Luis Ruben Pirul Paredes

Expediente 711/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
711/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Luis Ruben Pirul Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, por este medio se notifica a la parte PROMOVENTE ***, el PROVEÍDO dictado el TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, que en síntesis dice: ...Téngase por recibido el escrito suscrito por la parte quejosa, mediante el cual, mediante el cual da cumplimiento a la prevención realizada en proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, y el afecto precisa los actos que reclama en este juicio de amparo. SEPARACIÓN DE AUTOS Ahora bien, del análisis íntegro del escrito de demanda y escritos aclaratorios, se advierte que los actos reclamados emanan de procedimientos distintos, pues corresponden a los siguientes: - La orden emitida en el expediente *** de la estadística del Juzgado de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad, respecto al descuento del 27% del salario del quejoso, por el concepto de pensión alimenticia en favor de su hija, así como su ejecución. - La orden emitida en el expediente *** de la estadística del Juzgado de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad, respecto al descuento del 30% del salario del quejoso, por el concepto de pensión alimenticia en favor de sus dos hijas, así como su ejecución. Así, se colige que los actos reclamados no guardan vinculación entre sí, pues derivan de juicios distintos; de ahí que, a consideración de este juzgado, se deban separar para ser estudiados de manera autónoma. En efecto, cuando se reclaman actos desvinculados entre sí, debe decirse que, así como existe la figura de la acumulación de juicios, también existe aquella figura que tiene por objeto separar juicios, la cual, si bien no se encuentra regulada de manera específica en la ley de amparo, sí existe jurisprudencia al caso, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación. Dicha separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda, pero siempre antes de la celebración de la audiencia constitucional; la cual, tiene por objeto en gran medida, que se logre una tramitación más diáfana en los juicios de garantías, que en lo futuro evite el pronunciamiento de fallos complicados y tal vez confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien, concediendo el amparo y su cumplimiento, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 76/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197671, publicada en la página 118, Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación" Por tanto, si en el asunto que nos ocupa, los actos emanan de procedimientos diversos, es por lo que resulta necesario separar los actos reclamados para ser estudiados de manera autónoma, pues no se aprecia que tengan relación entre sí, y actuar de manera contraria sería como caer en el absurdo de que en un juicio de amparo se emprendiera el estudio de todos y cada uno de los asuntos de los cuales el quejoso fuera parte o en su defecto le surgiera algún interés. En consecuencia, toda vez que se dan los extremos para separar los actos derivados de la demanda de garantías que dio origen al presente asunto, de conformidad en lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, sepárense los actos reclamados en el presente juicio de amparo, por tratarse de actos que no guardan relación entre sí, para que se conozca de ellos, en diversas demandas de garantías. Así, resulta pertinente precisar que este órgano jurisdiccional se avocará única y exclusivamente al estudio del siguiente acto: - La orden emitida en el expediente *** de la estadística del Juzgado de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad, respecto al descuento del 27% del salario del quejoso, por el concepto de pensión alimenticia en favor de su menor hija, así como su ejecución. Por consiguiente, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, copia certificada del presente asunto, para que por separado, el juzgado que por razón de turno corresponda, se avoque al conocimiento del diverso acto reclamado consistente en: - La orden emitida en el expediente *** de la estadística del Juzgado de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad, respecto al descuento del 30% del salario del quejoso, por el concepto de pensión alimenticia en favor de sus dos hijas, así como su ejecución. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y fórmese el respectivo testimonio para ser enviado. REQUERIMIENTO A OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN En virtud de la separación de autos decretada en este acuerdo, solicítese a la Encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, que de no existir impedimento legal alguno, lleve a cabo la supresión en la demanda de amparo registrada en el buzón judicial bajo el folio *** y con el folio electrónico *** de los antecedentes que fueron registrados en la papeleta de turno; ello, toda vez que los actos por los que este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, no derivan ni guardan relación entre sí. Esto, a fin de que se ordene el turno correspondiente de la referida demanda y se distribuyan adecuadamente las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales que residen en esta ciudad, considerando que tales antecedentes no están vinculados con los actos por los que este juzgado se avocó a su estudio. ESTUDIO DE PROCEDENCIA En ese sentido, se procede al estudio del acto reclamado consistente en la orden emitida en el expediente *** de la estadística del Juzgado de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad, respecto al descuento del 27% del salario del quejoso, por el concepto de pensión alimenticia en favor de su menor hija, así como su ejecución. Ahora, con fundamento en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora examinará el escrito de demanda y aclaratorios, a fin de corroborar si existe o no causa manifiesta e indudable de improcedencia, que motive su desechamiento. La causa de improcedencia es manifiesta, cuando al analizar en su integridad el escrito y anexos, se advierte en forma patente y absolutamente clara; asimismo, es indudable, cuando aún de admitirse la demanda y substanciar el procedimiento, no sería factible formarse un criterio diverso. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995- 2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Expuesto lo anterior, este órgano advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos" Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquéllos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor Así es, del último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que la quejosa haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que la quejosa se haya ostentado sabedora de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de éstos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. De modo que, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Ahora, en el apartado de antecedentes de la demanda, concretamente en el marcado con el número 3, el promovente, bajo protesta de decir verdad, expuso: "En fecha: 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 se me tuvo por dando contestación a la demanda que se me interpuso bajo el expediente número: *** en donde se me requiere el 27% de mi salario ordinario y extraordinario y donde le señalo a su Señoría que hay un convenio anexando el DVD y dicha autoridad señala fecha para audiencia preliminar para el día 03 de diciembre del año 2020, a las 12:00 HORAS de medio día". Sobre esa base, a las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en el escrito de cuenta, se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2ª./J.50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." Por tanto, esa data, veinticinco de agosto de dos mil veinte, debe tomarse como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, el término a que aluden los citados numerales, comenzó a correr a partir del día siguiente al en que el quejoso refiere en su demanda se enteró del acto impugnado, esto es, el veintiséis de agosto de dos mil veinte y feneció el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, descontando los días veintinueve y treinta de agosto, cinco, seis, doce, trece, catorce, quince y dieciséis de septiembre del año en curso, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se presentó el veintinueve de octubre de la presente anualidad en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Irapuato, es evidente que se encuentra fuera del plazo de quince días a que alude el numeral 17 en cita, según el cómputo señalado en el párrafo que antecede. De modo que, el acto que la parte quejosa pretende impugnar con la demanda de cuenta debe considerarse consentido tácitamente, con lo que el juicio de amparo es improcedente. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 232213, visible en la página 71, primera parte de los Tomos 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto enseguida transcrito: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En las relatadas condiciones, al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que procede, con apoyo en el precepto 113, de la citada ley de la materia, es desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de garantías...

  3. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte promovente...

  4. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte promovente...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano