Luis Rubén Juárez Zapatero

Expediente 1336/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1336/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Rubén Juárez Zapatero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Pedimento ministerial. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia incidental. Vista con informe previo. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo envía rinde informe previo que le fue solicitado, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Domicilio y delegados. Se tiene a la autoridad de referencia señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y designando como delegado de su parte a las personas que refiere, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Pedimento ministerial. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Expedición de copias. Expídase al promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Se da cuenta con acta de ratificación. Vista el acta de ratificación de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés a través de la cual la parte promovente ratificó en todas y cada una de sus partes el escrito presentado el diez de noviembre del año en curso; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Admisión de la demanda Admítase la demanda de amparo promovida contra actos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán y otra autoridad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. Fecha de la audiencia constitucional Se fijan las diez horas con diez minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Solicitud de informes justificados Pídanse informe justificado a las autoridades responsables, las que deberán: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395, así como habrá de precisar que dicho informe y las constancias que anexa a aquel, de ser el caso, bajo protesta de decir verdad coinciden con sus originales; salvo que por el volumen o la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos (como en el sistema penal acusatorio) y otros documentos análogos. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida Actualización, equivalente a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Emplazamiento de tercero interesado Resérvese el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe de la autoridad responsable. Incidente de suspensión. Con copia de la demanda fórmese incidente de suspensión en un solo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Notificaciones a las responsables Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Requerimiento a las partes Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. Autorización a los actuarios adscritos Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SE FORMA CUADERNO DE SUSPENSIÓN Tramítese en un solo tanto el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número lII-1336/2023, como se ordenó en auto de este misma fecha en el expediente principal. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, las que deberán: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395. Además deberán precisar bajo protesta de decir verdad que dicho informe coincide con su original. Además, solo en el caso de que estime indispensable remitir constancias junto con su informe, deberá formular la protesta antes referida, también respecto de las constancias anexadas. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida Actualización, equivalente a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las diez horas con quince minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Debe aclararse que si bien en términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, la celebración de la audiencia incidental debe programarse dentro de los siguientes cinco días hábiles posteriores a la emisión del presente proveído, atendiendo a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, así como a la naturaleza misma del asunto que nos ocupa, es que dicha audiencia se fijó para la fecha y hora apuntada. Máxime que es un hecho notorio para este Juzgado Federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, que en los asuntos donde se ha fijado la fecha de la audiencia dentro del plazo legal referido, constantemente se difiere por falta de informes previos, recargando innecesariamente la agenda y las labores diarias de este juzgado de Distrito. Sin que dicha determinación constituya una afectación a las partes, en la medida que lo que se busca es evitar una serie de diferimientos y carga de trabajo innecesarios; y en su lugar programar la audiencia para una fecha más remota, aunque asegurando en mayor medida su celebración. Ello en aras de privilegiar los principios de economía procesal y gestionar de una manera los recursos humanos y materiales con los que cuenta este juzgado; lo cual en conjunto beneficia el derecho de acceso a una justicia pronta en beneficio de las partes. Apoya lo anterior la siguiente tesis aislada emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro: "AUDIENCIA INCIDENTAL SEÑALADA FUERA DEL TERMINO LEGAL. QUEJA INFUNDADA". SE ADMITEN PRUEBAS De conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo las documentales que adjunta a su demanda, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO La parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional la publicación del "Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán de Ocampo, 2022-2041", en particular los apartados relativos al ámbito de aplicación, la definición del centro de población, el establecimiento de la zonificación primaria municipal y su relación con las áreas de valor ambiental. Ello con motivo de diversos vicios al procedimiento o formales en su proceso de creación, así como virtud de la afectación que el contenido del referido programa municipal de desarrollo generará, dicen, respecto a las cuencas del río chiquito y río grande, así como a áreas naturales protegidas por los decretos federales y del Estado, lo cual genera, arguyen, una afectación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y a la salud entre otros, del peticionario de amparo. Además solicita la suspensión del acto reclamado al alegar medularmente que al margen de la afectación a los derechos de legalidad y seguridad jurídica, su publicación pudiera derivar en la realización de obras y actividades que violentarían sus derechos fundamentales y de todos los habitantes del municipio, respecto al derecho al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. Como premisa cabe señalar que este juzgado de Distrito estima que el acto reclamado, en esencia tiene la naturaleza de uno normativo, dadas sus características de generalidad y abstracción. De forma que será dicha naturaleza la que matice la determinación de esta medida cautelar. Además que los efectos de la suspensión deben ser fijados por este juzgador constitucional con independencia de los alcances para los cuales se solicitó por la parte quejosa, aunque acotado a los actos reclamados y sus consecuencias. Apoyan lo anterior