Luis Tamayo Perez
Expediente 1469/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1469/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Luis Tamayo Perez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 718/2020-III, promovido por SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA, por derecho propio y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Totolapan, Morelos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA. Por demanda presentada el nueve de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito y turnada el mismo día a este juzgado federal SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA, por derecho propio y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Totolapan, Morelos solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. TRÁMITE. Una vez subsanada la prevención, por auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que dio inicio al tenor de acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se reclama la emisión del acto combatido, su ejecución, y residen las autoridades señaladas como responsables. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que reclama el quejoso es: Del Congreso; Gobernador; Secretario de Gobierno; Secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (en su denominación correcta) y del Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del del Estado de Morelos la aprobación, expedición, promulgación y refrendo del artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Del Pleno; Presidente Ejecutor y Actuario, todos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, así como del Titular de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (en su denominación correcta): La resolución de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, emitida en autos del expediente 01/436/16, en la que se decreta la aplicación de una multa equivalente a quince unidades de medida y actualización, así como su inminente ejecución y aplicación. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos que se le reclaman al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y Secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, todos del Estado de Morelos, en el respectivo ámbitos de sus competencias, consistentes en la sanción, promulgación y publicación del artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Lo anterior es así, porque con independencia de lo manifestado por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, la existencia de los actos reclamados se advierte de la publicación de la citada disposición de carácter general el seis de septiembre del dos mil, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", pues esa divulgación constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior además se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Es cierto el acto reclamado al Pleno; Presidente Ejecutor y Actuario, todos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, pues así lo informaron al momento de rendir su informe justificado. También se considera cierto el acto reclamado al Titular de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (en su denominación correcta), consistente en la ejecución de la multa impuesta en autos del expediente 01/436/16, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, pues no obstante que al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, ésta se desvirtúa con las fotocopias certificadas del expediente 01/436/16, que remitieron las autoridades responsables pertenecientes al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Lo anterior es así, pues en las constancias referidas obra la resolución de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, aquí reclamada, de la que se advierte que se impuso al ahora impetrante de amparo una multa hasta por la cantidad de quince unidades de medida y actualización, para lo cual la autoridad responsable ordenó girar oficio a la "Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos" (Titular de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (en su denominación correcta)) para hacer efectiva dicha sanción. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, y con las que se desvirtúa la negativa del acto referida por el Titular de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, pues en su calidad de autoridad ejecutora se encuentra en aptitud de materializar la multa impuesta al aquí impetrante de amparo. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. a) Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procederá al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Las autoridades responsables del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, manifestaron que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al estimar que el acuerdo dictado el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dentro del expediente natural en el que se impuso al Presidente Municipal de Totolapan, Morelos, una multa, no afecta los intereses jurídicos del quejoso. Es importante destacar que en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" En ese orden de ideas, la causal invocada por las autoridades, no se actualiza dado que los actos que se reclaman sí afectan los intereses del quejoso, esto, pues en la resolución de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se ordena multar al Presidente (cargo que ostenta el quejoso) por lo que los actos se encuentran dirigidos a su persona, de conformidad con artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo que implica que el pago se hará de su peculio y no del presupuesto, por lo que resulta inconcuso que dicho acto sí genera perjuicio a sus derechos. Pues la multa así impuesta es susceptible de violar derechos fundamentales de la persona física, afectando su esfera jurídica, por lo que tal persona por derecho propio está legitimada para promover el juicio de amparo, como se dijo, con independencia de que en dicha sanción se mencione el nombre del funcionario responsable, o bien, consecuentemente refiera al titular de la dependencia gubernamental o del organismo al cual está adscrito. