Luis Ubaldo Díaz Pintor

Expediente 764/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
764/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
15/03/2019

Partes del expediente

  • Luis Ubaldo Díaz Pintor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. CONFORME Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa LUIS UBALDO DÍAZ PINTOR, no se inconformó en contra del proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado declaró CUMPLIDA la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por CONFORME la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Así mismo, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. EJECUTORIA-AMPARA Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la sentencia de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en esta instancia a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de su legal notificación, den cumplimiento al fallo protector, esto es: ".Efectos del amparo. Por ser el acto reclamado de naturaleza omisiva, en términos del numeral 74, fracción V, en relación con el precepto 77, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la concesión del amparo se traduce en los siguientes efectos: En aras de reparar la violación puntualizada y valorando la temporalidad en la que se ubica la emisión de la concesión del amparo y la audiencia señalada por la autoridad responsable para que tenga verificativo la actuación que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, proceda en los siguientes términos: En caso de que a la fecha de notificación de la presente resolución, no se hubiese llevado a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fijada para las doce horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, deberá señalar otra dentro del plazo de quince días, previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; y, Ordene llevar a cabo la notificación del auto a las partes, con la anticipación que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo." En el entendido que deberá informar a este juzgado, lo que hizo en acatamiento al mismo; apercibida la autoridad de mérito, que de no hacerlo en los términos precisados, se procederá en términos del artículo 192, párrafo segundo y tercero y 197 de la vigente ley de amparo. LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y notifíquese a las partes en el presente juicio. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe. EJECUTORIA-AMPARA Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la sentencia de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en esta instancia a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de su legal notificación, den cumplimiento al fallo protector, esto es: ".Efectos del amparo. Por ser el acto reclamado de naturaleza omisiva, en términos del numeral 74, fracción V, en relación con el precepto 77, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la concesión del amparo se traduce en los siguientes efectos: En aras de reparar la violación puntualizada y valorando la temporalidad en la que se ubica la emisión de la concesión del amparo y la audiencia señalada por la autoridad responsable para que tenga verificativo la actuación que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, proceda en los siguientes términos: En caso de que a la fecha de notificación de la presente resolución, no se hubiese llevado a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fijada para las doce horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, deberá señalar otra dentro del plazo de quince días, previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; y, Ordene llevar a cabo la notificación del auto a las partes, con la anticipación que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo." En el entendido que deberá informar a este juzgado, lo que hizo en acatamiento al mismo; apercibida la autoridad de mérito, que de no hacerlo en los términos precisados, se procederá en términos del artículo 192, párrafo segundo y tercero y 197 de la vigente ley de amparo. LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y notifíquese a las partes en el presente juicio. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 764/2018-1A; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mexicali, Baja California, y turnado el mismo día por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y actos reclamados que señala en su libelo constitucional. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo en sus términos, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se fijó la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1º., fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de actos atribuidos a una autoridad, con residencia en el ámbito territorial en el que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Aclaración. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada en tanto no se contraponga a lo previsto en la ley de la materia. TERCERO. Acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, se precisa que el acto reclamado en esta vía es el siguiente:  Resolución de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente laboral 1874/17-2A, mediante la cual se señalaron las doce horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, al rendir su informe justificado, manifestó expresamente que es cierto el acto reclamado , toda vez que aceptó haber emitió el acuerdo por el cual se fijaban las doce horas con treinta minutos del veintisiete de marzo del presente año, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 1874/17-2A, además de haber remitido copia certificada del mismo (foja 32 y 33). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 305, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso en estudio, las partes no alegaron alguna causal de improcedencia, ni este órgano de control constitucional advierte alguna que sea evidente, por tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , intitulada: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." SEXTO. Conceptos de violación. La quejosa expresó como conceptos de violación, los que se contienen en su escrito de demanda, y que se tienen por reproducidos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/129, publicada en la página quinientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que, bajo el rubro, dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." SÉPTIMO. Estudio. La quejosa, sustancialmente aduce que el acto reclamado contraviene el derecho humano previsto en el artículo 17 constitucional, relativo a la impartición de una justicia pronta y expedita, porque la fecha señalada para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, no se ajusta a los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. El concepto de violación planteado es fundado. Para sustentar tal afirmación, conviene transcribir el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.] Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. [.] Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil". Del numeral en cita, se evidencia que en él se garantiza a favor del gobernado el acceso a la administración de justicia, cuya impartición debe ser pronta y expedita, lo cual implica una obligación a cargo de los tribunales de cumplir con los plazos y términos que se establecen en la ley aplicable. En relación al derecho fundamental de acceso e impartición de justicia que contempla el memorado numeral, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se integra por los principios siguientes: 1. De justicia pronta. Lo que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa. Consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial. Principio que contempla que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita. Cuestión que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Por su parte, los artículos 871, 872 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 871. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora de la Junta competente, la cual lo turnará al Pleno o a la Junta Especial que corresponda, el mismo día antes de que concluyan las labores de la Junta." "Artículo 872. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma, como demandados haya. El actor en su escrito inicial de demanda expresará los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que considere pertinentes, para demostrar sus pretensiones." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." De igual forma, para el análisis del concepto de violación, resulta conveniente establecer que la Ley Federal del Trabajo, regula el desarrollo del procedimiento laboral en la etapa procesal de instrucción, en los artículos 871, 872, 873, los cuales en esencia refieren que el procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, y una vez turnada a quien corresponda, la Junta relativa, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contado a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo en el que señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, arbitraje y excepciones, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido dicho escrito de demanda. Además, como lo refiere la quejosa en su capítulo de antecedentes, en auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, señaló las doce horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Lo anterior, pone en evidencia que la responsable no acató lo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que debió haber señalado la nueva fecha de la audiencia dentro de los quince días siguientes a aquél en que se señaló la nueva fecha. En ese contexto, la autoridad responsable vulnera el artículo 17 Constitucional, ya que no señaló dentro del plazo de quince días, fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, es incuestionable que la Junta responsable se ha excedido en el término que señala la Ley Federal del Trabajo en el numeral mencionado, para resolver lo conducente en cuanto a la etapa de iniciación de la demanda, lo que hace evidente que dicha omisión, viola en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, por lo que procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. OCTAVO. Efectos del amparo. Por ser el acto reclamado de naturaleza omisiva, en términos del numeral 74, fracción V, en relación con el precepto 77, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la concesión del amparo se traduce en los siguientes efectos: ? En aras de reparar la violación puntualizada y valorando la temporalidad en la que se ubica la emisión de la concesión del amparo y la audiencia señalada por la autoridad responsable para que tenga verificativo la actuación que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, proceda en los siguientes términos: a) En caso de que a la fecha de notificación de la presente resolución, no se hubiese llevado a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fijada para las doce horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, deberá señalar otra dentro del plazo de quince días, previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; y, b) Ordene llevar a cabo la notificación del auto a las partes, con la anticipación que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1a./J. 42/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 124, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, registro 172759, cuyo rubro y texto dicen: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En el entendido de que los efectos de la protección constitucional aquí otorgada, no se hacen extensivos a los actos procesales posteriores, sino que debe atenderse al acto reclamado y al estudio procesal que guarda el expediente natural, para de ahí determinar con precisión la concesión correspondiente, ello en atención, a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, previstos en los artículos 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo. Lo anterior, con apoyo en la tesis 2a. CV/2013 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veinte de noviembre de dos mil trece, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." NOVENO. Publicidad de la resolución. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º apartado A), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; conforme al artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información establecido. Finalmente, hágaseles saber que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos personales, en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que pueden contener de conformidad con el artículo 116 de la citada Ley General, y con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, 77 y aplicables de la Ley de Amparo, es procedente resolver y, por ende, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a LUIS UBALDO DIAZ PINTOR, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada en el considerando cuarto, por los motivos y para los efectos señalados en el séptimo y octavo punto considerativo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando. Notifíquese. Así lo acuerda y firma, Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario, Aurelio Reyes Cota, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. DIFERIMIENTO CONSTITUCIONAL Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, así como de las constancias relativas al expediente 1874/2017-2A, se advierte que conforme al artículo 5° fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, les reviste el carácter de terceros interesados al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ambas con sede en esta ciudad. Por tanto, tomando en consideración lo anterior y a fin de evitar una transgresión a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, con copia de la demanda y mediante oficios que se le giren, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, procédase a emplazar al presente juicio de amparo al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, ambas con sede en esta ciudad; asimismo, requiérase a las citadas terceras interesadas en el sentido de que si durante la tramitación de este juicio, tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, y de ser posible, deberán acompañar las constancias legibles que acrediten tal situación; apercibidos que en caso de no hacerlo, se les impondrá de manera individual una multa $2,418.0 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos, moneda nacional), que es el equivalente al valor de treinta veces la unidad de medida y actualización ($80.60 pesos mexicanos UMA); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251, de la ley invocada. Finalmente, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, como nueva fecha para su celebración. NOTIFÍQUESE.

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