la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 14, con número de registro digital: 2019200, de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Así como la diversa jurisprudencia XXVII.3o. J/9 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, página 1726, con número de registro digital 2008231, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión. Para ello, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión provisional del acto reclamado, esto es: Que el quejoso la haya solicitado expresamente; Que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; Que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y, Que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados son ciertos atendiendo a las manifestaciones que realiza la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como al contenido del "Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán de Ocampo, 2022-2041", publicado en el Periódico Oficial del Estado el uno de septiembre de este año. Máxime que se trata de un acto materialmente normativo, por ende, de conformidad con el numeral 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, su existencia es un hecho notorio. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie es posible decretar la suspensión provisional solicitada, pues se trata se un acto con efectos positivos hacia el futuro, además que si bien se reclama el contenido de un programa municipal de desarrollo urbano, su aplicación y ejecución es susceptible de modularse de manera particular por reclamarse en el caso una probable afectación de derechos difusos, como lo es el relativo al medio ambiente sano a la salud y al agua, en perjuicio del peticionario de amparo, tomando en consideración los principios precautorio y pro natura que lo dotan de contenido y efectividad. A más que como se explicará más adelante, con motivo de la suspensión provisional solicitada no se paralizará totalmente la ejecución del referido plan de desarrollo, lo cual también posibilita otorgar dicha medida cautelar. De ahí que en el caso solo la afectación alegada respecto a esos derechos fundamentales posibilita el otorgamiento de la medida cautelar, y no la diversa violación a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, que solo atañen a vicios al procedimientos o formales que supuestamente presenta la determinación combatida. (iv) Interés jurídico o legítimo. En el caso, de forma preliminar, es posible presumir que el peticionario de amparo cuenta con un interés legítimo para combatir la ejecución del "Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán de Ocampo, 2022-2041", dado que alega que con su publicación se pueden realizar obras y actividades que impacten en sus derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y a la salud en particular a los sistemas hidráulicos de Río Chico y Río Grande que suministran de agua al Municipio de Morelia, Michoacán; así como áreas naturales y terrenos forestales que se dictaminaron como protegidos, en decretos federales y del estado. Para justificar lo anterior debe precisarse que en términos de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación en el amparo en revisión 307/2016, el derecho humano al medio ambiente tiene, además de connotaciones de un derecho individual, una naturaleza colectiva. Respecto a la dimensión colectiva, definió que el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, lo cual representa un elemento fundamental para su protección, pues acotó que el reconocimiento de esa naturaleza difusa, no implicaba un debilitamiento de su efectividad y vigencia; mucho menos a la ineficacia de las garantías que se prevén para su protección, sino que debería traducirse en un replanteamiento de la forma de entender y aplicar las garantías para su tutela efectiva. Para construir esta nueva manera de entendimiento y salvaguarda del derecho fundamental en cuestión, nuestro máximo tribunal ha construido el concepto de servicios ambientales, desarrollado a partir de la noción de que el bien jurídico protegido por el derecho humano al medio ambiente sano es el "medio natural", entendido como el entorno ambiental en el que se desenvuelve la persona y que busca evitar el daño ecológico como consecuencia mediata o inmediata de la intervención del hombre -óptica conservatoria-. Así, definió el concepto de servicios ambientales como aquéllos beneficios que otorga la naturaleza al ser humano, pero dentro de los propios ecosistemas en los que desarrolla su vida, sean directamente los bienes y condiciones necesarias para el desarrollo de su vida, hasta condiciones que impiden eventos que la ponen en riesgo o disminuyen su calidad; es decir, aquéllos factores que aseguran su salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio asociado a ellos. Como ejemplo de lo anterior nuestro máximo tribunal se refirió a los sistemas de agua dulce, explicando que amortiguan el flujo del agua (controlan tiempo de entrada y volumen); diluyen y transportan desperdicios; permiten el ciclo de nutrientes; mantienen la biodiversidad; proporcionan hábitats acuáticos, vía transporte y empleo, aportan belleza estética y oportunidades de entretenimiento. Así como los sistemas de pastizales/praderas, los cuales mantienen una serie de funciones de la cuenca (filtración, purificación, control de flujo, estabilización del suelo); permiten el ciclo de nutrientes; eliminan contaminantes atmosféricos; emiten oxígeno; mantienen la biodiversidad; generan suelo, fijan carbono de la atmósfera; suministran hábitats para los humanos y para la fauna silvestre; proporcionan empleos; y aportan disfrute estético y oportunidades de entretenimiento. Enseguida se explicó que la afectación a los servicios ambientales debería ser a través de pruebas técnicas y científicas complejas, aunado a que la afectación al medio ambiente como resultado de la alteración del equilibrio de un ecosistema no necesariamente debería manifestarse de manera inmediata, por lo cual se determinó que la existencia de evidencia física o material no podía ser una condición necesaria para demostrar la alteración o daño a un servicio ambiental. En ese sentido se determinó que dicho análisis debería realizarse conforme al principio de precaución, al explicarse que se debería buscar en cada caso, las herramientas o métodos necesarios para entender el funcionamiento de un ecosistema, así como de los servicios ambientales que presta, esto siempre, con miras a garantizar su conservación a la luz del principio in dubio pro medio ambiente. Bajo esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia indicó que a partir de la perspectiva colectiva del derecho humano a un medio ambiente sano, este debería entenderse como un bien público cuyo disfrute o daño no sólo afecta a una persona, sino que importa a la comunidad en general, por lo cual su defensa y titularidad es de carácter difuso. No obstante, acotó que esa premisa implicaría que cualquier persona pudiera reclamar su afectación como un bien común, independientemente de