Luis Severo Chavira Ávalos

Expediente 424/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
424/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Luis Severo Chavira Ávalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en correlación con la Circular CAP/DGAD/7/2021 de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en representación del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, con residencia en la ciudad de Chihuahua; para que obre como antecedente, toda vez que el veintitrés de septiembre del año en curso, se resolvió el presente asunto. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada XXXXX, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXX. Doy fe. *

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2020-VI, promovido por Luis Severo Chavira Avalos, ********** contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, remitido el diez siguiente a este Juzgado de Distrito, ********** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario General, Encargado del Periódico Oficial, y Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, todos del Gobierno del Estado de Chihuahua, residentes en la capital de esta entidad federativa. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1º, 5º, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de once de septiembre de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el consecutivo **********/2020-VI, se previno a la parte quejosa, y el treinta siguiente, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Determinación que fue impugnada por el promovente a través del recurso de queja, el cual fue declarado fundado por el Primer Tribunal Colegiado de Décimo Séptimo Circuito, en esta ciudad, al resolver el recurso de queja administrativo **********/2020; y el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, el nueve de marzo de dos mil veintiuno, la suscrita se declaró impedida para conocer del presente juicio de amparo, y se ordenó remitir los autos a la superioridad para la calificación del impedimento planteado. Ante ello, el Primer Tribunal Colegiado de Décimo Séptimo Circuito, en esta ciudad, al resolver el impedimento administrativo 7/2021, no calificó de legal el impedimento; por tanto, se dio vista a las partes con los informes justificados relativos, y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la totalidad de constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1.Al Congreso del Estado de Chihuahua. El artículo primero del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicado en Periódico Oficial del Estado, el veintiuno de marzo de dos mil veinte; y, específicamente, los artículos 30, 37, 83, 91, 98 fracciones IV, IX, X, XV, y XXIX y 120 así como las disposiciones transitorias contenidas en el primer y segundo párrafo del artículo quinto, de dicha legislación. 2. Al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua. La promulgación, expedición, publicación y ejecución, de la normatividad impugnada. 3. Al Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua. El refrendo y publicación del decreto reclamado. 4. Al Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua. La publicación del decreto combatido. 5. Al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado De Chihuahua. La aplicación y ejecución los preceptos impugnados. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Gobernador Constitucional, Secretario General, y Encargado del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de Chihuahua, al rendir sus informes con justificación, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en la aplicación (ejecución) de las normas tildadas de inconstitucionales. Por su parte, el quejoso no exhibió pruebas que desvirtúen tales negativas, por lo que debe tenerse como inexistentes los actos que se atribuyen a las citadas autoridades responsables. Tiene aplicación, se cita la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Ahora, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, fue omiso en rendir informe justiicado, no obstante que fue debidamente requerido para tal efecto; sin embargo, no es dable presumir la certeza del acto ejecutivo que se le reclama en esta instancia, en términos del artículo 117 de la Ley del Amparo; toda vez que de la totalidad de constancias del presente asunto, no se desprende el acto de aplicación y/o ejecución de la normatividad impugnada por parte de la citada responsable. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos especificados en el presente considerando, reclamados al Gobernador Constitucional, Secretario General, Encargado del Periódico Oficial y Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, todos del Gobierno del Estado de Chihuahua. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario General, y Encargado del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la expedición, refrendo, promulgación y publicación, del Decreto que dio origen a la Ley de Transporte, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintiuno de marzo de dos mil veinte, respectivamente. Por lo que se tienen por ciertos los actos que se les atribuyeron. Además, la existencia del ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de una norma general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles1, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en 1 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho. 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Actualización de causas de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Improcedencia del juicio respecto de la publicación y refrendo del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua. Respecto de los actos reclamados al Gobernador Constitucional, Secretario General, y Encargado del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de Chihuahua, consistentes en el refrendo y la publicación del Decreto tildado de inconstitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [...] