Luis Sánchez Hernández
Expediente 148/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Luis Sánchez Hernández
- LUIS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
El Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Guadalupe, Nuevo León, da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de nueve de los actuales, y remite copia certificada del procedimiento administrativo SSPyPC/GPENL/IA/109/2021. Se tiene a la autoridad oficiante cumpliendo con el requerimiento realizado en autos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional.
- Principal
El Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, remite el oficio al que adjunta testimonio de la ejecutoria dentro de la queja 338/2021-I, en la que determinó: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja. Con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y 61,62, 63, y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tómese conocimiento de lo informado por el Tribunal Colegiado. Realícense las anotaciones en los Libros de Gobierno respectivos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese orden, vista nuevamente la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: Celia Irene Castrejón Arzola. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionándolo con los artículos 73 y 77, fracción II [interpretado en sentido contrario], de la Ley de Amparo y 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que más adelante se verán. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que una eventual sentencia concesoria provocaría una trasgresión al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de amparo, ya que la única forma en la que se podría reparar la omisión reclamada, sería obligar al Congreso del Estado para que realice las adecuaciones idóneas que garanticen el cumplimiento y respeto al derecho humano a contar con un transporte público de calidad, digno y eficiente aún precio asequible. Así, una eventual sentencia concesoria del amparo produciría efectos generales, pues es evidente que con las adecuaciones en materia de transporte público que tuviera que emitir el Congreso del Estado para subsanar la omisión que se le reclama, afectaría a personas distintas a la quejosa -cualquier ciudadano en su carácter de usuario del transporte público- lo cual demuestra que se vulneraria el principio de relatividad de las sentencias. Por las razones apuntadas, la causa de improcedencia es manifiesta e indudables porque puede advertirse de la demanda, ya que: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda son claros; y, (ii) porque aun de admitirse a trámite el juicio no sería posible llegar a una conclusión diversa; máxime que la referida causa deriva de la naturaleza del acto reclamado, y ésta no variará a pesar de tramitarse el juicio. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará.
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