Luis Saturno Chiu
Expediente 398/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Saturno Chiu
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determino´: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese, y por oficio al tribunal oficiante. MESA III
- Principal
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, acusa recibo del diverso con el que se le envió el original y copia del recurso de queja interpuesto por el promovente e informa que se admitió a trámite el referido medio de impugnación. Notifíquese. MESA III&
- Principal
Agréguese el escrito presentado por el Quejoso, atento a su contenido, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo y para evitar dilaciones procesales, se ordena enviar al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el ocurso de interposición de dicho medio de impugnación y expresión de agravios, así como el presente expediente, para su sustanciación. Se ordena rendir el informe justificado correspondiente, manifestando a la superioridad que es cierto. Fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias correspondientes. Notifíquese; por oficio al tribunal aludido. MESA III **
- Principal
Téngase por recibido el escrito firmado por ***** , mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, se procede acordar en los siguientes términos: Desechamiento. El juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como acto reclamado: La resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, emitida por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 292/2022, que modificó parcialmente la resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio especial hipotecario, expediente 883/2019, por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del aludido tribunal, en cuanto al remate en primera almoneda respecto del bien inmueble hipotecado, a favor de la actora y adjudicataria ************. Ante ese panorama, el suscrito juzgador advierte que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De la interpretación de los preceptos transcritos, se desprende que tratándose de los actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto únicamente puede promoverse contra la última resolución dictada en él, y que deberán reclamarse en la misma demanda las demás violaciones que se consideren cometidas durante ese procedimiento de ejecución, siempre que hubieran dejado sin defensa al quejoso; entendiéndose como última resolución aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, y que en el caso específico del remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Expuesto lo anterior, se advierte que el juicio de origen se encuentra dentro del procedimiento de remate; por ende, el presente es improcedente, en razón que el peticionario de amparo acude en reclamo de la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, emitida por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 292/2022, que modificó parcialmente la resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio especial hipotecario, expediente 883/2019, por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del aludido tribunal, en cuanto al remate en primera almoneda respecto del bien inmueble hipotecado, a favor de la actora y adjudicataria *** **** ****** ****; pues dicho acto no constituye la última resolución en el procedimiento en cita. En ese sentido, la afectación a los derechos humanos que alega el impetrante respecto al acto reclamado no se actualiza ni consuma en este caso, sino hasta que se emita la resolución definitiva en la que se ordene la escrituración, o bien, la entrega del inmueble rematado, dado que se emitió dentro del período de remate y, por ende, no se adecua a la hipótesis prevista por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066, Tomo II, Libro 29, Abril de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011474, de rubro: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de los derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° de la Ley Fundamental, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que normativamente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Notifíquese; por lista al promovente. MESA III*
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