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [...] Del primero de los preceptos invocados, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando la parte quejosa impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la parte quejosa reclama de la citada autoridad, el refrendo y la publicación del Decreto que tilda de inconstitucional; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de tales autoridades en el proceso legislativo que permitió el refrendo y publicación de tal ordenamiento legal. De ahí que, en relación con el refrendo y la publicación de los Decretos reclamados, actos atribuidos a las citadas responsables, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II. Actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII2, de la Ley de Amparo. Como cuestión previa, conviene precisar que el artículo 61, fracción XII, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; 107. El amparo indirecto procede: 2 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.) De los anteriores preceptos se advierte que las disposiciones de carácter general pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor irroga un perjuicio al gobernado (autoaplicativas), o bien, si requiere un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete sus efectos jurídicos (heteroaplicativas). Lo expresado pone de manifiesto que para impugnar una ley en el juicio de amparo, requiere acreditar que sus normas afectan la esfera jurídica de la persona que solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque los efectos se causen con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad o del particular, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Se asevera lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que, para impugnar una ley en virtud de un acto concreto de aplicación, es menester que se cumpla con ciertas premisas, a saber: 1. La existencia de ese acto concreto de aplicación de la ley controvertida. 2. Que el acto concreto de aplicación cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado. 3. Que ese acto de aplicación sea el primero, no ulteriores. 4. Que dicho acto de aplicación de la norma sea anterior a la presentación de la demanda de garantías. En esa tesitura, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, si el gobernado reclama una ley en virtud de un acto de aplicación deberá ser el primero, en el que de manera expresa o tácita se actualicen las hipótesis normativas relativas, de manera que se generen en relación con el gobernado los efectos de la norma, regulando o sancionando una situación jurídica concreta. Asimismo, debe considerarse que, para combatir una norma general con motivo de su entrada en vigor, el gobernado debe acreditar que ésta trasciende a su esfera jurídica generándole un menoscabo al respecto. Para acreditar que una norma general autoaplicativa afecta el interés jurídico del quejoso es necesario analizar, en principio, en qué situación de hecho debe ubicarse para sufrir un perjuicio con la entrada en vigor de aquélla, para que en su caso pueda evidenciarse si las pruebas ofrecidas coinciden con el supuesto de hecho que genera la consecuencia jurídica que prevé la norma controvertida, pues de lo contrario, podría demostrarse un hecho irrelevante que no lo legitimaría para impugnar el respectivo acto legislativo. Bajo esta perspectiva, resulta evidente que la impugnación de una norma general desde su sola vigencia o en virtud de un acto de aplicación precisa de que trascienda a la esfera jurídica del quejoso, generándole un menoscabo al respecto, puesto que de no demostrarse que se han concretado los efectos jurídicos de la norma, es incontrovertible la falta de legitimación de aquél para impugnar la disposición general en la que no se ubica. Con base en lo expuesto, conviene puntualizar que el quejoso reclama en su carácter de autoaplicativo: El artículo primero del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicado en Periódico Oficial del Estado, el veintiuno de marzo de dos mil veinte; y, específicamente, los artículos 30, 37, 83, 91, 98 fracciones IV, IX, X, XV, y XXIX y 120, así como las disposiciones transitorias contenidas en el primer y segundo párrafo del artículo quinto, de la citada legislación. En este sentido, los ordinales impugnados son del tenor literal siguiente: DECRETO No. LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, D E C R E T A ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, para quedar redactada de la siguiente manera: LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Artículo 30. La Secretaría deberá implementar un Sistema Integrado de Transporte, con extensiones regionales, entendido como un conjunto de componentes que se encuentran integrados de manera física, operacional, informativa, iconográfica y tarifaria, con el objeto de prestar un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permita movilizar a sus usuarios con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en el área urbana o conurbada correspondiente. El Sistema Integrado de Transporte progresivamente realizará la integración y coordinación de las diferentes modalidades y Rutas de servicio de Transporte Público, facilitando al usuario una movilidad con el menor número de interrupciones posibles, que supere las diferentes competencias administrativas y propicie la máxima calidad que la tecnología de transporte puede ofrecer. Artículo 37. Las autoridades en materia de transporte del Estado, en el ámbito de sus competencias, realizarán, las acciones legales, administrativas y de operación necesarias para la integración al SIT de los Concesionarios y Permisionarios de transporte de pasajeros que califiquen y que opten por su incorporación al Sistema Integrado de Transporte. Artículo 83. En caso del fallecimiento o declaración de ausencia de una persona física, titular de una concesión de transporte público colectivo, la Concesión o concesiones en cuestión deberán ser sometidas a Concurso en los términos de este Capítulo. No obstante lo anterior, el fallo del proceso deberá dar preferencia, en igualdad de circunstancias derivado de la evaluación de las propuestas, a las personas beneficiarias que designe el Concesionario por virtud de lista previamente inscritas ante la Dirección, la cual se deberá limitar a las personas sujetas a sucesión legítima, en los términos de la legislación civil aplicable. Para la continuidad en la prestación del servicio objeto de las Concesiones en cuestión la Dirección expedirá los Permisos Temporales necesarios para desempeñar el servicio durante el proceso de Concurso descrito en el párrafo anterior. Artículo 91. La Concesión o Permiso que se otorgue es personalísima, intransferible, inalienable e inembargable. Solo