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 65/2015, de la Décima Época, de número de registro 2009360, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página novecientos setenta y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, del siguiente rubro y texto: ""JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA." Consecuentemente, la emisión de la resolución que aquí se reclama sí afecta el interés jurídico del quejoso en forma personal y directa, ya que, en tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés jurídico se encuentra acreditado cuando se aduce la existencia de un derecho subjetivo que es vulnerado de manera personal y directa; motivo por el cual, resulta infundada la causal de improcedencia hecha valer por las aludidas responsables. b) Las autoridades responsables Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, precisaron que en relación a la publicación y refrendo de la norma de carácter general reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" Estas normas legales evidencian que, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclama una norma legal y se señalan como autoridades responsables a las encargadas del refrendo (firma) y la publicación de ella, sin controvertir esas etapas del proceso legislativo por vicios propios. En ese sentido, en relación con el refrendo resulta infundada dicha causal de improcedencia, pues de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se desprende que contrario a lo manifestado por las autoridades responsables si la reclamó por vicios propios, argumentando que el mismo no cumplió con las formalidades que establece el proceso legislativo. De ahí que, respecto el refrendo de la norma que se tilda de inconstitucional resulta infundada la causal de improcedencia en estudio. Ahora, en relación con la publicación de la norma de carácter general reclamada, es preciso destacar que en la demanda de amparo que ahora nos ocupa, se señaló como autoridad responsable al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, a quien se le atribuyó la publicación del artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del mismo Estado. Sin embargo, dicha actuación del proceso de creación de la normativa reclamada no se controvierte por vicios propios, pues se omitió expresar conceptos de violación en su contra y, en el caso, no procede la suplencia de la queja deficiente en favor de la parte quejosa, al no ubicarse en alguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo, a saber: 1) Cuando el acto reclamado se funda en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Plenos de Circuito; 2) En favor de los menores o incapaces o en los casos que se afecte el orden y desarrollo de la familia; 3) En materia penal; 4) En materia agraria; 5) En materia laboral a favor del trabajador; 6) En otras materias cuando se advierta que ha habido contra el quejoso una violación que lo haya dejado sin defensa por afectar sus derechos; y, 7) En cualquier materia en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En el caso concreto, la norma de carácter general reclamada no ha sido declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Plenos de Circuito; además, el presente juicio de ninguna manera trata de menores o incapaces, ni se afecta el orden y desarrollo de la familia, tampoco es un asunto en materias penal, agraria o laboral, porque el artículo que se controvierte prevé la imposición de una multa contra quienes se rehúsen a cumplir las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y el quejoso es una persona física que en el ejercicio de su cargo público se hizo acreedor a dicha sanción pecuniaria. Asimismo, de los autos nada se advierte sobre una violación que hubiere dejado sin defensa al quejoso, mucho menos se aprecia que éste tenga condiciones de pobreza o marginación. Entonces, al no ubicarse el presente asunto en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de Ley de Amparo, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio respecto de la publicación de la norma de carácter general reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, Materia Común, página 2248, registro 2010097, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto del acto reclamado al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, consistente en la publicación del artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. c) Respecto del acto reclamado consistente en la aprobación, expedición, promulgación y refrendo del artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil, que se atribuyen al Congreso; Gobernador; Secretario de Gobierno y Secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (en su denominación correcta), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo que establece que el juicio de amparo es improcedente: ".En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". A su vez, el artículo 107, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo dispone: "107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: [.] d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; [.]" Conforme a la fracción transcrita, el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Su contenido comprende: 1) Las normas denominadas autoaplicativas, cuya sola entrada en vigor causa perjuicio al gobernado a que están destinadas y, por ende, no requieren de un acto concreto de aplicación para producir sus consecuencias jurídicas. Es impugnable en amparo biinstancial desde el momento de la iniciación de su vigencia o bien al darse el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso. 2) Las normas heteroaplicativas, denominadas así porque requieren de un acto concreto de aplicación para que se materialicen las consecuencias que prevé y, por ende, la causación del perjuicio al gobernado. De ahí que sólo sea posible impugnarla vía amparo indirecto con motivo del primer acto de su aplicación que cause perjuicio al quejoso. La interpretación en sentido contrario de la hipótesis legal atinente a las normas heteroaplicativas permite sostener que el amparo indirecto es improcedente cuando no se promueve con motivo del primer acto de su aplicación que cause perjuicio al quejoso, sino con motivo de un acto aplicado en forma ulterior al primigenio. Ahora bien, acorde con las constancias remitidas por las autoridades del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se emitió un auto dentro del juicio laboral de origen, en el que se ordena requerir el cumplimiento del laudo emitido dentro del mismo, precisándose que dicho cumplimiento quedaba a cargo del Presidente Municipal de Totolapan, Morelos, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se le haría efectiva la aplicación del artículo 124, fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, consistente en la aplicación de una multa de quince unidades de medida y actualización, como se advierte de la trascripción siguiente: ". EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REQUERIMIENTO DEBE SER A CARGO DEL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN MORELOS, APERCIBIDO DICHO FUNCIONARIO QUE EN CASO DE NO HACERLO ASÍ SE DARA CUENTA AL PLENO DE ESTE TRIBUNALPARA QUE SE LE HAGA EFECTIVA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE UNA MULTA DE QUINCE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN." Requerimiento con apercibimiento que le fue notificado el veintidós de enero de dos mil diecinueve. Inclusive en el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago de veintidós de enero de dos mil diecinueve, desahogada por el fedatario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, también se advierte que hace saber al ahora impetrante de amparo el apercibimiento de multa decretado como se advierte de la siguiente trascripción: ".a efecto de dar cabal y debido cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. En el sentido de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago hasta por la cantidad de $116,422.96 (ciento dieciséis mil cuatrocientos veintidós pesos 96/100 m.n.) haciendo del conocimiento que el requerimiento debe ser por conducto del Presidente Municipal de Totolapan Morelos y en caso de desacató se procederá conforme al artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos." En ese orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el solo apercibimiento constituye el primer acto de aplicación del ordenamiento legal que lo prevé, cuando la autoridad determina con precisión la sanción en caso de incumplimiento e invoca la norma que establece la medida para hacer cumplir su determinación. Lo anterior, porque si bien todavía no se materializa la imposición, ya que para ello se requiere que exista el desacato o la negativa del obligado a obedecer el mandato cuyo cumplimiento se exige y que la autoridad haga efectivo el apercibimiento, se ocasiona al sujeto obligado un acto de molestia que afecta su situación jurídica, puesto que se halla vinculado a la determinación de la autoridad en tanto se le conmina a ejecutar un determinado mandamiento. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2a. XXXIX/99, de número de registro digital 194365 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 1999, página 317, de rubro y texto: "MULTA. EL SOLO APERCIBIMIENTO DE IMPONERLA CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE LO PREVÉ Y OTORGA INTERÉS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, SI LA AUTORIDAD ESTABLECE CON PRECISIÓN LA SANCIÓN PECUNIARIA EN CASO DE QUE EL GOBERNADO INCUMPLA EL REQUERIMIENTO. Para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el solo apercibimiento de multa constituye el primer acto de aplicación del ordenamiento legal que lo prevé, cuando la autoridad determina con precisión la sanción en caso de incumplimiento, e invoca la norma que establece la medida para hacer cumplir su determinación, pues si bien todavía no se materializa la imposición, porque para ello se requiere que exista el desacato o la negativa del obligado a obedecer el mandato cuyo cumplimiento se exige y que la autoridad haga efectivo el apercibimiento, se ocasiona al sujeto obligado un acto de molestia que afecta su situación