Luis Rutiaga Amaya
Expediente 513/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Luis Rutiaga Amaya
- Luis Rutiaga Amaya y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución por la que se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Notifíquese.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 27 DE MAYO DEL AÑO 2022 Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, así como el contenido del legajo certificado que allegó la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XVI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" De la interpretación del numeral y fracción trascritas se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad que, una vez consumados, imposibilitan restituir jurídicamente al peticionario en el goce de la garantía violada. En efecto, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, lo cual no es factible contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano trasgredido, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. En efecto, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado las ordenes giradas a fin de que fuera detenido Luis Rutiaga Amaya y fuera internado en cualquier cárcel de esta ciudad, así como las órdenes para que le fueran aplicados tormentos para confesar un delito que no cometió. Por ello, resulta verídico el acto que se atribuye a la autoridad responsable Director de la Policía Investigadora de Delitos de esta ciudad, consistente en la detención practicada al quejoso, toda vez que así lo manifestó mediante oficio presentado en vía de informe justificado (folio 44). Lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada anexó a su informe. Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de garantías, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado al mencionado Director de la Policía Investigadora de Delitos de esta ciudad, en razón de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se explica a continuación: El precepto legal en cita, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado al otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 77 de ese ordenamiento, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos, volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. La razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no puede ser reparado por la concesión de la protección de la Justicia Federal. Ahora, en el caso, la parte quejosa reclama la detención de que fue objeto. Sin embargo, del informe justificado rendido por el Director de la Policía Investigadora de Delitos de esta ciudad, de las constancias que remitió, los cuales fueron remitidos por el Director de la Policía Investigadora de Delitos, se advierte que el impetrante fue detenido por elementos de la corporación referida en primer término el dos de mayo del año en curso e inmediatamente fue puesto a disposición del Juez Segundo Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, por la probable responsabilidad en la comisión del delito de violación agravada y, ese mismo día, fue trasladado al CERESO 1 de esta ciudad. De manera que la detención fuera de procedimiento judicial que reclama el quejoso a las autoridades señaladas como responsables, se ha consumado de manera irreparable, lo que hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos e impide volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado por medio del presente amparo, puesto que, como ya se mencionó, el impetrante se dejó a disposición del Juez Segundo Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial en esta ciudad. Cobra aplicación al caso, por las razones que indica, la jurisprudencia siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar" En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede sobreseer, fuera de la audiencia constitucional, en el presente juicio de amparo. Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con cincuenta minutos de dos de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, así como el contenido del legajo certificado que allegó la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XVI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" De la interpretación del numeral y fracción trascritas se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad que, una vez consumados, imposibilitan restituir jurídicamente al peticionario en el goce de la garantía violada. En efecto, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, lo cual no es factible contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano trasgredido, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. En efecto, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado las ordenes giradas a fin de que fuera detenido Luis Rutiaga Amaya y fuera internado en cualquier cárcel de esta ciudad, así como las órdenes para que le fueran aplicados tormentos para confesar un delito que no cometió. Por ello, resulta verídico el acto que se atribuye a la autoridad responsable Director de la Policía Investigadora de Delitos de esta ciudad, consistente en la detención practicada al quejoso, toda vez que así lo manifestó mediante oficio presentado en vía de informe justificado (folio 44). Lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada anexó a su informe. Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de garantías, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado al mencionado Director de la Policía Investigadora de Delitos de esta ciudad, en razón de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se explica a continuación: El precepto legal en cita, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado al otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 77 de ese ordenamiento, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos, volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. La razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no puede ser reparado por la concesión de la protección de la Justicia Federal. Ahora, en el caso, la parte quejosa reclama la detención de que fue objeto. Sin embargo, del informe justificado rendido por el Director de la Policía Investigadora de Delitos de esta ciudad, de las constancias que remitió, los cuales fueron remitidos por el Director de la Policía Investigadora de Delitos, se advierte que el impetrante fue detenido por elementos de la corporación referida en primer término el dos de mayo del año en curso e inmediatamente fue puesto a disposición del Juez Segundo Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial en esta ciudad, por la probable responsabilidad en la comisión del delito de violación agravada y, ese mismo día, fue trasladado al CERESO 1 de esta ciudad. De manera que la detención fuera de procedimiento judicial que reclama el quejoso a las autoridades señaladas como responsables, se ha consumado de manera irreparable, lo que hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos e impide volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado por medio del presente amparo, puesto que, como ya se mencionó, el impetrante se dejó a disposición del Juez Segundo Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial en esta ciudad. Cobra aplicación al caso, por las razones que indica, la jurisprudencia siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar" En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede sobreseer, fuera de la audiencia constitucional, en el presente juicio de amparo. Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con cincuenta minutos de dos de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguense a los autos para que obren como correspondan los informes justificados que rinden las autoridades responsables; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Por otro lado, con el mismo fundamento, agréguese únicamente para que obre en autos, el informe previo de cuenta, toda vez que no se tramitó incidente de suspensión en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
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