podrá hacer uso de ella la persona física o moral a quien se hubiere otorgado, con excepción de lo señalado en el Título IV, Capítulos XI y XII, referente a la intervención de las Concesiones y la sucesión. No podrá prestarse el servicio de transporte público por intermediación, excepto en el supuesto de Operadores o Conductores que se contraten para su prestación y sean autorizados e inscritos ante el Registro por la autoridad competente. Cualquier acto jurídico en contravención del presente precepto será nulo de pleno derecho, sin necesidad de pronunciamiento expreso por autoridad jurisdiccional. Artículo 98. Son obligaciones de los Concesionarios o Permisionarios de servicios de Transporte en el Estado las siguientes: IV. Acreditar ante la autoridad que todos los trabajadores que presten el servicio gocen de las prestaciones que establezca la legislación laboral aplicable, de acuerdo al trabajo contratado. IX. Responder solidariamente por las fallas en que incurran por sí mismo, o por sus conductores, así como vigilar que su personal relacionado con el servicio que presta cumpla con las disposiciones legales; en particular, portar en lugar visible de las unidades de transporte el tarjetón de identificación expedido por la Dirección. X. Proporcionar en todo momento y tiempo, los datos, informes o documentos que le sean solicitados por autoridades competentes, a los que se encuentren obligados legalmente y que se relacionen con la operación de la concesión o permiso. XV. Mostrar la tarifa en los lugares autorizados, colocando el distintivo que para tal efecto expida la Dirección. . XIX. Otorgar capacitación permanente a los Conductores como mínimo una vez al año. Artículo 120. Únicamente los derechos y obligaciones inherentes a una Concesión en modalidad de taxi, cuyo titular sea una persona física, podrán ser sujetos de transmisión por sucesión. ARTÍCULO QUINTO. Las Autorizaciones, Concesiones, Licencias y Permisos otorgados durante la vigencia de la Ley que se abroga, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en el presente Decreto. Para los efectos del párrafo anterior, las personas titulares de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley. Así, dichos preceptos guardan una íntima relación entre sí, en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, pues dichas normas establecen que la Secretaría deberá implementar un Sistema Integrado de Transporte, con extensiones regionales, entendido como un conjunto de componentes que se encuentran integrados de manera física, operacional, informativa, iconográfica y tarifaria, con el objeto de prestar un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permita movilizar a sus usuarios con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en el área urbana o conurbada correspondiente. Asimismo, disponen que el Sistema Integrado de Transporte progresivamente realizará la integración y coordinación de las diferentes modalidades y Rutas de servicio de Transporte Público, facilitando al usuario una movilidad con el menor número de interrupciones posibles, que supere las diferentes competencias administrativas y propicie la máxima calidad que la tecnología de transporte puede ofrecer. Por otra parte, que en caso del fallecimiento o declaración de ausencia de una persona física, titular de una concesión de transporte público colectivo, la concesión o concesiones en cuestión deberán ser sometidas a concurso, dando preferencia, en igualdad de circunstancias derivado de la evaluación de las propuestas, a las personas beneficiarias que designe el concesionario por virtud de lista previamente inscritas ante la Dirección, la cual se deberá limitar a las personas sujetas a sucesión legítima, en los términos de la legislación civil aplicable. Además, que para la continuidad en la prestación del servicio objeto de las Concesiones en cuestión la Dirección expedirá los Permisos Temporales necesarios para desempeñar el servicio durante el proceso de Concurso descrito. Igualmente, que la Concesión o Permiso que se otorgue es personalísima, intransferible, inalienable e inembargable. Solo podrá hacer uso de ella la persona física o moral a quien se hubiere otorgado; que no podrá prestarse el servicio de transporte público por intermediación, excepto en el supuesto de Operadores o Conductores que se contraten para su prestación y sean autorizados e inscritos ante el Registro por la autoridad competente; que cualquier acto jurídico en contravención será nulo de pleno derecho, sin necesidad de pronunciamiento expreso por autoridad jurisdiccional. Del mismo modo, que son obligaciones de los Concesionarios o Permisionarios de servicios de Transporte en el Estado las siguientes: acreditar ante la autoridad que todos los trabajadores que presten el servicio gocen de las prestaciones que establezca la legislación laboral aplicable, de acuerdo al trabajo contratado; responder solidariamente por las fallas en que incurran por sí mismo, o por sus conductores, así como vigilar que su personal relacionado con el servicio que presta cumpla con las disposiciones legales; en particular, portar en lugar visible de las unidades de transporte el tarjetón de identificación expedido por la Dirección, proporcionar en todo momento y tiempo, los datos, informes o documentos que le sean solicitados por autoridades competentes, a los que se encuentren obligados legalmente y que se relacionen con la operación de la concesión o permiso, mostrar la tarifa en los lugares autorizados, colocando el distintivo que para tal efecto expida la Dirección; otorgar capacitación permanente a los Conductores como mínimo una vez al año. A su vez, los transitorios establecen que las Autorizaciones, Concesiones, Licencias y Permisos otorgados durante la vigencia de la Ley que se abroga, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en el Decreto; y que para estos efectos las personas titulares de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de la citada Ley. En cambio, en el presente caso en estudio, el quejoso no señaló acto concreto de aplicación de la ley que hoy reclama de inconstitucional. Una vez hechas las precisiones apuntadas, respecto del artículo primero del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicado en Periódico Oficial del Estado, el veintiuno de marzo de dos mil veinte; y, específicamente, los