pertenece no existe denuncia por el delito de desaparición forzada en la persona del quejoso. En primer lugar cabe precisar que en observancia a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (firmado por México el seis de febrero de dos mil siete y ratificado el dieciocho de marzo de dos mil ocho) y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (firmado por México el cuatro de mayo de dos mil uno y ratificada el veintiocho de febrero de dos mil dos), que imponen a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin, y en atención al principio pro homine previsto en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también rigen el orden jurídico de nuestro país conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano de control constitucional, oficiosamente ordenó tanto a las autoridades señaladas como responsables como a diversas practicaran las diligencias conducentes para lograr la localización y comparecencia del quejoso y les requirió toda la información para ello, de igual forma se solicitó a diversas dependencias, las cuales tienen cuentan con facultades para tener en su poder los domicilios de los gobernados, proporcionaran datos sobre el lugar en que se pudiera localizar tanto al quejoso como los promoventes, tal como se advierte de las actuaciones que integran el presente sumario, obteniendo un resultado negativo, pues dichas responsables adujeron: 1. No tener privado de la libertad al quejoso. 2. No contar con facultades para retener o privar de la libertad a persona alguna. 3. Que en su base de datos no contaban con domicilio de las personas. También cabe precisar que algunas autoridades si proporcionaron datos del lugar en que se podía encontrar tanto al promovente como al quejoso, pero al acudir a los mismos se obtuvo como respuesta el que no se conocía a los buscados. Lo anterior evidencia como ya se dijo que este juzgador efectuó todas las diligencias necesarias a fin de dar con el paradero del quejoso. Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado en numerosos casos que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En particular, en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido. Asimismo, la citada Corte ha considerado que, en el marco de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades estatales y, en ese sentido, a conocer la verdad de lo sucedido; en este contexto, el derecho a conocer la verdad en casos de desaparición forzada de personas, implica el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos; el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento. Bajo lo cual, los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses; dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. Para lo cual, el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la víctima u ofendido de un delito, tiene derecho a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Así, el requisito de la ratificación de la demanda en estos casos no es una formalidad que impida ejercer el derecho humano a la verdad, pues se insiste los familiares o personas que resientan perjuicio con los actos precisados en el ocurso derechos humanos tienen expedito su derecho para realizar las denuncias correspondientes. En ese orden, en el caso no obstante la investigación emprendida por este juzgador no se logró localizar a los quejosos, a las personas que promovieron a su favor ni se tiene dato alguno de familiar que pudiera dar noticia del promovente, además de que, según informe de la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado no existe denuncia en cuanto a los hechos materia del presente juicio de amparo. De lo anterior, se concluye que en el caso no se actualiza la figura desaparición forzada, pues como ya se expuso no existe dato de la existencia del quejoso, del promovente ni de algún familiar, pues lo lógico es que, ante los hechos que se precisaron en la demanda, los familiares del quejoso estuvieran al pendiente de la misma o en su defecto hubiesen realizado la denuncia respectiva y hasta la fecha de la emisión de la presente determinación ninguna persona ha comparecido para aportar datos ni para preguntar por el trámite del presente sumario. En ese orden, se estima que en el caso no se está en la hipótesis establecida en los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es suspender el procedimiento y esperar a que transcurra un año para tener por no interpuesta la demanda, pues como ya se precisó no existe dato real que conduzca a evidenciar que en la especie se trata de una desaparición forzada. En razón de lo anterior, como lo peticiona la representación social se ordenada levantar la suspensión del procedimiento decretada y se tiene por no interpuesta la demanda de amparo.
