Luis Sabino Aca Mixcoatl

Expediente 1145/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1145/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Luis Sabino Aca Mixcoatl
  • Luis Aca Mixcoatl

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de abril de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado resuelve recurso de queja. Visto el oficio de la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, a través del cual remite el expediente original del juicio de amparo 1145/2020-VI del índice de este Juzgado y un tomo; así como copia certificada de la resolución pronunciada el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q-15/2021 de su índice, cuyo punto resolutivo establece: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente del juicio de amparo recibido, el tomo de pruebas y de la ejecutoria de mérito. Asimismo, agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en el cuaderno formado con motivo del citado recurso de queja y procédase a la destrucción de las copias con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado medio de impugnación. En tal virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubiquen en el supuesto previsto en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues sólo anexaró copias certificadas de diversas constancias. Asimismo, se le indica a la parte quejosa que en caso de que requiera la devolución de los documentos antes precisados, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Devolución de tomos de pruebas. Finalmente, devuélvase al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, el tomo de pruebas I, sin que haya necesidad de acusar recibo, toda vez que este lo constituirá la constancia de notificación. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas *** Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que solo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y solo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; ... Circular SECNO/4/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/4/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Jalisco (Tercer Circuito), Nuevo León (Cuarto Circuito), Coahuila (Octavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Querétaro (Vigesimosegundo Circuito), Tlaxcala (Vigesimoctavo Circuito) e Hidalgo (Vigesimonoveno Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/4/2021, que establece las medidas vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Recurso de queja. Visto el escrito de los quejosos **** quienes promueven por sí y como apoderados especiales para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio de inmuebles irrevocables y sin obligación de rendir cuentas de Luis Sabino Aca Mixcoatl y/o Luis Aca Mixcoatl y/o Luis Aca y María Anita de Jesús Tello Tlaxcatecatl o Anita Tello Tlaxcalteca;, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del proveído de diez de diciembre de dos mil veinte en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de ser cierto que este Juzgado de Distrito dictó el acuerdo recurrido. Ahora bien, tomando en consideración que el auto recurrido lo constituye la determinación que desechó la demanda, se estima innecesario otorgar plazo a la parte quejosa para que señale las constancias que en copia certificada deban remitirse para resolver el recurso de queja. En ese sentido, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, el escrito de agravios original, así como el expediente en que se actúa. Cuaderno de antecedentes. ... Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de diciembre de dos mil veinte. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del dos de diciembre de dos mil veinte, informa que en el expediente 1559/2019 de su índice, se sustancia el juicio ordinario reivindicatorio promovido por Ruperto Aca Tello y Refugio Aca Tello, en su carácter de apoderados especiales para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio de inmuebles irrevocable y sin obligación de rendir cuentas, de Luis Sabino Aca Mixcoatl o Luis Aca Mixcoatl o Luis Aca y María Anita de Jesús Tello Tlaxcaltecatl o Anita Tello Tlaxcalteca en contra de Alejandro Agustin Aca Tello y Socorro Xochitecatl Tecanhuehue, remite copia certificada del procedimiento, así como del recurso de reclamación, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Tomando en consideración el volumen de las documentales en comento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmense por separado un tomo de prueba debidamente identificado a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de diciembre de dos mil veinte. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el representante común de la parte quejosa, del que se advierte que desahoga en tiempo la prevención que le fue formulada en auto del dos de diciembre de dos mil veinte, en el que acredita su personalidad como apoderado especial para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio de inmuebles irrevocables y sin obligación de rendir cuentas de Luis Sabino Aca Mixcoatl y/o Luis Aca Mixcoatl y/o Luis Aca y María Anita de Jesús Tello Tlaxcatecatl o Anita Tello Tlaxcalteca, mediante copia certificada del instrumento notarial 14343, volumen 215 de siete de febrero de dos mil once, de la Notaría Pública Número Uno del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla; asimismo, informa el estado procesal en que se encuentra el juicio reivindicatorio 1559/2019, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y transcribe los acuerdos de seis de marzo de dos mil veinte, así como la resolución de veintitrés de octubre siguiente, la primera, contra la que interpuso recurso de reclamación. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte quejosa. En ese sentido, vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se provee: Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la facultad del Juez de Distrito, de poder desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Así, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Incluso, en relación con la improcedencia del juicio de amparo contra actos intraprocesales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que puede desecharse una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto". Ahora bien, a fin de demostrar la causa de improcedencia en este juicio de amparo, conviene realizar una breve relatoría de los antecedentes del acto reclamado, mismos que la parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad al tenor siguiente: Mediante proveído de seis de marzo de dos mil veinte, la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, tuvo por recibidos los escritos de los demandados Alejandro Aca Tello, conocido también como Agustín Aca Tello y/o Alejandro Agustín Aca Tello y Socorro Xochitecatl Tecuanhuehue, y en consecuencia acordó girar oficio a la Notaría Número Uno de Tepeaca, Puebla a efecto de que: Informara si realizó alguna gestión tendiente a inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cholula, Puebla, el poder especial para pleitos y cobranzas para actos de administración y para actos de dominio del inmueble, irrevocable y sin obligación de rendir cuentas contenido en el instrumento notarial número 14343, volumen CCXV, de siete de febrero de dos mil onda, debiendo remitir las constancias que lo justifiquen. Informara si realizó alguna gestión tendiente a dar aviso a la Dirección General de Notaría del Estado de Puebla, respecto de la alta en el sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales del el poder especial para pleitos y cobranzas para actos de administración y para actos de dominio del inmueble, irrevocable y sin obligación de rendir cuentas contenido en el instrumento notarial número 14343, volumen CCXV. Informara si en el tiraje del instrumento notarial en comento, tuvo a la vista algún documento público del que se desprendiera que los otorgantes del mismo usaban en sus actos públicos y privados los nombres indistintos de Luis Sabino Aca Mixcoatl y/o Luis Aca Mixcoatl y/o Luis Aca Mixcoatl, y/o Luis Aca Mixcoatl. Remitiera copia certificada de las fojas del libro del protocolo que contenga el poder especial para pleitos y cobranzas para actos de administración y para actos de dominio del inmueble, irrevocable y sin obligación de rendir cuentas contenido en el instrumento notarial número 14343, volumen CCXV. Remitiera copia certificada del protocolo del poder para pleitos y cobranzas para actos de administración y para actos de dominio contenido en el instrumento notarial número 14343, volumen CCXV. De igual forma, negó girar oficio a la Dirección General de Notarías del Estado de Puebla, a fin de realizar anotación vía electrónica respecto a suspender cualquier operación traslativa de dominio del inmueble contenido en el instrumento notarial número 14343, volumen CCXV. Determinó no suspender el procedimiento por el fallecimiento del poderdante del instrumento de que se trata, toda vez que se encuentra representado, además de que en autos no se ha decretado la nulidad del poder notarial con que comparecen a juicio. Inconforme con dicha determinación la parte actora, aquí quejosa, interpuso recurso de reclamación el cual mediante resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, el Juez responsable desechó por extemporáneo, ésta última constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Con base en lo anterior, se concluye que la resolución de veintitrés de octubre de la presente anualidad, del juicio reivindicatorio 1559/2019, que desechó por extemporáneo el recurso de reclamación interpuesto por la quejosa en contra del proveído de seis de marzo de dos mil veinte, en el que la Juez responsable requirió a la Notaría Pública número Uno de Tepeaca, Puebla, a efecto proporcionara información respecto al estado del poder especial para pleitos y cobranzas para actos de administración y para actos de dominio del inmueble, irrevocable y sin obligación de rendir cuentas contenido en el instrumento notarial número 14343, volumen CCXV, de siete de febrero de dos mil once, constituye un acto dictado dentro del juicio de origen que no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En este punto conviene precisar que la información solicitada mediante el auto que fue impugnado en el recurso de reclamación cuyo desechamiento aquí se reclama, no se encuentra en los supuestos considerados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos de imposible reparación que pudiera hacer procedente este medio de control constitucional. Lo anterior es así, pues no se trata de información que pudiera transgredir el derecho humano a la intimidad como parte del derecho sustantivo a la vida privada, pues, en principio, se trata de un documento que exhibió la propia parte quejosa en el juicio de origen [poder especial para pleitos y cobranzas para actos de administración y para actos de dominio de inmueble, irrevocable y sin obligación de rendir cuentas] y el Juez responsable, a solicitud de la parte demandada, únicamente requirió información para comprobar la veracidad de dicho poder. Es aplicable, en lo conducente, el criterio jurisprudencial sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece lo siguiente: "ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Hechos: Dos tribunales colegiados de circuito analizaron la procedencia del amparo indirecto en contra de diferentes resoluciones definitivas dictadas dentro de juicios civiles donde se ordenó la realización de estudios socioeconómicos a las personas quejosas. Uno de los tribunales colegiados determinó que el juicio de amparo indirecto no era procedente, pues consideró que la realización de un estudio socioeconómico es un acto intraprocesal que no vulnera derechos sustantivos; en contraste, para el otro tribunal, ese acto sí es susceptible de transgredir el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio, lo que hacía procedente el juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: Esta Primera Sala concluye que la orden de practicar un estudio socioeconómico judicial es susceptible de transgredir el derecho humano a la intimidad, como parte del derecho sustantivo a la vida privada, e