artículos 30, 37, 83, 91, 98 fracciones IV, IX, X, XV, y XXIX y 120 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, así como las disposiciones transitorias contenidas en el primer y segundo párrafo del artículo quinto, de dicha legislación, esta Juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII3, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no tiene interés jurídico o legítimo para promover el sumario constitucional en que se actúa, tal y como lo hacen valer las autoridades responsables Gobernador Constitucional, Secretario General, y Encargado del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de Chihuahua. Ahora, la causa de improcedencia en análisis, señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el sólo hecho de encontrarse en vigor, pues para originar tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, se necesita un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera 3 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; jurídica concreta del gobernado, siendo esto lo que lo legitima para acudir a la presente instancia constitucional. Así es, la figura del interés prevista en el numeral transcrito, se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual, el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional. Dicho precepto dispone lo siguiente: 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De la fracción transcrita, se advierte que, para la procedencia del juicio constitucional, se requiere previamente que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que éste resulte afectado por el acto reclamado. El numeral en análisis, en comunión con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejan de manifiesto que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, o en su caso, para quien demuestre la afectación a la esfera jurídica pudiendo ser directa, o en razón de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. De ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, en cuanto a que éste únicamente puede promoverse si el acto que se reclama afecta la esfera jurídica del promovente, de manera que es condición ineludible para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio contra el particular, que afecte sus intereses jurídicos o legítimos. Acorde con ello, el primer presupuesto para la procedencia del juicio, está determinado por la legitimación procesal del accionante de amparo que le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, el cual, de resultar afectado con el acto autoritario, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Establecido lo anterior, es menester precisar, que en tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si son de naturaleza autoaplicativa o hetoroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y hetoroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. Por lo que hace al segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; dicho de otra manera, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden de ideas, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, registro digital 198200, cuyo rubro y texto es el siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Ahora, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, el decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. por el cual se aprobó la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil veinte, con motivo de su entrada en vigor. De esta manera, la aplicación de dicha norma se encuentra dirigida a los concesionarios que prestan el servicio de transporte público dentro del Estado de Chihuahua. Luego, el inconforme acompañó como medio probatorio al presente juicio de amparo las documentales consistentes en copia certificada de los Acuerdos SGG.DT.DTPJ.103.820/2014, de nueve de julio de dos mil catorce, SGG.DT.DTPJ.103.821/2014, de nueve de julio de dos mil catorce, SGG.DT.DTPJ.103.822/2014, de nueve de julio de dos mil catorce, y SGG.DT.DTPJ.103.0115/2015, de cinco de febrero de dos mil quince, de regularización y revalidación de una concesión para prestar el servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros en Ciudad Juárez, Chihuahua, con vigencia hasta el dos y tres de abril de dos mil veintisiete, y catorce de diciembre de dos mil veintisiete, suscritos por el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua y el Director de Transporte, respectivamente. Dichas documentales merecen valor en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 de la Ley de Amparo y sirve para corroborar que, efectivamente, el quejoso presta el servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros en esta ciudad, motivo por el cual consideró que le afecta la entrada en vigor del decreto LXVI/EXLEY/0708/2020/II P.O. por el cual se aprobó la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, al imponer diversas obligaciones con las que no contaba al momento de empezar su concesión. No obstante, lo anterior, como se adelantó, esta Juzgadora considera que el quejoso, aun siendo concesionario para la prestación del servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros en esta ciudad, no le asiste el interés jurídico para combatir el decreto por el que se aprobó la entrada en vigor de la Ley de Transporte por los motivos que a continuación se expondrán. Lo anterior es así, toda vez que el artículo quinto transitorio de la Ley de Transporte establece: ARTÍCULO QUINTO. Las Autorizaciones, Concesiones, Licencias y Permisos otorgados durante la vigencia de la Ley que se abroga, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstos en el presente Decreto. Para los efectos del párrafo anterior, las personas titulares de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos, en un plazo que no exceda de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuarse a las disposiciones de esta Ley. De tal artículo se obtiene que las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos preexistentes a la nueva Ley de Transporte, continuarán operando por el plazo que fueron otorgados, siempre que se cumpla con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento establecidos en el decreto reclamado, concediendo al titular de las mismas un plazo de doce meses para esos efectos, esto es, para adecuarse a las disposiciones de esa ley, contado a partir de la entrada en vigor de ese decreto (vacatio legis). Precisado