jurídica, puesto que se halla vinculado a la determinación de la autoridad en tanto se le conmina a ejecutar un determinado mandamiento." En consecuencia, si desde el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se apercibió al ahora quejoso con dar cuenta al pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que se le hiciera efectiva la aplicación del artículo 124 fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, a dicho funcionario, consistente en la imposición de una multa; lo cual le fue notificado por diligencia de veintidós de enero de dos mil diecinueve, por tanto, se debe tener dicho apercibimiento como el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuya inconstitucionalidad se reclama en el juicio de amparo, porque en dicho acuerdo la autoridad determinó con precisión la sanción en caso de incumplimiento (multa) e invocó la norma que establece la medida para hacer cumplir su determinación (artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos). Entonces, si el quejoso reclama la inconstitucionalidad del artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con motivo de su aplicación realizada en la resolución de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral de origen, en la que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho y como consecuencia de ello se impone una multa al quejoso al ostentarse con el cargo de Presidente Municipal de Totolapan, Morelos, es de considerarse que no reclama la inconstitucionalidad de dicha Ley con motivo del primer acto de su aplicación, sino con motivo de un acto que le fue aplicado en forma ulterior al primigenio, caso en el cual el amparo indirecto se torna improcedente. En esas circunstancias se acredita el motivo de improcedencia que se examina de oficio, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Lo que conduce a sobreseer el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V de la propia Ley, por lo que atañe a la norma jurídica que se tilda de inconstitucional, sin que dicho sobreseimiento se haga extensivo en relación con los diversos actos reclamados, en virtud de que los mismos son reclamados por vicios propios. Ahora, al no advertir de oficio que se actualice alguna otra causa de improcedencia o que las partes hubieran hecho valer alguna otra, procede entrar al estudio de la cuestión planteada en el presente juicio. QUINTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. Son infundados los conceptos de violación plasmados por el quejoso. Para una mejor comprensión del asunto, se relacionan los antecedentes directos de la resolución reclamada, los cuales se obtienen de las actuaciones atinentes al juicio laboral 01/436/16, exhibidas por la autoridad responsable como complemento a su informe con justificación: 1. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Tribunal responsable emitió laudo, en el cual, condenó a la demandada Ayuntamiento Constitucional de Totolapan, Morelos, al pago de diversas prestaciones, apercibiéndolo que si no cumplía de manera voluntaria con la condena se le impondrían las medidas previstas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. De la lectura integral de la resolución, se observa que la demandada compareció a dicho juicio y produjo contestación a la demanda. 2. En diligencia de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, la Actuaria adscrita al Tribunal responsable notificó de forma personal al Ayuntamiento demandado, el laudo de cuatro de julio de dos mil dieciocho. 3.- Mediante auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, decretó auto de ejecución por la cantidad de $116,422.96 (ciento dieciséis mil cuatrocientos veintidós pesos 96/100 moneda nacional), por lo que comisionó al actuario adscrito para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Totolapan, Morelos, a efecto de que le requiriera el pago por la cantidad señalada a la parte demandada por conducto de su Presidente Municipal; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tomarían las medidas necesarias a efecto de hacer cumplir el laudo. 4. Luego, la Actuaria del Tribunal responsable, en diligencia de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se constituyó en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Totolapan, Morelos, quien fue atendida por Lilibeth Amaro Hernández, quien dijo ser Secretaria de Sindicatura, asimismo, no realizó el pago. 5.- Posteriormente, mediante auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, nuevamente el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, decretó auto de requerimiento de pago, por lo que comisionó al actuario adscrito para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Totolapan, Morelos, a efecto de que se requiriera el pago por la cantidad señalada a la parte demandada por conducto de su Presidente Municipal; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le haría efectivo la aplicación del artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 6. Así, el Actuario del Tribunal responsable, en diligencia de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se constituyó en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Totolapan, Morelos, en el área de Presidencia, siendo atendido por José Juan Juárez Lasos, quien dijo ser asesor jurídico del Ayuntamiento demandado, y manifestó que el Presidente Municipal Totolapan, Morelos, no se encontraba, asimismo, no realizó el pago; sin embargo, como se advierte de la diligencia realizada, se le corrió traslado con copia integra del auto de requerimiento de pago de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. 