su relación específica con el medio afectado, generándose así un desbordamiento de los sistemas judiciales ante la posibilidad de que cualquier persona pueda reclamar su afectación. En esos términos se aclaró que para alcanzar un prudente equilibrio entre ambos extremos debería acotarse el concepto de interés legítimo para la defensa del medio ambiente como derecho humano, a través de garantizar el acceso a la justicia para defender dicha prerrogativa con motivo de lesiones a intereses jurídicamente relevantes y protegidos y no a través de meras acciones populares. Así determinó que estaban en posibilidad de alegar un interés legítimo para defender el derecho fundamental apuntado quien se encontrara en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de protección que alegara, ya sea de carácter particular o derivado de una regulación sectorial o grupal que le permite hacer valer una afectación a su esfera jurídica precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. De manera que el interés legítimo para promover un amparo en materia ambiental se hizo depender de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales, por lo que si un determinado ecosistema se pone en riesgo o se ve afectado, la persona o comunidad que se beneficia o aprovecha los servicios que dicho ecosistema brinda, se encuentra legitimada para acudir al juicio de amparo con el objeto de reclamar su protección. En esos términos la Primera Sala concluyó que para resolver si se actualizaba el interés legítimo de quien promueve un juicio de amparo en defensa del medio ambiente, el juzgador sólo debería determinar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerado, examen que debería llevarse a cabo conforme al principio de precaución, es decir, sin exigir la demostración de esa afectación solo a través de pruebas científicas. A efecto de objetivar el análisis de dicha afectación, nuestro máximo tribunal desarrolló el concepto de entorno adyacente, a fin de identificar a los beneficiarios de un ecosistema como aquéllos que habitan o utilizan las zonas o espacios geográficos en los que surgen e impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente, áreas de influencia que varían dependiendo de la naturaleza de los ecosistemas. Al respecto se acotó que si bien el entorno adyacente constituía un concepto esencialmente geográfico, no se limitaba a aquéllas personas vecinas del ecosistema, sino que al determinarse por los propios beneficios que daba el ecosistema las zonas donde impactan sus beneficios pudiera ser un espacio geográfico amplio. Afectación al ecosistema que, se insiste, no es necesaria demostrar, pues en todo caso, atendiendo al principio de precaución, el probable daño o el riesgo de daño al medio ambiente, constituirá la materia de estudio del amparo. Tales consideraciones originaron, en parte, la emisión de la jurisprudencia 1a. CCXCI/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 335, con número de registro digital 2018693 "INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. Quien alega un interés legítimo en materia ambiental se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de protección que alega, ya sea de carácter particular o derivado de una regulación sectorial o grupal que le permite hacer valer una afectación a su esfera jurídica, precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. El interés legítimo para promover un juicio de amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales; por lo que la privación o afectación de éstos es lo que califica la especial posición del accionante para acudir al juicio de amparo a reclamar su protección, en tanto que le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, además de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico: el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor. De lo anterior se concluye que para determinar si se actualiza el interés legítimo en materia ambiental, el juzgador sólo deberá determinar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha de los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerado." Con vinculación a lo anterior también se cita la jurisprudencia 1a./J. 8/2022 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, abril de 2022, Tomo II, página 846, con número de registro digital 2024385, de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. USO DEL "ENTORNO ADYACENTE" COMO CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLO POR PERSONAS FÍSICAS. Hechos: Dos personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que las autoridades responsables no garantizaron el derecho humano a un medio ambiente sano, pues no evaluaron de manera integral diferentes aspectos relacionados con el impacto ambiental que podría ocasionar el desarrollo de dicho proyecto y su modificación en el Área Natural Protegida con carácter de Parque Marino Nacional denominado "Sistema Arrecifal Veracruzano". El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que las quejosas no tenían interés legítimo, en tanto no demostraron que se vieran directamente beneficiadas por el ecosistema respectivo, en contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el "entorno adyacente" de un ecosistema, entendido como su área de influencia delimitada a partir de los servicios ambientales que presta, puede ser utilizado como criterio para verificar el interés legítimo en los juicios de amparo ambientales. De ahí que en esos casos se puede acreditar dicho interés con la existencia de un vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y de los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado; vínculo que surge, por ejemplo, cuando la parte quejosa demuestra habitar o utilizar su "entorno adyacente". Justificación: La Primera Sala sostuvo en el amparo en revisión 307/2016 que el interés legítimo para promover un juicio de amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales. De ahí que uno de los criterios para identificar esa relación entre la persona y los servicios ambientales, es el concepto de "entorno adyacente", conforme al cual son beneficiarios ambientales aquellos que habitan o utilizan tal entorno o las áreas de influencia de un determinado ecosistema. Dichas áreas se refieren a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. Cada ecosistema tiene diversas áreas de influencia dependiendo de la naturaleza de los servicios ambientales que presta; la identificación o el reconocimiento de este espacio geográfico permite entender que cualquier persona que utiliza o habita el área de influencia o el "entorno adyacente" de un ecosistema, es beneficiario de sus servicios ambientales y, por tanto, está legitimado para promover el juicio de amparo en su defensa. Sin que para ello resulte necesario demostrar que el daño al medio ambiente efectivamente existe, pues atendiendo al principio de precaución, tal circunstancia debe constituir la materia de fondo del juicio de amparo. Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 10/2022 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 843, con número de registro digital 2024376, de rubro y texto siguiente: "DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. POR VIRTUD DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, RESULTA CONSTITUCIONAL ADOPTAR DECISIONES JURISDICCIONALES EN SITUACIONES QUE PUEDAN PRODUCIR RIESGOS AMBIENTALES, INCLUSO ANTE LA FALTA DE CERTEZA CIENTÍFICA O TÉCNICA AL RESPECTO. Hechos: Dos personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que no se había garantizado, bajo el estándar más alto de protección, su derecho humano a un medio ambiente sano. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que las quejosas no tenían interés legítimo, en contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo al principio de precaución, es constitucionalmente válida la toma de decisiones jurisdiccionales ante situaciones o actividades que puedan producir riesgos ambientales, aunque no se tenga certeza científica o técnica al respecto, pues una vez identificado el riesgo, la falta de pruebas científicas o técnicas no es motivo para no tomar las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente. Justificación: El principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo prevé que, con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades y, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. En este sentido, el principio de precaución constituye una herramienta fundamental para resolver aquellas situaciones de incertidumbre, particularmente, incertidumbre científica que plantea el derecho ambiental. Así, conforme al principio referido, cuando la experiencia empírica refleja que una actividad es riesgosa para el medio ambiente, resulta necesario adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, aun cuando no exista certidumbre sobre el daño ambiental. El principio de precaución tiene diferentes alcances: opera como pauta interpretativa ante las limitaciones de la ciencia para establecer con absoluta certeza los riesgos a los que se enfrenta la naturaleza y, en relación con la administración pública, implica el deber de advertir, regular, controlar, vigilar o restringir ciertas actividades que son riesgosas para el medio ambiente. De esta forma, dicho principio puede fungir como motivación para aquellas decisiones que, de otra manera, serían contrarias al principio de legalidad o de seguridad jurídica, mientras que para el operador jurídico la precaución exige incorporar el carácter incierto del conocimiento científico a sus decisiones. Finalmente, es importante mencionar que la información sobre los riesgos o daños ambientales puede ser incierta por diversos motivos (el contexto, la elección de los indicadores, los parámetros utilizados, errores estadísticos, la contradicción de teorías, entre otros); no obstante, a la luz del principio de precaución, se reconoce la posibilidad de revertir la carga de la prueba a cargo del agente potencialmente responsable, es decir, en virtud de este principio, el juzgador cuenta con dicha herramienta a efecto de allegarse de todos los elementos probatorios necesarios para identificar el riesgo o el daño al medio ambiente. Al igual que la diversa jurisprudencia 1a./J. 11/2022 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro12, Abril de 2022, Tomo II, página 840, con número de registro digital 2024374, de rubro y texto siguiente: "DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. DIFERENCIA ENTRE LOS PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN Y DE PRECAUCIÓN. Hechos: Dos personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que no se había garantizado, bajo el estándar más alto de protección, su derecho humano a un medio ambiente sano. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que las quejosas no tenían interés legítimo, en contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que dos de los principios rectores del derecho humano al medio ambiente sano son el de prevención y el de precaución, los cuales, si bien están estrechamente relacionados, encuentran diferencias puntales entre sí. Justificación: El derecho ambiental se fundamenta en diversos principios que, atendiendo al reciente desarrollo de esta rama del derecho, resultan fundamentales para guiar la actividad jurisdiccional. Uno de ellos es el principio de precaución, conforme al cual, cuando la experiencia empírica refleja que una actividad es riesgosa para el medio ambiente, resulta necesario adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, aun cuando no exista certidumbre sobre el daño ambiental. Por otra parte, el principio de prevención establece que los Estados deben usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción causen daños significativos al medio ambiente, ya sea dentro o fuera del territorio del Estado de origen. En este sentido, es posible distinguir entre el principio de prevención y el de precaución, pues el primero se fundamenta en el conocimiento acerca de que determinada situación es riesgosa para el medio ambiente, mientras que el segundo opera ante la incertidumbre sobre dicho aspecto. Esto es, la diferencia sustancial entre ambos principios es la certeza que se tiene en relación con el riesgo, pues en el caso de la precaución se demanda una actuación estatal ante la duda de que una actividad pueda ser riesgosa, en cambio, conforme al principio de prevención, existe certeza respecto del riesgo." En congruencia con lo anterior, queda de manifiesto que atendiendo al estándar probatorio aplicable para determinar la procedencia de la suspensión provisional solicitada y dada la naturaleza del acto reclamado, lo manifestado por el peticionario de amparo en su demanda en el sentido de que la publicación del "Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán de Ocampo, 2022-2041" posibilita la realización de obras y actividades futuras que podrían impactar en las cuencas de los ríos Chico y Grande o la afectación a áreas naturales protegidas, es suficiente para estimar que presumiblemente podrían genera una afectación que actualiza un interés legítimo en su favor. Ello dado que la violación a su derecho fundamental a un medio ambiente sano la hizo depender de la circunstancia de que en ese plan de desarrollo se amplió el centro de población del municipio de Morelia, Michoacán y se declararon diversas zonas como urbanas y urbanizables que actualmente se encuentran protegidas y además forman parte o se vinculan a las cuencas del Río Chiquito y del Río Grande, las cuales constituyen un sistema hídrico que suministra el vital líquido a la ciudad de Morelia, Michoacán. En efecto, la privación o probable afectación de los servicios ambientales que brinda un determinado ecosistema es lo que califica la especial posición del accionante para acudir al juicio de amparo a reclamar su protección, en tanto le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, además de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico, como lo es