incluso, en caso de que se ordene la visita domiciliaria, es susceptible de transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Justificación: El estudio socioeconómico es un instrumento que tiene como finalidad ubicar en un nivel socioeconómico a una persona y contribuir al conocimiento de su entorno familiar, económico y social. Se realiza mediante el sistema de entrevista y preferentemente mediante la visita domiciliaria. A fin de llevar a cabo el estudio socioeconómico, el o la trabajadora social realizará al menos una entrevista de la que podrá obtener información sobre el ambiente socioafectivo y económico, y su interrelación con el medio externo de la persona destinataria del estudio, lo que constituyen los extremos más personales de la vida y, por tanto, de la intimidad de las personas. Además, en el caso de que el estudio socioeconómico se ordene desarrollar en el domicilio de la persona entrevistada, ese acto es susceptible de transgredir el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio, como parte de la intimidad personal, pues implica conceder acceso a un espacio reservado en el cual los individuos ejercen su libertad más íntima, toda vez que el o la entrevistadora constatará de primera mano las interacciones sociales de la dinámica familiar. Por esta razón se surte la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 114, fracción IV, de la abrogada ley de la materia. Al tratarse de un acto de imposible reparación, susceptible de transgredir la intimidad personal, el o la Juez de amparo deberá analizar, en cada caso concreto, la constitucionalidad de la práctica del estudio socioeconómico y efectuar el control de su legalidad, lo que implica verificar que la prueba sea idónea y pertinente en el proceso judicial de origen para llegar al conocimiento de la verdad." (Registro digital: 2022513, Aislada,Materias(s): Común, Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 81, Diciembre de 2020, Tesis: 1a./J. 58/2020 (10a.), Página: ) Asimismo, el poder sobre el que se requirió información tampoco se trate de un documento que contenga datos de un tercero o con la que pudiera quedar expuesta la secrecía y la confidencialidad de algún tipo de contabilidad personal, para que pudiera considerarse que al revelarse se ocasionara una afectación de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala lo siguiente: "PRUEBA PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO SOBRE LA CONTABILIDAD DE ÉSTE. CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO QUE PROCEDE EN SU CONTRA SE TRAMITA CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETOS DE 17 DE ABRIL Y 30 DE DICIEMBRE DE 2008). El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé como uno de los principios rectores del juicio de amparo el de definitividad, que se traduce en la obligación impuesta al demandante de la acción constitucional de agotar el recurso ordinario procedente que pudiera tener el efecto de revocar o modificar el acto reclamado, previamente a recurrir a la instancia constitucional. Ahora bien, en el caso del Código de Comercio, reformado mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, el legislador adoptó un sistema de recursos con el fin de dar mayor celeridad al procedimiento; así, conforme a este nuevo sistema de impugnación, el artículo 1203 prevé que contra el auto que admite las pruebas procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la apelación contra la sentencia de primera instancia, es decir, dicho recurso será estudiado con el recurso de apelación que en su caso se interponga contra la sentencia definitiva una vez concluido el juicio. En ese tenor, si se toma en cuenta que este alto tribunal ha considerado que la admisión de la prueba pericial contable en los libros de una de las partes ofrecida por su contraria, afecta directa e inmediatamente sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución ante la posibilidad de quedar expuesta la secrecía y la confidencialidad de la contabilidad que habrá de intervenirse, es evidente que la interposición de un recurso ordinario en los términos establecidos en dicho ordenamiento -que impide al quejoso cumplir con la carga de agotar el recurso-, genera que la prueba pericial se desahogue, con lo que quedaría irremediablemente consumada la afectación a su esfera jurídica sin posibilidad de repararse; ello, porque la contabilidad ya no volverá al secreto ni a la confidencialidad, tornándose nugatorio el objeto de las sentencias que conceden el amparo conforme al artículo 80 de la ley de la materia. De manera que aunque el Código de Comercio dispone la procedencia de un recurso ordinario contra el auto que admite la prueba pericial contable, debe estimarse un caso de excepción al principio de definitividad, en el cual procede el juicio de amparo indirecto." En ese sentido, ya que el auto que desechó la reclamación interpuesto contra el auto de seis de marzo de la presente anualidad, por el que el Juez de origen ordenó recabar la información solicitada por la demandada a efecto de resolver juicio reivindicatorio 1559/2019, únicamente pueden ocasionar una violación a derechos procesales que podrían repararse en la sentencia definitiva, lo que tornaría intrascendente cualquier violación que pudiera derivarse de esa determinación. Aunado a lo anterior, con dicha determinación combatida no impide su participación procesal y tampoco implica que dentro del juicio de origen se pueda llegar a pronunciar una sentencia contraria a sus intereses, por lo que el quejoso claramente se encuentra en aptitud de promover recursos que estime pertinentes durante la tramitación de aquél. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la resolución que ponga fin al referido procedimiento resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal -la información que rinda el Notario relativa al instrumento notarial de que se trata-, dentro del juicio reivindicatorio 1559/2019 - sería reclamable en el juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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