7. Por auto de veintisiete de julio de dos mil diecinueve, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, convocó a los integrantes del Pleno del Tribunal a efecto de hacerles llegar el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho y resolvieran sobre el apercibimiento decretado. 8. Por resolución de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje declaró procedente la aplicación de la sanción decretada el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, consistente en aplicar una multa de hasta quince días de unidades de medida al Presidente Municipal de Totolapan, Morelos, conforme a lo previsto en el artículo 124, fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Los conceptos de violación esgrimidos son en esencia los siguientes: Que fue vulnerado en su perjuicio el artículo 14 Constitucional, porque el quejoso no es parte dentro del juicio laboral de origen y no obstante ello se le fincó responsabilidad, se le sancionó y se le requirió cumplir con lo que no corresponde a sus deberes oficiales como Presidente Municipal, sin la oportunidad de defensa, en razón de que no se le notificó de manera personal el apercibimiento efectuado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho ni el laudo emitido en el juicio de origen. Que el acuerdo tildado de inconstitucional carece de una debida fundamentación y motivación. Son infundados los conceptos de violación plasmados, sin embargo, por cuestión de técnica jurídica, los argumentos expuestos por la parte quejosa no serán estudiados en el orden planteado por la quejosa, de tal manera que en primer lugar se analizara lo atinente el segundo concepto de violación relativo a la fundamentación y motivación. Que el acuerdo tildado de inconstitucional carece de una debida fundamentación y motivación. El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: "Artículo. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]." El precepto citado, en términos generales, establece la garantía de legalidad cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados, al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica, destacando de dicho precepto tres condiciones esenciales a las cuales deben ajustarse los actos que realizan: 1) Que se exprese por escrito; 2) Que provenga de autoridad competente y, 3) Que en el documento escrito en el que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Conforme al precepto constitucional invocado, se advierte que es obligación de la autoridad citar en el acto de molestia, los preceptos legales en los que apoya su actuación, además de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya considerado para la emisión del acto, los que deberán tener adecuación con las normas en que se fundamente, de tal manera que se configuren las hipótesis normativas. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia número 260, consultable a foja 175, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a 1995, cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ambos deberes, tienen que ser acatados por toda autoridad administrativa y judicial que realiza actos de molestia en el ámbito de los derechos que tienen los gobernados. No se excluyen uno del otro, sino que por el contrario, deben coexistir en el escrito en el cual se plasma el acto de afectación, resaltando que su expresión debe adecuarse entre sí, es decir, no basta que se motive, sino que los cuerpos jurídicos y las normas precisas que se están aplicando al caso concreto deben corresponder a las razones, motivos, circunstancias especiales o causas inmediatas que motivaron a la autoridad a realizar el acto de molestia, siendo imprescindible que se plasmen en el escrito que se dirige al gobernado. Aunado a lo anterior, se impone destacar que la indebida satisfacción de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación de los actos de molestia de las autoridades se presenta, tratándose de la indebida fundamentación, cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas no se ubican en el contenido de la norma legal que se aplica al caso. En ese orden de ideas, de la lectura de la resolución de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente 01/436/16, se fundó en los artículos 115, 116 fracción VI y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 1, 11, 45, 114, 123 y 124 de la ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y 1, 2, 8, 10, 11 fracciones I y III, 12 fracciones I y II, del reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Como motivación, el Tribunal del conocimiento asentó que es obligación del del Ayuntamiento de Totolapan acatar los laudos que dicte el Tribunal, que el cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Tribunal responsable emitió laudo, en el cual, condenó a la demandada Ayuntamiento Constitucional de Totolapan, Morelos, al pago de diversas prestaciones, la cual asciende a la cantidad de $116,422.96 (ciento dieciséis mil cuatrocientos veintidós pesos 96/100 moneda nacional). También refirió que toda vez que la demandada no había cubierto pago alguno, el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, decretó auto de requerimiento de pago, por lo que comisionó al actuario adscrito