el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor. En ese tenor, el peticionario de amparo manifiesta, bajo protesta de decir verdad, residir en el municipio de Morelia, lo cual incluso se corrobora con la copia de la constancia de residencia expedida por el Jefe de Departamento de Certificaciones Municipales del propio municipio responsable; la credencial de elector que anexa a su demanda, y el aviso- recibo de suministro de energía eléctrica; además medularmente señala como servicio ambiental en riesgo el suministro de agua a través de los sistemas hídricos que provienen de las cuencas de los ríos referidos. Bajo esa perspectiva, también debe tomarse en consideración que la afectación al servicio ambiental apuntado es futura e incierta y no existe evidencia empírica o científica sobre que ésta depende estrictamente de la publicación del plan de desarrollo reclamado, sino de la actualización de posteriores condiciones que generen la restricción final del servicio de suministro de agua, ello dado que conforme a lo establecido en el plan de desarrollo combatido, la autorización de la extensión del centro poblacional y la declaratoria de zonas como urbanas o urbanizables no autoriza, por sí mismo, el inicio de obras en tales espacios que pudieran interferir con el equilibrio que existe en las cuentas de los ríos Chiquito y Grande. Asimismo, debe estimarse que en caso de materializarse la interferencia del servicio ambiental referido, ello sí generaría un impacto directo y diferenciado al peticionario de amparo, tomando en consideración que actualmente reside en Morelia, Michoacán y, por ende, forma parte del ecosistema conformado en dicho municipio, en el que se produce y consume el servicio ambiental de suministro de agua. De manera que en caso de que la ampliación del centro de población del municipio y la declaratoria de zonas urbanas o urbanizables en efecto permitiera la edificación de casas o edificios que afectaran las cuencas de los ríos, el peticionario de amparo sí podría verse afectado en un servicio ambiental que usualmente recibe, pues vive y convive en el entorno adyacente del sistema hídrico conformado por las cuencas de los ríos Chiquito y Grande, es decir, en el espacio geográfico en el que impactan el servicio ambiental en comento, el cual, atendiendo a su naturaleza de suministro de agua, es difícil de determinar con exactitud dada su amplitud; y sin que en el caso sea necesario exigir que el peticionario de amparo viva o se desarrolle en las inmediaciones de esas cuencas. Así, dado que al menos de manera preliminar puede observarse que existe el riesgo de una afectación al servicio ambiental de suministro de agua que proporciona el ecosistema en el que vive, como lo es el municipio de Morelia, debe concluirse que dicha circunstancia lo legitima para solicitar la medida suspensional que nos ocupa. Esto porque como lo señaló la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al analizarse la afectación a un servicio ambiental no debe buscarse la demostración plena de dicha circunstancia, dada la complejidad de las pruebas, sino que ante la actualización de la sola probabilidad de que se afecte el ecosistema y, por ende, los servicios ambientales que suministra, debe aplicarse el principio de precaución y prevenirse cualquier circunstancia de ese tipo, también en aras de respetar el principio in dubio pro medio ambiente, que exige actuar en el sentido de siempre buscar el mayor grado de protección al medio ambiente. Incluso tal posibilidad se corrobora porque en el propio programa municipal reclamado en el punto "1.2. Ámbito de aplicación", se indica que tal programa deberá aplicarse a nivel ciudad y municipio de Morelia. También ahí se reconoce que la afectación al área sur del municipio donde se alberga mayor biodiversidad, es mayor, y, por ende, prioritaria, máxime que de tal zona provienen dos de las corrientes de agua más importantes para la ciudad, el rio Grande y el río Chiquito. De ahí que esa sola probabilidad de afectación legitima al peticionario de amparo, al menos por el momento, para solicitar la medida cautelar sobre la que se resuelve. Apoya lo anterior la tesis aislada XVII.2o.9 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 985, con número de registro digital: 2022132, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO LA QUEJOSA ADUCE TENER UN INTERÉS LEGÍTIMO PARA RECLAMAR UNA LICENCIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS CUYA EJECUCIÓN IMPLICA LA REMOCIÓN DE FLORA Y LA POSIBLE VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UN MEDIO AMBIENTE SANO -EN SU DIMENSIÓN OBJETIVA O ECOLOGISTA- Y LA AUTORIDAD ACEPTA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SE COLMAN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 131, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDERLA. En el supuesto indicado, los requisitos que exige el precepto citado para conceder la suspensión -consistentes en que la parte quejosa acredite: a) el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y b) el interés social que justifique su otorgamiento- se consideran satisfechos con el informe previo en donde la autoridad responsable acepte la existencia del acto reclamado, en atención a la naturaleza de ese derecho involucrado. Sobre esto último, al resolver el amparo en revisión 307/2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló el derecho fundamental a un medio ambiente sano, caso del cual surgieron -entre otras- las tesis aisladas 1a. CCLXXXIX/2018 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU NÚCLEO ESENCIAL." y 1a. CCLXXXVIII/2018 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. LA VULNERACIÓN A CUALQUIERA DE SUS DOS DIMENSIONES CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A AQUÉL.", en las que sostuvo que ese derecho entraña la protección tanto del medio ambiente en que se desarrollan las personas, como la de la naturaleza en sí misma, por lo que distinguió en él una doble dimensión: una objetiva o ecologista, y otra subjetiva o antropocéntrica. La primera de ellas identifica a la naturaleza como un bien jurídico autónomo que debe ser protegido por su importancia para todo ser vivo, no sólo para el ser humano. Esa Primera Sala también reconoció que esa base axiológica le otorga una esencia especial a ese derecho que, a su vez, exige un enfoque particular para que las garantías que lo rodean sean efectivas; ello se plasmó en la tesis aislada 1a. CCXCII/2018 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU DIMENSIÓN COLECTIVA Y TUTELA EFECTIVA.". En el mismo asunto, también estableció que en materia ambiental operan los principios de precaución -significa que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar o mitigar el riesgo al medio ambiente, aun ante la duda de que una actividad pueda conllevarlo- e in dubio pro natura -se traduce en que en todo conflicto ambiental debe prevalecer siempre la interpretación que favorezca la conservación del medio ambiente-. En ese contexto, cuando una