Luis Socrates Ruíz Meraz
Expediente 832/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Socrates Ruíz Meraz
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso *******, sin que haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destrucción, por tanto, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, Tal como se estableció en la cuenta, este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no contiene información clasificada como reservada, ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, según los artículos 97, 110 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, el juicio de amparo en que se actúa es un expediente, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.GMA
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil diecisiete. Vista la constancia de notificación de cuenta, se advierte la petición de copias del presente juicio, por parte del quejoso xxxxx. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, por conducto del Actuario Judicial adscrito se ordena remitir copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio a la parte quejosa, a quien se le deberá recabar la firma correspondiente a efectos de obre como constancia de recepción. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado xxxx, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primero párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria xxxx. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la ciudad de México y otras autoridades. Fórmese el expediente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno respectivo, como juicio de amparo 832/2017. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Para un mejor entendimiento de la determinación que aquí se toma, es menester precisar los actos que reclama la parte quejosa en su demanda de amparo, los cuales consisten en lo siguiente: 1. Al Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en la ciudad de México; la omisión de resolver sobre la incidencia planteada relativa a la concesión de los beneficios preliberaciones de libertad preparatoria y remisión parcial de la pena en el expediente SIPE *******, además de no hacer efectivos los apercibimientos decretados (multas) a las autoridades que a continuación se enlistan. 2. A los Directores y Comité Técnico, del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", en esta ciudad; del Centro Federal de Readaptación Social Número Once, con sede en Hermosillo, Sonora; al Centro Federal de Readaptación Psicosocial en Ayala Morelos; al Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad; al Coordinador General de Archivos y al Director General de Ejecución de Sanciones, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en la ciudad de México; la omisión de enviar los estudios requeridos por el Juez que conoce del procedimiento de ejecución. 3. A la Defensoría Pública adscrita a los Juzgados Especializados en Ejecución de Penas y al licenciado *******, adscrito al Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas; el no proporcionarle una defensa adecuada, a fin de combatir el incidente promovido (sic) y no dar respuesta a sus peticiones. A partir de esas premisas, respecto a la autoridad y acto destacados en el punto primero, quien resuelve estima actualizada, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Tal precepto legal es del tenor siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Al respecto, resulta importante ponderar que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el de 'definitividad' que se traduce en que antes de acudir a la vía constitucional es necesario que contra el acto reclamado se haga valer el recurso o medio de defensa ordinario establecido en la ley que lo regula, a fin de obtener la modificación o revocación del mismo. La razón del legislador para restringir el acceso de la acción constitucional mediante la presente causa de improcedencia, es para evitar la proliferación de juicios de amparo contra cualquier acto autoritario que, surgido en un procedimiento, pudiera válidamente oponerse sin que primeramente se intente su enmienda ante la potestad común, pues ello generaría una cadena interminable de juicios constitucionales y concomitantemente un retraso en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto por el numeral 17 Constitucional. El motivo de improcedencia que se analiza no es absoluto, pues en ese mismo dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado sea procedente, pero en el caso que nos ocupa no se encuentra dentro de esa excepción, como enseguida se demostrara. De tal suerte, la parte quejosa, previo a instar a la Justicia Federal sobre la cuestión de constitucionalidad, derivada de un acto emanado de un ente con facultades jurisdiccionales, debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y una vez que a virtud de éstas no se hayan revertido los efectos del origen de inconformidad, procederá la demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución), anulado (dejar insubsistente el acto de autoridad); asimismo, se aclara que sólo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. En este orden de ideas, se configura la hipótesis de improcedencia a que se hizo alusión en párrafos que anteceden, en virtud de que tal actuación puede combatirse mediante la interposición del recurso de queja que prevé el numeral 398 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual es del tenor siguiente: 398 Bis.