Luis Servando Ramírez Acosta

Expediente 291/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
291/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
19/06/2017

Partes del expediente

  • Luis Servando Ramírez Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con veintiún minutos del treinta de mayo de dos mil diecisiete, estando en audiencia pública José Israel Hernández Tirado, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Martha Rosa Hernández Barboza, secretaria de juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la secretaria del juzgado hace una relación de las constancias de autos y da cuenta con el escrito de demanda; y, con las demás constancias de autos. I. Relación de constancias. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición de los informes justificados que emitieron las autoridades responsables, lo cuales serán tomados en consideración en la siguiente etapa procesal. Se abre el periodo de pruebas. La secretaria da nueva cuenta con el estado de autos, y hace constar que las partes no ofrecieron pruebas; por tanto, se cierra este periodo. Periodo de alegatos. La secretaria hace constar y certifica que ninguna de las partes formuló alegatos, asimismo el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no efectuó pedimento. Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda: Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 291/2017 promovido por Luis Servando Ramírez Acosta, contra actos del 1) Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda y contenido. El dieciocho de abril de dos mil diecisiete, Luis Servando Ramírez Acosta, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, presentó demanda de garantías solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos humanos que otorgan los artículos 1, 14 y 16, misma que fue turnada a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, el mismo día, contra actos de las autoridades responsables 1) Secretario de Seguridad Pública Municipal, 2) Comandante de esta Base de Policía Ministerial del Estado y 3) Subprocurador Regional de Justicia en la Zona Sur del Estado (cuya denominación correcta es Vicefiscal Regional Zona Sur del Estado de Sinaloa), todos con sede en esta ciudad, por el acto que será precisado en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Admisión y Trámite. Por auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 5 a la 8); se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se pidió a las autoridades responsables que rindieran sus informes justificados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y concluye con el dictado de la presente resolución. TERCERO. Inexistencia de autoridades. En acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, tuvo por inexistente y se suspendió toda comunicación con la autoridad que el quejoso denominó: 4) Jefe de la unidad del Ministerio Público del Fuero Común en Materia Penal, con sede en esta ciudad (foja 9). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49 en relación con el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el acuerdo general 3/2013, que aprobó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del mencionado año, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del ámbito de competencia territorial que corresponde a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 76, de la Ley de Amparo vigente, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido de liberalidad y no restrictivo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 40/2000, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, robustece a lo anterior, la Jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 55/98, correspondiente a la Novena Época aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Agosto de 1998 página 227, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." También, es de invocarse la Tesis aislada identificada con la clave P. VI/2004, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Abril de 2004, página 255, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Por ello, después del minucioso y exhaustivo examen a la demanda de amparo, este juzgador fija como acto reclamado, el siguiente: "La orden de detención y su ejecución." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, 74, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, que en su caso, no permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, este juzgador determina que no son ciertos los actos reclamados al 1) Secretario de Seguridad Pública Municipal, 2) Comandante de esta Base de Policía Ministerial del Estado y 3) Vicefiscal Regional Zona Sur del Estado de Sinaloa, todos con sede en esta ciudad. Lo anterior es así, pues dichas autoridades al rendir sus informes justificados negaron la existencia de esos actos que se les atribuyen y, al constituir dichos informes documentales públicas, se les concede valor probatorio pleno, al ser emitidos por autoridades competentes en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º (fojas 20, 22 y 11). Aunado al valor referido, el quejoso no aportó prueba que desvirtuara el contenido de dicha documental; en consecuencia, es patente la negativa de los actos reclamados. Sobre el particular tiene aplicación, la tesis VI.2º.A.4K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 903, tomo XV, febrero de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, se sobresee en el presente juicio de garantías. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia VI 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." CUARTO. Transparencia y Acceso a la Información. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Luis Servando Ramírez Acosta, respecto de los actos de los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando cuarto de la misma. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Relación del estado procesal que guardan los autos. Visto el estado procesal de autos, y la certificación que antecede, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de la vista otorgada a las partes, en auto de cuatro de mayo del presente año, mediante el cual, se tuvo a la autoridad responsable Comandante de esta Base de Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, rindiendo informe justificado. Diferimiento. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y se señalan las NUEVE HORAS CON VENTIÚN MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia, que establece: "Novena Época Registro: 191995 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2000 Página: 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.

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