persona reclama una licencia para movimiento de tierras y afirma contar con interés legítimo, basado en la dimensión objetiva o ecologista de ese derecho fundamental, porque la ejecución de dicho acto implique la remoción de flora y una consecuente alteración a la biodiversidad, los requisitos previstos en el citado artículo 131, párrafo primero, se satisfacen con el informe previo que rinda la autoridad responsable en el que acepte la existencia del acto reclamado debido a la naturaleza especial del derecho involucrado, siempre que no exista prueba en contrario, pues si el ecosistema es susceptible de protección por constituir un valor en sí mismo, entonces existe un interés social en su preservación. Además, la aceptación de la autoridad responsable implica la existencia de un impacto en aquél, cuyo alcance y perjuicio al derecho alegado es materia de fondo del amparo, pero para efectos de la suspensión definitiva es suficiente que, en observancia a los principios de precaución e in dubio pro natura, se estime justificada la inminencia en la ejecución del acto y la irreparabilidad de los efectos, así como el interés social para adoptar las medidas necesarias, a fin de que no se ocasione esa alteración en la naturaleza. Este esquema permite que la figura de la suspensión cumpla sus objetivos, que son evitar un daño al medio ambiente irreparable aun con una concesión de amparo, conservar viva la materia del juicio y permitir una tutela efectiva del derecho fundamental de que se trata." (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. Este juzgador debe hacer dicha ponderación, en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 204/200967, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En ese sentido, no se advierte que mediante el otorgamiento de la medida cautelar, se afecte el interés social o se contravenga el orden público, en la medida en que, como ya se adelantó, con la concesión de la suspensión provisional no se paralizará totalmente la ejecución del "Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán de Ocampo, 2022-2041". Esto dado que su aplicación y ejecución es susceptible de modularse, por reclamarse en el caso una probable afectación al medio ambiente en perjuicio del peticionario de amparo, tomando en consideración los principios precautorios y pro natura que lo dotan de contenido y efectividad. Por lo que no se produce necesariamente la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo. Por otro lado, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución para su protección, como se verá a continuación. En efecto, el derecho fundamental al medio ambiente se ha construido bajo el concepto de vivir en un medio ambiente sano como un auténtico derecho humano que entraña la facultad de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la protección efectiva del medio en el que se desarrolla, el cual tiene dos dimensiones al entenderse como la protección del medio ambiente en que conviven los humanos y el defender la naturaleza por el valor que tiene en sí misma. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos ha llevado a que múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconozcan el derecho al medio ambiente como un derecho en sí mismo, particularmente, el sistema interamericano de derecho humanos. En este contexto, se aclaró que no hay duda que otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, sin embargo, la importancia de la protección de este derecho humano ha generado una evolución hacia el reconocimiento de la naturaleza como un valor tutelable en sí mismo; así el carácter autónomo del derecho humano al medio ambiente y, su interdependencia con otros derechos conlleva una serie de obligaciones ambientales para los Estados. Además se puntualizó que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Lo cual lleva a puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el derecho humano al medio ambiente posee una doble dimensión: una primera,que pudiéramos denominar objetiva o ecologista, que protege al medio ambiente como un bien jurídico fundamental en sí mismo, que atiende a la defensa y restauración de la naturaleza y sus recursos con independencia de sus repercusiones en el ser humano; y, la subjetiva o antropocéntrica, conforme a la cual la protección de este derecho constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona. De ahí que reconociendo que la salvaguarda efectiva de la naturaleza no sólo descansa en la utilidad que ésta representa para el ser humano, sino en la convicción de que el medio ambiente exige una protección per se, es que precisa que la vulneración a cualquiera de estas dos dimensiones constituye una violación al derecho humano al medio ambiente. Por otro lado, debe hacerse notar que nuestra Constitución, en su artículo 4°, prevé el derecho al medio ambiente como un auténtico derecho humano; se reconoce una específica y particular esfera de protección en favor de la persona, caracterizada por la salvaguarda del entorno o medio ambiente en el que se desenvuelve, la cual exige la tutela más amplia de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Federal. De lo cual se desprende que en términos de nuestro texto constitucional es precisamente el "medio natural", entendido como el entorno en el que se desenvuelve la persona, caracterizado por el conjunto de ecosistemas y recursos naturales que permiten el desarrollo integral de su individualidad. Lo que implica que en términos del artículo 4°, en relación con el diverso 1° constitucional, el Estado mexicano está obligado a garantizar ambas dimensiones del derecho al medio ambiente sano, o, lo que es lo mismo, a velar por una protección autónoma del medioambiente que no esté sujeta a la vulneración de otros derechos. El objetivo de este ámbito de tutela se centra en evitar el daño ecológico como consecuencia mediata o inmediata de la intervención del hombre en la administración de los recursos naturales, ocasionando una afectación a los intereses difusos y colectivos. En otro tenor, cabe advertir que el derecho humano al medio ambiente sano también se traduce en un principio rector de política pública pues el artículo 4° constitucional establece: "El Estado garantizará el respeto a este derecho", en este sentido e interpretado en concordancia con el artículo 25 constitucional en relación con el desarrollo sustentable, resulta que estamos ante un principio constitucional de política pública. Ahora, lo conducente es definir los principios rectores de precaución y pro natura que enmarcan el derecho fundamental en estudio. En efecto, el principio de precaución en materia ambiental parte de la premisa consistente en que constituye un reto para su salvaguarda el tomar decisiones jurídicas ante escenarios en los que no se tenga certeza de su afectación ante la incertidumbre científica. Esta situación exige recurrir a diversas fórmulas o herramientas que auxilien a los operadores jurisdiccionales a cumplir con el objetivo constitucional