para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Totolapan, Morelos, a efecto de que le requiriera el pago por la cantidad señalada a la parte demandada por conducto de su Presidente Municipal. Y que, en diligencia de veintidós de enero de dos mil diecinueve, su fedatario se constituyó en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Totolapan, Morelos, sin que se realizara el pago correspondiente; que además, a la fecha de la emisión del acto reclamado tampoco se advertía que la parte demandada haya realizado el aludido pago, de tal manera que consideró procedente la aplicación de la multa decretada mediante resolución de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. De lo anterior, se observa que, contrario a lo aducido por la parte quejosa, el tribunal del conocimiento sí fundó y motivó el acto reclamado, pues citó los fundamentos legales en los que sustentó su resolución, además expuso los motivos y razones por las que hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en el caso, expuso en esencia que es obligación del Ayuntamiento condenado cumplir con los laudos emitidos, que existe un laudo condenatorio, que no obstante del requerimiento con apercibimiento de multa de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho dirigido al Presidente Municipal de Totolapan, Morelos, y la diligencia desahogada el veintidós de enero de dos mil diecinueve, no se ha dado cumplimiento a dicho laudo, por lo que consideró procedente hacer efectiva la sanción consistente en multa. Por lo tanto, resulta infundado el concepto de violación esgrimido. Que fue vulnerado en su perjuicio el artículo 14 Constitucional, porque el quejoso no es parte dentro del juicio laboral de origen y no obstante ello se le fincó responsabilidad, se le sancionó y se le requirió cumplir con lo que no corresponde a sus deberes oficiales como Presidente Municipal, sin la oportunidad de defensa, en razón de que no se le notificó de manera personal el apercibimiento efectuado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho ni el laudo emitido en el juicio de origen. Es infundado también dicho concepto de violación, pues de las constancias que obran en autos, se advierte que el Ayuntamiento Constitucional de Totolapan, Morelos, compareció al juicio procedimiento laboral, pues incluso dio contestación a la demanda instaurada en su contra. En consecuencia, es inexacta la afirmación de que el quejoso, en su carácter de Presidente Municipal de Totolapan, Morelos, no fue emplazado a juicio laboral de origen, debido a que, contrario a lo afirmado, no existía obligación de hacerlo, en virtud que el Ayuntamiento de dicho municipio es la parte demandada en el juicio laboral de origen, y ésta sí compareció al procedimiento a defender sus derechos. Sin que ello implique, que al existir un laudo condenatorio en contra de dicho ayuntamiento, no se pueda requerir de pago al Presidente Municipal, cuando por disposición legal es el obligado de dar cumplimiento a los laudos emitidos contra el Ayuntamiento, y sin que sea necesario que éste hubiese sido llamado a juicio previamente, puesto que, al ser integrante del Ayuntamiento, y haberse llamado a juicio a este último, se satisface dicha garantía de audiencia. De ahí que, la determinación reclamada se considere ajustada a derecho, pues contrario a lo que sostiene el quejoso, el Presidente Municipal de Totolapan, Morelos, es el representante del Ayuntamiento demandado y órgano ejecutor de sus determinaciones, además de ser el obligado directa de cumplir y hacer cumplir los laudos. Para sostener lo anterior, basta con imponerse de los artículos 41, fracción XXXIX, 43, 44, 79, 82, fracción XX y 83 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que señalan: "Artículo 41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones: [.] XXXIX.- Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las resoluciones que en materia administrativa emita el Tribunal de los Contencioso Administrativo, así como de las demás resoluciones emitidas por las diferentes autoridades jurisdiccionales; (.)". "Artículo 43.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Presidente Municipal se auxiliará de los demás integrantes del Ayuntamiento, así como de los órganos administrativos y comisiones que ésta Ley establece". "Artículo 44.- El Presidente Municipal asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte cuando el Síndico esté impedido física o legalmente para ello, o cuando éste se niegue a asumirla; en este último caso se obtendrá la autorización del Ayuntamiento, pero es este supuesto deberá dar cuenta inmediata de su actuación al Cabildo." "Artículo 79.- La Tesorería Municipal estará a cargo de una persona distinta de los integrantes del Ayuntamiento llamada Tesorero; quien será propuesto y removido libremente por el Presidente Municipal." "Artículo 82.- Son facultades y obligaciones del Tesorero: [.] XX.- Efectuar los pagos presupuestados previo acuerdo del Ayuntamiento o del Presidente Municipal en su caso." "Artículo 83.