Luis Sigfredo Ortega Trelles

Expediente 1151/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1151/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Sigfredo Ortega Trelles

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1151/2023-I.. En el oficio administrativo 18/2023, dirigido a la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, el Coordinador de las Juezas y Jueces de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, informa que, con motivo de la declaratoria nacional de paro de labores de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las personas titulares de los Juzgados Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, determinaron declarar inhábiles pero laborables los días veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Asimismo, el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, certifica: que el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 párrafo primero, de la Ley de Amparo, para recurrir el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, transcurrió para el quejoso del diez al dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, al haber sido notificado -vía electrónica- el nueve de noviembre pasado. Plazo en el cual no se recibió promoción mediante la cual se recurriera dicho acuerdo. Doy fe. En la misma data, se da cuenta a la Jueza con las certificaciones precedentes y el estado que guardan los autos del presente asunto. Conste. Puebla, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vistas las certificaciones secretariales de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante referido sólo como Acuerdo 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. General- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que, en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo General, ya que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido (desechamiento). Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Juicio de amparo 1151/2023-I.. Puebla, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Vista la demanda signada por +++++++++++++++++++, quien se ostenta con el carácter de defensor particular del directo quejoso Luis Sigfredo Ortega Trelles, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y otras autoridades, con fundamento en los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida vía electrónica, la misma ya se encuentra digitalizada e consecuencia incorporada al expediente electrónico, por lo que no es necesaria su digitalización, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 2 . En el presente caso, esta juzgadora estima que la demanda de amparo debe desecharse de plano en virtud de que el acto reclamado del que se duele la parte quejosa es el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de las responsables, la GESTIÓN, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, y/o EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE TRASLADO respecto de mi defendido, a un Centro de Internamiento diverso al que actualmente se encuentra recluido, como lo es el de la Ciudad de Puebla, Puebla." Lo que se determina así, en virtud de que el traslado involuntario tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que la parte quejosa no agotó en forma previa, motivo por el cual su reclamo encuentra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Así se desprende de la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, en la cual estableció que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regula la controversia judicial, la cual constituye un recurso que debe interponerse ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el propósito de controvertir los traslados de las personas privadas de la libertad. Pese a lo anterior, la parte recurrente desatendió la ruta ordinaria de impugnación, porque los antecedentes de su demanda revelan que no ha interpuesto la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En otras palabras, decidió ejercer la acción de amparo contra el traslado involuntario del que se duele, en lugar de agotar la controversia judicial antes mencionada, lo cual implica una desatención al principio de definitividad que rige el acceso al juicio de amparo indirecto, motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que resultó de la contradicción de tesis invocada-, la cual fue emitida en la Undécima Época, con registro digital 2023736, del contenido: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo". Luego, como se advierte del criterio antes invocado, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra la inejercitabilidad de la acción de amparo contra actos de autoridades administrativas, distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por medio del cual esos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Máxime que la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, también esclareció que la controversia judicial contra el traslado involuntario, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no contempla mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión, y tampoco establece un mayor plazo para el otorgamiento. Dicho de otro modo, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, porque no exige mayores requisitos para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, el recurso ordinario que se denomina controversia judicial, previsto en la referida ley nacional, ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que se examine el traslado involuntario de una persona privada de su libertad. Entonces, el quejoso como persona privada de su libertad en un centro penitenciario, debe agotar la controversia judicial establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio de amparo indirecto contra la orden de traslado que alega. Además, debe indicarse que el traslado de internos también se encuentra en las condiciones de internamiento, porque el centro penitenciario donde algún interno sea recluido, involucra por sí mismo todos los aspectos que corresponden a la esfera de competencia de las autoridades carcelarias. Ello se desprende de los razonamientos contenidos en la tesis I.7o.P.122 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde en síntesis sostuvo que la orden de traslado de personas privadas de su libertad es un acto relacionado con las condiciones de internamiento, susceptibles de ser reparables mediante peticiones administrativas. Dicha tesis tiene el rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA De modo que, la controversia judicial respecto del traslado de un interno a un diverso centro penitenciario del primigenio, es susceptible de considerarse un aspecto que forma parte de las condiciones de internamiento de la persona recluida. Al respecto, son ilustradores los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en las ejecutorias de los recursos de queja Q-36/2020 y Q46/2020 -sobre la decisión de desechar una demanda al combatirse una orden de traslado-, en el sentido de que previo a presentarse la demanda de amparo, el interno debió agotar el recurso ordinario establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además de que dicha sala ha establecido que si una persona privada de su libertad pretende combatir actos inherentes a sus condiciones de internamiento -como el traslado involuntario que se reclama-, debe agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior, se desprende de la tesis jurisprudencial 1a./J. 79/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO".4 En ese sentido, estableció que previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la citada legislación para ese supuesto. Así se desprende de la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,5 de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". Cabe destacar que dicho criterio fue reiterado por la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, de la cual emanó la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2021 (10a.), del rubro6 : "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.", ya citada. Por consiguiente, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar la controversia judicial establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de generar un acto definitivo y susceptible de ser reclamado mediante la acción de tutela constitucional. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis7 del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de amparo por el acto consistente en el traslado involuntario reclamado, dado que encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. La parte quejosa manifiesta su voluntad de recibir notificaciones electrónicas a través del usuario "jfredd89", y a su vez señala como domicilio procesal un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, lo cual resulta improcedente; pues, que la misma parte procesal -como lo es la quejosa- tenga dos o más vías para que se le practiquen sus notificaciones genera incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del juicio de control constitucional. Ello, porque al haber dos o más vías de notificación sin precisar cuál de ellas es la efectiva para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal. Al respecto, resulta aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo III página 2364 (registro digital 2017924), cuyo rubro dispone: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." Entonces, a fin de evitar la duplicidad de notificaciones y con la finalidad de privilegiar el uso de medios tecnológicos, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter de personal le sean realizadas a la parte quejosa a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en tanto que las notificaciones ajenas a las personales, serán por medio de lista. Por tanto, se instruye que se habilite la referida forma de notificación electrónica al usuario "jfredd89". Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Alfredo Vázquez Pliego y Modesto Manuel Arenas Andrade, porque así lo solicitó el defensor del quejoso y se encontró registro de sus cédulas profesionales en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; y de forma personal al quejoso (vía electrónica) y cúmplase..

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