y convencional de salvaguardar el medio ambiente. El principio de precaución constituye una herramienta fundamental para resolver aquellas situaciones de incertidumbre que plantea el derecho ambiental. El artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo define al principio de precaución en los siguientes términos: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente." De lo anterior se desprende que la anticipación es uno de los ejes rectores de la gestión ambiental, pues ésta tiene el objetivo prioritario de prevenir, vigilar y evitar la degradación del medio ambiente; así, conforme a este principio, cuando la experiencia empírica refleja que una actividad es riesgosa para el medio ambiente resulta necesario adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, esto aun cuando no exista certidumbre sobre el daño ambiental. El principio de precaución tiene diferentes alcances; opera como pauta interpretativa ante las limitaciones de la ciencia para establecer con absoluta certeza los riesgos a los que se enfrenta la naturaleza. Además, en relación con la administración pública implica el deber de advertir, regular, controlar, vigilar o restringir ciertas actividades que son riesgosas para el medio ambiente, en este sentido, este principio puede fungir como motivación para aquellas decisiones que, de otra manera, serían contrarias al principio de legalidad o seguridad jurídica; finalmente, para el operador jurídico la precaución exige incorporar el carácter incierto del conocimiento científico a sus decisiones. De manera concatenada con el principio de precaución, existe el concepto de riesgo ambiental, que consiste medularmente en la valoración de riesgo para el medio ambiente a partir de la cual se admite o rechazar un proyecto, es decir, que previo al desarrollo de cualquier proyecto, es necesario que la autoridad competente determine si existen riesgos para el medio ambiente, y de ser así, cuáles son las medidas a tomar conforme a la normativa aplicable para evitar un daño ambiental. En este sentido, en términos del principio de precaución, una evaluación de riesgos ambientales es una condición necesaria para la implementación de cualquier proyecto con impacto ambiental y, consecuentemente, su ausencia constituye en sí misma una vulneración a este principio. Ahora bien, las valoraciones sobre riesgos y daños a través de las cuales opera el derecho ambiental son inciertas, o bien, están sujetas a controversia científica, lo que significa que los operadores jurídicos, conforme al principio de precaución, habrán de tomar decisiones aún sin tener una precisión sobre el riesgo o el daño ambiental, o bien, sin saber específicamente cuáles fueron las causas que lo produjeron, más si se toma en consideración que diferencias de otros daños el daño ecológico no es de percepción inmediata para el ser humano, pues puede existir un periodo prolongado de tiempo entre el acto que lo causa y la manifestación del mismo. Además, las particularidades de la causalidad del daño al ambiente son difíciles de integrar dentro del esquema habitual de la causalidad jurídica, pues los elementos que producen la afectación ambiental son difusos y lentos, se suman y acumulan entre sí, de manera que al no ser un daño común en el que opera la incertidumbre, es difícil o imposible determinarlo a través de un concepto abstracto o cerrado, sino que por el contrario exige una interpretación amplia a la luz del principio de precaución. En conclusión, atendiendo al principio de precaución, es constitucional la toma de decisiones jurisdiccionales ante situaciones o actividades que puedan producir riesgos ambientales esto, aunque no se tenga certeza científica o técnica al respecto, por lo que una vez identificado el riesgo ambiental, la falta de pruebas científicas o técnicas no es motivo para no tomar las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente. Asimismo como concepto complementario para garantizar el respeto de los derechos fundamentales existe el principio de in dubio pro natura (medio ambiente), el cual consiste en que ante la duda sobre la certeza o exactitud científica de los riesgos ambientales, se debe resolver a favor de la naturaleza. Esto es, si en un proceso existe una colisión entre el medio ambiente y otros intereses, y los daños o los riesgos no pueden dilucidarse por falta de información, deberán tomarse todas las medidas necesarias a favor del medio ambiente. Es decir, constituye un mandato interpretativo general de la justicia ambiental, en el sentido de que en cualquier conflicto ambiental debe prevalecer, siempre, aquella interpretación que favorezca la conservación del medio ambiente. Incluso la apariencia del buen derecho aquí analizada, se corrobora porque, de primera mano, no existe evidencia de que las responsables hubieran considerado las manifestaciones de los participantes, en el proceso de emisión del programa reclamado; aunque el artículo 7.7 del Acuerdo de Escazu, ratificado por el Senado el 5 de noviembre de dos mil veinte, para entrar en vigor el veintidós de abril de dos mil veintiuno, así lo exige. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCV/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 307, con número de registro digital 2018634, de rubro y texto siguiente: "DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES. Los servicios ambientales definen los beneficios que otorga la naturaleza al ser humano. Un ecosistema, entendido como un sistema de elementos vivos y no vivos que conforman una unidad funcional, brinda al ser humano diversos tipos de beneficios, sea porque le provee de bienes y condiciones necesarias para el desarrollo de su vida (hasta una significación religiosa) o bien, porque impiden eventos que la ponen en riesgo o disminuyen su calidad, estos beneficios son los servicios ambientales, pueden estar limitados a un área local, pero también tener un alcance regional, nacional o internacional. Los servicios ambientales se definen y miden a través de pruebas científicas y técnicas que, como todas en su ámbito, no son exactas ni inequívocas; lo anterior implica que no es posible definir el impacto de un servicio ambiental en términos generales, o a través de una misma unidad de medición. La exigencia de evidencias inequívocas sobre la alteración de un servicio ambiental, constituye una medida de desprotección del medio ambiente, por lo que su análisis debe ser conforme al principio de precaución y del diverso in dubio pro natura." Con esas bases, debe retomarse que el peticionario de amparo reclama la publicación del "Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, Michoacán de Ocampo, 2022-2041", ante la posibilidad de que permita la realización de obras y actividades futuras que impactarían en las cuencas de los ríos Chico y Grande, y por ende la afectación del sistema hídrico que suministra de agua al municipio de Morelia, Michoacán; así como áreas naturales protegidas. Ello con motivo de la ampliación del municipio