lo cual, por concepto de "vacatio legis", debe entenderse el lapso que debe existir entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor, con el objeto de que la ley pueda ser conocida suficientemente, antes de que adquiera fuerza obligatoria. En efecto, tratándose del inicio de la vigencia de una ley, debe destacarse que este es el momento a partir del cual resulta exigible la observancia de las normas, es decir, la fecha desde la que se comienzan a desplegar los efectos jurídicos para los cuales fueron creadas en un ámbito espacial y temporal de validez determinado, plazo que regularmente se precisa en el propio cuerpo normativo. Sin embargo, hay ocasiones en que la obligatoriedad de una ley no surge desde el momento de su publicación, sino con posterioridad a ese evento, fijando el legislador un período entre la fecha de publicación y el inicio de la vigencia conocido como vacatio legis, dentro del cual los gobernados tienen la oportunidad de conocer plena y completamente dicha normatividad. Así, respecto de la promoción del amparo contra normas jurídicas en el periodo denominado vacatio legis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2a./J. 81/95, de rubro "AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO", ha sostenido que cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo exista el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él, los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligarlos a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En su parte considerativa, el amparo en revisión que dio origen a la citada tesis, señala: Debe señalarse que contrariamente a lo apuntado por el recurrente en el agravio que se analiza, si se atribuye en la demanda de amparo al secretario de Hacienda y Crédito Público el "...cobro del impuesto al valor agregado...", cuando se señala, en el apartado quinto del capítulo relativo que "...De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, se reclaman los efectos y consecuencias que de hecho y de derecho se ocasionen con la aplicación de las normas de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de las Leyes sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado..."; reclamo con el que, evidentemente, se atribuye a la autoridad señalada el cobro del impuesto ya que este hecho jurídico constituye un posible efecto o consecuencia de la Ley impugnada. No se surte la aplicabilidad de la tesis "SOBRESEIMIENTO. ES INDEBIDO DECRETARLO RESPECTO DE UN REGLAMENTO, ADUCIENDO QUE NO SE DEMOSTRÓ NINGÚN ACTO DE APLICACIÓN, SI FUE RECLAMADO COMO AUTOAPLICATIVO.", ya que el sobreseimiento que en la especie se actualiza obedece no a que las normas impugnadas tengan el carácter de autoaplicativas, sino a que, a la fecha de presentación de la demanda, éstas no habían iniciado su vigencia. Contrariamente a lo sostenido en el argumento de agravio sintetizado en el apartado segundo, el juez de Distrito, en su sentencia, no señala que la peticionaria de garantías no se encuentre dentro del supuesto de causación de la norma, ni niega que las disposiciones impugnadas tengan el carácter de autoaplicativas; las consideraciones que sustentan el fallo recurrido se hacen consistir en que, ante la postergación del inicio de vigencia de la reforma impugnada, en virtud de la norma transitoria contenida en el artículo quinto del Decreto tildado de inconstitucional, a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el día veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, ésta no tenía ningún efecto en el estatus jurídico de la persona que acudió al amparo; en efecto, señala el juzgador en su sentencia que en la fecha en que se presentó la demanda el artículo quinto del Decreto impugnado establecía que las reformas surtirían efectos a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco; en esa virtud, en forma correcta se aplica la fracción III del artículo 74, en relación con la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo para sobreseer en el juicio por falta de interés jurídico del accionante, en tanto no iniciara la vigencia de la Ley cuestionada atendiendo a que éste no puede ser obligado a cumplirla. Si bien las pruebas aportadas por la peticionaria de garantías, consistentes en copia de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, como persona dedicada a la compraventa de productos farmacéuticos; copia certificada de factura en la que se consigna la compraventa de medicinas de patente; y la declaración, en copia certificada, del pago provisional del impuesto sobre la renta, efectuado el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, acreditan que se encuentra obligada al pago del impuesto al valor agregado, estas documentales públicas no le atribuyen interés jurídico para impugnar la reforma que aun cuando ha sido publicada como se ha señalado, está suspendida su obligatoriedad, conjuntamente con el inicio de vigencia, hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Aun cuando es evidente la existencia del acto reclamado, consistente en la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, no resulta aplicable al caso la tesis invocada por la recurrente en el agravio contenido en el apartado segundo, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama debe tenerse éste plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad de ese acto.", ya que no procede examinar la constitucionalidad del acto legislativo impugnado al haberse decretado el sobreseimiento del juicio respecto de él, ante la falta de interés jurídico del quejoso para reclamarlo en amparo. Aun cuando el juzgador incurre en los errores que se le atribuyen en el apartado tercero, como la confusión en el nombre de la negociación mercantil o el señalar que el quejoso aceptó en su demanda que la norma impugnada surtiría efectos hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, estas imprecisiones no desvirtúan la actualización de la improcedencia que afecta la acción de garantías intentada, consistente en la falta de interés jurídico para reclamar en amparo el Decreto de Reformas cuestionado. Es importante señalar que de conformidad con la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República y artículo 4o. de la Ley de Amparo, para que proceda la acción de garantías es menester que el quejoso sufra un agravio personal y directo en sus intereses jurídicamente tutelados, por ello el amparo interpuesto por el gobernado que no resiente tal agravio resulta improcedente. La falta de agravio personal y directo se desprende de las reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicadas el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, las que establecen, en la fracción I del artículo 5o., relativo a las disposiciones transitorias, lo siguiente: "ARTICULO QUINTO.