Luis Santiago García Alejandro

Expediente 391/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
391/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Luis Santiago García Alejandro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Luis Santiago García Alejandro, hubiera recurrido la sentencia dictada el once de mayo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran De igual manera, devuélvanse al Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, un disco en formato de audio y video que anexó, el cual se manejó por cuerda separada. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 391/2022-7, promovido por ********, contra actos del Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 20 apartado A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficialía de Partes Común el veintitrés siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el veinticuatro del referido mes, Luis Santiago García Alejandro solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La orden de aprehensión, localización y presentación, dictada en la causa penal 1200/2021. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco. 2 Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 3 Jefe de Grupo de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Violencia de Género, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 391/2022-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. El once de abril de dos mil veintidós, fue emplazada Diana Laura Díaz Magaña, tercero interesada. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La orden de aprehensión, localización y presentación, dictada en la causa penal 1200/2021. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados por haberlos reconocido en el informe justificado la Jueza de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, lo cual se corrobora con la copia certificada que remitió de la videograbación de la audiencia relativa, de catorce de febrero de dos mil veintidós. Asimismo, son ciertos los actos reclamados por haberlos aceptado en sus respectivos informes justificados el Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía de Unidad para la Atención a la Violencia de Genero, con sede en esta ciudad. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. En términos generales, el impetrante de amparo reclama la orden de aprehensión, localización y presentación, dictada en la causa penal 1200/2021, del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco. Al respecto, adujo que la jueza de control infringe lo dispuesto en los artículos 14, 16, 17 y 20 apartado A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular, formuló los conceptos de violación correspondiente, mismos que se omite transcribir en términos de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; criterio que fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, página 830, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, cabe establecer que sustancialmente refirió que la determinación reclamada no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 16 constitucional, 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es infundado el aludido motivo de inconformidad. En efecto, de lo verbalizado en la audiencia de catorce de febrero de dos mil veintidós, se obtiene que se hizo constar por parte de la jueza de control, que el imputado Luis Santiago García Alejandro, aquí quejoso, fue citado para que acudiera a la misma, a través del oficio 7666, de uno del referido mes y año, sin que lo hiciera ni obrara justificación de su ausencia. Con motivo de lo anterior, la representación social solicitó se hiciera la declaración de sustracción de la justicia del aludido imputado, en términos del artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual fue decretado por la jueza de control. Acto seguido, la agente del Ministerio Público solicitó se girara orden de aprehensión para conducir al imputado al proceso, de conformidad con los numerales 141 y 142 del precitado ordenamiento jurídico, quien, adujo, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, fue vinculado a proceso por el delito de amenazas. Al respecto, la jueza de control, con fundamento en los artículos 16 constitucional y 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenó la aprehensión de Luis Santiago García Alejandro. Como se puede advertir, la determinación reclamada tiene por objeto que la persona, que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer. Ello se deduce de lo manifestado por la fiscal en la referida audiencia, en donde señaló que el imputado, ahora quejoso, fue vinculado a proceso el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por el delito de amenazas. Asimismo, porque en la audiencia en cuestión la jueza de control decretó la sustracción de la justicia por parte del imputado, ante su incomparecencia a la misma, aun cuando se encontraba notificado, según lo hizo constar. Al respecto, cabe tener en cuenta el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que instituye: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario". Conforme al precepto legal transcrito, la autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia, al imputado que, sin causa justificada: 1) no comparezca a una citación judicial; 2) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido; o, 3) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. De la interpretación teleológica de dicha porción normativa, se tiene que el primer supuesto es distinto del incumplimiento a la citación contenida en la fracción I del propio numeral, que tiene como finalidad la comparecencia del imputado a la audiencia inicial, porque se refiere a cualquier otra citación posterior; es decir, cuando el imputado ya tuvo contacto con el juez de control, por lo menos, en la audiencia de formulación de la imputación. Se estima así, porque los siguientes supuestos -2) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido; o, 3) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo-, implican un deber adquirido por el imputado de permanecer en determinado lugar o proporcionar su domicilio; es decir, se entiende que en los tres casos ya se sometió al imperio del órgano jurisdiccional y, por tanto, tiene esas obligaciones. Circunstancia que se surte en el caso, porque, como se estableció, el imputado fue vinculado a proceso y estaba citado para la audiencia intermedia de catorce de febrero de dos mil veintidós, a la cual no asistió sin causa justificada. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis I.6o.P.125 P (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, octubre de 2018, Tomo III, Materia(s): Penal, Página 2408, con número de registro 2018124, del siguiente rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA HIPÓTESIS PARA LIBRARLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 141, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE ACTUALIZA SI EL IMPUTADO ES DECLARADO SUSTRAÍDO DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, AL HABER OMITIDO ASISTIR A LA CITACIÓN QUE SE LE EFECTUÓ PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INTERMEDIA, A PESAR DE ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADO. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé dos hipótesis de procedencia para librar una orden de aprehensión para la etapa inicial, previstas en sus artículos 141 y 310, los cuales son que: 1. El indiciado, sin causa justificada, no atienda una citación u orden de comparecencia judicial; y, 2. La Representación Social lo considere necesario para lograr la comparecencia del imputado, a fin de que se le formule imputación. Así, se estima actualizada la primera hipótesis (conforme al párrafo cuarto del artículo 141 mencionado), cuando el Juez de Control declara sustraído de la acción de la justicia al imputado, al hacer caso omiso a la citación que se le efectuó, para que compareciera a la audiencia intermedia, a pesar de estar debidamente notificado; máxime que existe incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, en el caso, la relativa a su presentación semanal ante el Juez". En ese contexto, la orden de aprehensión reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada, sin que en el caso sean exigibles los requisitos para un mandamiento de captura en donde el investigado no se ha sometido al imperio del juez de control. Sobre el particular, tiene aplicación, por analogía, la tesis 1a. CC/2012 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Penal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, página 1206, con número de registro 2001985, del siguiente rubro y texto: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales". Asimismo, sirve de apoyo, por analogía, la tesis VI.1o.P.174 P, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Penal, Tomo XV, marzo de 2002, página 1399, con número de registro 187469, del siguiente rubro y texto: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. SU FUNDAMENTACIÓN ES DIVERSA A LA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Si la orden de reaprehensión reclamada deriva de que han cesado los efectos de la suspensión concedida al quejoso en el incidente relativo al juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de aprehensión, es evidente que, para su emisión, no es necesario el cumplimiento de los requisitos estatuidos en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, ante la diversa naturaleza y objetivos que existen entre ésta y la orden de aprehensión, a pesar de que ambas incidan en la privación de la libertad personal, debiendo afirmarse que en estricto rigor, la orden de reaprehensión debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal, según sea el caso, y la orden de aprehensión en el citado precepto constitucional". En las relatadas circunstancias, se niega al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la tercero interesada, porque, si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *********, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando QUINTO de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta resolución, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Diana Laura Díaz Magaña, tercera interesada en el presente asunto; atento a su contenido, se tiene a dicha parte apersonándose a juicio, asimismo con apoyo en el artículo 108, fracción II, en relación con la fracción I, del diverso 27 de la Ley de Amparo, se tiene como su domicilio el que indica en el escrito que se provee, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a Alfredo Sánchez Hernández, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, mas no así el resto de las personas que menciona. Ahora, en relación a los correos electrónicos y número de teléfono celular que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. De igual manera, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tienen como alegatos las manifestaciones vertidas por dicha parte en el ocurso de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, en relación a las manifestaciones relativas a la medida cautelar decretada a la parte quejosa, dígase que éstas las deberá hacer valer en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, toda vez, que éste se tramita por cuerda separada. Notifíquese.

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