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II.-INTERPONE RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, agréguese a sus autos el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 31-39). En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el ordinal 97, inciso fracción I, inciso a) de la ley de la materia; se tiene por presentado el medio de impugnación hecho valer. En consecuencia, visto el estado procesal que tiene el presente juicio en que se actúa, del que se advierte que está debidamente integrado; esto es, obra agregada la constancia de notificación realizada a la parte quejosa del auto impugnado, asimismo, atendiendo a que el auto que se impugna es el que desechó la demanda de amparo que dio origen al presente sumario y por lo tanto, no existe diversa parte a la cual notificar la interposición del recurso de que se trata remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en Turno, copia certificada de la demanda de amparo promovida por ********************, así como de todo lo actuado en el presente juicio de amparo 1797/2016-II. Asimismo, envíese el original y copia del escrito de expresión de agravios para la substanciación del recurso de queja hecho valer. De conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe justificado relativo, en el sentido de ser cierto el acto impugnado.
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DE CONFORMIDAD CON RL ARTICUÑO 27, FRACCION I INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS POR MEDIO DE LISTA QEUN EN LO CONDUCENTE DICE: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta, por medio del cual el quejoso José Rosario Antolín González, manifiesta bajo protesta de decir verdad que a información remitida por las dependencias auxiliares relativa a la búsqueda del domicilio del tercero interesado Mauricio González de Jesús, refiere que no corresponde a los rasgos físicos de dicho tercero, por lo que solicita se ordene el emplazamiento de referencia por medio de edictos; asimismo, se gire el oficio correspondiente al Comisariado Ejidal de Zinacantepec, para que informe sobre los antecedentes que refiere sobre el "LOTE LA HUERTA", a fin de desahogar la prueba ofrecida en su escrito inicial de demanda. En esas condiciones, en obvio de mayores dilaciones procesales y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b, último párrafo, de la Ley de Amparo, y en aras de lo dispuesto por el numeral 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procédase a emplazar al tercero interesado Mauricio González de Jesús; por medio de EDICTOS, a costa de la parte quejosa, mismos que, acordes con el dispositivo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la República; haciéndole saber a dicho tercero interesado que deberá presentarse dentro del término de treinta días, contado al siguiente del último de su publicación, así como el día y hora en que tendrá verificativo la audiencia constitucional; además, se fijará en los estrados de este Tribunal una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento. Hágase hincapié que de no comparecer por ella misma, o a través de apoderado o gestor, se continuará con la prosecución del presente juicio constitucional y las notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista, que se fijará en los estrados de éste órgano jurisdiccional, mismo que deberá contener en síntesis la determinación judicial que ha de notificarse. En ese orden, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al peticionario del amparo para que en el improrrogable plazo de veinte días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente ante este juzgado de Distrito, con identificación oficial y vigente, a recoger los edictos ordenados y demostrar que llevó a cabo la publicación de los mismos o en su caso manifieste la imposibilidad económica que tenga para ello, apercibido que en caso de no hacerlo, se sobreseerá en el presente juicio de amparo, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 63, párrafo segundo, en relación con los diversos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto a girar oficio al Comisariado Ejidal de Zinacantepec, para que informe sobre los antecedentes que refiere sobre el "LOTE LA HUERTA", resérvese acordar lo conducente; hasta en tanto, este debidamente integrada la litis que nos ocupa. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta por el que la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, acusa recibo del exhorto 807/2016-I relativo al juicio de amparo en que se actúa e informa que procedió a su diligenciación. Finalmente, acorde a la certificación secretarial de cuenta en el sentido de que se advierte la preexistencia del original del convenio sobre cesión de derechos celebrado por Mauricio González de Jesús con José Rosario Antolín González (quejoso), y falta posterior del mismo, toda vez que fue desprendido y cortado del juicio de amparo que nos ocupa, que exhibió en original el impetrante de amparo con su escrito inicial de demanda, el cual obraba a foja 15 de autos, lo anterior con fundamento en el artículo 70 de la Ley de Amparo; no se ordena la apertura de un incidente de reposición de autos ya que con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, obra en el expediente electrónico copia de dicha constancia, que permanece sin alteración alguna, misma que se ordena imprimir y glosar al expediente que nos ocupa en copia certificada; en atención a lo anterior, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Publico de la Adscripción, por hechos probablemente constitutivos de delito, lo anterior con fundamento en el artículo 237 fracción III de la citada ley.
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