- Para los efectos de lo dispuesto en el ARTICULO CUARTO de esta Ley, se aplicarán las siguientes disposiciones: "I.- Se deroga a partir del 1o. de septiembre de 1995, el ARTICULO OCTAVO de la Ley que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994." El artículo OCTAVO TRANSITORIO, cuya derogación dispone la norma transcrita a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, a la letra dice: "ARTICULO OCTAVO.- Durante el año de 1995 se aplicará la tasa 0% para calcular el impuesto al valor agregado por la enajenación e importación de medicinas de patente y de productos destinados a la alimentación, con excepción de los mencionados en los artículos 2o. A, fracción I, último párrafo y 2o. B, fracción I, incisos a), b), d) y último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado." Si el quejoso endereza su acción de garantías en contra del impuesto al valor agregado que causa la enajenación de medicinas en las etapas previas al consumo final, no le asiste interés jurídico para impugnar el decreto de reformas ya que de los preceptos transcritos se desprende que la reforma operará a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Consecuentemente, aun cuando se incurre en imprecisiones en el fallo recurrido, éste es acertado en cuanto a que evidencia la falta de interés en el accionante ya que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, no podía actualizarse un acto de autoridad que pretendiera obligarlo a acatar las reformas impugnadas, pues, como se precisó, la fecha de entrada en vigor de dichas disposiciones sería hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Se incurre en una inexacta apreciación de la sentencia que se revisa cuando se señala, en el agravio sintetizado en el apartado cuarto, que el juzgador sobreseyó en el juicio de garantías por considerar que no se actualizaba un acto concreto de aplicación; el sobreseimiento cuestionado obedeció a que la ley, aun cuando fue publicada, en la fecha de presentación de la demanda de garantías, no había entrado en vigor, por lo que no existía ninguna obligación, en los destinatarios del precepto, de cumplirlo. Así lo considera el juez de Distrito cuando señala que "...las reformas al artículo 2o.B, que se reclaman, en relación con los párrafos transitorios, del diverso Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, surtirán efectos a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, como se colige de su lectura y, así lo admite la quejosa como ya se mencionó con antelación, en consecuencia, si a la fecha aún goza la quejosa de la exención del cobro de la tasa 0% del impuesto al valor agregado, es obvio que no existe por el momento autoaplicabilidad de los preceptos impugnados ya que es a partir del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que se acabará de hecho el beneficio y se cobrará el 15% de tal impuesto; por lo que, el decreto de que se duele la quejosa en sus artículos que estima como inconstitucionales, aún no le para perjuicio, por ende, si la parte quejosa no se encuentra bajo los supuestos de las normas que impugna, es claro que no le afecta a su interés jurídico." Contrariamente a lo sostenido en el agravio contenido en el apartado quinto, la norma tildada de inconstitucional no entró en vigor el primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, sino que, de conformidad con la disposición transitoria contenida en la fracción I del artículo QUINTO del decreto de reformas, ésta debió iniciar su vigencia a partir del primero de septiembre siguiente, sin que fuera necesario otra reforma a la ley, como lo señala la recurrente, ya que se encuentra ajustado a derecho el que en las disposiciones transitorias se contenga el inicio de vigencia de un impuesto; estas disposiciones transitorias constituyen parte integral de la ley a que pertenecen, con la misma fuerza obligatoria que cualquier otro de los artículos en ella contenidos. Ilustra lo anterior las tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno visible en la página 165, del Volumen 205-216 del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: "IMPUESTO ESTABLECIDO EN ARTICULO TRANSITORIO DE UNA LEY, NO DETERMINA SU INCONSTITUCIONALIDAD.- Si bien los artículos transitorios en ocasiones sirven para precisar el alcance de la ley con la cual se relacionan, ya sea mediante la fijación del período de su vigencia o la determinación de los casos en los cuales será aplicada, también lo es que el incluir en un artículo transitorio un impuesto específico no determina la inconstitucionalidad de la ley pues dicha disposición forma parte integrante del ordenamiento legal. Además, la violación al artículo 72, inciso f), de la Constitución sólo podría darse si no se cumplieran los requisitos, pasos o trámites, a que aluden los incisos del a) al e) del propio artículo; es decir, si no se observara el trámite para la iniciativa, discusión y aprobación de la ley; de tal manera que si no está acreditado que al aprobarse la ley se dejaron de observar esos trámites, tampoco puede estimarse que los artículos transitorios adolezcan de ese vicio, pues, como ya se dijo, forman parte integrante de la ley. Podría, en todo caso, constituir un defecto de técnica legislativa el incluir en los artículos transitorios un impuesto específico, pero ello no determina la inconstitucionalidad de la ley." También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno visible en la página 35, del Volumen VI, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: IMPUESTO. NO ES INCONSTITUCIONAL LA LEY QUE LO ESTABLECE POR INCLUIR EN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS ALGUNO DE SUS ELEMENTOS.