Luis Salvador Padilla Maya

Expediente 860/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
860/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Luis Salvador Padilla Maya

Actuaciones

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. Visto que no fue impugnada en legal término la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. 2. ORDEN DE ARCHIVO Y SE RESERVA ENVÍO FÍSICO DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Recepción de oficio. Intégrese el comunicado de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, se le tiene remitiendo diverso comunicado dirigido al juicio en que se actúa, el cual se ordena agregar a los autos y proveerse. 1.1. Se ordena agregar únicamente para que conste. Visto el oficio del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, agréguese únicamente para que conste, dado que el tres de noviembre pasado, se dictó sentencia en el juicio en que se actúa.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, siendo las trece horas con treinta y seis minutos del tres de noviembre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, procede a celebrar la audiencia en el expediente electrónico del presente juicio 860/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado los plazos conforme al citado Acuerdo General. La secretaria relaciona como principales constancias del expediente la demanda de amparo y auto admisorio. Se hace constar que la autoridad responsable quedó notificada del oficio número 17659, con el que se le comunica la tramitación del juicio en que se actúa, el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recibido, sin que haya rendido su informe de ley. A lo anterior, el juez acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Respecto de la omisión de la autoridad responsable en rendir su informe de ley, provéase lo que en derecho corresponda llegado el momento procesal oportuno. Acto seguido, el juez declara abierto el período probatorio y la secretaria hace constar que ni la parte quejosa ni autoridad responsable ofrecieron pruebas; y sobre el particular el juez determina: Se tiene por perdido el derecho de las partes a ofrecer pruebas, dada su omisión. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. A lo que el juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de partes a formular alegatos dada su omisión. Sin más alegatos por relacionar, se declara cerrada la presente fase. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, ni más alegatos que reproducir, se dan por concluidas las etapas anteriores de esta audiencia; por lo que el Juez procede a dictar la siguiente: SENTENCIA VISTOS para resolver el juicio de amparo 860/2021, promovido por Luis Salvador Padilla Maya, quien alega vulneración al derecho humano consignado en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; este órgano ha decidido: Negar el amparo solicitado, Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión del acto reclamado. El quejoso hace consistir la omisión reclamada en: Omisión de radicar demanda. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 50, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado es una omisión reclamada a una autoridad que tiene residencia en donde este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. La Junta Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, omitió rendir el informe justificado a pesar de haber sido notificada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, conforme el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume la existencia de la omisión de radicar la demanda laboral. Apoya lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD.". CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte alguna causal de improcedencia, por lo que se procede al análisis de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. En el caso concreto, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental reconocido en el dispositivo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En síntesis, el quejoso afirma que en su perjuicio se violan derechos humanos porque al omitir radicar la demanda laboral infringe en su prejuicio sus garantías de legalidad, seguridad jurídica, administrar la justicia dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, de manera pronta, completa e imparcial, establecidas en el artículo 17 constitucional y 17, 18, 685, 771, 871, 872, y 873 de la Ley Federal del Trabajo. Como ya se dejó asentado en el considerando tercero de esta sentencia la autoridad responsable, fue omisa en rendir el informe justificado; por cuyo motivo se tuvo por presuntivamente cierto el acto que a él se atribuyó. No obstante, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado el quejoso, pues de una correcta interpretación, de la segunda parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe estimarse que la presunción de certeza del acto reclamado, no implica la inconstitucionalidad del mismo y, por tanto, corresponde a la parte quejosa la demostración de este último aspecto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación que impone el artículo 75 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el referido numeral 117, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando las autoridades en su informe justificado reconocen la existencia del acto sosteniendo su legalidad, que es una hipótesis diversa a la presunción de certeza que cobra vigencia ante la falta de informe, en cuyo caso corresponde a la agraviada la carga de la prueba cuando el acto reclamado no es violatorio de los derechos humanos en sí mismo, como acontece en el caso. Por lo que en la especie no se aportaron por parte de la quejosa prueba alguna tendiente a demostrar la inconstitucionalidad de la omisión que se reclama a la autoridad de mérito, sin que este órgano jurisdiccional esté obligado, por las razones apuntadas, a recabar oficiosamente constancias para analizar la constitucionalidad del mismo, sino que es a la quejosa a quien corresponde la carga probatoria de ese hecho, pues, como se ha dicho, el artículo 75 de la ley de la materia, establece esa exigencia siempre y cuando se encuentre en el supuesto de que la autoridad responsable hubiera manifestado expresamente la certeza del acto reclamado, pero que hubiese omitido adjuntar las constancias que deben ser materia de análisis de la resolución que se pronuncie en el juicio de amparo; de ahí que ante la falta de pruebas procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso, al no estar este órgano jurisdiccional en condiciones de establecer que la omisión que se reclama a la autoridad señala como responsable, sea inconstitucional en sí misma. Robustece lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 50/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 304, Tom VI, octubre de 1997, Novena época, materia laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo". Por lo que, tampoco se está en el supuesto de que este órgano de control constitucional requiera las constancias necesarias para resolver el asunto que se falla, dado que la autoridad omisa no reconoció la existencia del acto, de ahí que la presunción de certeza obliga a la quejosa a demostrar el acto, ya que éste no es inconstitucional en sí mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Salvador Padilla Maya, contra la omisión que reclamó a la autoridad responsable, por los motivos expuesto en el considerando quinto de esta sentencia.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede se advierte que la autoridad responsable quedó notificada del oficio número del oficio número 17659, con el que se le notifica la tramitación del juicio en que se actúa y se le requiere para que rinda informe justificado, el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recibido, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo para que lo rinda. 2. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada en el presente asunto para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

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