de Morelia, Michoacán y la declaración de diversas zonas como urbanas y urbanizables que actualmente se encuentran protegidas y además forman parte o se vinculan a tales cuencas. Virtud de lo anterior, se obtiene, al menos de manera preliminar, que con la publicación del plan de desarrollo combatido es probable que se autorice o posibilite la ejecución de construcciones en zonas que comprenden las cuencas de los ríos que suministran agua al municipio de Morelia, Michoacán, por ende, una afectación al servicio ambiental de consumo de agua potable. De manera que en atención a las máximas que se obtienen de los principios de precaución e indubio pro natura, que establecen que se debe de priorizar, prevenir, vigilar y evitar la degradación del medio ambiente, a partir de la sola probabilidad de que el mismo se vea afectado, y también es observancia a la naturaleza cautelar de la presente suspensión, lo conducente es conceder la medida solicitada. Más si se toma en cuenta que al analizar la probabilidad de afectación referida, también debe hacerse uso de la experiencia empírica que tiene este juzgador, de la cual se obtiene que la autorización de los cambios de uso de suelo y/o construcción de las zonas protegidas, a zonas urbanas o urbanizables, es el primer paso para la posterior ampliación de la marcha urbana y la construcción de nuevas casas, edificios o fábricas, que disminuyen la extensión de las cuencas de los ríos y, por ende, los procesos de filtración de agua. De manera que, aunque el plan de desarrollo referido no autorice de manera directa tales construcciones, sí sienta las bases para una posterior afectación a los servicios ambientales de suministro de agua para el municipio de Morelia, lugar en el que reside el quejoso. Por lo cual no es necesario esperar a que se ejecuten tales proyectos, con motivo de la ampliación del centro urbano de población y la declaratoria de nuevas zonas como urbanas, para examinar si en efecto se violentó el derecho humano al medio ambiente, sino que ante la sola probabilidad que plantea el quejoso es dable actuar en consecuencia, a través del otorgamiento de la medida cautelar. De ahí que si el quejoso tiene un interés legítimo para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que el amparista es titular de un derecho humano cuya protección conlleva la obligación de proteger su dignidad con ahínco. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación al posibilitar de manera futura la afectación a un servicio ambiental que actualmente recibe el quejoso. Por ende, toda vez que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 128, en relación con los diversos preceptos 139 y 148 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Luis Rubén Juárez Zapatero, la suspensión provisional para que la autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones: 1) Al margen de que haya aprobado la ampliación del centro urbano de población de Morelia, Michoacán, así como el cambio de diversas zonas como urbanas y urbanizables, previo a la autorización de cualquier cambio de uso de suelo y/o nuevo proyecto de construcción en las ubicaciones geográficas en donde exista un decreto que declare el lugar como área protegida, realice un análisis profundo, detallado y objetivo de la afectación ambiental que estos pudieran tener en el sistema hídrico formado por las cuencas de los ríos Chico y Grande; y, en caso de que se obtenga el más mínimo indicio de una afectación, no se autoricen. Lo anterior es acorde, incluso, con lo desarrollado en torno a que ante la probabilidad de una afectación al medio ambiente deben adoptarse todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, esto aun cuando no exista certidumbre sobre el daño ambiental, así como a la obligación que le corresponde a las administraciones públicas de advertir, regular, controlar, vigilar o restringir ciertas actividades que son riesgosas para el medio ambiente, ello a partir de la evaluación del riesgo ambiental que un proyecto signifique para un ecosistema determinado, con base en el cual autorizará o rechazará el proyecto. NO HA LUGAR A FIJAR GARANTÍA Sin que haya lugar a fijar garantía en razón de que el acto reclamado en la presente instancia constitucional guarda relación con la naturaleza difusa y probable afectación al derecho humano al medio ambiente y sus interrelacionados de salud y al agua, además que no existen terceros que pudieran verse afectados de manera directa, no se causa un agravio estimable en dinero, sino que más bien constituye un derecho el que tiene interés la sociedad en general. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 19/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página 1199, con número de registro digital: 2013959, de rubro y texto siguiente: "MEDIO AMBIENTE SANO. PARÁMETRO QUE DEBERÁN ATENDER LOS JUZGADORES DE AMPARO, PARA DETERMINAR SI ES DABLE EXIMIR AL QUEJOSO DE OTORGAR GARANTÍA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE ACTOS QUE INVOLUCREN VIOLACIÓN A AQUEL DERECHO HUMANO. El acceso a un recurso efectivo en materia ambiental, tutelado por el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -en conjunción con la directriz 20 de las Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, Directrices de Bali-, implica que deban tomarse todas las medidas necesarias para eliminar o reducir los obstáculos financieros relacionados con la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano. En ese sentido, la suspensión de los actos que lesionen ese derecho no debe encontrarse, generalmente, a expensas de la exhibición de una garantía, ya que ésta no sólo podría resultar gravosa para el particular -constituyéndose en un obstáculo financiero para su justiciabilidad-, sino que, de no otorgarse, permitiría la ejecución de actos susceptibles de acarrear un daño irreversible o indebido a la biodiversidad, afectándose con ello a la colectividad, en su conjunto. Ahora, para determinar si debe eximirse al quejoso de otorgar la caución, los juzgadores de amparo deberán atender a lo siguiente: (I) la violación a dicho derecho debe constituir un aspecto medular del juicio de amparo; (II) el planteamiento deberá encontrarse dirigido a combatir una verdadera afectación al medio ambiente; (III) la afectación aducida deberá ser actual o inminente, y no meramente hipotética o posible; (IV) la vulneración al medio ambiente debe ser una consecuencia directa e inmediata del acto reclamado; y (V) no deberá eximirse del otorgamiento de la garantía cuando el acto reclamado genere un beneficio de carácter social, como en el caso de obra de infraestructura pública, o cuando responda a un esquema de aprovechamiento sustentable; cuestión que corresponderá acreditar a la autoridad responsable al rendir su informe previo." Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que, en caso de no cumplir con la suspensión provisional, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

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