- El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene establecida jurisprudencia en el sentido de que no es inconstitucional la ley por el hecho de incluir en los artículos transitorios un impuesto específico, la cual aparece con el número 8 en las páginas 646 y siguientes de la Primera Parte del Informe correspondiente al año de 1986. Así, tomando en cuenta esa tesis, resulta irrelevante la circunstancia de que al establecerse un impuesto, sus elementos o varios de ellos se encuentren previstos en alguno de los artículos transitorios de la ley que lo crea, pues si no es inconstitucional el hecho de que el mismo impuesto esté incluido en un precepto transitorio de la ley, tampoco puede serlo que sus elementos o algunos de ellos se encuentren en la misma norma, ya que los artículos transitorios forman parte integrante de la ley." Por otra parte, no es exacto que sea por virtud de un decreto del Ejecutivo que se postergue el inicio de vigencia de la ley, sino que lo anterior obedece a una disposición contenida en el propio decreto de reformas; en efecto, es el artículo quinto relativo a las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado el que difiere la iniciación de vigencia hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Resulta igualmente infundado el agravio contenido en el apartado sexto, ya que no era suficiente con acreditar que se encontraba en el supuesto de causación del impuesto al valor agregado para que le asistiera interés jurídico al accionante para reclamar en el juicio de amparo el decreto de reformas, las que en la fecha en que hizo valer su demanda de garantías aún no iniciaban su vigencia. También resulta infundado el agravio contenido en el apartado séptimo; si bien el Decreto de Reformas impugnado tiene el carácter de autoaplicativo, esto es, que una vez iniciada su vigencia puede ser impugnado en amparo por tratarse de disposiciones de observancia general, que al cobrar vigencia obligan a los gobernados destinatarios imponiéndoles una carga u obligación, en el caso, será hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que inicia tal vigencia, por lo que no le asistía interés jurídico al quejoso, en la fecha de presentación de su demanda, para impugnar las mencionadas reformas; por tal consideración, no resulta aplicable la tesis que se invoca: "LEYES DE INMEDIATA EJECUCION, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LAS", ya que se refiere a leyes autoaplicativas vigentes. Por último, es infundado el argumento de agravio extractado en el apartado octavo, dado que contrariamente a lo aducido por la parte recurrente, el juez de Distrito no invoca en la sentencia que se revisa la tesis "VACATIO LEGIS", supuestamente mal aplicada al caso; criterio que, por otra parte, sostuvo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de trece de octubre de mil novecientos noventa y cinco, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión **********/95, promovido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable; la tesis que se sustentó es la CVI/95, del siguiente texto: "VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO.- Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor." Aun cuando el transitorio único del decreto de reformas señale que la ley entrará en vigor el primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, esta disposición se refiere, en general, a todo el cuerpo normativo contenido en el Decreto impugnado, el que no sólo comprende el impuesto al valor agregado sino también reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta; respecto del primer impuesto mencionado en el artículo quinto se establecen disposiciones transitorias relativas al inicio de su vigencia, de las reformas al impuesto al valor agregado, las que rigen de manera especial a dicho tributo. Es por ello que el término oportuno para la presentación de la demanda no se debe computar a partir de la publicación del decreto, sino del inicio de vigencia de las normas impugnadas. Por otra parte, las tesis con las que ilustra su último agravio la parte recurrente, de rubros: "LEYES AUTOAPLICATIVAS CONDICIONADAS A ACUERDOS GENERALES. OPORTUNIDAD PARA EL AMPARO", "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE UN REGLAMENTO POR INAPLICACIÓN DEL MISMO. NO PROCEDE SI SE TIENEN POR PRESUNTIVAMENTE CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN", "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS" y "...LA SENTENCIA DICTADA EN LA, NO CONLLEVA EL REENVÍO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO", no desvirtúan la falta de interés jurídico en el accionante, dado que se refieren, respectivamente, a la oportunidad para hacer valer la acción de garantías tratándose de leyes autoaplicativas; a la improcedencia del sobreseimiento cuando se reclame un reglamento si se surte la presunción de certeza respecto de los actos de ejecución; a la improcedencia del sobreseimiento respecto de los actos legislativos consistentes en la expedición, promulgación y publicación de las leyes, dado que no tienen el carácter de consumados; y a la imposibilidad para que el tribunal ad quem remita al a quo la jurisdicción para que resuelva sobre cuestiones omitidas, de lo contrario, se sigue que las tesis invocadas por la recurrente no son aptas para modificar o revocar el sobreseimiento decretado por el juzgador de primer grado ya que atribuyen interés jurídico en el accionante para impugnar el Decreto de Reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ni desvirtúan esa falta de interés." Como se precisó, la Sala del Alto Tribunal, si bien analiza legislación diversa, sostiene, en lo que interesa, que eran infundados los agravios vertidos por el recurrente, dado que resultaba acertado lo resuelto por el Juez de Distrito, pues el sobreseimiento en el juicio de origen se debió a que las normas impugnadas, si bien tienen el carácter de autoaplicativas y el disconforme acreditó encontrarse en el supuesto, aquellas, a la fecha de presentación de la demanda, no se encontraban vigentes, dado que a través de un artículo transitorio, su vigencia iniciaba con posterioridad (vacatio legis), por lo que éstas no tenían ningún efecto en el estatus jurídico del inconforme. Adicionalmente, señaló que las pruebas aportadas, si bien colocaron al quejoso en el supuesto previsto por la norma, no le atribuían interés jurídico para impugnarlas aun cuando aquella haya sido publicada, pues se encontraba suspendida su obligatoriedad, conjuntamente con el inicio de vigencia. Dicha circunstancia la sostuvo dado que el quejoso no sufrió un agravio personal y directo