- Los Tesoreros serán responsables de las erogaciones que efectúen y que no estén comprendidas en los presupuestos aprobados y de las que no haya autorizado el Ayuntamiento". Como se ve de lo anterior, los Presidentes Municipales son los encargados de cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; así como las resoluciones que en materia administrativa emita el Tribunal de los Contencioso Administrativo y las demás resoluciones emitidas por las diferentes autoridades jurisdiccionales. Asimismo, se establece que para el cumplimiento de sus funciones, el Presidente Municipal se auxiliará de los demás integrantes del Ayuntamiento, así como de los órganos administrativos y comisiones que la Ley Orgánica Municipal establece. Se prevé además que las Tesorerías Municipales estarán a cargo de una persona distinta de los integrantes del Ayuntamiento llamada Tesorero, quien tendrá como obligación entre otras, efectuar los pagos presupuestados previo acuerdo del Ayuntamiento o del Presidente Municipal; y que éste será el responsable de las erogaciones que efectúe y que no estén comprendidas en los presupuestos aprobados y de las que no haya autorizado el Ayuntamiento. En ese tenor, es correcto que el requerimiento para cumplir con los laudos debe ir dirigido al Presidente Municipal por ser el obligado legalmente para acatar las determinaciones del Tribunal laboral, quien a su vez, debe realizar las acciones necesarias ante los servidores públicos que corresponda para hacer frente en el cumplimiento de sus obligaciones, como es el caso de los Tesoreros que son personas distintas a los integrantes del Ayuntamiento, cuyas obligaciones, entre otras, son las de efectuar los pagos presupuestados, pero con la consigna de que debe existir acuerdo previo del Ayuntamiento o del Presidente Municipal; en consecuencia, corresponde a este último realizar las gestiones necesarias a fin de que se apruebe el presupuesto necesario para dar cumplimiento al laudo. En ese contexto, conforme a lo previsto en el artículo 41, fracción XXXIX de la norma jurídica en comento, el Presidente Municipal es el obligado de cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje dicte; razón por la cual fue correcto que dicho Tribunal laboral ordenara el requerimiento de pago y cumplimiento del laudo ejecutoriado directamente al aquí quejoso, en cuanto Presidente Municipal de Totolapan, Morelos; de ahí lo infundado de sus planteamientos. Tampoco le asiste la razón a la parte quejosa al estimar que al no haberse notificado de manera personal el requerimiento de pago, la determinación impugnada es contraria a derecho; ello, tomando en consideración que la diligencia en las que se llevó a cabo el requerimiento fue atendida por personal del jurídico del citado ayuntamiento, al no haberse localizado al directo buscado, es decir, al Presidente Municipal de Totolapan, Morelos. Máxime que, las diligencias de notificación se presumen legales ya que no pueden estudiarse en el sumario en el que se actúa, al no haber sido señaladas como actos reclamados. En ese sentido, resulta infundado también su argumento cuando refiere que dado que asumió el encargo el uno de enero de dos mil diecinueve, y que por tanto, la responsable debió de haberle notificado previo a cualquier requerimiento el laudo emitido el cuatro de julio de dos mil dieciocho. Contario a lo aducido, dicha circunstancia no se traduce en una violación a los derechos de la parte quejosa, pues se insiste, dicha parte procesal ha tenido intervención en el todo el proceso laboral al haber comparecido como demandada el Ayuntamiento Constitucional de Totolapan, Morelos, es decir, desde que se emitió el laudo, la parte demandada tuvo conocimiento de que se le condenó al pago de ciertas prestaciones, como se advierte de la notificación personal de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J.29/2007, de número de registro digital 173014, de rubro: INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO.", estableció el criterio que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerirse nuevamente, pero solamente el cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo, lo que en la especie se actualiza. Pues como quedó precisado, al ahora quejoso, previo a la imposición de la multa impuesta, mediante diligencia desahogada el veintidós de enero de dos mil diecinueve (una vez que el quejoso ya había asumido el cargo que ostenta) el fedatario se constituyó en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Totolapan, Morelos, con el propósito de requerirle el cumplimiento del Laudo y notificar el auto que contiene el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, diligencia que como se mencionó, goza de presunción de legalidad, sin que el caso sea factible su estudio al no haberse señalado como acto reclamado en el presente juicio. En tales condiciones, al ser infundados los conceptos de violación en estudio, procede negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. Negativa que debe hacerse extensiva respecto del acto de ejecución que reclama al Actuario adscrito al citado Tribunal así como al Titular de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al no reclamarse por vicios propios. Es aplicable la Jurisprudencia II.3° J/12, consultable en la página 41, Tomo 55, Julio de 1992, Octava Época, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA, respecto del acto reclamados a las autoridades responsables Pleno, Presidente Ejecutor y Actuario, todos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, así como del Titular de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, el día de hoy ocho de noviembre de dos mil veintiuno, que las labores de este juzgado así lo permitieron, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
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