- El recurso de queja procede contra las conductas omisivas de los Jueces de Distrito que no emitan las resoluciones o no señalen la práctica de diligencias dentro de los plazos y términos que señale la ley, o bien, que no cumplan las formalidades o no despachen los asuntos de acuerdo a lo establecido en este Código. La queja podrá interponerse en cualquier momento a partir de que se produjo la situación que la motiva, y se interpondrá por escrito ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda. En las hipótesis previstas en el artículo 142, el recurso lo interpondrá el Ministerio Público. El Tribunal Unitario de Circuito, en el plazo de cuarenta y ocho horas, le dará entrada al recurso y requerirá al Juez de Distrito, cuya conducta omisiva haya dado lugar al recurso, para que rinda informe dentro del plazo de tres días. Transcurrido este plazo, con informe o sin él, se dictará la resolución que proceda. Si se estima fundando el recurso, el Tribunal Unitario requerirá al Juez de Distrito para que cumpla las obligaciones determinadas en la ley. La falta del informe al que se refiere el párrafo anterior, establece la presunción de ser cierta la omisión atribuida y hará incurrir al juez en multa de diez a cien veces el salario mínimo vigente en el momento y lugar en que hubiese ocurrido la omisión. Por tanto, tomando en consideración lo señalado en líneas anteriores, se concluye que contra la omisión del Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en la ciudad de México, procede el recurso de queja que prevé el numeral 398 Bis de la legislación procesal de la materia, a través del cual el Tribunal Unitario de Circuito, puede requerir a aquel para que cumpla las obligaciones establecidas en la Ley. De igual manera, no se actualiza el resto de las excepciones que prevé la ley de la materia para observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; y, e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Hipótesis las anteriores en las cuales no encuadran la parte aquí quejosa. Del mismo modo, por lo que hace a las autoridades y actos señalados en el punto número dos, se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues su actuar se encuentra supeditado a lo que en su momento determine la autoridad jurisdiccional. Tocante el tercero de los puntos, respecto al Defensor Público que lo asiste en el procedimiento de ejecución, así como a la Defensoría Pública adscrita a los órganos jurisdiccionales encargados de la ejecución de las penas; cabe señalar que se advierte que la demanda de amparo es notoriamente improcedente. En esas condiciones, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, que al efecto estatuyen: 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Del precepto 103 Constitucional, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En torno a este tema, acorde con lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", consideró que es autoridad para efectos del juicio de amparo el ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular y que esa relación tenga su nacimiento en la ley -lo que dota al ente de una facultad administrativa-, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; asimismo, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, a fin de establecer si los Defensores Públicos adscritos a los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, residentes en la ciudad de México, actuaron como autoridad para efectos del amparo, debe ante todo atenderse a su naturaleza. Entre sus funciones se encuentran las que se señalan en los preceptos 4, 6 y 12, de la Ley Federal de Defensoría Pública, las cuales consisten en: 4. Los servicios de defensoría pública se prestarán a través de: I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal y del Sistema de Justicia Penal Integral para Adolescentes, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas, medidas u otra consecuencia, hasta la extinción de éstas, y (.) 6. Los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a: I. Prestar personalmente el servicio de orientación, asesoría y representación a las personas que lo soliciten en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y las demás disposiciones aplicables; II. Representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de los defendidos o asistidos, a cuyo efecto harán valer acciones, opondrán excepciones o defensas, interpondrán incidentes o recursos y realizarán cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a Derecho que resulte en una eficaz defensa; III. Evitar en todo momento la indefensión de sus representados; IV. Vigilar el respeto a los derechos humanos y sus garantías de sus representados; así como promover el juicio de amparo respectivo o cualquier otro medio legal de defensa, cuando aquellos se estimen violentados; V. Llevar un registro y formar un expediente de control de todos los procedimientos o asuntos en que intervengan, desde que se les turnen hasta que termine su intervención; VI. Atender con cortesía a los usuarios y prestar sus servicios con diligencia, responsabilidad e iniciativa, y VII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales aplicables. 12. El servicio de defensoría pública en materia penal, ante los órganos jurisdiccionales federales comprende: I. Atender inmediatamente las solicitudes que le sean formuladas por el inculpado o imputado, o por el juez de la causa; II. Replicar o bien solicitar las aclaraciones o precisiones que estime necesarias respecto a la imputación formulada por el órgano acusador, o en su caso las realizadas por el coadyuvante del Ministerio Público; III. Solicitar al juez de la causa la libertad caucional o medida cautelar distinta a la prisión preventiva, si procediera; IV. Hacer valer lo concerniente respecto de las medidas cautelares solicitadas; V. Hacer valer los medios que desvirtúen los elementos del tipo penal, hecho delictivo o la probable responsabilidad o participación del defendido, en cualquier etapa del procedimiento, presentando argumentos y datos de prueba, ofreciendo medios de prueba o pruebas y promoviendo los incidentes, juicio de amparo, recursos, alegatos y demás diligencias que fueren necesarias para una eficaz defensa; VI. Asistir jurídicamente al defendido y estar presente en el momento en que rinda su declaración preparatoria o declaración en la audiencia inicial y en cualquier audiencia o diligencia en que deba intervenir, y hacerle saber sus derechos; VII. Hacer uso de la palabra para expresar lo que convenga al interés del acusado en la apertura de la audiencia de juicio o en el momento que proceda; VIII. Llevar a cabo el interrogatorio o contrainterrogatorio de testigos y peritos; IX. Solicitar la ampliación del plazo constitucional para el desahogo de medios de prueba que considere necesarios; X. Solicitar las diligencias de investigación que hubiere rechazado el Ministerio Público durante la investigación; XI. Acceder a los medios probatorios ofrecidos por la víctima u ofendido; XII. Formular las conclusiones a que se refiere el Código Federal de Procedimientos Penales o replicar la acusación del Ministerio Público y la coadyuvancia a la acusación de la víctima y ofendido, en el momento procesal oportuno; XIII. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios si lo estima procedente; XIV. Informar al defendido o a sus familiares del trámite legal que deberá desarrollarse en la fase de apelación para establecer con ellos una comunicación estrecha sobre el particular; XV. Analizar las constancias que obren en autos a fin de contar con mayores elementos para la formulación de los agravios respectivos en el momento procesal oportuno, durante la tramitación de la segunda instancia; XVI. Practicar las visitas que sean necesarias a los centros de reclusión o penitenciarios con el objeto de comunicar a su defendido el estado procesal en que se encuentra su asunto, informar los requisitos para su libertad provisional bajo caución o medida cautelar distinta a la prisión preventiva, así como aquellos para obtener los beneficios preliberacionales que en su caso correspondan; XVII. Vigilar el adecuado cumplimiento de las sentencias, procurando para sus representados los beneficios que, en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables; XVIII. Promover el procedimiento respectivo cuando existan indicios de que el imputado es inimputable; XIX. Solicitar cuando proceda la declaración de la extinción de la acción penal cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de uno de sus miembros; XX. Presentar los agravios que cauce la resolución que recurra; XXI. Promover cuando procede la extinción de la pretensión punitiva o de la potestad para ejecutar las penas o medidas de seguridad u otra consecuencia del delito; o el reconocimiento de inocencia o la anulación de sentencia; XXII. Promover, cuando proceda, las soluciones alternas al procedimiento, formas de terminación anticipada del proceso y procedimientos especiales, explicando a sus representados las implicaciones de cada una de las soluciones alternas, produciendo certeza de la aceptación del defendido de las consecuencias de dichos mecanismos y procedimientos, y XXIII. En general, realizar todos los actos inherentes para una defensa adecuada conforme a Derecho. En efecto, de los anteriores numerales, se aprecia que las funciones de los Defensores Públicos Federales, consisten en representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de sus defendidos, respecto de cuestiones que se ventilen ante un órgano jurisdiccional. Aunado a lo anterior, resulta necesario precisar que el concepto de autoridad esta empleado en los numerales primeramente transcritos, esto es, el de que esos órganos, de facto o de jure, deben tener facultades de decisión o ejecución, cuyo ejercicio engendre la creación, modificación o extinción de situaciones generales o particulares de hecho o jurídicas, o bien produzcan una alteración o afectación de ellas de manera imperativa, unilateral o coercitiva, lo cual no acontece respecto a los Defensores Públicos, ya que sus actos carecen de la imperatividad y coercitividad que caracterizan a todo acto de autoridad, pues únicamente es un organismo creado para procurar asistencia jurídica a las personas que enfrentan un proceso penal, entendiéndose este desde la fase de averiguación previa o indagatoria hasta la ejecución de lo sentencia; esto es, para representarlos y asesorarlos, siempre que lo soliciten o cuando no puedan pagar una defensa particular, ante cualquier autoridad, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de la ley penal. Por tanto, en su ejercicio no se establece una relación de supra a subordinación en relación con el gobernado solicitante de dicho servicio, por lo que en ese contexto, su actuación no es susceptible de impugnarse en la vía de amparo. En sustento, se cita la tesis XI.2o.30 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Junio de 2002, Materia Común, página 650, de la Novena Época, registro 186788, que a la letra dice: DEFENSOR DE OFICIO. NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 11 de la Ley de Amparo señala que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por lo que si dentro de las facultades que tiene un defensor de oficio no se encuentra ninguna de las señaladas en ese precepto legal, a través de la cual tuviera imperio y decisión en relación con la sentencia reclamada por el quejoso, ya que no la pronuncia y ninguna intervención tiene en su ejecución, con apoyo en el artículo 11, en relación con la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías y debe decretarse el sobreseimiento, con fundamento en la fracción III del numeral 74 de la propia codificación. Máxime, que las características principales de un acto de autoridad son la unilateralidad, coercitividad; esto es, son imperativos porque se imponen sobre la voluntad del destinatario y coercitiva porque el sujeto destinatario puede ser sometido al mandato de la autoridad, lo que en la especie no ocurre. Bajo esa premisa, el acto reclamado consistente en no proporcionarle una adecuada defensa para combatir el incidente no especificado, radicado bajo el SIPE ******* y no dar respuesta a sus peticiones; de ninguna manera puede reputarse como acto de autoridad, debido a que entre la parte quejosa y los citados Defensores Públicos, no existe una relación de supra a subordinación. En las relatadas condiciones, de conformidad con el ordinal 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, la acción de amparo, intentada por el quejoso es notoriamente improcedente; en consecuencia, se impone DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *******. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Atento al resultado al que se arribó, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, es innecesario proveer con relación a las pruebas ofrecidas. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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