en sus intereses jurídicamente tutelados, por ello el amparo resultaba improcedente. Expuso también, que el Decreto de Reformas impugnado tenía el carácter de autoaplicativo, esto es, que una vez iniciada su vigencia podía ser impugnado en amparo por tratarse de disposiciones de observancia general, que al cobrar vigencia obligan a los gobernados destinatarios imponiéndoles una carga u obligación, en el caso que analizó, sería hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que inicia su vigencia, por lo que no le asistía interés jurídico al quejoso, en la fecha de presentación de su demanda. Concluyó entonces, que si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor, es decir durante el periodo denominado por la doctrina "vacatio legis". Explicado lo anterior, en el caso particular, como se asentó, el disconforme acude al juicio de amparo por considerar inconstitucional el decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. por el cual se aprobó la nueva Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, en razón de que es concesionario para la prestación del servicio público de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en esta ciudad. No obstante, el artículo quinto transitorio de la ley que tilda de inconstitucional (que ya fue transcrito), señala que las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos preexistentes a la nueva Ley de Transporte, continuaránoperando por el plazo que fueron otorgados, siempre que cumplan con los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento establecidos en ésta, concediendo al titular de las mismas un plazo de doce meses para esos efectos, esto es, para adecuarse a las disposiciones de esa ley, contado a partir de la entrada en vigor de ese decreto, lapso de tiempo denominado "vacatio legis". Espacio en el cual, como señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 81/95, no es procedente el juicio de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no se puede obligar a cumplirla, en razón de que durante dicho período, la ley no puede ser obligatoria. Sirve de apoyo a lo anteriormente señalado, la jurisprudencia 2a./J. 81/95, de la Novena Época, registro200656, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y suGaceta, Tomo II, de diciembre de 1995, Materia Común, página 289, del epígrafe y texto: AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS.CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARARECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor. Así como la jurisprudencia 1a./J. 2/96, de la Primera Sala del Alto Tribunal del país, de la Novena Época, registro 200434, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, de enero de 1996, Materia Común, página 25, que a la letra dice: VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de undispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico suficiente para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor. Así, al haberse pronunciado en dicho sentido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y haber determinado la improcedencia del juicio de amparo, por falta de interés jurídico al impugnar una norma que se encuentra bajo el periodo denominado por la doctrina como "vacatio legis", es decir, que no se encuentra vigente, como en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, En esas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, y XXIII, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se decreta el sobreseimiento en este juicio, en el cual se reclamó la expedición, refrendo, promulgación y publicación del artículo primero del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicado en Periódico Oficial del Estado, el veintiuno de marzo de dos mil veinte; y, específicamente, los artículos 30, 37, 83, 91, 98 fracciones IV, IX, X, XV, y XXIX y 120, así como las disposiciones transitorias contenidas en el primer y segundo párrafo del artículo quinto de la citada legislación, que se reclama del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario General, Encargado del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de Chihuahua. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, en términos de lo analizado en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. *

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente del informe justificado rendido por el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, recibido en este juzgado, el diecinueve de marzo del año en curso, se advierte que ofrece la inspección judicial "SOBRE TODOS LOS LINKS" que se detallan en dicha comunicación oficial. Atento lo anterior, se desecha la inspección judicial que se propone, toda vez no cumple con el requisito establecido en quinto párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo, consistente en el señalamiento de los puntos sobre los que debería versar la inspección ofertada. Sobre este tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver la contradicción de tesis 428/2016, que esos puntos delimitan el objeto de la prueba y su contenido constituiría, en su caso, la materia sobre la cual versaría la inspección ofertada, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento; por tanto, la falta del señalamiento de los puntos específicos sobre los que debía desahogarse la prueba de inspección de referencia da lugar a su desechamiento. Corrobora lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 17/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, cuyo tenor es el siguiente: PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas. Asimismo, es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, de julio de 1994, materia común, página 744, del siguiente tenor: PRUEBAS DE INSPECCION JUDICIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, OFRECIMIENTO DE. El juez de Distrito obra correctamente al desechar la inspección judicial y la pericial, por no haberse precisado los puntos sobre los que deben versar, pues las pruebas en el juicio de garantías deben ofrecerse con todos los elementos necesarios para su recepción y dentro de estos elementos figuran tales requisitos, conforme a los artículos 146 y 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio únicamente a la autoridad oferente de la prueba. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

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